La Fiscalía General de la República (FGR) dijo a un juzgado capitalino que está de acuerdo con que se reabra la investigación contra los presuntos responsables intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una mujer y su hija, crimen ocurrido en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
En el año 2000, el caso fue cerrado con un sobreseimiento definitivo en el juzgado Tercero de Paz de San Salvador, cuyo despacho estaba a cargo de la jueza Ana Lorena Rodríguez. La Fiscalía de entonces, dirigida por Belisario Artiga, fue la que pidió a la jueza que cerrara la causa en virtud de la existencia de la Ley de Amnistía y, como segunda razón, porque el caso ya había prescrito.
17 años después, el fiscal general Douglas Meléndez anunció en rueda de prensa que el miércoles 6 de diciembre decidió contradecir la postura de su predecesor y se mostró anuente a que la investigación reinicie. 'En el caso denominado de los jesuitas, el día de ayer se interpuso o presentamos nuestra opinión al juzgado correspondiente donde estamos diciendo que de parte de la Fiscalía General de la República estamos de acuerdo en que se reabra el caso', dijo Meléndez el jueves 7 de diciembre.
La Ley de Amnistía, aprobada en 1993 por la Asamblea Legislativa, condenó a la impunidad a todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil que terminó en 1992. Sin embargo, una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 13 de julio de 2016, ordenó desmontar esa amnistía y que se procesen, como mínimo, los crímenes narrados por el informe de la Comisión de la Verdad.
En el juzgado Tercero de Paz, el crimen debe ser procesado con las reglas penales de antaño, con lo cual es el juzgado el que tiene la responsabilidad de investigar el caso.
El lunez 27 de noviembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) pidió al juzgado que reabra el caso, y como parte de ese proceso, el juzgado pidió opinión tanto a la Fiscalía como a la defensa de los que en aquel momento habían sido demandados. En ese marco, la Fiscalía de Douglas Meléndez se mostró de acuerdo con que el caso se reabra.
'Esta es una postura histórica, es un hecho muy importante para el país', señaló el abogado del Idhuca Arnau Baulenas.
Los procesados en la causa como presuntos autores intelectuales son el expresidente Alfredo Cristiani, el exjefe del Estado Mayor Conjunto René Emilio Ponce (ya fallecido); el excomandante de la Fuerza Aérea Juan Rafael Bustillo; el viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano; el excomandante de la Primera Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes; y el exministro de Defensa, Rafael Humberto Larios.
Sobre lo autores intelectuales, la Comisión de la Verdad planteó en su informe de 1993 que 'El entonces coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el general Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, dio al coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos…”.
Por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y la hija de esta, el único militar que guarda prisión actualmente es Benavides, quien fue acusado y condenado junto a otros soldados en un proceso judicial que transcurrió entre 1990 y 1992. Tras la aprobación de la ley de amnistía de 1993, los autores materiales fueron liberados, y no fue sino hasta agosto de 2016 cuando Corte Suprema de Justicia decidió que Benavides no sería extraditado a España, donde un juzgado lo procesa por el crimen. La Corte también decidió que volviera a prisión para cumplir la condena (y seguir tramitando un proceso de apelación) que le había sido impuesta en 1992 a 30 años de cárcel, y de la cual se había librado gracias a la amnistía.
De los autores intelectuales, el exviceministro de Defensa Inocente Montano es el único extraditado y detenido en España, y está a la espera de que se celebre un juicio en su contra por el crimen. Fue extraditado a finalaes de noviembre desde Estados Unidos, donde estuvo recluido por fraude migratorio desde el año 2013.
*Con rerportes de Efren Lemus.
