En los pueblos pequeños como San Bartolomé Perulapía — 10,000 habitantes en poco más de 12 kilómetros cuadrados en el departamento de Cuscatlán— es común que las personas lleguen a las alcaldías a pedir ayuda: dinero, materiales de construcción, insumos agrícolas. Pero en la tarde del 1 de julio, un muchacho desaliñado entró al despacho del alcalde para ofrecerle algo. “Él viene de botar basura y quiere que yo llegue a su casa. Quiere saber si yo necesito cuetes para la fiesta patronal”, dice el alcalde Ronal Ortiz. “Si yo fuera orgulloso, no llegara. Pero voy a llegar”, agrega. Contrario a la costumbre, ahora es él quien va a la casa de los habitantes a pedir. “Si me regala tres o cuatro cuetes, son cuatro cuetes que yo no tenía para la celebración de la fiesta patronal”, explica. Yo trato de contener la risa, pero no lo consigo. “Te da risa, pero has vivido lo que me toca vivir a mí”, dice el alcalde.
Según Ortiz, el 70 % de las alcaldías del país son como la suya: pequeñas y desfinanciadas. Buena parte de lo segundo se explica porque a las municipalidades se les ha cerrado un chorro llamado Fodes, un fondo de desarrollo municipal que desde 1988 trasladaba un porcentaje del presupuesto nacional a los alcaldes. Ese porcentaje, sujeto de progresivas negociaciones, llegó a ser del 8 %. En campaña, el presidente Nayib Bukele prometió elevarlo hasta el 10 %, pero en noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa controlada por él lo redujo a la mitad. En Perulapía, eso significó que los 50,000 dólares mensuales que recibían del Fodes se redujeran a unos 17,000.
Pero Ortiz no es el único. La crisis financiera de las municipalidades ocurre silenciosamente en todo el país.
La alcaldía de Yucuaiquín ya no pudo pagar su local y trasladó sus operaciones al mercado. La alcaldía de San Isidro enfrenta un proceso de embargo por una deuda de 338,000 dólares. Los alcaldes de Chinameca, Santa María y San Francisco Gotera dicen que no pueden hacer obras por la falta de fondos. El alcalde de El Pajonal suspendió 60 proyectos y despidió a casi la mitad de los empleados. En El Congo, Conchagua y Nahuizalco, los alcaldes aumentaron las tasas municipales. En La Unión, los empleados recibieron su salario de junio hasta el 7 de julio.
Del 8 %, el Fodes pasó al 4.5 % del presupuesto, pero solo 1.5 % llega de manera directa a los alcaldes. Los otros tres puntos alimentan la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM), otro brazo ejecutor de Bukele, con el que las alcaldías deben regatear las obras para sus municipios. El presupuesto de las fiestas patronales en Perulapía era de unos 40,000 dólares cada año. Cuando le pregunté al alcalde Ortiz y a dos de sus empleadas cuál era el presupuesto para este año, son ellos quienes se ríen. Pero el asunto es serio: el presupuesto para las fiestas patronales es cero. Por eso ahora acepta cuanto cuete le regalen para la fiesta.
Contrario a lo que uno esperaría de alguien en la oposición política, donde en teoría se ubica el alcalde Ortiz, él no culpa al Gobierno. Es más, parece excusarlo. “No es lógico que vos te lamentes y estés celebrando fiestas patronales con toda pompa. Y quizás por ahí puede venir también el punto de que el Gobierno diga: ‘Bueno, ¿en qué estamos? No hay plata, no gestionan, están sentados, pero sí tienen para hacer todas estas celebraciones’”.
Esta historia no es solo sobre instituciones públicas en bancarrota haciendo malabares para llegar a fin de mes. Es también un vistazo a cómo hacen los opositores para trabajar con un Gobierno sin contrapesos del que dependen económicamente.
Alcalde desde 2018, Ortiz renunció en diciembre de 2021 al partido con el que fue electo dos veces: Arena. Seis meses después, se incorporó a un “movimiento político” llamado Poder Ciudadano, integrado por otros 22 alcaldes que, como él, renunciaron en un goteo constante a los tradicionales partidos de derecha e izquierda, Arena y FMLN.
