Romeo Barahona, quien hasta el martes pasado fuera fiscal general y que ahora aspira a la reelección en su cargo para un segundo período de tres años, tiene en su currículo resoluciones en su contra de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de un enfrentamiento que tuvo con un subalterno, que lo demandó por violación a sus derechos laborales.
El caso se originó en una denuncia de un exfiscal degradado a finales de 2009. La Fiscalía presidida por Barahona degradó a Diego Balmore Escobar Portillo, del cargo de director de la institución en San Salvador, a asesor de comunicaciones a partir de enero de 2010. Las partes entraron en conflicto, Escobar Portillo se rehusó a firmar el nuevo contrato y la Fiscalía comenzó a retenerle el salario. En abril de 2010, Escobar Portillo denunció públicamente a Romeo Barahona por actos arbitrarios en su contra.
Según el denunciante –que pasó a la Unidad de Asuntos Internacionales-, Barahona –junto al ex auditor fiscal y ahora fiscal adjunto, Ovidio Portillo- lo presionaron para que aceptara el nuevo cargo con una reducción salarial. Después de que Escobar se negara, amparándose en la estabilidad que protege la carrera fiscal, la Fiscalía le retuvo el salario. Y fue así durante 13 meses. Más de un año sin salario.
El caso, para Escobar, debería cobrar notoriedad sobre todo hoy que Barahona aspira a otros tres años en el cargo. En abril pasado Barahona había quedado fuera cuando los diputados, en una elección anticipada, nombraron a Ástor Escalante como su sucesor. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección y eso dio una nueva oportunidad a Barahona, pero la Asamblea Legislativa no pudo ponerse de acuerdo hasta ahora y el miércoles 19 asumió como fiscal general en funciones Ovidio Portillo.
A Barahona y a los otros cuatro finalistas los diputados ya los han entrevistado dos veces, la última de ellas el martes anterior. Cuando se pregunta a los legisladores sobre los casos de Barahona tanto en la PDDH como en la Corte Suprema, matizan las resoluciones en contra del exfuncionario, restándoles importancia.
Para elegir al fiscal, la Asamblea ha seguido un proceso de varios meses. Por ahora la lista de elegibles se ha reducido a cinco: Margarita Velado, exdiputada del FMLN; Alberto Beltrán Beltrán, juez especializado de San Miguel; Luis Martínez, expresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados; Ástor Escalante y Romeo Barahona. Para nominarlo se necesitan 56 votos, es decir que solo quien tenga el respaldo de las bancadas de Arena y del FMLN puede ser nombrado titular de la institución responsable de investigar los crímenes cometidos en el país.
Arena y el FMLN tienen por ahora apuestas distintas, lo cual entrampa la discusión. A diferencia de abril pasado, sin embargo, cuando la Asamblea saliente tenía una bancada arenera sin escaños suficientes para vetar el nombramiento, ahora Arena sí es indispensable.
Fuentes de Arena aseguran que su carta es Romeo Barahona, mientras que el FMLN ha dicho abiertamente que votaría por Ástor Escalante, exfiscal, exviceministro de Seguridad y que fungió como fiscal general durante 2009 por unos meses, cuando terminó el período de Félix Garrid Safie. En el caso del FMLN, al cabo de tres años ha habido un vuelco en el discurso, pues cuando fue elegido Barahona la elección también se había entrampado y los efemelenistas aseguraban que el problema era que Arena se había empecinado en que fuera Escalante el fiscal, a quien los diputados del FMLN consideraban, en primer lugar, arenero, y en segundo lugar, un mal funcionario.
Los partidos pequeños, Gana, CN, Pes y CD, que solo suman 20 votos, tendrían que apoyar una u otra opción.
El diputado Francis Zablah, del partido Gana, opina que Escalante tiene todas las credenciales para tomar el cargo de fiscal general aunque cuando se le pregunta su opinión sobre Barahona no descarta la posibilidad de apoyar la reelección. 'Habría que analizarlo, para eso está la comisión', dijo, refiriéndose al grupo de diputados y dirigentes de partidos que discuten el nombramiento. Cuando se le hizo ver que sobre Barahona pesaban estos procesos, Zablah opinó que eran cuestiones insignificantes. 'Un buen fiscal debería estar libre de cualquier sanción administrativa judicial, pero eso no quiere decir que si alguien ha tenido un problemita que no es grave y que porque no lo ha podido evacuar va a ser un mal fiscal', dijo.
Roberto Angulo, diputado de CN, dijo que los diputados cenistas no deberían opinar sobre quién sería mejor fiscal porque de todas maneras la decisión la tienen que tomar los partidos grandes, es decir, Arena y FMLN.
Los areneros sostienen que tienen tres favoritos: Martínez, Escalante y Barahona. Cuando a sus diputados se les pregunta sobre el perfil que debe tener el fiscal, dicen que debe ser una persona 'idónea e independiente'. 'Siempre tenemos que apostarle a la idoneidad de los funcionarios públicos (...) Tenemos que respetar las leyes y estas dictan los requisitos para elegir funcionarios, a veces esas leyes son demasiado blandas y a los cargos llegan personas que no deberían. Tal vez es necesario cambiar los requisitos para obtener mejores funcionarios', dice la diputada Ana Vilma de Escobar.
