Este domingo, los cinco magistrados electos en 2006 y los cinco electos en 2012 se reunieron en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, instalaron lo que llamaron la Corte legítima y la única capaz de funcionar. Aunque ellos no lo acepten, en la práctica El Salvador tendrá dos Cortes Supremas de Justicia, una sin presidente y formada por los magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, y otra con presidente y formada por magistrados propietarios y suplentes.
La toma de posesión de los magistrados se dio en una ceremonia en la quinta planta del edificio de la Corte, improvisada en un pasillo, pues la sala de reuniones estaba bajo llave. Desde la mañana, las instalaciones de la Corte ya estaban rodeadas por manifestantes que apoyaban a los 10 magistrados que se reunieron este día y que pertenecen a grupos afines al FMLN. La ceremonia tuvo la presencia del gerente de comunicaciones de la Asamblea Legislativa, Óscar Alas, quien coordinaba la cobertura de la prensa y daba otras indicaciones como hacia dónde dirigirse incluso a los integrantes de la Corte invalidada por la Sala de lo Constitucional. Entre el personal ajeno al Órgano Judicial había también equipo de prensa del FMLN.
Con esta instalación, El Salvador tiene dos Cortes Supremas de Justicia. El viernes, ocho magistrados de la Corte, incluido su presidente Belarmino Jaime, llamaron a suplentes para que a partir de este lunes y dada la terminación del mandato de cinco de ellos, el máximo tribunal de justicia siga laborando con normalidad. En contraposición, la decisión de la Asamblea de forzar con un decreto la instalación de su propio máximo tribunal, incluye la separación de Jaime de la Sala de lo Constitucional a partir del 16 de julio.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, incluido el saliente Néstor Castaneda, se juntaron con tres suplentes para convocar a sus colegas con el fin de que asuman cargos ante la salida de cinco magistrados este julio, según un boletín emitido la tarde de este sábado por la Corte Suprema de Justicia.
En total, son cuatro suplentes los que han sido convocados para que, a partir de este lunes 2 de julio, asuman funciones mientras la Asamblea Legislativa cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional que le ordenó repetir las elecciones de cinco magistrados en abril de 2006, y la de otros cinco en abril de este año. Según la Sala, la Asamblea Legislativa violó en ambos casos la Constitución de la República, porque cada legislatura solo puede hacer una renovación de Corte Suprema.
'Corte Plena ha convocado con ocho votos a tres magistrados suplentes para que se incorporen a la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo lunes 2 de julio, y la Sala de lo Constitucional, por su parte, ha llamado a un suplente para que se incorpore igualmente a partir del lunes, con lo cual la Corte Suprema de Justicia quedará integrada a partir de esa fecha por los magistrados suficientes para funcionar con normalidad', dijo la Corte en su boletín.
Para que el funcionamiento de todas las Salas se concrete, 'el presidente de la Corte Suprema de Justicia convocará a las sesiones ordinarias de Corte Plena a partir del martes 3 de de julio', añadió.
Con esta decisión de la Corte Suprema que preside Belarmino Jaime y ante la decisión de la Asamblea Legislativa de ignorar los fallos judiciales que declararon inconstitucionales las elecciones de 2006 y 2012, El Salvador tiene a partir de este día dos Cortes Supremas. Los magistrados electos expresaron desde la semana pasada su decisión de tomar posesión de sus cargos porque consideran legítimo y legal su nombramiento.
Cerca de las 10 de mañana se reunieron en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia los cinco magistrados electos en 2012 (Ovidio Bonilla, Elsy Dueñas de Avilés, Doris Luz Rivas, José Roberto Argueta Manzano y José Salomón Padilla) y los magistrados electos en 2006 (Rosa María Fortín, Mario Valdivieso, Lolly Claros, Miguel Trejo y Roxana Núñez). Los magistrados entraron a las instalaciones de la Corte sin el permiso del presidente de la misma, por lo que no pudieron usar la sala de reuniones de Corte Plena ni las oficinas que aseguran deberían asignárseles.