Pero hay una tercera razón por la que Ortiz ha hecho noticias recientemente. En marzo de 2022, anunció un convenio con una empresa para digitalizar los registros de propiedad del municipio y convertirlos en tokens no intercambiables, o NFT, que son una especie de certificados de propiedad digitales, comúnmente utilizados en un mundo de realidad virtual llamado metaverso. Los NFT son una de las manifestaciones más excéntricas del mundo de las criptomonedas, tan de moda en El Salvador desde que el bitcoin es moneda legal.
Para entender cómo hace sentido todo eso en la cabeza del alcalde y cómo estas anécdotas trascienden a este pequeño pueblo, hay que recorrer Perulapía a bordo del pickup del alcalde Ortiz.
Los NFT en Perulapía son un sombrero para pedir monedas
El alcalde Ortiz, vestido con camiseta de algodón, jeans y botas, quita el falso —una estructura de madera y alambre que funciona como portón— del terreno de Mario González, en el cantón El Triunfo, uno de los dos cantones de Perulapía. Es un solar con tres invernaderos para el cultivo de hortalizas, un proyecto que tiene apoyo municipal.
En el terreno cultivan chiles y tomates, pero también limones, que luego venden en el mismo municipio. Alicia Barrera, de 48 años, también trabaja en ese proyecto y quiere diversificar su portafolio para añadir yuca, jícama y pepino. González, de 76 años, está preocupado por las plagas y le pide al alcalde ayuda porque “viene una carestía, según se oye, y vamos a sufrir si no trabajamos”. Para este proyecto, la Alcaldía contaba con un técnico agrónomo, pero ya no alcanza el presupuesto, y ahora buscan la ayuda de un voluntario. Por ahora, González improvisa con un pesticida a base de Coca Cola diluida en agua que, asegura, le está funcionando.
Casi por deporte, pregunto a González si utiliza bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo que es de uso legal y aceptación obligatoria en El Salvador desde septiembre de 2021. “Me quedo con el dólar porque ya lo conozco. Y bien decidí porque hoy está bien bajo (el bitcoin)”, dice González. El año pasado, el bitcoin rozó los 70,000 dólares, pero ahora ronda los 20,000. La pregunta sería anecdótica, casi malintencionada, si no fuera porque una de las apuestas de desarrollo económico del alcalde Ortiz es hacer que personas como González vendan sus productos a través de una aplicación de comercio electrónico basada en NFT.
Un NFT es un certificado de propiedad inscrito en una base de datos digital. Ese certificado puede ser sobre cualquier cosa, pero los NFT son famosos porque obras de arte digital llegaron a venderse por 69 millones de dólares en marzo de 2021, en el pico de su popularidad. El mercado es tan atractivo que la compañía creadora de Facebook cambió su nombre a Meta, en alusión a metaverso. Pero el uso de NFT podría permitir ponerle un código de barras digital a casi cualquier cosa, desde elementos de videojuegos hasta una colección de relojes NFT promocionados por el jugador de fútbol brasileño Dani Alves. En Perulapía, la cosecha de tomates de Mario González se podría vender a través de un NFT. O incluso alguno de sus terrenos.
La idea le vino a Ortiz gracias a que un amigo en común le presentó a Anton Glotser, un ruso-americano dueño de la empresa DelNorte Terravision (DTV). En realidad, Ortiz no quería incursionar en NFT. Solo quería actualizar su registro inmobiliario. “Anteriormente era bien primitivo, un kardex llevado a mano. Nosotros vemos la necesidad de reducir gastos y aumentar la recaudación de impuestos. Ahí empezamos a tocar puertas de empresas privadas para ver quién nos podía ayudar”, dice Ortiz. El negocio de DTV es digitalizar registros inmobiliarios y convertirlos en NFT. Ya tienen operaciones en Honduras y vieron la oportunidad de incursionar en El Salvador. Ortiz vio que era gratis.
Actualmente, siete personas trabajan en la digitalización del registro en una salita atrás del despacho del alcalde. La empresa DTV donó una computadora, un escáner y el apoyo de un técnico que trabaja con pasantes que la Alcaldía obtiene gracias a un proyecto auspiciado por la Embajada de México. Ortiz ha perfeccionado el arte de juntar migajas de varios lados para sacar adelante sus iniciativas. Dice que ya llevan avanzado el 80 % de la digitalización.
