Luis Martínez: "El fiscal general hizo bien su trabajo en el caso del expresidente Flores"
El fiscal general, en plena campaña por su reelección, respondió el pasado 13 de agosto a sus críticos que en el caso del desvío de millonarios donativos de Taiwán por los que se acusa al expresidente Flores, él hizo bien su trabajo al presentarlo ante los juzgados. ¿Un fiscal hace bien su trabajo por el solo hecho de presentar una acusación? Las fallas en el caso y las declaraciones de dos jueces, un exjefe de la Policía y varios querellantes particulares permiten concluir que su afirmación es insostenible.
Nelson Rauda Zablah
La frase que da pie a este politígrafo fue pronunciada por el fiscal general de la República, Luis Martínez, en la mañana del 13 de agosto en la entrevista televisiva Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña. Martínez defendió su papel en el caso judicial emprendido contra el expresidente Francisco Flores (1999- 2004), acusado del desvío de, al menos, $10 millones donados por Taiwán, y que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Antonio Saca (2004-2009).
La frase puesta a prueba en este politígrafo es un extracto de una declaración más amplia, con la cual el funcionario intentó zanjar las críticas hacia su desempeño en uno de los casos de corrupción política más emblemáticos en la historia reciente del país. "¿Qué no se han dado cuenta de que la Fiscalía ya hizo su trabajo? -inició Luis Martínez-. Hicimos una investigación y (Flores) está sometido a un proceso judicial".
En su intervención, Martínez calificó las críticas hacia su gestión - el funcionario espera que los diputados de la Asamblea Legislativa lo reelijan para un segundo periodo- como un problema de falta de simpatías con algunos políticos del país. "Yo comprendo a los políticos con el afán de criticar porque el fiscal general no les cae bien, pero ese es problema muy de ellos", añadió.
Inmediatamente después, el funcionario se autoevaluó a sí mismo en buenos términos. "El fiscal general sí hizo su trabajo y lo hizo bien y el proceso ahí está, en los tribunales y ha avanzado y va el 31 de agosto a una audiencia preliminar. Hemos cumplido, incluso, con muchas de las diligencias o con todas las diligencias que ordenó el juez. Hubieron (sic) diferencias dentro del proceso porque fueron pedidas fuera de tiempo por el juez. A pesar de eso, nosotros las hemos hecho. Queda en manos del juez. Ya el fiscal hizo su trabajo, ¡por Dios!", añadió.
El pasado 17 de agosto, un periodista de El Faro le pidió a Martínez que explicara qué criterios utilizó para calificar como bueno su desempeño en este caso. Sin embargo, el fiscal evadió la pregunta y no quiso contestar, mientras era escoltado hacia la salida de un hotel capitalino, luego de una "sesión informativa sobre la fuerza de Tarea Antiextorsiones" con la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad.
A falta de respuesta de Luis Martínez, El Faro buscó en las memorias de labores de la FGR un atisbo de explicación a su propuesta de buen desempeño fiscal. En la memoria de labores 2014-2015 la Fiscalía destacó la presentación de la acusación contra el expresidente Francisco Flores en la sección de "Logros en la persecución del delito", específicamente en el área de delitos contra la corrupción. La FGR dedicó cuatro de las 142 páginas de su reporte al apartado de persecución de la corrupción.
Como logros, aparte del caso Flores-Taiwán, la FGR destaca tres condenas: el caso Ferracutti: una cooperativa que no estaba autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público (10 años de prisión por captación ilegal de fondos); el caso ISTA, contra exfuncionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria por peculado (la Fiscalía logró trabajos de utilidad pública a los condenados que desviaron $2.7 millones del ISTA para campaña electoral del partido Arena), y el caso contra el exministro de Gobernación Juan Miguel Bolaños (condenado por actos arbitrarios a tres años de prisión. La Fiscalía también logró que fueran sustituidos por trabajos de utilidad pública). Como otros logros en el combate a la corrupción, la FGR resalta la realización de un peritaje en el caso de la presa El Chaparral, y la realización de la audiencia preliminar por el caso de corrupción en la construcción de la carretera Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero).
