En 2014, el fiscal general de la República, Luis Martínez, utilizó 7 millones de dólares de los fondos de la Fiscalía General de la República (FGR) para comprar un terreno donde se preveía construir el nuevo edificio de la institución. El dinero salió de un fondo destinado al combate al lavado de dinero y terminó en las arcas de una empresa que era dirigida por un banquero investigado, justo en ese momento y por esa misma Fiscalía, por un caso especial de lavado de dinero y activos, en el que también estaban involucrados el expresidente Francisco Flores y varios dirigentes del partido Arena.
Martínez suscribió el 17 de febrero de 2014 la compra del terreno de 4.4 manzanas a la Corporación Montelena, empresa fundada en 1996 por José Mauricio Felipe Samayoa Rivas y otros empresarios. La compañía se dedica, principalmente, a la administración de un cementerio. Cuando la Fiscalía compró el inmueble, Samayoa Rivas era socio, vicepresidente de la directiva y representante legal de la Corporación Montelena. El banquero, que falleció en junio de 2015 en Miami, Estados Unidos, era el presidente del Banco Cuscatlán de El Salvador cuando este sirvió de trampolín para desviar 10 millones de dólares donados por Taiwán hacia la campaña de Arena para la elección presidencial de 2004.
'La sociedad Corporación Montelena, antes Parque Jardín Las Rosas, desmembra un lote sin número de otro de mayor extensión (…) Por el precio de siete millones de dólares que su representada manifiesta haber recibido a su entera satisfacción de la Fiscalía General de la República. Presente desde el inicio de la escritura el licenciado Luis Antonio Martínez González, en su calidad de fiscal general de la República”, dice la escritura de compraventa.
11 días antes de la adquisición del terreno, el 6 de febrero de 2014, la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía había pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitar una solicitud de información ante las autoridades de Bahamas para obtener información sobre unas operaciones financieras del Cuscatlan International Bank & Trust Ltd, domiciliado en la isla, pero parte de las empresas que pertenecían al holding del grupo financiero Cuscatlán: la Corporación UBC, radicada en Panamá y que presidía Samayoa Rivas.
El 5 de octubre de 2013, cuatro meses antes de que el exfiscal Martínez comprara el terreno a Corporación Montelena, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía había abierto una investigación sobre un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que emitió The International Bank of Miami el 28 de octubre de 2003. En ese documento ya se atribuía a Samayoa el delito de 'caso especial de lavado de dinero'. El reporte reseñaba una transacción financiera que había realizado el Cuscatlan International Bank & Trust Ltd por un monto de cinco millones de dólares. La investigación de la UIF perfiló entre octubre y diciembre de 2013 a tres protagonistas claves en el desvío del dinero donado por Taiwán en 2003, que estaba destinado a programas de ayuda social y para atender a las víctimas de los terremotos de 2001: el expresidente de la República, Francisco Flores; el presidente de UBC, José Mauricio Felipe Samayoa Rivas; y el presidente del Centro de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth” (CEP) —del partido Arena—, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete.
El CEP abrió una cuenta en el Cuscatlan International Bank & Trust Ltd. Ese banco, domiciliado en Bahamas, era además una de las siete empresas que formaban el Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica. A la Fiscalía le aparecería, de nuevo, el nombre de Samayoa Rivas relacionado en la trama, esta vez como vicepresidente de este grupo financiero. En la cuenta del banco de Bahamas fueron depositados cuatro cheques, que sumaban un total de 10 millones de dólares, que Taiwán giró a nombre del expresidente Flores. 'No sabía para qué eran esos cheques, sólo me dijeron que era ayuda que el expresidente Flores había gestionado para el partido', dijo Balzaretti Kriete cuando declaró ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa, en junio de 2014.
Seis meses antes, el mismo expresidente Flores había declarado a los diputados de la comisión especial que él había gestionado la ayuda ante Taiwán y que él se había asegurado de que los fondos llegaran a los destinatarios previstos. Cuando los legisladores le preguntaron quién o cuál institución había vigilado el buen uso del dinero, Flores dijo que él lo había manejado todo y sin controles ajenos. El mismo año, en octubre, El Faro reveló que el dinero había sido desviado hacia la campaña presidencial del partido Arena y detalló quiénes habían recibido cheques y los montos para sumar casi 10 millones de dólares.