Casi tres horas después de haber ingresado a la Corte sin mayor problema, los magistrados decidieron salir a saludar a los manifestantes que habían llegado a darles apoyo. Cuando Ovidio Bonilla salió del edificio, se rehusó a dar declaraciones a la prensa y acuerpado por un cordón humano de guardaespaldas avanzó a empujones hasta donde lo esperaba su púbico, integrado por grupos afines al FMLN. Ya ahí, en medio de la lluvia y los periodistas, dio un pequeño discurso ayudado por un megáfono frente a las 200 personas que lo aclamaban.
Los magistrados entraron de nuevo a la sesión de Corte Plena y cerca de las tres de la tarde permitieron que la prensa les hiciera preguntas en una conferencia. Para llegar hasta ahí, periodistas tuvieron que pasar al menos tres puntos de seguridad. El principal mensaje que enviaron los magistrados fue aclarar que la única Corte legítima es la que ellos acababan de conformar. El magistrado electo José Argueta Manzano argumentó que la Corte que está convocada para para el martes no es legítima y la única que puede llamarse Corte Plena es la que ellos instalaron este domingo. 'No es Corte porque son con suplentes, aquí están 10 propietarios. Solo hay una y la hacen los propietarios', dijo.
Este argumento también lo dieron Rosa María Fortín y Doris Luz Rivas quienes aseguraron que sus reuniones son legítimas porque están amparados por la notificación de la Corte Centroamericana de Justicia y el nuevo decreto que les permite sesionar sin necesidad de que el presidente de la Corte convoque a Corte Plena y sin su presencia en la reunión. 'La reunión de mañana es una sesión, pero no es Corte Plena', dijo Fortín.
Esta tarde, los magistrados también proporcionaron copias de una notificación de la Jefa del Diario Oficial al encargado de Acuerdos y Decretos Legislativos de la Asamblea Legislativa donde le informa que el decreto 43, que fue aprobado por el pleno el jueves, ya estará publicado en el diario oficial del viernes 29 de junio.
Durante la conferencia de prensa Ovidio Bonilla aseguró que la Asamblea no está desestimando las sentencias de la Sala de lo Constitucional al recurrir a la Corte Suprema de Justicia ni ellos están aceptando que los fallos de los constitucionalistas no tienen carácter obligatorio. 'Acudir a una instancia internacional no es desestimar lo que dice la Sala, es un derecho constitucional', declaró.
Sin embargo, al final de la conferencia, el magistrado Mario Valdivieso quien ya lleva seis años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pidió el micrófono para aclarar que la Sala de lo Constitucional no es una instancia suprema y que tampoco es cierto que las sentencias de la misma deban cumplirse sin cuestionamientos. 'No es cierto que los magistrados de la Sala son los máximos intérpretes de la Constitución. No es cierto', dijo Valdivieso quien argumentó que aunque las funciones de la Sala son importantes, son más modestas de lo que se dice. El magistrado aseguró que la función de los magistrados es comparar el texto de la Constitución y de una legislación secundaria y que estos magistrados han sobrepasado dicha atribución.
Además, Valdivieso rechazó la idea de que las resoluciones de la Sala no pueden ser cuestionadas, pues según él, los funcionarios no deben cumplirlas si creen que no están señidas a la Constitución. 'No es cierto que las resoluciones de la Sala son siempre de cumplimiento obligatorio. Una resolución inconstitucional, los funcionarios no es que tenemos el derecho, tenemos la obligación de no respetarla', exclamó el magistrado quien no explicó quién determina cuándo una setencia es inconstitucional o no.
La Asamblea, usando ese mismo argumento, rechazó las sentencias de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que sus sentencias son de obligatorio cumplimiento. Asimismo, el artículo 183 de la Constitución dice que el único tribunal competente para resolver inconstitucionalides en El Salvador es la Sala de lo Constitucional.
Sin embargo, los diputados del FMLN, Gana, CN y Pes alegan que los magistrados se han extralimitado en sus funciones y alegan que las elecciones de 2006 y 2012 son constitucionales. Por eso decidieron acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, donde demandaron a la Corte Suprema salvadoreña. El tribunal regional pidió a la Corte suspender las consecuencias de sus sentencias, pero los magistrados declararon inaplicable esa decisión porque en materia constitucional la Sala es la última instancia.
