Arena y Gana, los dos partidos que se disputan la preferencia de los votantes para las elecciones presidenciales de 2019, han cerrado filas en la discusión de la ley de aguas para introducir un artículo en el que se le daría voz y voto a representantes de la empresa privada en la máxima autoridad que decidirá sobre el uso y administración del recurso.
Después de tres meses de discusiones en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, los partidos de derechas ya tienen un primer consenso para que en el ente rector estén el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, las municipalidades y las universidades. Bajo las etiquetas de “sector productivo agropecuario y sector productivo industrial” también buscan colar a las gremiales empresariales. Esto significa que representantes de sectores privados podrían participar en las decisiones para el otorgamiento de permisos, asignación de tarifas y establecimiento de sanciones, un escenario cuestionado dado que tienen un conflicto de interés en el tema.
El debate por la ley de aguas ha llegado a su clímax, y pese al rechazo de la población, de organizaciones de la sociedad civil y de las iglesias católica y evangélica, los partidos de derecha no desisten en sus intenciones de que la empresa privada tenga su propia cuota de poder cuando se hable del agua en El Salvador.
La discusión por el artículo que definirá la conformación del ente rector del agua arrancó de manera oficial, pero con una semana de retraso, el martes 25 de septiembre. En esa sesión, estos partidos confirmaron sus propuestas para meter a los privados en el ente rector. Este martes 2 de octubre, fecha programada para la continuación del debate, la discusión se suspendió por falta de quórum. Las organizaciones sociales aprovecharon este vacío para pedirle a Arena y Gana -y a sus candidatos presidenciales- que desistan, pero el panorama no ha cambiado.
“Si hay delegados de varios sectores, ¿cuál es el pecado que haya un delegado de la empresa privada? ¿Uno de las alcaldías? Un delegado de la empresa privada no va a llegar a privatizar el agua, es mentira”, dijo el diputado Raúl Beltrán Bonilla a El Faro.
De empresa privada a 'sectores productivos'
La propuesta original del partido Arena para la conformación del ente rector del agua hablaba de participación de representantes de la 'empresa privada'. Ahora, junto a Gana, PCN y PDC hablan de “sector productivo agropecuario y sector productivo industrial” en un juego de palabras que no convence a quienes se oponen a la medida.
En la industria, por ejemplo, la mayor parte de estas empresas son miembros de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Esta gremial, el 24 de julio pasado, participó en la discusión de la Junta Directiva para el ente rector en las audiencias que celebró la Comisión de Medio Ambiente. “Dicen que la industria contamina, cuando solo usa el 3.7% del agua a nivel nacional. Resulta imposible que sea el que más contamina: el que más contamina es la agroindustria; luego, vienen los (sectores) residenciales”, aseguró Juan Ceavega, gerente de energía de la ASI.
Según datos del Marn, la agricultura demanda el 50 % del agua en El Salvador, seguido del uso doméstico, o mejor dicho, residencial. Un ejemplo emblemático de la agroindustria salvadoreña es la actividad azucarera: los cañeros en la parte agrícola y los ingenios en la industrial. Este subsector protagonizó un episodio relativamente reciente, que ilustra el potencial de impacto que tiene sobre el medioambiente: en abril 2016, el Ingenio La Magdalena enfrentó sin éxito una fuga de melaza de sus instalaciones. Alrededor de 250,000 galones de melaza se derramaron y una parte de ese líquido alcanzó a cuatro ríos, aunque el que sufrió daños de largo plazo fue el río Magdalena. Toda la fauna acuática en los primeros 12 kilómetros de ese río murió. Al final, el ingenio enfrentó dos demandas por el daño provocado al medio ambiente. En cortes, las demandas tuvo que enfrentarlas el que entonces fungía como presidente de la junta directiva del ingenio, el empresario azucarero Juan Tennant Wright Castro, padre del exdiputado Johnny Wright, que promovió la Ley Integral de Aguas.
Además, las gremiales del sector industrial y del agropecuario también están representadas en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Desde que el gobierno promovió la discusión de una ley general de aguas, esta gremial ha sido la más activa en las discusiones y ha defendido el derecho de los privados para participar en el ente rector. Alegando deficiencias en la administración (y poniendo como ejemplo el servicio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados), representantes de la gremial dijeron a El Faro Radio, en junio pasado, que 'el Gobierno no debería de participar en el ente rector'.