El Faro no logró documentar la fecha exacta en que los fiscales antilavado pidieron a la Unidad de Asuntos Internacionales activar el mecanismo diplomático de investigación contra la empresa de Samayoa Rivas, pero el 6 de febrero de 2014, 11 días antes de la compra del inmueble, la Unidad de Asuntos Internacionales envió la petición de investigación a la Corte Suprema de Justicia. Los fiscales buscaban la siguiente información: detalles sobre las operaciones del Cuscatlan International Bank & Trust Ltd y detalles sobre cuatro viajes que el expresidente Flores realizó a Bahamas, entre el 27 de octubre de 2004 y el 28 de marzo de 2013.
Todos los movimientos de las investigaciones eran del conocimiento directo del exfiscal Martínez. De hecho, la Fiscalía tiene un memorándum en el que se consigna que la investigación del ROS comenzó en la Comisión Especial que investigaba el caso CEL-Enel, pero fue Martínez quien dio la orden verbal para que el caso pasara a la UIF, en octubre de 2013, cuando ya existía un borrador de petición de información a los Estados Unidos sobre el ROS que involucraba al Cuscatlan International Bank & Trust Ltd.
El 13 de febrero de 2014, cuatro días antes de que la Fiscalía pagara los 7 millones de dólares a la Corporación Montelena, la Corte Suprema de Justicia autorizó enviar la solicitud de información al Departamento de Supervisión del Banco Central y a la Fiscalía de Bahamas para recabar más información sobre la empresa de Samayoa Rivas.
La semana del 17 de julio recién pasado, El Faro contactó a Manuel Cruz, abogado del exfiscal Martínez, para obtener una versión sobre la compra del inmueble a la Corporación Montelena. El abogado dijo que no brindaría declaraciones al respecto. El exfiscal Martínez está detenido en el centro penal La Esperanza, por dos casos: favorecer en unos procesos judiciales al empresario Enrique Rais y divulgar conversaciones íntimas, obtenidas por medio de escuchas telefónicas, de Antonio Rodríguez, conocido como el Padre Toño, condenado por introducir objetos ilícitos a una cárcel durante una negociación con las pandillas.
Desde el viernes 21 de julio de 2017, el exfiscal Martínez también tiene una investigación judicial abierta por enriquecimiento ilícito. Los fiscales dijeron que el exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García no pueden justificar 486 mil 213 dólares. La Fiscalía tiene un cuarto expediente contra el exfiscal: el caso 28-UIF-2016 por el delito de lavado de dinero. 'Dicha persona está siendo investigada y al momento se han detectado suficientes indicios sobre la existencia del delito calificado provisionalmente como lavado de dinero y activos', dice un oficio del expediente al que tuvo acceso este periódico.
La misma semana del 17 de julio, El Faro también solicitó, por medio de un correo electrónico y por medio de una llamada telefónica, una entrevista con algún representante de la Corporación Montelena. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
¿De dónde salieron los $7 millones?
En marzo de 2009, Walter y otros dos guatemaltecos llegaron a la Hacienda El Recolado, en el cantón Penitente Abajo, Zacatecoluca. La esposa de José Romero, el vigilante de la hacienda, recuerda que uno de los guatemaltecos los invitó al restaurante La Pirraya, en Usulután. A su regreso, al final del día, notaron que los guatemaltecos que se quedaron en la hacienda habían construido una improvisada galera de láminas y que, bajo la leña, la tierra estaba removida. En agosto de 2009, los guatemaltecos se fueron y no dieron mayores detalles a José y a la esposa de este sobre el propósito de la galera.
Casi un año después, el 1 de septiembre de 2010, policías antinarcóticos llegaron a la Hacienda El Recolado en busca de armas y dinero. No encontraron armas, pero bajo aquella improvisada galera encontraron 8.1 millones de dólares y 1.6 millones de euros, dentro de dos barriles, uno azul y otro negro. 11 días después, la Policía ubicó otro barril enterrado en San Juan Opico. El dinero decomisado sumó 14.5 millones de dólares.
Jorge González, entonces juez especializado de instrucción contra el crimen organizado, ahora en la cárcel por liberar a unos narcotraficantes, dio un plazo de un mes para que 'la persona que crea tener derecho sobre los bienes se presente a solicitarlos'. Nadie se presentó. Entonces, el 8 de octubre de 2010, el juez ordenó que los 14.5 millones pasaran a formar parte del “patrimonio especial” de la Fiscalía, tal como lo dispone la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.
