En el último presupuesto que ejecutará el presidente Salvador Sánchez Cerén, el del año 2019, el segundo gobierno del FMLN logró la aprobación de una partida para gastos secretos de $30 millones, de la cual podrá usar $12 millones hasta mayo del próximo año, su último mes al frente del Ejecutivo. También se despide con un presupuesto de educación que nunca despegó lo suficiente para aproximarse al 6% del PIB que prometió en su programa de gobierno y con un parche de $1,257 millones, en emisión de deuda, que permitirá al próximo presidente hacer frente a los compromisos con sus acreedores en diciembre de 2019.
En su último año como presidente, Salvador Sánchez Cerén se despide con un presupuesto de educación de 996 millones, es decir, de 3.6% del PIB. En la última oportunidad que le quedaba, el mandatario incumplió su promesa de llevar el presupuesto de educación al 6% del PIB. En 2018, el presupuesto votado de educación fue de $940 millones y en 2019, es de $996 millones: los $56 millones adicionales los va a absorber el aumento salarial de los maestros.
A poco más de cinco meses para que acabe su periodo presidencial, los pasos hacia adelante que prometió dar no sucedieron ni en 2015, cuando destinó el 3.5 % del PIB en educación, mientras que la promesa exigía llegar a los 3.9 puntos del PIB (1 mil 34 millones de dólares). En 2016 , el porcentaje se mantuvo en 3.5 puntos, cuando la proyección exigía llegar hasta los 4.4 puntos del PIB (1 mil 179 millones en inversión). En 2017 empezó el retroceso, con 3.4 puntos del PIB, cuando la apuesta debió llegar a los 5 puntos (1 mil 396 millones en inversión).
Para 2018, su año más bajo de inversión en educación, el gobierno presentó un presupuesto en educación de 3.2 % del PIB (un porcentaje más bajo de cómo recibió el gobierno en 2014, con 3.4 % del PIB). Para 2019 el porcentaje ha subido a 3.6 % del PIB, pero la promesa le exigía 6 puntos. Es decir, gestionar ante la Asamblea 1 mil 831 millones de dólares para la cartera de educación.
En un llamado al pragmatismo, previo a las elecciones presidenciales de febrero de 2019, los diputados de Arena, FMLN, Gana y PCN se dieron palmaditas en la espalda por haber alcanzado un acuerdo que incluyó la aprobación del presupuesto, la emisión de deuda y la designación de Raúl Melara -un asesor del candidato presidencial Carlos Calleja- como el nuevo fiscal general. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes aplaudió la decisión y reconoció que tomó cuatro semanas la negociaciones bilaterales en la Asamblea. 'En total el presupuesto asciende a 6,713 millones. Este es un mensaje a la gobernabilidad misma. Es posible que nos pongamos de acuerdo'.
Entre 2019 y 2024, las finanzas públicas necesitan resolver un problema de $2,457 millones en deuda que vencen en ese periodo. La Sesión Plenaria del 21 de diciembre de 2018 culminó con la aprobación de $1,257 millones, en emisión de deuda: el gobierno destinará de ese monto global $800 millones para atender el vencimiento de bonos en diciembre de 2019. Deuda para pagar deuda. Queda pendiente $1,657 millones (de los $2,457).
Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) cuestionó la opacidad bajo la cual fue alcanzado el acuerdo entre todos los partidos políticos. “Primero es de lamentar la opacidad en las negociaciones del presupuesto, pues no se hicieron en el seno de la Comisión. No hay espacios para que la ciudadanía pueda participar en un presupuesto que es de ellos”, dijo. Rommel Rodríguez, de la Fundación para el Desarrollo, dijo que primó la discusión política sobre la discusión técnica. “Hemos estado ante un súper combo fiscal/presupuesto, un combo que ha tenido la venia de la mayoría de los diputados. Cuando los diputados se ponen de acuerdo lo técnico parece estar demás, al menos en el corto plazo”, dijo.
Margarita Escobar, de Arena, elogió el presupuesto, porque aseguró que incluye el 100% del escalafón de salud, incluye una partida para los veteranos , incluye un aumento en el presupuesto de educación para salarios de más de 40 mil maestros. Guillermo Gallegos, de Gana, elogió a la presidenta de la comisión de Hacienda, Yancy Urbina, del FMLN, por haber alcanzado el acuerdo con los partidos. “Me sumo al reconocimiento a la presidenta. Ha buscado acuerdos”, dijo. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, dijo que con Urbina había sido más fácil negociar, haciendo referencia a los impases con la ex diputada efemelenista Lorena Peña.
Uno de los acuerdos que conquistó Urbina con Arena, Gana, PCN y PDC fue que todos los grupos parlamentarios validaron la entrega de fondos públicos a través de la partida de gastos reservados. “Esa partida no tuvo ninguna modificación”, contestó Urbina, confirmando que esa partida seguirá existiendo el próximo año. Esta partida asciende a $30 millones en el presupuesto de 2019. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes dijo en conferencia de prensa que la presidencia Sánchez Cerén podrá usar el 40% de la partida hasta el 31 de mayo de 2019, $12 millones, y el próximo presidente tendrá a su disposición el 60%, $18 millones.
El 7 de septiembre de 2018, Carlos Calleja asistió a la Asamblea Legislativa con un paquete de reformas, una de ellas promovía la eliminación de la partida de gastos reservados a través de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Portillo Cuadra rechazó a pronunciarse sobre por qué iban a dar sus votos, a pesar de que el presupuesto incluía una línea presupuestaria de $30 millones para la partida de gastos reservados de Presidencia. “Hemos votado por un presupuesto balanceado. No he podido leer el dictamen y no me puedo pronunciar al respecto”, respondió.
El Faro consultó al diputado de Gana, Guadalupe Vásquez, sobre si iba a votar por los 30 millones para la partida secreta de Sánchez Cerén. “Es que no es una partida secreta. Esos 30 millones van a servir para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado”, respondió. Hasta junio de 2018, Sánchez Cerén había gastado $147 millones a través de la partida de gastos reservados. El secretario privado, Manuel Melgar respondió a El Faro el 23 de noviembre de 2018 que no va a permitir auditorías a los gastos resevados, 'porque son reservados'.
