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Defensor del caso El Mozote admite que sí ocurrió una masacre

El abogado de uno de los militares acusados por la masacre de El Mozote dijo que no podía ser “inhumano” y no reconocer los hechos señalados al Ejército salvadoreño en 1981. La confesión de Lisandro Quintanilla, sin embargo, no es gratuita: él advierte que en el juicio se debe dejar de lado el debate sobre los hechos para centrarse en las pruebas que conecten a su defendido - y al resto de los acusados- de una participación directa en la masacre. Pruebas que, por el momento, no han desfilado en el juicio.

 
 

Dorila Márquez es recibida por su hija, luego de brindar su testimonio en la audiencia sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Márquez declaró durante el juicio que se realiza en el juzgado de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, el viernes 13 de octubre. Al fondo, el abogado defensor, Lisandro Quintanilla, quien admitió en declaraciones que, el 11 de diciembre de 1981, sí ocurrió una masacre. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Dorila Márquez es recibida por su hija, luego de brindar su testimonio en la audiencia sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Márquez declaró durante el juicio que se realiza en el juzgado de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, el viernes 13 de octubre. Al fondo, el abogado defensor, Lisandro Quintanilla, quien admitió en declaraciones que, el 11 de diciembre de 1981, sí ocurrió una masacre. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

Lisandro Quintanilla, abogado de uno de los generales imputados por la masacre de El Mozote, admitió el pasado 13 de octubre que los hechos que están en juicio sí ocurrieron. Es decir, que el Ejército salvadoreño masacró a cerca de un millar de pobladores de cuatro caseríos y dos cantones en diciembre de 1981.

“¿Cómo va a creer que nosotros vamos a ser indolentes, incólumes, inhumanos en no reconocer esos hechos? Por supuesto”, dijo Quintanilla, tras la novena audiencia de testigos en el juicio reabierto por El Mozote, que se lleva a cabo en San Francisco Gotera, Morazán.

Este reconocimiento desde el bando de los militares supone un avance para el esclarecimiento de la verdad, aunque la masacre ya ha sido reconocida por instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que narró los casos emblemáticos de la guerra civil salvadoreña y señaló a comandantes de varias unidades del ejército como los autores materiales.

También el Estado salvadoreño ya reconoció, en enero de 2012 y de boca del expresidente Mauricio Funes, el cometimiento y la ocultación de la masacre. Sin embargo, en la defensa de los militares acusados, esta es la primera vez -desde que se reabrió el caso en 2016- que uno de los abogados reconoce los hechos. 

Quintanilla defiende al general Walter Oswaldo Salazar, uno de los 18 altos militares que están siendo procesados en San Francisco Gotera por el crimen cometido al inicio de la guerra civil.

El informe de la Comisión de la Verdad identifica a Salazar como uno de los oficiales al mando del Batallón Atlacatl, uno de las unidades militares que participó de la “Operación Rescate” en la zona norte del departamento de Morazán, en el momento en que se cometió la masacre. Salazar era capitán en ese momento y estudió un curso de ingeniería básica para oficiales en la Escuela de las Américas, según la SOAW (una organiación que pide el cierre de ese centro de entramiento). La Escuela de las Américas es la academia estadounidense que entrenó a generaciones de militares latinoamericanos, como Jorge Videla o Augusto Pinochet, en tortura, represión y persecución de enemigos políticos.

Hace casi siete meses, cuando asistió a la audiencia en que su cliente fue notificado de las acusaciones en su contra, Quintanilla hablaba de la masacre como quien habla de una ficción inventada por las víctimas y la querella. “Los hechos son tan vagos como una novela dantesca. Se ha contado una historia sobre la base de informes inverosímiles”, dijo Quintanilla el 29 de marzo de este año.