La ley establece cinco formas en las que se puede utilizar ese dinero: reforzar financieramente a las instituciones que combaten el narcotráfico y el lavado de dinero; recompensas a personas que ayuden a resolver casos de lavado de dinero; protección a víctimas y testigos; programas de rehabilitación de víctimas de la drogadicción; y prevención de la drogadicción infantil y juvenil.
El 3 de mayo de 2017, El Faro pidió a la Fiscalía que respondiera a lo siguiente: ¿Quién decidió comprar el terreno en Santa Elena? ¿De qué partida presupuestaria salió el dinero? ¿Cuáles fueron los controles que se aplicaron al negocio entre el exfiscal Martínez y el banquero investigado por lavado de dinero? Samayoa Rivas firmó el documento de compra-venta en su calidad de representante legal de la Corporación Montelena.
La Fiscalía respondió que los 7 millones de dólares para la compra del inmueble en Santa Elena eran parte de los fondos provenientes de un decomiso que les entregó el Tribunal Especializado de San Miguel, es decir, del dinero que se encontró en los barriles. El dinero ingresó a un 'patrimonio especial' que, gracias al reglamento de la UIF aprobado en 2007, es manejado al arbitrio del fiscal general. Nadie controla sus decisiones.
El reglamento dice que el fiscal general 'tiene plena capacidad jurídica' para determinar el destino de los bienes y que basta un acuerdo para determinar su asignación. La decisión de gastar 7 millones de dólares en la compra del inmueble fue una decisión del exfiscal Martínez. Las gestiones de ese negocio ocurrieron al mismo tiempo en que investigaba al vendedor del terreno por lavado de dinero.
El 17 de diciembre de 2013, por ejemplo, Martínez pidió al Ministerio de Hacienda un valúo del terreno de Montelena, representada por Samayoa Rivas. Cuando el exfiscal maniobraba para concretar la compra habían pasado 71 días de la apertura de la investigación en la UIF por el Reporte de Operación Sospechosa que emitió The International Bank of Miami, banco donde el Cuscatlan International Bank & Trust Ltd de Bahamas tenía abierta una cuenta que usaba para el pago de algunos cheques al partido Arena.
'Estoy de acuerdo en que los cheques emitidos de mi (nuestra) cuenta con Cuscatlan International Bank & Trust Ltd pueden ser pagados por medio de una cuenta que el banco mantiene con The International Bank of Miami NA. Sin embargo, yo (nosotros) entiendo que mi (nuestra) relación bancaria de la cuenta es con el banco y no con The International Bank of Miami NA', decía la cláusula 13 del contrato por una cuenta PTA (Payable Through Account) que firmaron Balzaretti Kriete y otros tres dirigentes de Arena.
En un oficio confidencial que data del 7 de enero de 2014, la Dirección General del Ministerio de Hacienda informó a la Fiscalía que solo puede hacer valúos por la venta, permuta o dación en pago de los bienes del Estado. Hacienda dijo que no hay disposiciones legales para el valúo que pedía Martínez, pero en aras de una 'colaboración interinstitucional' estimó que la propiedad de Montelena valía 7.7 millones de dólares. Ese valúo llegó al despacho del fiscal el 7 de enero de 2014, día en que el expresidente Flores compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Ahí, dijo que parte de la ayuda de Taiwán para atender a las víctimas de los terremotos de 2001 fue entregada en 'costalitos' y que el dinero llegó a “los destinatarios”.
La solicitud de información que El Faro presentó a la Fiscalía también pedía que se detallara los controles o requisitos que se aplicaron al negocio entre la empresa de Samayoa Rivas y el exfiscal Martínez. Cuando una institución pública compra papelería o combustible o computadoras, o cualquier otro bien por montos superiores a los 4 mil 800 dólares, debe cumplir con las disposiciones de una ley de adquisiciones. En el caso del exfiscal Martínez, quien gastó 7 millones de dólares en la compra de un inmueble, no se aplicó ningún control. 'No fue por licitación pública, debido a que la compra de inmuebles no está regulada en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)', respondió la Fiscalía.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental que trabaja temas de transparencia como el financiamiento de los partidos políticos, considera que la compra de inmuebles por parte de las instituciones públicas debe estar sujeta al control de la LACAP. 'La ley garantiza que haya transparencia en la adquisición, sino, ¿cómo vamos a garantizar que los funcionarios hagan buen uso de los fondos públicos?', cuestiona. Para Escobar, la falta de control en la adquisición de inmuebles abre las puertas a la discrecionalidad. 'Si tuviera razón la Fiscalía de que la LACAP no cubre bienes inmuebles, entonces la Asamblea Legislativa tiene una tarea pendiente, tiene que establecer una regulación ya sea en la LACAP o en una ley especial. ¿Por qué no pueden existir ofertas públicas de los inmuebles que va a recibir el Estado?'.
