La Asamblea General (de las Naciones Unidas) (...) declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos' (Resolución de la ONU sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, A./64/l.63/Rev.1)
El pasado 5 de junio, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa acordó tomar como base para la discusión de una ley de aguas un anteproyecto presentado en junio del año pasado por el exdiputado Johnny Wright y los diputados Mario Ponce y Rodolfo Parker. El anteproyecto se llama “Ley Integral del agua” y fue creado por un grupo de “expertos hídricos” de quienes sabemos muy poco.
A simple vista -y como ya muchos bien han observado- el anteproyecto no dice textualmente que se privatizará el agua. El anteproyecto incluso menciona que el agua es un derecho humano y que solo el Estado puede administrarla. De hecho, esta propuesta de ley se parece mucho al anteproyecto que presentó el MARN en el 2012, excepto en algo muy fundamental: la conformación del ente rector, que tendría entre sus funciones aprobar las tasas y pliegos tarifarios, gestionar préstamos y cooperaciones técnicas. Además de aprobar permisos de explotación del recurso, por mencionar algunas.
El artículo 14 de la propuesta de Ley Integral de Agua dice que la junta directiva del ente rector deberá estar conformada por cinco miembros: dos personas designadas por COMURES, dos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y uno designado por el presidente de la República. Tras un intercambio sobre el tema en mis redes sociales, alguien me preguntó: '¿Y cuál es el problema de que esté la ANEP en la junta directiva? ¿Acaso ellos no tienen derecho?'. Ciertamente la empresa privada es parte interesada en este tema, pero una cosa es ser parte interesada y otra es que, por decreto, se le autorice a ser juez y parte en la administración y gestión del agua.
'¿Y por qué no puede participar en la administración del agua?', me cuestionó alguien más. Bueno, básicamente porque los intereses y funciones de la empresa privada y las del Estado son diferentes. La empresa privada busca su propio lucro y el aumento de sus ganancias, muchas veces a costa de la explotación de los recursos naturales de un país. El Estado, en cambio, debe garantizar que el consumo humano del agua sea su prioridad. Es decir, debe garantizar que el agua sea un derecho humano para todos sus ciudadanos. Los demás usos del agua deberían estar supeditados a que las personas tengan agua abundante y de calidad para satisfacer sus necesidades más básicas. Como ciudadanos, al Estado podemos exigirle que garantice este derecho; a la empresa privada y a sus representantes, no.
De igual forma, la junta directiva de la autoridad hídrica no solo tiene presencia del sector privado a través de ANEP. COMURES es también una gremial de carácter privado en donde se aglutinan las municipalidades de El Salvador, donde, por cierto, tiene mayor representación el partido Arena, afín a los intereses de la empresa privada.
Es válido también que recordemos que el temor de que la empresa privada tenga la posibilidad de que por ley llegue a tener tanto poder en la gestión y administración del agua no es algo infundado o un invento caprichoso. Demasiados casos hay en El Salvador sobre la irresponsabilidad de grandes empresas en el cuido del agua y del medio ambiente en general, como el caso del derrame de melaza del Ingenio La Magdalena o de las empresas responsables de la contaminación del 70% del río Acelhuate. Y también hay ejemplos de cómo el interés privado es puesto sobre el interés de las mayorías, como cuando el Estado facilitó un programa hídrico para llevar un oasis hacia el club de golf El Encanto, ubicado en un territorio donde la gente no tiene agua para beber.
En toda esta coyuntura también se ha hablado mucho de ANDA. Hay gente que también ha dicho que en ninguna parte de la Ley Integral del Agua se habla de la venta de la autónoma a alguna institución privada. Valga aclarar que ANDA no es administradora del agua, sino que es proveedora de un servicio. Es, por tanto, una institución usuaria del agua, y como tal, al contar con una ley, deberá someterse a los lineamientos que surjan de ella. A la Anda también se le achaca una gran ineficiencia y creo que con justa razón, y lo que hay que hacer también es fortalecer su institucionalidad para mejorar su servicio. Sin embargo, la administración y gestión del agua trasciende la calidad del servicio que brinda, por lo que creo que no basta con decir “no tenemos interés en privatizar el agua” o “nadie está vendiendo Anda” para zanjar la discusión sobre la gran participación que busca tener la ANEP en un ente rector, y que no equivale a que algún privado compre la autónoma.
Algunos diputados también han señalado que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático incluyó entre las inhabilidades para formar parte del ente rector a las personas que sean parte de gremiales, como la ANEP, pero el artículo 14 de la Ley Integral de Aguas en ningún momento establece que para formar parte de la junta directiva de la autoridad hídrica se debe estar “afiliado” a una gremial, sino únicamente ser designado por ellos.
Entonces, ¿dónde deben estar los representantes de la ANEP en todo este tema?
Para salir del entrampamiento en el que se encontraba la discusión de la Ley General de Aguas, la Universidad Centroamericana, el Arzobispado y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentaron en agosto de 2017 una propuesta de institucionalidad que no es un anteproyecto, sino una serie de artículos que proponen una nueva forma de organización rectora del agua. La propuesta contempla la creación de una Autoridad Hídrica de carácter estatal, conformada en su mayoría por titulares de ministerios, entidad que estaría vigilada y asesorada por un Consejo Nacional de Aguas, donde estarán representados diferentes sectores de la sociedad, donde, ahora sí, tienen cabida desde juntas de agua hasta el sector privado.
Sin embargo, tras lo acontecido el 5 de junio pasado en la Comisión, el panorama es, en definitiva, muy complicado. Estamos, pues, frente a una lucha por la administración y control del agua en donde la derecha legislativa y la empresa privada tienen todas las posibilidades de ganar y aprobar una ley a su medida. Por eso pienso que es importante que exijamos a los diputados una ley con una institucionalidad que establezca una participación mayoritaria de representantes del Estado, porque solo este nos puede garantizar que el agua se gestione como un derecho humano y no como una mercancía.