El uso más común de los NFT es un modelo de negocio lucrativo para vender arte digital usando criptomonedas. ¿Para qué le pueden servir a un pequeño municipio pobre? “Se da mucho en la zona rural que hay personas que tienen un buen pedazo de tierra. El papá le dice a su hijo: del árbol de jocote para acá va a ser tuyo. Lo mismo le dice a los otros”, explica Ortiz. “Esa partición de terreno nunca se registró y este problema se da seguido aquí. Viene el hijo a pedir una solvencia municipal para un trámite bancario. Le dan el estado de cuenta y él tiene que pagar por todo, pero se queja porque solo es dueño de una parte. Pero nunca legalizó nada y no le podemos emitir solvencia solo por lo que él dice que ahora es de él”, amplía. “Desde la plataforma, los hijos pueden interactuar con la plataforma y la municipalidad para generar la segregación del terreno”, promete.
Ortiz va perfeccionando su historia porque ahora viene la parte de convencer a los perulapenses de convertir sus propiedades en NFT o, como se dice en el rubro, tokenizarlas. Ahora, además tiene el problema de que la billetera gubernamental Chivo “creó nervios en la población porque era fácil de suplantar la identidad”. Cientos de usuarios denunciaron problemas con la Chivo, muchos de ellos aludiendo a la pérdida de 30 dólares de un bono de bienvenida. Evidentemente, perder la identidad en una aplicación sería mucho más grave si lo que está en juego es la escritura de la casa.
El discurso de ventas, por ahora, va así. “Usted tiene su inmueble y la mejor manera para resguardar su escritura es que nosotros tengamos una copia digital”. Empieza bien, pero enseguida se complica. “Necesitamos que nos la preste, la vamos a fotografiar y vamos a almacenar en blockchain”. Ortiz duda un poco. Se recompone. “Usted puede optar a tenerlo en la plataforma y va a poder vender su maíz o sus chiles…”. Finalmente, el alcalde mejor hace una promesa: “va a ser más fácil cuando ya tengamos la aplicación en los teléfonos”.
Las transacciones de chiles no representarían dinero a la Alcaldía, pero Ortiz es ambicioso. “Me interesa vender una propiedad, un inmueble. Si nosotros lo metemos en la ordenanza, realizar esa transacción desde la plataforma de la municipalidad tendría que dejar un porcentaje”, dice. Pero antes de empezar a contar las ganancias del NFT, Ortiz necesita llegar a un acuerdo con el Gobierno para que el Centro Nacional de Registro admita las transacciones en NFT y las haga equivaler a las compras y ventas tradicionales.
La fiebre cripto llevó a otros alcaldes, como el de Ilopango, a comprar un bitcoin el 20 de mayo, a precio de unos 30,000 dólares. Dos meses después, esa compra representa una pérdida no realizada de unos 10,000 dólares. Lo de no realizada se debe a que la alcaldía no ha vendido aún su bitcoin a la espera de que se cotice mejor. Ortiz es más tradicional: quiere vender NFT para cobrar una tasa. No le seduce la idea de comprar bitcoin. Primero, porque no le alcanza. Segundo, porque no le gusta apostar. “Yo respeto la función pública. No es mi plata y no la puedo arriesgar. Le tengo que dar el mejor uso”, dice un alcalde que no enfrenta solo el problema de la carestía, sino otro que se enraizó desde hace décadas en todo el país.
El Triunfo encerrado por la pandilla
Llegar a El Triunfo desde el diminuto casco urbano de Perulapía no toma más que unos minutos. Ortiz aborda su pickup de placas particulares — dice que nunca usó carro nacional— con el tanque de gasolina casi vacío. En el camino, el alcalde se encuentra a un trabajador municipal y le pregunta si ha bajado bastante arena sobre la calle de tierra con las tormentas recientes. Pese a la cercanía, muchos habitantes de El Triunfo no toman usualmente este camino de regreso hacia el centro de Perulapía. Están encerrados por las fronteras invisibles que marcan las pandillas. El Triunfo es un enclave de la facción Sureños del Barrio 18 rodeado de lugares con dominio de la Mara Salvatrucha-13: San Martín, Oratorio de Concepción, San Pedro Perulapán y el propio centro de Perulapía.
