El 24 de marzo, en el 45 aniversario del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, los movimientos sociales marcharon hasta la Corte Suprema de San Salvador portando una pancarta del icónico arzobispo y defensor de los derechos humanos. Aportaron 60,000 firmas a su demanda de inconstitucionalidad presentada contra la reactivación en diciembre de la minería metálica en El Salvador. Estas se sumaron a las 150,000 ya presentadas el 18 de marzo por obispos católicos que pidieron la derogación de la ley a la Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele.
Las condenas a la minería están cruzando las líneas teológicas cristianas. Una carta de la Conferencia Episcopal califica las firmas como “la voz de las personas que claman por la derogación de la Ley de Minería, ya que es muy perjudicial para la vida humana y el medio ambiente”. El pastor evangélico Mario Vega declaró a El Faro English su “responsabilidad cristiana de pronunciarme en contra por razones teológicas, éticas y sociales”.
“En 2017, también participamos en la recolección de más de 100,000 firmas”, contextualiza Vega. “Con eso logramos la prohibición de la minería metálica”. Esta vez se recogieron más firmas y bajo un férreo régimen de excepción que, durante tres años, suspende los derechos del debido proceso. Las manifestaciones en San Salvador contra la reactivación de la minería suceden en un contexto de acoso a la libertad de expresión, en la que la mayoría de los salvadoreños expresan temor a manifestar opiniones políticas en público y la policía detiene y registra a los pasajeros de autobuses cuando se esperan protestas en la capital.
La recolecta de firmas es un rechazo explícito del clero al anuncio de Nayib Bukele el 28 de noviembre, en la plataforma X, de que El Salvador revertiría la prohibición de 2017 ya que “Dios puso un tesoro gigante bajo nuestros pies: El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro de mayor densidad por kilómetro cuadrado del mundo”.
Esta crítica a una importante política de Bukele además supone un giro brusco para la Iglesia Católica en San Salvador. El arzobispo José Luis Escobar Alas, en el cargo desde 2006, dio su bendición a la toma de posesión de Bukele en junio de 2024. Calificó la reelección inmediata de Bukele para un segundo período —prohibida por media docena de artículos de la constitución— como “una petición que en repetidas veces el pueblo ha hecho”. Los medios de comunicación oficialistas se apresuraron a destacar cuando dijo en septiembre de 2022, seis meses después de la suspensión de garantías constitucionales y en medio de una ola de arrestos arbitrarios, que el pueblo salvadoreño “ahora ve una luz en el camino”.
El arzobispo Escobar Alas tiene un historial complicado en materia de derechos humanos. En septiembre de 2013, cerró la oficina de Socorro Jurídico fundada por Romero, dejando sin tutela legal casos como la masacre de El Mozote y un archivo de más de 50,000 denuncias. En enero de 2021, Escobar Alas se negó en un primer momento a permitir una inspección judicial de los archivos de la archidiócesis relacionados con el proceso por la masacre de El Mozote, en la antesala del juicio celebrado en abril de ese año, incluidas importantes pruebas documentales. Tres días después, dio marcha atrás y dijo que no se interpondría en el camino.
La renovada voz crítica de la Iglesia aparece en un momento delicado para los grupos de la sociedad civil criminalizados en El Salvador. Noah Bullock, director de Cristosal, una organización de derechos humanos fundada por anglicanos, afirma que, en lo que respecta a la minería, “la Iglesia está siendo coherente al analizar y llegar a la misma conclusión que la población: la minería pone en peligro la vida en un país con una crisis de agua”.
Bukele no lanzó grandes críticas hacia la Iglesia en público hasta hace poco. El 2 de febrero, se burló de su nueva postura: “Cuánto esfuerzo por detener la minería, de los mayores poseedores de oro del mundo”, escribió en redes sociales. También torció la mediación del clero católico entre las pandillas y la administración de Mauricio Funes (2009-2014) durante un alto el fuego negociado en 2012 para reducir los homicidios: “Nunca dijeron nada cuando mataban a 30 salvadoreños al día”, mintió. “Dieron su «bendición» para negociar con ellos”.
Bukele, que negoció con pandillas como alcalde de San Salvador y más tarde como presidente de la República, sigue negando la revelación de El Faro y la tesis de fiscales antimafia en el caso Catedral: que su propio gobierno negoció un acuerdo con la MS-13 y la Calle 18 entre 2019 y 2022 para reducir los homicidios y obtener apoyo electoral para el partido oficial. Osiris Luna, viceministro de seguridad y director de Centros Penales, ejecutó un esfuerzo por ocultar las pruebas.