Romeo Barahona tiene dos fallos en su contra en la PDDH, en resoluciones en que se determina que cometió actos arbitrarios y violó el debido proceso, con lo que perjudicó el derecho al trabajo del demandante. Asimismo, la Sala de lo Constiticional emitió una medida cautelar a favor del demandante en relación con la retención de los salarios.
'El Fiscal General ha irrespetado la ley. En mi caso ha violado la carrera fiscal y estabilidad en el cargo. Y eso es un reclamo que merece ser escuchado. Otro aspecto importante es que hay una condena moral por parte del defensor del pueblo para ese caso, y esa condena moral inhabilita a Romeo Barahona para aspirar a la reelección', dice el exfiscal Diego Escobar.
'La comisión (de país) debe valorar este elemento. Él no cumple los requisitos que la Constitución exige. Romeo Barahona es violador de derechos humanos', añade. La decisión está en manos de una comisión legislativa que deberá hacer su propuesta al pleno.
La Constitución de la República señala que los aspirantes al cargo de fiscal general deben, entre otros requisitos, demostrar una moralidad y competencia notorias. Para el caso, el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, confirma que hay dos resoluciones en contra de Barahona en donde se ha establecido la afectación a un derecho humano. Según él, está claro que algo ha fallado en la gestión de Barahona y será responsabilidad de la Asamblea tomar o no esto en cuenta a la hora de analizar su candidatura a la reelección.
'La subcomisión tendrá que evaluar el caso del Fiscal General. Como el suyo, también hay casos de varios magistrados con denuncias pendientes', dijo a El Faro el procurador, Óscar Luna.
Si el FMLN, GANA y CN no logran sostener la intención de ratificar la elección de Ástor Escalante, quien lidera la segunda opción es Barahona, que se repetiría tres años más en el minsiterio público.
13 meses sin sueldo
Romeo Barahona fue fiscal adjunto por más de ocho años, pero fue sustituido en 2009 por Ástor Escalante. Escalante llegó cuando la Asamblea comenzaba a discutir la elección y aparecía como una de las cartas principales de Arena. Barahona, en cambio, no era favorito en una primera lista de 21 nombres que manejaba la Asamblea Legislativa en aquel momento.
No fue sino hasta la segunda mitad de 2009 cuando Barahona se coló hasta el máximo puesto después de una segunda ronda de negociaciones entre los partidos Arena y FMLN, con el concurso del presidente Mauricio Funes. En esa ronda se evaluaron 81 candidatos. Barahona quedó como finalista junto con otros dos jefes fiscales colocados durante la gestión de Safie: el entonces secretario de la Fiscalía, Aquiles Parada, y el entonces director de la División de la Defensa de los Intereses de la Sociedad (zona San Salvador), Diego Escobar, que ahora demanda a Barahona ante la Corte Suprema de Justicia y ante la PDDH.
Escobar interpreta que por una disputa interna entre el fiscal y varios de sus subalternos, miembros de una entidad llamada 'consejo fiscal' –que sanciona o perdona las actuaciones de los fiscales de carrera- fue castigado y degradado. El consejo fiscal, del cual Escobar formó parte a finales de 2009, se negó a fallar en contra de otro fiscal de carrera en una resolución que no satisfizo a Barahona, que en los primeros meses de su gestión depuró a más de una docena de empleados, entre fiscales y empleados administrativos.
A finales de ese año, a Escobar se le venció su contrato, y en enero de 2010, al momento de la renovación, se topó con la sorpresa de que le quitaban el rango que tenía –director a asesor- en una unidad sin peso ni gloria. Además, en el nuevo contrato, a Escobar también le bajaban el sueldo.
Al negarse a firmar ese contrato, la Fiscalía le retuvo los salarios a Escobar durante todo 2010 sin justificación alguna. Cuando Escobar reclamaba su sueldo, la pagaduría de la Fiscalía y recursos humanos le instaban a firmar el contrato que lo degradaba.
Escobar pidió audiencias con el fiscal general y con el auditor fiscal, Ovidio Portillo. Los máximos dirigentes de la institución nunca lo atendieron. Para no ser despedido –por no presentarse a trabajar- Escobar asumió su nuevo cargo desde enero de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011, fecha en la que fue notificado que la Fiscalía ya no le daría trabajo. Trabajó 14 meses y de esos, 13 no le fueron pagados. Solo en un mes de los 14 le hicieron el depósito correspondiente al puesto de menor rango.
Según Escobar, por un error, el pagador de la Fiscalía asignó a su cuenta un salario acorde al cargo degradado que la institución ofreció en ese contrato que nunca firmó. Debido a que no firmaba, la Fiscalía se negaba a pagarle, pero esa vez sí le depositaron. Cuando el pagador se percató de lo ocurrido, pidió a Escobar que devolviera el dinero. Escobar se negó. Para él, ese depósito era una prueba de las irregularidades en su contra.
Otra prueba de las irregularidades, según Escobar, es que aún sin firmar contrato, la Fiscalía realizó los descuentos correspondientes a la amortización de deudas que Escobar había había asumido con algunas entidades financieras.