“Los jóvenes no pueden salir del cantón porque están rodeados de letras”, dice el alcalde. En argot salvadoreño, casi nunca se repiten los nombres de las pandillas para referirse a ellas. La MS-13 son las letras. El Barrio 18 son los números. Los pandilleros son “los muchachos” o “los bichos”.
“Aquí los hallamos enquistados”, dice Ortiz. En el campo, el control de las pandillas se ve distinto que en las ciudades: no hay tantas paredes que grafitear o pasajes vigilados por jóvenes conocidos como “postes”. Pero el alcalde abunda en anécdotas para explicar cómo se ve ese control. “Una vez me habló una discomóvil. Me dijeron que eran de El Triunfo y que les habían dicho que yo, o sea la alcaldía, iba a pagar una fiesta. Resulta que los bichos le habían dicho a la Adesco (Asociación de Desarrollo Comunal) que pidiera una discomóvil”, recuerda. Cosas como esta le sucedieron por todo el municipio: los pandilleros se sentaban a fumar marihuana —que es ilegal en El Salvador— a la par suya o boicoteaban los intentos de instalar un puesto policial. “La gente que nos iba a arrendar la casa nos hablaba al día siguiente para cancelar”, dice Ortiz.
Marielos Cuchilla, una simpática veinteañera que se encarga de comunicaciones en la Alcaldía, me dio inadvertidamente un ejemplo sombrío. Le pregunté si había estado desde el inicio de la gestión con el alcalde y dijo que no, que entró después de que la persona que ocupaba su puesto fue asesinada. Bryan Castro, un estudiante de periodismo, fue asesinado en Bosques de Perulapía, el 18 de enero de 2019. Además de estudiar y trabajar en la Alcaldía, tenía un negocio de entrega de comida. Le hicieron un pedido el 17 de enero, pero entonces pandilleros lo privaron de libertad y fue encontrado al día siguiente.
Las cosas han mejorado desde entonces. Para muestra, en 2016, el municipio tuvo nueve homicidios; 12 en 2017; 10 en 2018; dos en 2019 y tres en 2020. Ahora llevan un año y medio sin homicidios, en línea con la reducción generalizada en todo El Salvador. Depende a quien se pregunte, la explicación de porqué sucedió esto varía.
El Gobierno solía decir que era gracias a su estrategia de seguridad, un plan secreto llamado “Control Territorial”. Investigaciones periodísticas, corroboradas por la Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos, revelaron la existencia de un pacto secreto con las pandillas para reducir los homicidios. Ese pacto colapsó en marzo, con un fin de semana extremadamente violento que dio paso al nuevo plan de seguridad gubernamental: el Régimen de Excepción. A nivel local, el alcalde toma para sí algo de crédito con políticas que no incluyen treguas ni operativos, porque Perulapía ni siquiera tiene policía municipal.
“Las áreas de focos rojos como El Triunfo, la comunidad Bosques de Perulapía o el caserío Los Planes no tenían espacio para invertir en jóvenes, para impartir talleres o charlas”, dice Ortiz. Así que, cuando la alcaldía contaba con el Fodes y necesitaba menos cabudas, rehabilitó una casa comunal en Bosques. Como los pandilleros interceptaban a los estudiantes en camino a la escuela, pagó un bus para transporte. Invirtió en un sistema de videovigilancia que está directamente conectado con la Policía. Reparó una cancha de fútbol perteneciente a los extrabajadores del servicio telefónico, Antel. Invirtió en un proyecto de iluminación pública con alumbrado solar y promovió actividades como bicicleteadas nocturnas, para que la gente retomara espacios públicos. “Hace cinco años el parque era oscuro. Se apagaban las luces a las 8 de la noche”, recuerda.