En esas circunstancias, la noche del jueves los diputados del FMLN impulsaron una reforma sorpresiva, inconsulta y negociada bajo la mesa con los partidos Gana, CN y Pes, para quitar a la presidencia de la Corte Suprema la atribución exclusiva de convocar a Cortes plenas. A partir de esa reforma, que fue avalada de inmediato por el presidente Mauricio Funes, cualquier magistrado podría convocar a Corte plena y no haría falta la presencia del presidente para sesionar.
La última semana de abril pasado, la Asamblea saliente, presidida por Sigfrido Reyes, del FMLN, adelantó la elección de los cinco magistrados que deben ingresar a la Corte en julio, y paralelamente sacaron a Jaime de la Sala de lo Constitucional, con lo que el equipo de cuatro magistrados que ha estado emitiendo sentencias de inconstitucionalidad que han molestado a los partidos políticos y al presidente Funes (declararon inconstitucional la partida secreta de la Presidencia) quedaría desarticulado.
Esta tarde, los magistrados se encontraron con las instalaciones de la Corte cerradas con llave. El viernes en la noche, miembros de Sittoj se tomaron la entrada principal de la Corte para asegurar que los diez magistrados no tuvieran problemas el domingo, pero todas las oficinas de la misma estaban cerradas con llave. Como consecuencia, los magistrados se vieron obligados a llevar a cabo la sesión en un pasillo de la quinta planta donde instalaron una sala de reuniones improvisada. Los magistrados aseguraron que el presidente de la Corte, Belarmino Jaime, había ordenado que se cerraran las oficinas y la magistrada Rosa María Fortín tildó de infantil la actitud de Jaime y dijo que no descartaba que el lunes continuara esa actitud infanil, refiriéndose a la convocatoria a Corte Plena para la cual no se convocó a los magistrados electos en 2012.
La magistrada Roxana Núñez también dijo que las sentencias que ha estado emitiendo la Sala son inconstitucionales y acusó a los magistrados de estar cometiendo ilegalidades, al invadir las atribuciones de la Asamblea Legislativa y de estar en desacato al declarar inaplicable la notificación de la Corte Centroamericana de Justicia.
La magistrada dijo que la única vía que queda para determinar responsabilidades es el antejuicio porque, al menos ella, no cree que Corte Plena debería conocer el caso porque hay demasiados conflictos de interés, aunque en teoría sí podría. 'Claro que se puede pedir consecuencias, se puede amparar ante Corte Plena, pero yo sí me excusaría para no ser juez y parte', dijo.
Además, aclaró que no serán ellos quienes lleven un antejuicio, pero si a ella le piden que aporte pruebas para demostrar el comportamiento ilegal de los magistrados, ella las daría. 'En todo caso quien pueden quitarlos, es la Asamblea. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, solo aportar parte. Nosotros tenemos las pruebas de todas esas actitudes ilegales, si a mí me las piden, yo las entrego', agregó.
Esta mañana, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, dijo que si han cometido alguna ilegalidad están dispuestos a ser juzgados. 'Que se defina de una vez por todas si somos delincuentes los magistrados de la sala de lo constitucional y si hemos violado la Constitucion y si la hemos violado vamos a enfrentar la justicia con la frente en alto', dijo el magistrado después de la misa oficiada por Monseñor Escobar Alas en la Catedral Metropolitana.
Después de haber dado declaraciones, el magistrado tuvo una reunión con Escobar Alas, quien a continuación dio una conferencia de prensa en la que leyó el comunicado de la conferencia episcopal donde le piden a la Asamblea cumpla las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Monseñor se rehusó a dar detalles de la reunión que tuvo previamente con Meléndez porque dijo que había sido una reunión privada. Además, dijo que el magistrado no era el único funcionario que se le había acercado para hablar sobre el conflicto. Según Escobar Alas, el presidente de la Asamblea le solicitó una reunión privada que sostuvieron, pero de la cual tampoco quiso dar detalles.