El banquero intocable
El 30 de abril de 2014 habían pasado tres meses después de la compra y el exfiscal Martínez ya había entregado el cheque por 7 millones de dólares a Samayoa Rivas como representante de la Corporación Montelena. En esa fecha, la UIF presentó el resultado de su investigación sobre el desvío de los donativos de Taiwán ante un juez. Los fiscales acusaban al expresidente de la República, Francisco Flores, del manejo irregular de 15 millones de dólares de la cooperación taiwanesa (10 millones usados en la campaña presidencial de Antonio Saca y 5 millones adicionales cuyo paradero se desconoce).
Al final, Flores fue el único acusado ante un juez. La Fiscalía le imputó peculado (apropiarse de recursos del Estado) y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el documento de la Fiscalía hacía referencia explícita al involucramiento de otras personas, entre ellas el expresidente del Banco Cuscatlán. 'El señor José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, en su calidad de director presidente propietario del Banco Cuscatlán de El Salvador, tuvo una decisiva participación para solapar la procedencia ilegal de los fondos que se transfirieron al Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena (COENA)'.
Los fiscales dijeron que la conducta del banquero infringió el primer inciso del artículo 5 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. El literal A dice lo siguiente: 'Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad aparentemente legal de los fondos'. La administración Martínez consignó en el requerimiento que el banquero cometió el delito de caso especial de lavado de dinero y activos, pero extrañamente nunca lo acusó de tal ilícito.
Bertha De León, la exquerellante en el proceso judicial contra Francisco Flores, considera que el negocio inmobiliario entre el exfiscal Martínez y Samayoa Rivas, se suma a una larga cadena de indicios que demuestran el desinterés de la Fiscalía por profundizar en las investigaciones. 'Definitivamente, si este negocio se realizó en este tiempo, con esa persona que según la relación de los hechos estaba siendo investigada, para mí es un conflicto de interés clarísimo y habría que investigar si hay delito'. Para De León, la Fiscalía tuvo que haber procesado a todos los involucrados en la triangulación del dinero que la misma institución perfiló en el caso. 'No acusar por lavado de dinero fue una maniobra de obstaculización y protección de los demás imputados', dice.
De León recuerda que solicitaron a la Asamblea Legislativa separar del caso contra Flores al exfiscal general por omisiones en la investigación, pero su petición no encontró respaldo en ningún partido político ni en el sistema judicial. 'Hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no se pronunció, ¿y sabe qué? Fuimos a la Sala de lo Constitucional a decir que nos violentaron nuestro derecho de petición y respuesta, y tampoco la Sala nos contestó. La Sala se calló todo el tiempo que pudo y al final dijo que como ya no estaba en el cargo, ya no tenía sentido resolver. En ese caso quedó evidenciado que cuando todo el sistema se confabula, se garantiza la impunidad'.
El expresidente Flores fue el único procesado por el desvío de los donativos de Taiwán, pero falleció días antes del juicio, en enero de 2016. En el caso de Samayoa Rivas, el requerimiento lo menciona como protagonista de lavado de dinero, pero la Fiscalía tampoco lo acusó de tal delito y falleció en junio de 2015. En el caso del presidente del CEP, Balzaretti Kriete, y otros dirigentes de Arena que tenían firma autorizada en la cuenta que recibió los millones de Taiwán, no hay ningún documento fiscal o judicial que los acuse por su participación en esa trama. 'Sigue siendo un tema vigente: ¿por qué no procesan a esta gente? ¿por qué se limitó a Francisco Flores?', cuestiona De León, que asegura que hay documentos y testimonios que confirman que Francisco Flores no fue el único implicado en el desvío del dinero de Taiwán.