Su enfoque contrasta con la “guerra” del Gobierno, pero también con el de su propia experiencia. Durante 12 años, Ortiz fue asesor de Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal. Vilanova es famoso por ser una especie de Robocop tropical, debido a su costumbre de salir, con chaleco antibalas y fusil, a patrullar las calles de su municipio. “Yo le decía al alcalde de Guayabal: ¿Cuántos años va a andar siguiendo a los bichos, garroteando? Se va a cansar y ¿qué va a pasar cuando ya no esté como alcalde?”.
El problema, dice Ortiz, es que “la gente quiere tronando y lloviendo. Piden reparaciones de calles y fiestas. Pero culturalmente no estamos preparados para procesos, para ver frutos en tres o cuatro años”, dice. Del Régimen de Excepción, Ortiz piensa que “es necesario pero no es suficiente”, lo más parecido a una crítica contra el Gobierno que sale de su boca.
Una muestra de las limitaciones de políticas como el régimen está en los programas municipales de Perulapía. Ortiz tiene una escuela de fútbol, para la que usa la cancha reparada, y una escuela de inglés. Están dirigidas a jóvenes residentes de los focos rojos del municipio. Está orgulloso porque la mitad de los miembros de la escuela de fútbol viven en la comunidad Bosques de Perulapía o en el caserío Los Planes. Pero, todavía, nadie de El Triunfo. “Los jóvenes no pueden subirse a un bus para Oratorio o San Martín y siguen sin poder ir al pueblo”, dice el alcalde en la tarde del 1 de julio.
La oposición que no se opone
Repasemos. Ronal Ortiz es un funcionario público que aborda la seguridad desde el enfoque de prevención, en un municipio sin policía municipal, y un entusiasta de la tecnología cripto que considera un error apostar fondos públicos en ello. Casi todo lo que dice lo sitúa en las antípodas de Bukele, un amante del militarismo que dice haberse gastado unos 100 millones de dólares en la compra de bitcoin. Pero Ortiz se esfuerza en no sonar como opositor.
—Si alguien llega a visitarte a la casa y te pomporronea la puerta, ¿cómo vas a salir vos? Bravo, molesto o no te levantas. Hay que saber también cómo tocar las puertas. Así como estamos las municipalidades, no perdemos nada— explica.
—Pero eso es en su casa— le rebato—. Los funcionarios no son los dueños del Gobierno. Son inquilinos. Por dialogar con los alcaldes no les hacen un favor. Ese es usted adaptándose a una realidad de un Gobierno autoritario.
—Sí, tenés razón, pero yo como funcionario público tengo que hacer mi función de la mejor manera. Si alguien no lo hace, eso no debe de pesar más que mi forma de pensar. Yo siempre voy a estar abierto y no me quita nada. — se defiende.
La táctica parece estarle funcionando. Michelle Sol, la ministra de Vivienda, colaboró con él en un proyecto habitacional para 14 familias en la comunidad El Amate. El Ministerio de Obras Públicas eliminó una cárcava en la carretera a Suchitoto que afectaba a 200 familias de Perulapía. Ortiz ya entregó a la Dirección de Obras Municipales la carpeta de un proyecto de perforación y equipamiento de un pozo de agua potable. También ha sido destacado en las redes sociales alabando el trabajo de la DOM. Además, tiene planes con la DOM para construir un edificio que sirva como “Centro de desarrollo integral” y para ampliar el cementerio municipal que tiene una ocupación del 75 %. Incluso le han prometido la construcción de un Cubo, una estructura de look futurista, proyecto insignia de la Dirección de Tejido Social para la recuperación de espacios públicos. “¿Cuánto cuesta una obra de esas? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para poderlo hacer por nuestro propio medio?”, se pregunta Ortiz.
¿Por qué tiene éxito con las gestiones gubernamentales? Dice que es terco e insistente, pero que “no se lo explica”. Y añade: “En Arena, eso mismo confundía”. Desde Arena hay una explicación. En febrero de 2022, la diputada Marcela Villatoro dijo que a miembros de su partido les hicieron “ofrecimientos de obras en sus municipios o ayuda con problemas legales en la Corte de Cuentas o en la Corte Suprema de Justicia” a cambio de su renuncia al partido.