El magistrado Florentín Meléndez también aseguró que para que se logre superar esta crisis la única solución está en las manos de la Asamblea Legislativa, la cual es cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional y volver a elegir a los magistrados de 2006 y de 2012. El constitucionalista aclaró que la sentencia no cuestiona la idoneidad de las personas que fueron elegidas para el cargo, sino el procedimiento por medio del cual se dio su elección.
Además, Meléndez acusó al presidente Funes de haber tomado parte en el conflicto y de estar actuando en contra de la Constitución ya que está desconociendo una sentencia de la Sala, las cuales son de carácter obligatorio para todos los funcionarios. 'El presidente Funes ha tomado parte indebidamente en este conflicto, cuando él debería de contribuir, como la Constitución se lo ordena, a la armonía social de los salvadoreños. Creo que está muy mal asesorado jurídicamente porque está desconociendo la Constitución', dijo el funcionario.
La lectura que el magistrado hace del comportamiento de los diptuados y del presidente es que las sentencias de la Sala han causado incomodidad porque por primera vez se está poniéndo en la práctica el sistema de pesos y contrapesos que establece la Constitución. 'En el fondo está el hecho de que en este país nunca se ha ejercido el control constitucional del poder político y cuando en la sala lo empezamos a ejercer, entonces hay inconformidades, amenazas. Nos están amenzando con juzgarnos, con destituirnos', dijo.
El desafío de la Asamblea Legislativa hacia la Sala de lo Constitucional se originó en una serie de sentencias que los magistrados emitieron y que golpearon el centro del poder de las cúpulas partidarias haciéndoles perder el control de quién se convierte en diputado más allá de la voluntad popular expresada en las urnas, permitiendo por primera vez a los salvadoreños el voto por persona y no solo por listas de candidatos a legisladores.
Con ese motivo, desde julio de 2010 los diputados de todos los partidos expresaron su interés en destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos para nueve años en julio de 2009, a quienes en su momento calificaron como integrantes de la primera Sala de lo Constitucional independiente y con hoja limpia en la historia reciente del país.
Empleados de la Asamblea en la Corte Suprema de Justicia
Cerca de las diez de la mañana, la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Roxana Núñez, ingresó a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en un automóvil que salió del parqueo de la Asamblea Legislativa. Cuando ella llegó, la mayoría de magistrados ya estaban adentro para dar inicio a la sesión de Corte Plena, habilitados por el decreto 43 aprobado por los diputados del FMLN, Gana, CN y Pes el jueves y que permite a los magistrados convocar y sesionar sin el presidente de la misma.
Al carro de Núñez lo escoltó otro automóvil y algunos guardaespaldas que iban caminando junto a los carros, desde el portón de la Asamblea hasta el de la Corte que quedan a menos de cincuenta metros de distancia. La comitiva también la integraba el gerente de comunicaciones de la Asamblea Legislativa, Óscar Alas, quien caminaba junto a los carros. Cuando los carros entraron a la Corte, Alas también ingresó y acompañó a la magistrada dentro del edificio.
Alas estuvo coordinando actividades dentro del edificio de la Corte Suprema de Justicia durante la mañana, pero cuando se le permitió ingresar a la prensa al edificio, este ya no estaba presente. Cuando El Faro le preguntó a los magistrados Argueta Manzano, Bonilla y Dueñas en calidad de qué el gerente de comunicaciones de la Asamblea había estado ayudando durante la mañana, todos respondieron que ni siquiera lo conocían. Durante el día también había un equipo de comunicaciones cubriendo el evento. En total habían dos cámaras y un redactor, los tres miembros del equipo de comunicación institucional de la Asamblea Legislativa. Además de ellos, estaban presentes dos miembros del equipo de comunicaciones de Gana, también dándole cobertura al evento. Ambos equipos tuvieron el mismo acceso que el resto de la prensa a los magistrados, exceptuando a Alas.
*Con reportes de Óscar Luna