Ahora su postura ha cambiado, pero su cambio tiene que ver más con la estrategia de la defensa. El pasado 13 de octubre, Quintanilla escuchó el testimonio de Dorila Márquez, presidenta de la Asociación promotora de derechos humanos de El Mozote. Márquez ha asumido el rol de vocería de las víctimas que tuvo Rufina Amaya, la testigo principal de la acusación presentada en 1990, en el juzgado de Gotera. Pero Amaya falleció en 2007. Márquez viajó a Ecuador en abril de 2012 para testificar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, nunca había comparecido ante un tribunal salvadoreño.

Márquez narró cómo el 10 de diciembre de 1981 un grupo de soldados entraron en El Mozote y disparaban a su paso. Al día siguiente, cuando intentó huir junto a su familia, unos soldados les dispararon e hirieron en el talón a uno de sus hijos. "Mi hijo estaba desangrándose, no le hicimos nada. Yo me quedé con él. Entonces regresamos a mi casa, y pasamos todo ese día viendo el humo de las casas incendiadas y sintiendo olor a cuerpos quemados", dijo.

Cuando terminó la masacre, Márquez y su familia regresaron a El Mozote para presenciar los vestigios de las casas quemadas y los cuerpos masacrados. En la segunda ocasión, "mi suegra quería ir a ver a sus hijos. Esa vez encontramos a Nilo, mi cuñado, su esposa y sus niños: eran calaveras y huesitos debajo de un palo de café. Nilo estaba boca abajo, con el pantalón y la camisa prensada. Se había secado como un pescado, no se lo habían comido los animales. Mi esposo los enterró. Volvimos a ir a la plaza, pero ya no había restos. Un compadre me contó que los militares pasaron trayendo gente para que fueran a ayudarles a enterrarlos".

Cuando Dorila Márquez terminó su historia, los abogados defensores pidieron tiempo fuera. Le dijeron al juez Jorge Guzmán que necesitaban un receso para decidir si harían preguntas. Los abogados formaron un círculo y Lisandro Quintanilla estaba al centro. Él ejerce de portavoz, dicta la estrategia y hace la mayoría de objeciones ante el juez.

Quintanilla también tiene en su cartera de clientes a La Prensa Gráfica, un periódico de circulación nacional; y a algunos de los militares acusados por la masacre de los jesuitas, también cometida por el Batallón Atlacatl. El 12 de octubre, Quintanilla no pudo acudir a la audiencia del caso El Mozote porque estaba en una audiencia de otro de sus casos de alto perfil: el proceso por corrupción del expresidente de El Salvador, Antonio Saca. Pero aunque no acudió el primer día, nadie ocupó su silla, la que está en el escritorio de la defensa, frente al juez. Así como hay rangos en la milicia, entre los defensores también parece haber rangos. Quintanilla es como un general.

En el tiempo fuera que pidieron, los abogados concluyeron que no harían preguntas. "A veces el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace", dijo el abogado Ricardo Donis.

Al finalizar la participación de Márquez, Quintanilla respondió algunas preguntas a periodistas. La primera pregunta tenía que ver con este hecho: una vez más, la defensa se abstuvo de hacerle preguntas a una víctima. 

—Ella ha venido a decir lo que ya conocemos todos. Lo que El Faro publica en sus editoriales, lo que UCA Editores publica en sus editoriales, lo de la Comisión de la Verdad, lo de la Comisión Interamericana…”, dijo Quintanilla.

—Otros testigos han venido y han planteado hechos similares.

—Todos hablan de los hechos. Mire, okay. No hay que perder de vista dos cosas.  Uno: el juicio de carácter internacional por el cuál se obliga al Estado de El Salvador a investigar y procesar el caso, y otro es 'el caso'. Y en este caso, la única manera de emitir una sentencia de condena contra fulano de tal es con prueba directa. No hay otra manera. Aquí se exige certeza. Una cosa es la Comisión, una cosa es cualquier análisis que se haga en relación a los hechos. Que nosotros, nuestra defensa no es negarlos. ¿Cómo va a creer que nosotros vamos a ser indolentes, incólumes, inhumanos en no reconocer esos hechos? Por supuesto. Pero en este juicio no se discute eso.