Como esta muestra de lo que la Fiscalía considera "logros" no permite determinar parámetros que permitan medir como "bueno" el trabajo del fiscal en el caso Flores-Taiwán, este periódico formuló a dos jueces, a un exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y a los acusadores particulares del caso Flores- Taiwán la pregunta: ¿Cómo se puede evaluar el trabajo de un fiscal?
Dos jueces de Instrucción coincidieron en decir que el trabajo de la Fiscalía se puede medir a través de las pruebas que presenta. "Un fiscal hace bien su trabajo cuando aporta toda la prueba necesaria para resolver el caso. Si no presentó la prueba, hizo mal su trabajo. Habría que analizar por qué no la presentó: si no quiso o no pudo", dijo el juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño. Otro juez, que pidió no ser identificado para no interferir con el criterio del juez Miguel Ángel García, a cargo del caso Flores, se pronunció más específicamente sobre el expediente. Dijo que "la Fiscalía tiene que documentar el ingreso del dinero y que eso no ingresó al Estado, y presentar a los testigos que recibieron el dinero, además de la declaración de Taiwán que no dio el dinero para los fines para los que fue utilizado. Eso tiene que partir de pericias contables que determinan si el dinero ingresó y que no fue destinado para los fines para los que se supone que ingresó. Los peritos se pueden convertir en testigos por referencia y los empleados bancarios pueden ser testigos directos", analizó el funcionario.
Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, exviceministro de Seguridad, excandidato a la Presidencia y ahora diputado de ARENA (partido del cual Flores todavía es presidente honorario), coincide con los jueces en la importancia de la recopilación de pruebas, pero cree que el éxito de la Fiscalía no se puede calificar solamente por la cantidad de condenas. "El éxito del fiscal radica en no dejar tirados los casos, en no ser indolente ante situaciones que se den, él está obligado a investigar todo aquello que le llegue, ante una denuncia o una actuación de oficio ante un hecho notorio. Si las pruebas han sido recogidos adecuadamente, si los requerimientos han sido presentados de conformidad a lo que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal, o las leyes especiales que se estén utilizando", dice Ávila, que también agrega que una evaluación objetiva debe incluir todos los factores alrededor del buen funcionamiento o buen desempeño de un fiscal en un proceso.
Pero Ávila también cree, a diferencia del fiscal general, que la garantía de buen trabajo no se resume en presentar un requerimiento. "Una cosa importante es que los casos se fundamenten y que no sea una cuestión de honor o de meramente ceñirse a una acusación inicial, pese a que a medio camino se da cuenta que no hay objeto de seguir acusando. Es una cuestión de tratar de acercarse lo más posible a la verdad", dice.
El punto convergente para analizar el trabajo de la Fiscalía, según las fuentes consultadas, es la calidad y pertinencia de las pruebas. En este punto, la abogada Berta Deleón, integrante del equipo de acusadores particulares contra Flores en el caso Taiwán, señala aspectos que no duda en calificar como negligencia del fiscal Martínez. "Es cierto que la Fiscalía ha presentado diligencias y asistencias internacionales, pero las que ha presentado, curiosamente, no arrojan ningún resultado. O sea, presenta diligencias de México o de Chile, sin ningún elemento que arroje que en esos países se podía encontrar información relevante para el caso. Es como un juego, solo por decir 'realmente hice algo'. ¿Por qué va a buscar en México y en Chile si no hay nada que diga que las transacciones involucraron esos dos países? Aparte, el gran hueco que dejó la Fiscalía es no haber solicitado el peritaje financiero y el peritaje bancario, porque si usted revisa en el proceso, esos dos elementos fueron autorizados por el juez a petición de la querella", dijo Deleón.
