En un cable confidencial enviado a Washington el 29 de junio de 2017, la embajada de Estados Unidos en San Salvador advirtió que el Gobierno y los legisladores tenían la intención de crear una nueva ley que afectaría las investigaciones contra las violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra civil, principalmente al juicio por la masacre de El Mozote. Para aquellas fechas, ya habían sido sentados en el banquillo de los acusados a los militares que dirigieron al Ejército que devino en la matanza de 988 campesinos, más de la mitad menores de edad.
“El Gobierno y los legisladores están explorando un reemplazo de la ley de Amnistía que podría impactar la habilidad de procesar judicialmente el caso de la masacre de El Mozote y otros casos”, se lee en el documento que fue enviado por la embajadora Jean Manes a una docena de oficinas federales, entre estas el Departamento de Justicia.
El cable se titula “San Salvador: juicio de la masacre de El Mozote: un caso de prueba para la rendición de cuentas de la guerra civil”. El documento fue desclasificado el 9 de octubre de 2018, durante una demanda que el Centro para Derechos Humanos de la Universidad de Washington interpuso contra el departamento de Defensa. La demanda está amparada en la ley de Acceso a la Información (FOIA).
En la víspera del 37 aniversario de la conmemoración a las víctimas de la masacre, la embajada confirmó a El Faro la autenticidad del documento de 13 páginas. En este, Manes describe con detalle el momento en el que se encontraba el juicio, que entre otros acusa al exministro de Defensa José Guillermo García. Para la fecha en la que fue enviado el cable, por el Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera también comenzaba a desfilar la primera tanda de campesinos víctimas y testigos de la masacre.
En el cable, la embajadora opina favorablemente sobre la reapertura del juicio y dice que el caso “puede proveer un barómetro de la habilidad del sistema judicial salvadoreño para afrontar su compleja historia y su impunidad tercamente arraigada”. Un vocero de la embajada dijo a El Faro además que “el hecho que este caso se encuentre actualmente en las cortes de justicia de El Salvador es un paso positivo”.
El juicio fue reabierto en septiembre de 2016, dos meses después de que la Sala de lo Constitucional aboliera la Ley de Amnistía de 1993. El Faro publicó en marzo de 2017 que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén trabaja en un borrador de una ley enfocada en la justicia transicional como alternativa a la vía penal. La propuesta buscaba permitir a los criminales de guerra evadir la cárcel. “Hay que delimitar cómo va a actuar la Fiscalía, cómo va a determinar qué casos son los que puede o no puede (procesar)”, dijo en ese momento Rubén Alvarado, secretario jurídico de la presidencia.
El cable de la Embajada fue enviado tres meses después de que se conociera esta información.
Según describe la embajadora Manes, políticos de izquierda y derecha llegaron a confesar que al país no le conviene estar revisando su pasado. Uno de los párrafos más sensibles dice: “líderes políticos y élites tanto de izquierda como de derecha le han dicho a oficiales de la Embajada que no ven ninguna ventaja en abrir viejas heridas; aseguran que los juicios solo servirán para aumentar la polarización creciente y la amenaza de intercambiar acusaciones de toma y daca no resolverá ninguno de los problemas actuales”.
Un año después de la advertencia, en junio de 2018, la Asamblea Legislativa juramentó una comisión ad hoc para trabajar una nueva ley de reconciliación. Presidida por el diputado Rodolfo Parker, señalado por la Comisión de la Verdad por ayudar a obstruir la justicia en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas de noviembre de 1989, esta comisión ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y organizaciones de víctimas de la guerra porque, aducen, busca reeditar la Ley de amnistía que abolió la Sala de lo Constitucional.
Ministerio de la Defensa obstruye la justicia
El cable de la Embajada de Estados Unidos no solo detalla la negativa de las élites políticas para revisar los crímenes de guerra y la violaciones a los derechos humanos. En el documento también hay una lectura crítica sobre el rol que han tenido el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la República en el caso de El Mozote: “Históricamente, el comportamiento obstructivo de diferentes actores ha perjudicado la justicia en el caso de El Mozote”.
