El juicio penal por la masacre de El Mozote es una carrera contra el tiempo que se devora a los sobrevivientes y sus recuerdos. Los defensores de los militares acusados ponen cuanto obstáculo les es posible. Sin embargo, lento, el juicio avanza. Gatea.
El jueves 21 y viernes 22 de septiembre, el juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera recibió los testimonios de cuatro personas: víctimas y familiares de víctimas de un operativo de tierra arrasada que acabó con la vida de un millar de personas en El Mozote (Arambala, Morazán) y lugares aledaños, entre el 10 y 12 de diciembre de 1981.
Estos testimonios no son solo una medida restaurativa, no es solo para que algunos viejos militares pidan perdón. Al final de este juicio, 18 altos mandos del Ejército de 1981 podrían ir a la cárcel, entre ellos el exministro de Defensa, Guillermo García. Pero hay algo más importante, el cumplimiento de uno de los puntos más vilipendiados de los Acuerdos de Paz: la superación de la impunidad.
Un año y dos meses después de la eliminación de la Amnistía, El Mozote es el único caso de la guerra civil salvadoreña que avanza en los tribunales.
María Teófila Pereira (54 años) dijo que, tras la masacre, pasó escondiéndose un año y, cada vez que regresaba al caserío El Cantarito, veía cómo los perros se disputaban los brazos de los niños que habían sido asesinados. Amanda Martínez (63 años) dijo que escuchó a soldados que decían “hoy les llegó la hora, guerrilleros de La Joya”. Eustaquio Martínez (67 años), hermano de Amanda, dijo que encontró a sus hijos muertos a balazos y algunos degollados. Lucila Romero (49 años) dijo que se escondió en una maicillera cuando llegó la tropa y que, cuando algunos soldados se acercaron a ella persiguiendo a unas gallinas, pensó que su vida había terminado.
Cuando el juez les pregunta cuál es su interés en declarar, los cuatro contestan lo mismo: que se haga justicia.
Nada de lo que dicen es nuevo. Estos mismos testimonios habían sido vertidos ante este mismo juzgado entre 1991 y 1992, en un proceso que inició diez años después de la masacre, en 1990. Pero desde los días en que Pedro Chicas puso su histórica denuncia hasta ahora, a este caso lo han querido amarrar.
El caso avanzó a trompicones hasta que en 1993 la ley de Amnistía lo sepultó. Siete años después, la Sala de lo Constitucional (en el 2000) dijo que la Amnistía era válida, pero que las violaciones a derechos humanos debían investigarse. En 2012, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó que El Mozote se debía investigar. Nada de eso le importó al sistema judicial salvadoreño. En 2013, el fiscal general Luis Martínez prometió investigar y, entre 2014 y 2015, parecía buscar una ruta alterna para seguir investigando, cuando pidió nuevas exhumaciones al juzgado de Paz de Meanguera. Pero fue hasta julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional eliminó la Amnistía, que el caso salió de la tumba.
Dos meses después, el juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, reabrió la investigación y citó a los militares del alto mando del Ejército de 1981. Además, todo lo que había hecho el juzgado de Meanguera –cuyo juez certificó al Mozote como crimen de lesa humanidad- pasó a integrar el proceso histórico en Gotera.
En marzo de este 2017, esos militares, incluido el exministro de Defensa, José Guillermo García, llegaron al juzgado de Gotera para recibir oficialmente la notificación: están acusados de asesinato, violación agravada, actos de terrorismo y otros seis cargos. En junio empezaron los testimonios de quienes aún están vivos. Hasta el 22 de septiembre, el juzgado de Gotera ha escuchado ya ocho de los testimonios originales.
Viejas reglas, nuevas reglas
El del Mozote es un caso único. “Híbrido”, dice el juez Guzmán. Se refiere a que hay tres conjuntos de reglas utilizables para definir este caso: está regido por el código penal y procesal penal de 1973, pero puede utilizar también algunos elementos de los códigos vigentes.
Por eso el proceso no sigue la secuencia audiencia inicial- audiencia preliminar- juicio a la que están acostumbrados ahora los abogados. El caso está en la fase de instrucción que, según las viejas reglas, debía durar un máximo de 120 días. Ese plazo está bien superado, pero se seguirá así hasta que el juez Guzmán considere que tiene las pruebas suficientes y “eleve a plenario”, la forma arcaica de decir abra el juicio, que será con jurado.
Alternar entre códigos produce situaciones curiosas en las audiencias. Por ejemplo, los abogados no pueden preguntar directamente a los testigos, porque las reglas antiguas dicen que tiene que ser por medio del juez. Es decir, el abogado lanza la pregunta y todos la oyen –porque habla a través de un micrófono- luego el juez la escucha y si nadie objeta, la dirige al testigo. Un interrogatorio a tres bandas.