El lunes 28 de febrero de 2011, Escobar fue citado por la directora de recursos humanos, Haydee López Ventura; y por la gerente de recursos humanos, Carolina Franco. Sin darle argumentos, le informaron de manera oral que quedaba fuera del Ministerio Público. Escobar pidió por escrito esa notificación y a la fecha sigue esperando una respuesta.
Fuera de la Fiscalía, Escobar ahora trabaja como abogado privado, mientras espera un fallo de la Sala de lo Constitucional.
Un pleito ganado 'a medias' en resoluciones
Un año antes de su despido, el fiscal Diego Escobar acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En agosto de 2010, el procurador Óscar Luna emitió una resolución en la que daba por cierta la denuncia, señalaba los actos de Barahona contra la estabilidad laboral del denunciante, pero no mencionaba nada sobre los salarios retenidos.
Un año más tarde, en marzo de 2011, Luna también falló sobre ese punto, diciendo que la Fiscalía dirigida por Barahona no respetó el principio de legalidad y realizó actos que no están amparados en ninguna ley. El caso a la fecha sigue en curso, y según el procurador de Derechos Humanos, de no cumplirse lo que establecen las resoluciones, podría emitirse una censura pública en contra del funcionario.
'La resolución da por establecida la afectación del derecho al trabajo y la estabilidad laboral y recomienda restituir este derecho. Cuando una persona no acata las recomendaciones que remite la PDDH puede dar lugar a una censura pública. Eso lo establece la ley', dice Luna.
Al hacerle ver que el fiscal Barahona no cumplió con las recomendaciones giradas por la PDDH y que, al contrario, lo despidió, Luna dice que le dará seguimiento al caso.
Barahona también desoyó a Sala de lo Constitucional
La PDDH no fue a la única institución a la que Barahona dio largas para resolver el caso del denunciante Diego Escobar.
En octubre de 2010, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar en favor del demandante para que la Fiscalía le reintegrara todos los sueldos adeudados de manera inmediata, mientras se resolvía el proceso de amparo.
Un mes más tarde, Barahona pidió a la Sala que explicara mejor los argumentos que esta dio para no aceptar la solicitud de revocatoria a esa medida cautelar. Una solicitud de revocatoria que, según el demandante, y según deja entrever la misma Sala, apuntaba más a dilatar el caso.
En síntesis, Barahona señaló a la Sala que antes de acatar la medida cautelar necesitaba una explicación sobre si esta acción entraría en disputa con otras leyes dado que no existe ninguna fórmula que permita pagarle a un funcionario que no tienen un contrato firmado. Y la Sala usó el mismo argumento de Barahona para replicarle e insistir en que debía pagar los salarios retenidos ilegalmente: 'Resulta incomprensible que el cumplimiento a la medida cautelar adoptada en este caso sea supeditado a una aclaración sobre las disposiciones legales que 'resultarán inobservadas' (...) sobre todo si se tiene en consideración que, tal como el aludido funcionario (Barahona) lo ha manifestado expresamente, ya se han efectuado 'descuentos legales' mensuales al peticionario sin que exista un contrato firmado'.
Cinco meses después, la Sala le dijo a Barahona -en abril de 2011- que la medida cautelar a favor del demandante era de estricto cumplimiento. Barahona acató días después, enviando copias de los memorandos y órdenes internas para el pago de los salarios retenidos a Escobar.
'Sin embargo, a la fecha esa medida no se cumplió al cien por ciento. De los 14 meses que trabajé en la institución sin goce de sueldo, solo se me cancelaron 12', dice el denunciante. Es decir, le deben uno.
La defensa de Barahona
En el caso llevado en la PDDH, el fiscal Barahona se defendió diciendo que al fiscal Escobar no se le pagaba porque no firmaba el contrato que la institución le ofrecía. En síntesis, el argumento de Barahona era que la inexistencia de una 'relación contractual' imposibilitaba pagarle un sueldo, porque no habría manera de justificar a los entes contralores (Corte de Cuentas, Ministerio de Hacienda) pagar a alguien que carecía de contrato.
Tras la presentación de pruebas del denunciante, Óscar Luna también reparó en una inconsistencia de la Fiscalía. Si no existía esa relación, ¿bajo qué argumentos la institución le depositaba a los acreedores del demandante los montos parciales de sus créditos?
En el fallo de marzo de 2011, el procurador notificó de esta irregularidad a la Corte de Cuentas para que se pronunciara. Un año después, la Corte de Cuentas, ya presidida por Gregorio Sánchez Trejo, todavía no ha dicho nada al respecto. En su lugar le pasó a la PDDH la pelota, diciéndole que por favor le aclarara aquellos puntos en donde se sospecha que había irregularidades, aun y cuando estas ya habían sido señaladas en la resolución de marzo de 2011.
El Faro pidió una reacción al fiscal Barahona sobre este caso por medio de la oficina de prensa del Ministerio Público. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. En la Asamblea Legislativa, el funcionario se escabulló y escapó de los periodistas que lo buscaron insistentemente para obtener declaraciones suyas.
