El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha decidido abrir una investigación en contra del diputado Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa, por su participación en la asignación de medio millón de dólares provenientes de fondos públicos para favorecer a una asociación fundada y dirigida por su esposa, Julia Nora Romero de Gallegos.
En un escrito fechado el 21 de noviembre de 2017, el TEG informa que el diputado Gallegos tiene 10 días hábiles, a partir de la notificación del fallo, para remitir documentos y explicaciones sobre la vinculación de su esposa con la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES). Además, Gallegos deberá remitir información que ayude a entender su participación -y la de sus compañeros en la Comisión de Hacienda de la Asamblea- en la asignación de fondos para Apdemes, así como los documentos que demuestren cómo fueron realizados los trámites que derivaron en esas asignaciones presupuestarias.
A finales de 2014 y finales de 2015, a través de los dictámenes que dieron forma a los presupuestos para los años 2015 y 2016, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa incluyó a Apdemes en una lista de asociaciones beneficiadas con fondos públicos y le otorgó 550 mil dólares. Fundada en 2008, Apdemes es una asociación creada por la esposa del diputado Gallegos, el amigo de Gallegos y exjefe de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones de la Asamblea, José Luis Duque. En la fundadación y dirección de Apdemes han participado, además, empleados del parlamento vinculados a Gallegos o al partido que fundó en 2010, Gana. Entre ellos destacan sus asesores Ana Dolly Valiente, Mario Itamar Escobar y un militante del partido Gana, Juan Carlos Cerón Flores
El artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental califica como una violación a un deber ético que un funcionario público participe en decisiones -que le competen por su cargo- que beneficien a su familia y a su grupo cercano. 'Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés', establece la ley.
El Tribunal de Ética también pidió la lista de los diputados que votaron a favor de los dictámentes y que indique si Julia Nora Romero tenía vínculos societarios, laborales, contractuales o de cualquier otra naturaleza con Apdemes cuando recibió la asignación de los fondos.
El Faro reveló en noviembre de 2016 que Julia Nora Romero era vicepresidenta de Apdemes cuando su esposo votó para asignarle fondos públicos a dicha asociación. Gallegos votó el 8 de diciembre de 2014 para una asignación de 250 mil dólares y el 15 de diciembre de 2015 para otra por 300 mil dólares.
La vinculación de Romero quedó registrada en un documento del Ministerio de Gobernación. El 22 de enero de 2015, la excandidata a diputada por el partido Gana y secretaria de Apdemes, Sonia Maritza López Alvarado inscribió una credencial de junta directiva, que establece que Romero figuraba como vicepresidenta de APDEMES del 18 de octubre de 2014 al 18 de octubre de 2017.
El Faro buscó el 28 de noviembre de 2017 una reacción de Guillermo Gallegos sobre este fallo a través de su asistente Carlos Rodríguez. Según Rodríguez, Gallegos ya había recibido la notificación del TEG e iba a preparar su respuesta en el tiempo asignado en la resolución. “El diputado no dará ninguna postura hasta que haya preparado su respuesta al Tribunal de Ética Gubernamental”, añadió Rodríguez.
Este periódico también pidió una reacción a la actual presidenta de Apdemes y asesora de Gallegos, Ana Dolly Valiente, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se pidió una reacción a la diputada Loreña Peña, quien era la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa cuando ocurrieron las asignaciones de fondos y a quien remitieron sus compañeros diputados como responsable de la lista de oenegés beneficiadas por la Asamblea. En 2016, Peña dijo a El Faro que ella desconocía que Apdemes hubiese sido fundada y dirigida por la esposa de Gallegos. Este 28 de noviembre se abstuvo de hacer comentarios.
En noviembre de 2016, cuando El Faro preguntó a Gallegos por qué apoyó a la oenegé de su esposa, este dijo que desconocía que esa oenegé fuera de ella. Apdemes se supone que destinó parte de los fondos en proyectos de prevención de la violencia en siete municipios de San Salvador. Sin embargo, ninguna de las municipalidades tiene constancia de los proyectos que la oenegé asegura haber realizado. El 6 de diciembre, el viceministro de Prevención, Luis Flores Hidalgo aseguró que no sabía nada de la oenegé de la esposa de Gallegos.