La embajada describe la forma en que el Ministerio de Defensa ha “desafiado solicitudes de documentos” hechas por el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), y “ha frustrado la entrega de información que podría apoyar procesos judiciales relacionados a crímenes de la guerra civil”.
“El ministerio de Defensa ha sido históricamente poco colaborador al responder a solicitudes de evidencias relacionadas a crímenes de la guerra y ha blindado la desclasificación de documentos internos”, dice el cable. La embajada menciona que para los casos de las masacres de Tecoluca, de 1981, y Tenango y Guadalupe, de 1984, el ministerio de Defensa incluso apeló una decisión del IAIP ante la Corte Suprema de Justicia.
La sede diplomática incluso cita un precedente de 2016, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo mantuvo una decisión del IAIP que ordenó a Defensa revelar documentos militares e incluso reconstruirla si se había perdido o había sido destruida. “El ministro de la Defensa respondió que entregaría los documentos solo por una orden directa del presidente, algo que no es requerido por la ley y es improbable que ocurra”, dice la embajada. “El ministro dijo que, aunque tuvieran esa orden, los documentos no existían porque habían sido destruidos”, añade. Para esas fechas, el ministro David Munguía Payés dio declaraciones similares a La Prensa Gráfica en enero de 2017.
Munguía Payés es uno de los funcionarios que más años ha durado en su cargo desde que el FMLN conquistó el poder en 2009. Ha dirigido la cartera de Defensa entre junio de 2009 y noviembre de 2011; y de julio de 2013 hasta la fecha. Estuvo 20 meses fuera del cargo, 18 de los cuales manejó al ministerio de Seguridad, hasta que la Sala de lo Constitucional lo destituyó, alegando que la cartera de seguridad pública sólo puede ser dirigida por civiles.
El Faro buscó una reacción del ministro, pero este declinó emitir comentarios. “Estoy fuera del país. No omitiré comentarios”, dijo.
La crítica de la embajada hacia el ministerio de Defensa ha sido compartida por la Fiscalía dirigida por Douglas Meléndez. En las audiencias de 2017 y 2018 que la Sala de lo Constitucional realizó para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia de abolición de la Ley de Amnistía, Meléndez dijo que no habían tenido acceso a los archivos de la Fuerza Armada para investigar el caso de El Mozote. “Hemos solicitado mucha información al ministerio de Defensa. La mayoría de respuestas dicen 'no se ha encontrado información sobre los hechos”, dijo el fiscal en 2017.
Fiscalía de Martínez perjudicó a las víctimas de El Mozote
La embajada también descarga responsabilidad en el ex fiscal general Luis Martínez, ahora condenado a cinco años por la revelación ilegal de escuchas telefónicas, cuya acción en el caso El Mozote “perjudicó los esfuerzos de las víctimas en vez de ayudarlas”. El cable señala al exfiscal por conducir un proceso atropellado de exhumaciones entre 2013 y 2014 que causó tal descontento que los familiares de víctimas y sus representantes impidieron que estas se siguieran desarrollando.
Martínez recién había sido electo fiscal general cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos en El Mozote. Martínez prometió retomar el caso y procurar justicia, pero sus acciones parecían encaminadas a desechar el caso histórico de San Francisco Gotera y empezar una nueva acusación en el juzgado de Paz de Meanguera.
Según detalla la embajada, el entonces juez de Meanguera, Mario Díaz Soto, se negó a certificar al especialista que Martínez delegó para encargarse de las exhumaciones. “El juez Díaz Soto alegó que las credenciales académicas de Ticas -Israel Ticas, un ingeniero en sistemas- no lo calificaban para dirigir las exhumaciones forenses de restos humanos”, de acuerdo con el reporte estadounidense. “Esta decisión fue aplaudida por Tutela Legal y otros representantes de las víctimas, quienes acusaron al fiscal Martínez de debilitar el proceso de exhumaciones al nombrar a un encargado que no estaba preparado”, dice el documento.