“Cuando el arzobispo difiere en su opinión, lo atacan, etiquetándolo como opositor”, dice Bullock, quien fue intervenido ilegalmente con Pegasus en El Salvador y dirige una organización que ha acusado al Estado salvadoreño de posibles crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción. “Esto es una prueba de que en El Salvador no hay libertad de pensamiento ni de expresión, y eso es síntoma de un cierre del espacio cívico en general”, apunta Bullock.
Mientras tanto, los pastores evangélicos de mayor renombre en El Salvador están divididos. Mientras Vega critica abiertamente la reelección y las detenciones arbitrarias, el destacado líder evangélico “Toby Junior” López Bertrand es partidario abierto del presidente de facto, haciéndose eco de su retórica de seguridad: “Hemos llegado al punto donde estamos más seguros en El Salvador que en Francia”, afirmó Toby Jr. el año pasado. Cuando le preguntaron en la radio sobre la reciente recogida de firmas, dio rodeos a la pregunta.
Un mensaje entre líneas
Aunque en menor medida que en Nicaragua, donde decenas de sacerdotes han sido exiliados o encarcelados y la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) fue confiscada ilegalmente en agosto de 2023 por la dictadura, la UCA de El Salvador también ha sido blanco de ataques de Bukele. En febrero de 2022, sus diputados convocaron al rector de la UCA, Andreu Oliva, ante una “Comisión Especial para las ONG fachada”, supuestamente para investigar millones de dólares malversados bajo gobiernos anteriores.
La UCA organizó una verificación de hechos en directo desde sus redes. “En ningún momento me he acercado a ninguna autoridad [de los distintos gobiernos] para gestionar asignaciones para la universidad porque estas no han existido”, respondió Oliva ante los diputados oficialistas, entre ellos Caleb Navarro y Alexia Rivas. “NO DESINFORMEN”, añadió la universidad en mayúsculas.
Bukele, en su período constitucional de 2019 a 2024, ya acusaba a la universidad jesuita, organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos y periódicos de abanderar una agenda subversiva en El Salvador. Ahora, en el segundo año de un mandato inconstitucional, presume de su control total del aparato estatal.
El régimen de excepción, que el pasado 27 de marzo cumplió tres años en vigor, sigue suspendiendo los derechos a la defensa efectiva y privacidad de comunicaciones, entre otros. Las autoridades informan que han sido arrestados bajo sospecha y procesados —incluso por crímenes colectivos y en juicios masivos— unos 87,000 salvadoreños, de los que monitores de derechos humanos estiman que unos 30,000 son inocentes de cualquier delito.
El Gobierno afirma desde hace meses que alrededor de 8,000 presos han sido liberados y altos funcionarios niegan que las autoridades penitenciarias cometan abusos. Ante el cierre total de acceso a información pública, los testimonio de personas excarceladas, siendo sobrevivientes y testigos de posibles crímenes de Estado, asestan un golpe rotundo a esta narrativa oficial.
En las últimas semanas la Fiscalía controlada por Bukele ha girado órdenes de captura contra la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), una organización que asesora a víctimas. Su vocero Fidel Zavala ha sido arrestado por segunda vez, meses después de haber denunciado al viceministro Luna, el titular de Centros Penales, de delitos incluyendo tortura, coacción y cohecho. Zavala, que afirma haber atestiguado tortura en las cárceles, se había convertido en una cara reconocible en protestas en los últimos meses en El Salvador, manifestaciones multisectoriales que también han aglutinado a sacerdotes católicos.
Tanto religiosos como laicos han escuchado el mensaje oficial implícito en esta arremetida: “Las organizaciones comunitarias, las ONG, los sindicatos, las cooperativas y las iglesias sienten presión y se enfrentan a la decisión de permanecer en silencio y evitar las consecuencias de hablar o de asumir riesgos”, concluye Bullock. Aun así, un oficialismo que domina las batallas narrativas lleva meses sin mermar los llamados en contra de la minería.
Este artículo se estrenó el jueves 3 de abril en el newsletter de El Faro English. Suscríbete aquí para periodismo en inglés que traduce Centroamérica.