La información bancaria de las cuentas del imputado Flores en Bahamas tampoco está incluida en el proceso: la Fiscalía alegó que se había perdido. Esos informes son importantes porque, según la misma investigación fiscal, Nassau, en Bahamas, es una de las cinco ciudades que recorrieron los millones de Taiwán.
La abogada repasa hábilmente las omisiones investigativas de la Fiscalía. Deleón, exfiscal, recuerda que la FGR no adjuntó al proceso el Reporte de Operación Sospechosas (ROS), que sirvió de base al expresidente Mauricio Funes, para dar auge al caso. El fiscal Martínez adujo que Estados Unidos había emitido una sanción a El Salvador por la divulgación del contenido de ese ROS, pero tampoco ha certificado la existencia de esa sanción, pese a que el juez ha solicitado la información al gobierno de los Estados Unidos. No es la primera contradicción del fiscal sobre este documento. En enero de 2014, concedió una entrevista a El Diario de Hoy en la que admitió que había recibido el ROS. Sin embargo, la Fiscalía desdijo a su jefe en la presentación de su requerimiento al juez Primero de Instrucción.
Otro error señalado en la recolección de pruebas se produjo en las entrevistas. Por ejemplo, la Fiscalía ha omitido interrogar a personajes clave como Antonio Saca, el hombre cuya campaña presidencial fue financiado gracias a los millones desviados de Taiwán, o Élmer Charlaix, el gerente de esa campaña, quién recibió aproximadamente $1.3 millones de ese dinero, para usarlo en la campaña de Saca, cómo lo reveló El Faro. De igual forma, la Fiscalía no interrogó a Mauricio Samayoa, un banquero que incurrió en el delito especial de lavado de dinero, según la propia Fiscalía, y que falleció el pasado 25 de junio.
Incluso el mismo juez de la causa, Miguel Ángel García, ha ordenado a la FGR que repita algunas entrevistas. Es el caso de las entrevistas a María del Rosario Zaldívar, Violeta Leonor Burgos de Cuerno, Óscar Ernesto Serrando y Marta Alicia Vásquez, empleados bancarios que supervisaron los movimientos del dinero entre Costa Rica y El Salvador. A criterio del juez, las entrevistas “no dejaban claro quien controlaba y administraba las operaciones de la cuenta puente”. La querellante Deleón también señala los obstáculos que los fiscales salvadoreños pusieron a esas diligencias. "Yo, en Costa Rica, en el interrogatorio de la gente de la agencia La Uruca, del banco de allá de Costa Rica, quise confrontar al oficial de cumplimiento de ese banco con los informes financieros y el primero que saltó fue el fiscal salvadoreño y dijo que no podía porque los documentos que nosotros andábamos eran copias y que no se podía confrontar a un testigo con las copias. Que eso lo ibamos a hacer si el juez admitía la prueba en la vista pública", dijo.
Por todo lo anterior, El Faro concluye que las declaraciones sobre el buen desempeño del Fiscal General en el caso Flores-Taiwán son insostenibles. La información aborda un tema sobre el que escasean datos o surge de investigaciones o fuentes con poco sustento o con graves errores metodológicos. Para el caso, la calificación del trabajo de Martínez solo viene de la valoración del propio funcionario, una fuente sobre la cual recae un fuerte conflicto de interés en la acusación contra Francisco Flores, un personaje con quien Luis Martínez mantuvo vínculos laborales o empresariales entre 1995 y 2001, como publicó El Faro en febrero de 2014. Además, fue el mismo abogado Luis Martínez el que presentó las declaraciones de patrimonio ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en 1999 y 2004, y mantuvo contacto con la familia del expresidente mientras administró una empresa junto a la exprimera dama, tras la salida de Flores del poder en 2004.
El hecho de que el fiscal Martínez considere como un logro de buen desempeño haber presentado la acusación contra el expresidente Flores se circunscribe, nada más, a una obligación del Fiscal General según el ordinal 3 del artículo 193 de la Constitución.