El actual fiscal Douglas Meléndez nombró a personal preparado y el juez Díaz Soto autorizó nuevas exhumaciones en 2016. Meléndez además creó una nueva unidad de fiscales encargados de crímenes de guerra. La sección del documento en la que la embajada evalúa el trabajo y “las limitantes” del trabajo del actual fiscal general está censurada en la versión pública que se desclasificó. Desde que Douglas Meléndez fue electo en enero de 2016, la embajadora Manes ha hecho demostraciones públicas de apoyo a su gestión.
Manes: “La embajada minimizó la gravedad de la matanza”
Desde enero de 1982, cuando la masacre de El Mozote fue denunciada por la campesina Rufina Amaya a los periódicos The New York Times y Washington Post, los gobiernos de Estados Unidos y de El Salvador negaron el hecho y cuestionaron la veracidad del relato contado por los periodistas Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto.
Para cuando ocurrió la masacre, el congreso de Estados Unidos debatía la continuidad del apoyo militar y económico al gobierno salvadoreño, precisamente por denuncias de graves violaciones a derechos humanos. “En noviembre de 1981, el departamento de Defensa emitió el “Reporte Woerner” que daba una descripción soleada -literalmente “sunny”- de los militares salvadoreños y alabó la renuencia del Alto Mando para castigar la indisciplina o la violencia extrema, para apoyar la lealtad”, dice el cable.
En 2017, 36 años después de la masacre, la embajadora Manes le recordó a Washington el rol de la embajada que dirigió Deane R. Hinton (mayo de 1981 a julio de 1983), en lo que parece la confirmación de un encubrimiento. El informe que hizo la embajada en 1982 ya admitía que no había podido hablar con testigos directos de El Mozote, en parte debido a que el ejército salvadoreño obstaculizó la labor de los investigadores estadounidenses. Manes, sin embargo, relata que el hecho fue minimizado: “Poco después de la masacre de El Mozote, la embajada reportó que no había evidencia que confirmara que civiles habían sido asesinados sistemáticamente y minimizó la gravedad de la matanza”, se lee en el cable.
Aunque el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado información relativa a El Mozote desde 1983, dos expertos dicen a El Faro que esta es una revelación sin precedentes.
Raymond Bonner, uno de los dos periodistas que revelaron la masacre, continuó investigando el caso y escribió un libro sobre la guerra en El Salvador: Weakness and Deceit (OR Books, 2016). Bonner dijo a El Faro que el cable demuestra “una embajada con integridad, que reporta la verdad, los hechos como son, y no un encubrimiento para encajar con la política, que es, por supuesto, lo que la embajada hizo en 1982”.
Angelina Snodgrass, directora del Centro para Derechos Humanos de la universidad de Washington, trabaja desde 2011 en un proyecto para desclasificar información sobre el conflicto salvadoreño en Estados Unidos. Ha tramitado más de 600 solicitudes, incluida la que posibilitó la obtención de este cable diplomático. “Yo no he visto otro cable que toma ese tono que vemos en este. Pero eso no quiero decir que no haya existido, por las mismas deficiencias de información que existen”, dijo Snodgrass a El Faro.
“Creo que significa un reconocimiento”, añadió. La experta cree también que es especialmente significativo que sea “un cable escrito bajo la administración Trump, que no necesariamente se distingue por su apego con los derechos humanos”.
En la embajada, sin embargo, no lo toman como una aceptación de errores pasados. “El gobierno de los EE.UU. ha creído por muchos años que hay evidencia adicional disponible, incluyendo el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 y evidencia forense, que no estaba disponible inmediatamente después de la masacre”, dijo un vocero de la embajada a El Faro.
Diputados: “No estamos trabajando en una ley de amnistía”
Un año después de que la embajada advirtió a Washington de la creación de una ley que podría afectar el juicio de El Mozote, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa nombró a una comisión ad hoc para “estudiar las implicaciones de la sentencia de la ley de amnistía general” y para crear una nueva ley de reconciliación nacional. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, explicó que habían elegido a los parlamentarios “debido a su vasta experiencia para poder desarrollar las diferentes temáticas sobre lo que compondría la ley”. No mintió Quijano: los diputados de la comisión saben mucho de guerra e impunidad.