A veces, el juez sirve de traductor de esas formas rebuscadas en las que los abogados hablan. Por ejemplo, un abogado preguntó al testigo Eustaquio Martínez si desde su casa “tenía buena visibilidad” hacia un lugar donde aterrizaban helicópteros. El juez tradujo para Martínez: “dice el abogado que si usted veía bien adonde aterrizaban los helicópteros”.
Según las viejas reglas, es el juez quien dirige la investigación –algo que en las nuevas reglas corresponde al fiscal. Pero Guzmán, de 58 años (22 cuando ocurrió la masacre), se ha adueñado de esos antiguos poderes. Por ejemplo, ya citó a declarar a los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que han participado en exhumaciones, entre ellas Silvana Turner, Sofía Egaña y Patricia Bernardi. Además, el juez citó a los estadounidenses Robert Kirschner, patólogo forense; Douglas Scott, arquéologo y especialista en balística; y John Fitzpatrick, radiólogo ortopeda, que también han participado de la investigación.
Guzmán es un abogado cuyo único otro cargo público fue ser juez, entre 1999 y 2003, de otro municipio en el oriente salvadoreño: Ciudad Barrios, San Miguel. En El Salvador, las plazas judiciales más codiciadas están en la capital y en las magistraturas superiores. Los jueces del interior están sumidos en la irrelevancia hasta que un caso atrae la atención de los medios o de la comunidad internacional. Guzmán parece haber estado esperando esta oportunidad desde 2003. En la audiencia, reveló que mandó a guardar en la caja fuerte de su tribunal los informes de los peritos estadounidenses y argentinos desde que se instaló en su oficina. “Los conservé porque las nueve piezas del caso habían viajado a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Los anexos podrían haberse perdido o alterado, así que los conservé”, dijo.
En junio, el juez Guzmán alcanzó a entrevistar a cuatro testigos, Irma Ramos, Hilario Sánchez*, Juan Bautista Márquez y Anastasio Pereira, antes de que las maniobras de los defensores le quitaran dominio del caso.
De esos testimonios, el testimonio de Juan Bautista es clave. En su lucha por salvarse, Bautista huyó de masacre en masacre, y su historia conecta al Ejército matando en diferentes puntos en un solo operativo. “Yo me pongo a pensar por qué ha durado tanto tiempo esto y por qué tuvimos que ir a una Corte Interamericana para que avanzara esto, siento que esto es una vergüenza para el Órgano Judicial porque no hay justicia”, dijo Bautista en su testimonio de junio, según recogió Transparencia Activa, un medio estatal.
Esas sesiones fueron interrumpidas por un grupo de abogados liderado por el ex fiscal general Roberto Girón Flores. Esos defensores aseguraron que no se había acreditado la calidad de víctimas de algunas de las personas que se dan por ofendidas y, por tanto, el nombramiento de los acusadores particulares que representan a esas víctimas es ilegítimo. Guzmán rechazó esos alegatos, pero los abogados apelaron y el caso pasó a una instancia superior: la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente.
Al juez Guzmán le amarraron las manos. El 16 de agosto, la cámara dijo que Flores y sus aliados no tenían razón. El 21 de septiembre, superado el obstáculo, Guzmán parecía ávido de continuar con el proceso.
El juez luce un amplio bigote negro que, pareado con sus lentes, le dan un parecido al señor Wilson, de la película Daniel El Travieso. A veces, tiene incluso esa misma severidad. “Respetemos la dignidad del testigo. Voy a estar pendiente de que no se trate de acosar o coaccionar”, advierte a los abogados defensores. Se impacienta cuando, antes del primer testimonio del jueves, el defensor Néstor Pineda, demora el inicio del interrogatorio por dos horas.
Pineda, coherente en su actitud de poner a dormir el proceso, quiso parar las audiencias, un día antes de que comenzaran. El 20 de septiembre, pidió por escrito al juez que anulara las audiencias. Guzmán lo escucha, se toca la sien, ve su reloj, incluso llega a cerrar los ojos en señal de exasperación. El juez no quiere parar el caso, porque viene de estar parado.
Las reglas antiguas decían que si un abogado pide por escrito la nulidad, sus contrincantes deberán contestar de la misma manera: por escrito. Eso implicaba suspender la audiencia y esperar, mínimo una semana más. Guzmán no lo iba a permitir.
“Antes que nada somos jueces de la Constitución y ella me pide a mí pronta y cumplida justicia”, dijo Guzmán y explicó: vamos a resolver lo que pide el abogado Pineda en audiencia. Las nuevas reglas sí permiten eso. “Lo mismo podría resolver por escrito en una semana. Solo vamos a suspender si Fiscalía y los acusadores están de acuerdo”, dijo Guzmán. Era esperable: el lado acusador dijo que no.