Quintanilla tiene clara su estrategia. "Sobre los hechos hay demasiado que aportar. Podemos pasar días enteros", dice. Su plan de juego es demostrar que no hay puntos que lleven de la existencia de la masacre a su defendido disparando un fusil o cometiendo crimen alguno. "En este juicio lo que se está discutiendo son dos cosas: si los hechos existieron y si esos hechos pueden ser atribuidos a personas naturales en concreto. Ese es el punto", asegura.

Para probar un delito en El Salvador se necesita comprobar dos supuestos: la existencia de los hechos y la responsabilidad personal de un acusado de esos hechos. Quintanilla da por cerrado el debate sobre la mitad de esos requisitos.

Hasta ahora, los testimonios vertidos en el juicio se centran sobre la existencia de los hechos y la forma en que se llevaron a cabo. La estrategia del abogado se concentra en demostrar que no hay evidencia que conecte a su defendido con los hechos narrados por las víctimas que sobrevivieron.  Solo algunos testigos han identificado al Batallón Atlacatl y solo una persona nombró a un militar específico: el teniente coronel Domingo Monterrosa, comandante del Batallón Atlacatl. Esa persona fue Dorila Márquez.

La opinión de Quintanilla no cuela entre todos sus compañeros. En el juicio que está en desarrollo, algunos abogados han sugerido que en El Mozote hubo “enfrentamientos” entre miembros de la guerrilla y soldados. Otro abogado, Rodolfo Garay Pineda, niega directamente que la masacre haya ocurrido y explica los múltiples hallazgos de cadáveres en El Mozote y poblados aledaños alegando que la guerrilla tenía un cementerio en los lugares. El gobierno de El Salvador negó el crimen durante décadas. Lo mismo hizo el gobierno de Estados Unidos, que entrenó al Batallón Atlacatl, responsable de ese operativo en el norte de Morazán, en diciembre de 1981.

Pero Quintanilla sigue su propio juego. “Ella (Dorila Márquez) no ha hecho ningún señalamiento. Es más que obvio que le han dicho que diga que fue el Batallón Atlacatl y creo que nosotros eso, podemos periféricamente contraargumentarlo con otros elementos de prueba que existen”, dijo tras oír el testimonio.

Para establecer que una persona es culpable de un delito se necesita que se cumplan tres requisitos. Uno, que la acción esté prohibida específicamente en la ley -tipicidad-; que la ley esté vigente -antijuridicidad-; y que una persona haya tenido la intención de cometer el delito -culpabilidad. La ley salvadoreña prohíbe algo que los abogados conocen como la responsabilidad objetiva: que una persona sea condenada solo por el resultado de sus acciones, sin tomar en cuenta su voluntad. En eso descansa la defensa de Quintanilla. "Un proceso penal en cualquier país del mundo exige establecer responsabilidad a nivel de autor mediato -los intelectuales- y autores materiales o participación: instigadores, cómplices y cooperadores", dice.

Por eso no le importa el señalamiento contra Monterrosa que hizo Dorila Márquez."Aquí ¿quién defiende al coronel Monterrosa? Ese no es nuestro punto", dice Quintanilla. Monterrosa murió en 1984, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba, en el municipio de Joateca, vecino de El Mozote. La guerrilla se atribuye el incidente como un atentado organizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo.

En el juicio de El Mozote en San Francisco Gotera, todavía no han desfilado pruebas que incriminen a los autores intelectuales -acusados por el crimen- mucho menos a los materiales. Desde 1981, el gobierno salvadoreño ha negado la existencia de información sobre quienes participaron en ese operativo. Y si los querellantes y la Fiscalía no logran romper ese sello, la masacre podría seguir en la impunidad. 

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