Al frente de la comisión están los diputados Antonio Almendáriz (PCN); Rodolfo Parker (PDC), Nidia Díaz (FMLN) y Mauricio Vargas (Arena). El primero fue señalado por la comisión de la Verdad señaló porque bajo su mando superior fue ejecutada la doctora española Begoña García Arandigoyen. El informe además señala que Almendáriz, último comandante del Batallón Atlacatl (el mismo batallón que protagonizó la masacre de El Mozote), participó encubriendo el crimen.
La Comisión de la Verdad también señaló a Rodolfo Parker por obstruir la justicia en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en 1989. Parker fue asesor legal del Ejército durante buena parte de la guerra.
Nidia Díaz es una excomandante guerrillera víctima de tortura, pero también acusada ante la Fiscalía por su responsabilidad en la masacre de marines estadounidenses en la Zona Rosa, en 1985. Mauricio Vargas fue un general de la Tandona, acusado en Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos. La nómina la completa el diputado Juan Carlos Mendoza, de Gana.
El pasado 7 de diciembre, 16 organizaciones de derechos humanos firmaron un comunicado conjunto en el que rechazan el mandato de la comisión, a los miembros que la integran y su método de trabajo.
Para las organizaciones de derechos humanos, Parker, Díaz, Vargas y Almendáriz presentan “un claro conflicto de intereses, al haber sido parte de la conflagración armada desde diferentes posiciones”. Además según el comunicado, “el resultado del trabajo de esta comisión será producir una norma que sustituya a la abrogada ley de amnistía, según las declaraciones públicas de sus miembros”.
“Estamos tratando de legislar en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición (...) no estamos trabajando en una ley de amnistía”, negó Díaz, jefa de fracción del FMLN.
El Faro hizo saber del contenido del cable y buscó para un pronunciamiento al respecto al secretario general del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker; el secretario del partido de Conciliación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez; el secretario de Comunicaciones del gobierno del FMLN, Roberto Lorenzana; el presidente del partido Arena, Mauricio Interiano; y el diputado Guillermo Gallegos, de GANA.
Al cierre de esta nota, solo Parker contestó, pero evitó pronunciarse sobre el contenido del documento. “Estamos conscientes que es una temática no resuelta”, dijo. “Mientras no resolvemos los problemas del pasado no podremos resolver los del presente, como tampoco se ha de instrumentalizar el ayer por un interés presente”.
La embajada augura una batalla legal
Además del caso de El Mozote, la embajada cree que hay “otras investigaciones abiertas de masacres durante la guerra que pueden ser relevantes para una probable disputa sobre el código procesal penal que se avecina”.
La embajada sigue con especial atención la investigación por las masacres del Sumpul (o masacre de Las Aradas); de Tecoluca; El Calabozo; Tenango y Guadalupe; el secuestro del empresario Armando Durán; los asesinatos ocurridos en la Zona Rosa, y el derribo de un helicóptero con militares estadounidenses a bordo en Lolotique, San Miguel. La embajada también informó que sigue de cerca las investigaciones por los asesinatos de monseñor Óscar Arnulfo Romero y el caso jesuitas.
Sobre el juicio por la masacre de El Mozote, el documento hace referencia a cómo el caso utiliza una fusión de los códigos procesales de 1973, vigente al momento que ocurrieron los hechos, y el de 2011, vigente ahora.
“El hecho de que se esté usando el código procesal de 1973 significa que la discreción de un solo juez está moviendo el proceso”, dice el cable. En el análisis de la embajada, las reformas al sistema de justicia de la década de los años noventa estuvieron impulsadas en parte por un intento de que sean las instituciones las que lideren los procesos, “y no la voluntad personal de un solo juez”.
La embajada cita a otros contactos que creen que “El Salvador carece de la experticia forense suficiente para evaluar la evidencia existente de esta época”, en alusión a las pruebas recogidas en los diferentes procesos de exhumaciones de osamentas realizados desde inicios de la década de los noventa. Sin embargo, otra fuente citada por la embajadora llega a plantear que “existe suficiente evidencia para demostrar culpabilidad de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en El Mozote”.