Básicamente, Pineda esgrimió tres razones para tratar de suspender la audiencia. Uno, que la Fiscalía pidió directamente las exhumaciones ordenadas en 2014 en Meanguera, en lugar de que lo hiciera el juez, como mandaba la ley. Una formalidad. Dos: que los informes forenses de expertos argentinos y estadounidenses no podían ser incorporados al caso, porque ya había vencido el periodo para el que fueron juramentados. Tres: que el juzgado entregó fotocopias de algunas partes del proceso a los acusadores particulares, sin preguntarle a la defensa si estaban de acuerdo en que se entregaran las copias.
En el lado acusador hay tres fiscales, liderados por Julio Larrama, en un grupo especial que el fiscal general designó para investigar casos de la guerra civil. Además, están David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, y Wilfredo Medrano, ambos alumnos aventajados de María Julia Hernández, una histórica defensora de derechos. Los dos últimos actúan como querellantes particulares. Los cinco contestan a los argumentos que pedían anular la audiencia y coinciden: esta es una estrategia para demorar, como cuando un jugador esconde la pelota en la esquina del campo en un partido de fútbol. Los defensores saben que el tiempo está de su lado en este juicio, porque consume a las víctimas/testigos y debilita sus memorias/evidencias.
Finalmente, el juez Guzmán descartó las peticiones de la defensa con una formalidad: el defensor no señaló en la ley cuáles eran las causales de nulidad que invocaba.
Las pruebas vivas de El Mozote
Dos horas duraron debatiendo mientas Teófila Pereira, de vestido floreado y trenza en el cabello, esperaba, zapateaba, en la parte de atrás del gélido salón de audiencias. Su mamá, María Florentina Pereira, su hermana María Santos y sus cinco hijos, sobrinos de Teófila, fueron ejecutados en la masacre. Sin embargo, es el suicidio de su hermano, seis meses después de la barbarie, el que recibirá más atención en el juicio.
La dinámica es simple: una colaboradora del juzgado lee la declaración original de cada testigo. Luego el juez le pregunta al testigo si esa es su declaración y si desea ampliar algún punto. Algunos sí añaden nuevos detalles. Otros, como Eustaquio Martínez son más tajantes. 'Sí, confirmo mi declaración porque yo los enterré a mis hijos y no puedo ampliar más porque esa es', dijo Martínez.
Teófila Pereira sí añadió más detalles a la suya. Contó que su madre era partera y que el 12 de diciembre de 1981 salía a asistir a Bernardina Márquez, quien estaba a punto de dar a luz. Teófila salió con su mamá rumbo al caserío El Cantarito pero no alcanzaron a llegar. Ella ya había escuchado en la radio “que venía el Batallón Atlacatl” –unidad con entrenamiento estadounidense responsable del operativo- pero no sabía que, para ese momento, ya habían arrasado con El Mozote y otros caseríos. María Florentina la dejó para ir a traer a otro hijo y nunca la volvió a ver con vida. Se escondió hasta la noche, cuando se encontró con su hermano Santos Manuel. Santos le contó que había encontrado a su mamá y hermana muertas, y esa noche las enterraron.
Teófila vio 12 cadáveres en una noche en que “la luna estaba como el día”, dijo. Pasó un año huyendo de la Fuerza Armada porque dice “no perdonaban la vida a nadie”. Estuvo escondida un año en las montañas de Morazán, con su niño pequeño y le costaba mucho trabajo encontrar agua porque toda estaba contaminada con “la suciedad de los animales”: buitres. “Toda la gente se la comieron los zopilotes. Me admiraba de tantos animales”, relató.
Las preguntas de los acusadores van orientadas a que los testigos identifiquen a los perpetradores como miembros del Ejército:
— ¿De qué color era el helicóptero que vio?
—Verde olivo
— ¿Cómo iban vestidos los soldados?
—De verde, con botas y casco
Las de los defensores van orientadas a desacreditar. El abogado Roberto Flores le preguntó a Teófila si escuchó Radio Venceremos, una transmisora de la guerrilla, pero esa pregunta no superó la objeción del exprocurador Morales. Por años, quienes quieren justificar la barbarie han dicho que las víctimas del Mozote pertenecían a la guerrilla. Esa fue la versión estatal en 1981. Luego le preguntó si alguna de las personas que enterraron cadáveres andaba armas, y cómo habían abierto las tumbas. Teófila dijo que nadie tenía armas y que usaron barras para excavar.
El abogado Narciso Rovira fue un paso más allá.
— ¿Con qué arma se suicidó su hermano?
— Objeción, dice un fiscal: Teófila nunca había dicho que su hermano se suicidó con un arma
— Voy a reformular, dice Rovira: ¿cómo se suicidó su hermano?