Gana desoye a Bukele y Calleja evade pronunciarse
Hasta el momento, solo el candidato Nayib Bukele se ha pronunciado en contra de la propuesta apoyada por su partido, pero lo curioso es que Gana desoye sus planteamientos. “No estoy de acuerdo con que la empresa privada sea parte del ente rector del agua, en lo absoluto. Podría estar de acuerdo en una amplia participación de sectores como alcaldías, sindicatos, etcétera. Pero no el privado, por la naturaleza del agua como un bien público”, dijo Bukele a El Faro.
Gana va por la dirección opuesta. El diputado Adelmo Rivas dice que como grupo parlamentario mantienen su propuesta. “Las gremiales empresariales no tienen la mayoría, solo es uno”, afirmó.
A diferencia de Bukele, el candidato presidencial de Arena evade pronunciarse al respecto. Calleja dice estar a favor de que sea el Estado quien regule la materia. “El ente rector será el Estado, siempre”, dijo el 4 de julio pasado, cuando presentó una iniciativa de ley relacionada con la elevación a rango constitucional del derecho humano al agua.
En aquella ocasión, Calleja dijo que 'no se va a privatizar el agua ni hoy, ni mañana, ni nunca', pero omitió pronunciarse sobre la participación de representantes del sector privado en el ente rector.
Este domingo 30 de septiembre, El Faro abordó a Calleja en la Asamblea General Ordinaria del partido, celebrada en la ciudad de San Miguel. Pese a la insistencia, no quiso responder si está a favor o en contra de la incorporación de representantes de la empresa privada en esa instancia.
—¿Está a favor de que la empresa privada conforme el ente rector del agua?
—He sido explicito: el único rector para el agua debe ser el Estado.
—¿Eso incluye participación del sector privado?
—Lo importante es que el ente rector del agua sea el Estado.
¿Pero con participación de privados?
—Lo importante es que sea el Estado y hemos puesto una solicitud de reforma a la Constitución para considerar el recurso hídrico como un derecho humano.
Para el diputado de Arena, Ricardo Godoy, que acompañó a Calleja cuando este presentó la reforma constitucional, en el Estado cabe la representación de la empresa privada. “Espero que no se manipulen mis palabras para decir que estamos defendiendo empresas privadas. La legislación del agua en El Salvador, que contemple todo el agua del subsuelo, a quien viene a perjudicar es a la empresa privada”. Al preguntarle si esto no contradecía las declaraciones de Calleja, Godoy respondió: “Sectores productivos, sectores no productivos, privados, públicos... ¿No todos somos parte del Estado salvadoreño? Y la reforma constitucional va para que sea el agua un bien de calidad. La constitución es clara: le estamos sumando la calidad. En ese sentido va la reforma”.
La reforma constitucional que intenta promover Calleja es muy similar a la que presentó el FMLN en 2012, en la que establecieron que “el agua es un recurso esencial para la vida; en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”. Dicha reforma no prosperó por la falta de votos del partido Arena durante las legislaturas 2012-2015 y 2015-2018.
La otra propuesta de ley (la ley de aguas) sigue su curso en la comisión de Medioambiente. En el contexto del debate, el grupo parlamentario del FMLN se opone a la propuesta de los partidos de derecha y pide consignar que el agua es un bien público, sin empresas de por medio. El FMLN, sin embargo, puede hacer muy poco frente a una correlación de votos de Arena, Gana, PCN y PDC, que controla la Asamblea 2018-2021.
Tener a las patronales como parte de la junta directiva es una idea que Arena nunca desechó, desde que el 5 de junio la comisión decidió usar como base la Ley Integral de Aguas para elaborar el proyecto final de ley. Esta iniciativa propone, en el ente rector, dos miembros de la ANEP, dos de la Corporación de Municipalidades de la República (COMURES) y un representante del Estado. La intención de distribuir así los espacios en el ente rector propició una protesta encabezada por la Universidad de El Salvador, que dejó el saldo de un herido y daños en la fachada del edificio de los diputados. Después de esa fecha, las organizaciones civiles han manifestado un rechazo claro a que la empresa privada sea parte del ente rector. El motivo es que ponen en duda su capacidad de ser juez y parte, como señaló la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, durante una entrevista en El Faro Radio.
Tita Batres, diputada de Arena y presidenta de la comisión de Medio Ambiente, dijo a El Faro Radio que no es punto de honor para el partido tener a dos representantes de la ANEP en la junta directiva. En su momento argumentó que la mayor parte del ente rector debía ser de carácter público. Luego matizó y dijo que tampoco descarta al sector privado de la discusión. El Faro intentó obtener una reacción de Batres para entender si Arena seguía proponiendo dos plazas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
*Con reportes de Gabriel Labrador
