El patrimonio arqueológico e histórico salvadoreño sigue en peligro y la amenaza que ahora enfrenta puede ser la definitiva para su total destrucción. Tacuscalco, el sitio arqueológico afectado por Inversiones Fénix, está a merced de 56 votos para convertirse en el más claro ejemplo del desamparo estatal y de la falta de interés de los diputados hacia la conservación del patrimonio.
¿Cómo llegamos a esto? Hace unos meses, la empresa arrasó Tacuscalco para construir una residencial llamada Acrópoli Sonsonate, con viviendas valoradas entre los 35 mil y 70 mil dólares. El Ministerio de Cultura ordenó detener la obra porque se estaba afectando un área de 20 manzanas que los arqueólogos aseguraban poseía vestigios arqueológicos, pero como suele suceder en un país con instituciones débiles, la empresa no acató la orden y siguió destruyendo el sitio.
Después de un estira y encoge de varias semanas, y gracias a la presión ciudadana y a una denuncia del Ministerio del Medioambiente, Inversiones Fénix por fin detuvo la obra. El caso se dirimía en cortes cuando, de la nada, y por primera vez en la historia de la Asamblea, los diputados entraron a la discusión creando una comisión especial para investigar el caso y, según los diputados, resolver el problema. Lo curioso es que, desde el primer momento, los diputados de derechas lanzaban un discurso que hacía pensar que para ellos primaba la protección de la atracción de inversiones privadas por sobre la protección del patrimonio cultural, que es un derecho de todos los salvadoreños.
La comisión citó a la empresa, a los arqueólogos y a los vecinos de Tacuscalco. Escucharon los alegatos de todos, pero las conclusiones de los diputados corroboraron las sospechas: no solo han sido contrarias al interés nacional y a la protección del sitio histórico de Tacuscalco, sino también contra todo el patrimonio arqueológico e histórico de El Salvador.
Los diputados (José Antonio Almendáriz del PCN, Silvia Estela Ostorga de ARENA, Manuel Rigoberto Soto Lazo de GANA, Rodolfo Parker del PDC, Juan José Martel del CD y Roberto Leonardo Bonilla, diputado no partidario) concluyeron que el artículo 8 de la Ley Especial del Patrimonio Cultural tenía una “redacción oscura” y solicitaron una interpretación auténtica.
Lo que hicieron fue transformarla en una caricatura. Convirtieron la ley que protege nuestro patrimonio cultural en una ley de adorno que beneficia a las empresas constructoras. Con la interpretación auténtica cualquiera que tenga planes de realizar desarrollos urbanos o rurales u obras públicas en general SOLO podrán solicitar autorización a las autoridades cuando se afecte un bien cultural inmueble ASÍ DECLARADO.
Dicho en otras palabras: las empresas y/o particulares ya no tendrán que pedir autorización a las autoridades para iniciar trabajos de terracería, no importa si mañana se destruye una iglesia antigua no declarada oficialmente patrimonio (aunque lo sea) o un invaluable sitio arqueológico que todavía no hemos descubierto.
Por una serie de razones legales, logísticas o técnicas los bienes inmuebles declarados legalmente como patrimonio son muy pocos. Declarar un bien cultural es un proceso burocrático que parte de una serie de argumentos científicos y técnicos que toma tiempo. También sucede que al día de hoy desconocemos de la existencia de muchos sitios arqueológicos que todavía no han sido descubiertos y es obvio que no se puede declarar una protección de un sitio del cual todavía está oculto bajo el terreno. ¿Qué pasaría si el día de mañana se descubriera otra Joya de Cerén? Gracias a la interpretación auténtica de la Ley de Protección al patrimonio, este sería destruido sin compasión.
Los diputados Almendáriz, Ostorga, Soto, Parker, Martel y Bonilla han dado licencia para permitir la destrucción total y absoluta del 90% de nuestro patrimonio arqueológico e histórico nacional.
Gracias a los diputados y su interpretación auténtica -para favorecer a la empresa Fénix- se ha puesto en peligro todos los sitios arqueológicos, edificios antiguos y plazas históricas, pero también le ha dado una posibilidad legal a saqueadores y ladrones del patrimonio -que roban nuestras imágenes religiosas, fósiles, piezas arqueológicas- para que continúen con el saqueo, puesto que solo estarán protegidos aquellos bienes que aparezcan en la lista de bienes culturales declarados por las autoridades.
El presidente Salvador Sánchez Cerén ya ha dado una respuesta lógica para detener esta barbarie: ha vetado la interpretación auténtica de la Ley Especial del Patrimonio Cultural. El mandatario ha señalado que la reforma es inconstitucional, pues pone en peligro los bienes culturales que sean intervenidos sin tener una autorización previa de las autoridades. El problema, no obstante, es que en la coyuntura política actual, ese veto puede significar poca cosa. Tras las elecciones legislativas de marzo pasado, la derecha política conquistó la mayoría calificada (56 votos), con los cuales puede superar, si así lo desean, cualquier veto presidencial. Y no olvidemos que todos los partidos de derecha en la comisión especial (PCN, Arena, Gana, PDC) lideraron la moción para la interpretación auténtica del artículo 8 de la Ley del Patrimonio.
¿Qué podemos hacer? Debemos de presionar a la Asamblea y a los partidos de derecha para que desistan de sus intenciones y dejen de atentar en contra de los intereses nacionales. Pero también queda otro camino, en dado caso de que los diputados decidan superar el veto: iniciar una demanda de inconstitucionalidad contra esa interpretación, porque violenta nuestra Constitución y muchos tratados internacionales.
Es importante acompañar la lucha para proteger nuestro patrimonio nacional, parte fundamental de nuestra identidad, lo que nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos.
*Jorge Colorado (@antroastronomo) es antropólogo, divulgador científico, investigador en astronomía cultural, arqueoastronomía y etnoastronomía. Es socio fundador y presidente de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, ASTRO.