— Tomó veneno
A ratos, la actitud del juez Guzmán es paternal. En el turno de Amanda Martínez, quien perdió a su hermana, cuñada y nueve sobrinos en la masacre, Guzmán le preguntó si quería ampliar detalles de su declaración. Ella dice que no. “Recordar que en ese tiempo se perdieron los seres queridos no es fácil. Solo con eso me duele acordarme”, dijo la mujer con la voz quebrada. Guzmán le contestó: “entiendo su estado de ánimo, pero sería muy útil que conteste preguntas. Le pido que se tranquilice”.
Los defensores seguían con su rutina: ¿Había guerrilleros en La Joya? ¿Usted vio las ejecuciones? ¿Usted podría identificar quiénes mataron a las personas?
Hay una pregunta que un abogado repite a todo testigo que dice haber visto un helicóptero. “¿De cuántos metros era el helicóptero?”, insiste el coronel Adrián Meléndez Quijano, abogado defensor y piloto aviador. En un receso, contesta el porqué de su pregunta. Dice que la denuncia de Tutela Legal es que seis compañías fueron aerotransportadas de forma continua para el operativo en El Mozote. Eso es unas 900 personas. “En un helicóptero caben cuatro personas. ¿Cuánto se habrían tardado?”, se pregunta Meléndez Quijano.
— Pero ¿cuál es la diferencia si iban en helicópteros o en camiones?
— Ah, que si mintieron en un detalle, pueden haber mentido en todo
De todos los defensores, Néstor Pineda, el mismo que intentó suspender la audiencia, es el más activo. Defiende al capitán Óscar Córdova y al mayor César Milla, dos militares que no se presentaron a su intimación en marzo. Protesta por todo: que si la testigo era muy joven cuando ocurrió la masacre, o si se está haciendo referencia a un número de página equivocado, o si la pregunta del fiscal es repetitiva. Al segundo día de audiencias, el juez Guzmán pierde un poco la paciencia
— Esa pregunta es repetitiva— dice Pineda, que se ha puesto de pie para objetar
— No es repetitiva —le dice el juez—. La testigo hace referencia a la primera declaración
—No, está hablando de otra declaración, posterior…
—Está ampliando la primera.
— ¿Entonces la segunda declaración no vale nada?
— En la segunda solo se le pidió que dijera dónde estaban enterrados sus parientes.
—Sí, pero…
—Ya puede sentarse, abogado
—Eh, sí, claro…
Después de la audiencia, Pineda niega que las suyas sean tácticas para perder tiempo. “En ningún momento se trata de dilatar ni se trata de actuar con malicia, sino simplemente plantear los recursos que la ley ha establecido en la misma”, dice.
Pineda dice que en el caso del Mozote, no está probada la existencia del delito ni la participación delincuencial de los imputados. Se le hace ver que no está probado quién jaló del gatillo o quién dio fuego a las casas, pero que la existencia del delito está probada por la sentencia de la CIDH, el informe de la Comisión de la Verdad, los mismos cadáveres. Su respuesta es práctica: “la realidad es la realidad judicial, la realidad del expediente. En eso tiene que basarse en el juzgador”.
Y en el caso de El Mozote, ahí está la nuez. La Fiscalía y los acusadores necesitan probar que quienes están acusados, participaron, o al menos encubrieron lo que pasó en esos tres días de diciembre del 81. Si no lo hacen, la Fiscalía va a terminar con otro caso en el que un juez da por probado un delito pero no condena a nadie por falta de evidencias. Para lograr una condena, se necesitan las pruebas de quiénes estaban en el operativo “Yunque y Martillo”. Esa información solo la puede tener la Fuerza Armada, que por años ha negado que exista.
En mayo de 2014, militares negaron acceso a cinco sedes del Ejército a fiscales que contaban con una orden de allanamiento, por una investigación de tráfico de armas. Esa actitud no ha cambiado y el actual fiscal general ha denunciado la negativa de colaborar con investigaciones. Julio Larrama, fiscal del caso El Mozote, dice que la Fuerza Armada solo está colaborando con algunas solicitudes de información. Le pregunto sí están planeando alguna otra estrategia para tener acceso a esos archivos de la Fuerza Armada si no es por las buenas. La respuesta de Larrama no es conclusiva: 'yo no puedo poner en riesgo la investigación, y no puedo revelar qué es lo que en un futuro podemos realizar. Pero sí vamos a hacer todo lo humanamente posible para obtener esos archivos'.
*Nota de la Redacción: la versión original de este texto mencionaba como testigo del juicio por las masacres de El Mozote a Gladys Sánchez. El nombre correcto del testigo es Hilario Sánchez. Este texto fue modificado en la tarde del 2 de octubre de 2017.