Con los fondos adjudicados a Apdemes, en 2015, la asociación adquirió un pickup Toyota Hilux del año 2010 por 45 mil 500 dólares, más del doble del precio original con el cual fue introducido al país. Ese vehículo, en 2016, terminó en manos de la esposa del diputado Gallegos, según el Registro Público de Automotores.
El paradero de Apdemes es un misterio. El Faro buscó en 2016 la ubicación de Apdemes en las direcciones reportadas en Hacienda y Gobernación (primero un pequeño local de 'colonia médica', sobre la 29 avenida norte; luego una casa en la residencial Altamira) y Apdemes nunca apareció. No hay rastros en su primera dirección conocida: la casa de habitación del exjefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Asamblea Legislativa, José Luis Duque Munguía.
La única persona que conoce el paradero de Apdemes es su actual presidenta Ana Dolly Valiente, quien despacha en un local -Final Calle La Mascota y Avenida Jerusalén, Edificio Sunset Plaza, local 17, primera planta, San Salvador- donde debería estar otra oenegé que fue beneficiada con fondos del presupuesto, Fusafur -que recibió 600 mil dólares repartidos en los presupuestos de los años 2016 y 2017- y de la cual tampoco hay rastros de su paradero.
El 27 de julio de 2017, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto 2017 y prohibió a la Asamblea Legislativa repartir dinero a organizaciones privadas que tengan vínculos con partidos políticos, con políticos y organizaciones como Apdemes. El pasado 20 de noviembre, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo en una entrevista en Canal 10 que el Ministerio de Hacienda había decidido -para no contrariar a la Sala de lo Constitucional- excluir los listados de organizaciones privadas propuestos por partidos políticos del proyecto de presupuesto 2018.
'El Ministerio de Hacienda en el presupuesto general que ha presentado lo que ha hecho es que no ha presentado ninguna propuesta de las propuetas de oenegés financiadas en años anteriores que fueron presentados por los partidos políticos. Eso lo ha dejado totalmente excluido', dijo Lorenzana.
La demanda contra Gallegos -que inició la investigación del TEG- fue presentada el 2 de diciembre de 2016 por los ciudadanos Emilio Orellana, Eva López y Roberto Burgos, luego de la publicación de este periódico que reveló cómo la Asamblea Legislativa le favoreció con medio millón de dólares a Apdemes. Desde abril de 2017 Roberto Burgos es investigador de El Faro.
En su escrito, los demandantes expresaban que Guillermo Gallegos había tenido un 'Beneficio Indebido' y que había incumplido su obligación de 'Imparcialidad' cuando participó con su voto en una decisión que benefició a la asociación de su esposa.
La abogada Eva López considera relevante que el TEG haya requerido información sobre el proceso que la Asamblea Legislativa siguió para decidir la entrega de fondos públicos a Apdemes. 'Apdemes no estaba cumpliendo con la finalidad para la que decía haber sido constituida; así que un criterio de selección definitivamente no pudo haber sido el trabajo destacado que hacía en las comunidades: saber cómo y por qué fue parte en el proceso de selección (es importante)', dijo.
En abril de 2017, la Asamblea Legislativa eligió a Néstor Castaneda como presidente del TEG, en una votación acuerpada por el partido de Gallegos (Gana), Arena y el FMLN. La juramentación de Castaneda, de hecho, fue realizada por Gallegos, quien desde noviembre de 2016 ascendió a la presidencia de la Asamblea.
Desde que fue puesta la denuncia contra el diputado y la notificación de la apertura del caso, ha pasado casi un año. Eva López lamenta ese retraso y señala que habrá que ver cómo se desarrolla la siguiente etapa del proceso. “Habrá que ver si este es llevado en la forma debida, para saber si el sistema de ética gubernamental está respondiendo a los objetivos esperados en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, más allá de las letras”, dijo.