El Gobierno de Estados Unidos también tiene otras ideas. El 15 de julio, el Departamento de Estado sancionó a dos funcionarios por actividades que juzga 'antidemocráticas' en contra de los alcaldes. A Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia, por “usar su posición para presionar a funcionarios de la oposición a renunciar bajo amenaza de ser procesados penalmente”. Y a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, por retener 497 millones de dólares a las alcaldías antes de la elección, según el Departamento de Estado “con el fin de generar enfado popular y falta de confianza en los candidatos que aspiraban a la reelección”.
Ortiz dice que no sabe nada de eso, que ni siquiera lo ha escuchado, y atribuye su salida de Arena estrictamente a diferencias con la cúpula del partido, en específico con un dirigente departamental de Cuscatlán, el diputado Alberto Romero.
Antes de renunciar oficialmente al partido, Ortiz ya había abjurado del tricolor azul, rojo y blanco de Arena. Su campaña en 2018 usó los colores verde y azul. Ahora, en su nueva aventura política, Poder Ciudadano, el color que usan es morado y dice que llevará adelante el estilo con el que ha gobernado. “Nosotros vamos a intentar incursionar en el diálogo”, asegura.
Será cuesta arriba. Tras el lanzamiento de Poder Ciudadano, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que es “un reciclaje raro lo que se está dando... un grupo de perdedores que se está uniendo”. Guillermo Portillo, un diputado suplente que ahora es parte de Poder Ciudadano, escribió en Twitter que están trabajando para convertirse en “la segunda fuerza política del país”, no la primera. El alcalde Ortiz parece acostumbrado a estar en el equipo perdedor.
Hay una anécdota de juventud de Ortiz. “Todos los primeros de enero íbamos a las pozas de Chanqueso, paseando con un grupo de muchachos de entre 15 y 18 años. Nos gustaba jugar fútbol pero éramos malos. Nadie nos elegía en los equipos. ¿Qué nos tocó? Hacer un equipo entre nosotros. Jugábamos a que no nos golearan por más de seis goles”, cuenta.
Así es la oposición política en estos días de El Salvador bajo Bukele. No juegan a ganar. Juegan a no perder por goleada. Y con cuidado, no vaya a ser que se enojen los dueños de la pelota.
La cabuda para inaugurar el puente de Las Lomas
Las Lomas, el otro cantón de Perulapía, estuvo por décadas incomunicado del resto del municipio por el río Chancuiste. Un informe del Ministerio de Obras Públicas del 22 de febrero de 2010 ya advertía que el río “se encuentra altamente contaminado, ya que en él se evacuan las aguas negras provenientes de las zonas urbanas de San Martín y San Bartolomé Perulapía, lo que pone en peligro de contraer enfermedades a los peatones que cruzan el río y accidentalmente hacen contacto con el agua contaminada”. Además, “por no contarse con una obra de paso en ese lugar, los peatones también corren el riesgo de ser arrastrados por las corrientes cuando estas crecen en invierno”.
Tan largo fue el problema que llegó hasta la Sala de lo Constitucional. En 2015, la Sala resolvió en el amparo 787-2012 que la Alcaldía había violado el derecho de petición a los habitantes del cantón Las Lomas, por no responder una solicitud de construcción del puente. Este era un punto permanente de conflicto de la comunidad con la Alcaldía. Cuando llegó a gobernar, Ortiz recuerda que un ciudadano de Las Lomas le preguntó: “¿Usted también va a venir a prometer el puente?”
El alcalde se explaya para contar, orgulloso, esta historia. Renegoció un crédito de la Alcaldía para pagar menos intereses y, con ese ahorro, financió la construcción del puente. Además convenció a todas las Adesco de ahorrar los fondos Fodes por un año (antes de la reforma que los redujo) para destinarlos a la obra. Finalmente, el puente se inauguró el 17 de abril de 2021. Pero, antes de eso, Ortiz llegó a Las Lomas para negociar una última cosa con la comunidad.
“Vengo a hacer la cabuda”, les dijo. No tenía dinero para celebrar la inauguración y entonces el alcalde fue a pedir a las personas. Alguien ofreció maíz para hacer tortillas. Alguien ofreció hacer las tortillas. Alguien ofreció libras de pollo. Y otro más ofreció algunos cerdos. Un señor le ofreció dos cuetes de vara. Los agarró. “Son cuetes que no tenía”, dice.
