El expresidenteMauricio Funes y Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, se beneficiaron de un soborno de $3.5 millones de una empresa constructora italiana, Astaldi, acusó la Fiscalía. A cambio de este pago, la empresa se libró de un litigio internacional y recibió de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) un pago que no se correspondía con las obras realizadas, $45 millones sin justificación. El soborno del que habla la Fiscalía permitió la compra de propiedades para la construcción de un lujoso spa para la actual pareja del expresidente Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza. Esta es la última acusación mediática presentada por la Fiscalía de Douglas Meléndez, quien este sábado 5 de enero termina su período.
A mediados del año 2012, el abogado Luis Alonso Medina asesoraba a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) sobre cómo poner fin a un contrato con la empresa constructora Astaldi. Mientras cobraba por este servicio que iba a beneficiar con $108.5 millones a dicha constructora, Medina asesoraba a un operador político de alto nivel y amigo del entonces presidente Mauricio Funes, Mecafé, para ayudarle a recibir pagos millonarios de empresas panameñas ligadas a Astaldi. La asesoría consta en documentos internos de la CEL y las gestiones para Mecafé en correos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos a El Faro por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
El 4 de enero de 2019, la Fiscalía acusó al expresidente Mauricio Funes y a Mecafé de haber negociado un acuerdo con Astaldi que perjudicó al Estado salvadoreño. De los $108 millones que Astaldi se quedó, cerca de $45 millones no estaban respaldados por las obras realizadas. El presidente de la CEL, Leopoldo Samour, Mecafé y Funes fueron acusados de peculado y lavado de dinero por este pago no justificado. Mario Pieragostini, representante de Astaldi en El Salvador, fue acusado de cohecho activo (pago de soborno). El contador José Efraín Quinteros, que veía los libros de Latin American Spa, y la actual pareja de Funes son acusados de lavado de dinero. Públicamente, la Fiscalía no ha acusado a ningún otro de los directivos de la CEL que avalaron el acuerdo de arreglo directo con Astaldi.
Antes de la suscripción del acuerdo, la CEL tenía la opción de caducar el contrato de construcción de El Chaparral e ir a un arbitraje contra Astaldi. La CEL, dirigida por Leopoldo Samour, evitó esa salida y optó por beneficiar a la constructora que había inclumplido el contrato. En declaraciones brindadas a la prensa, la Fiscalía, con base en el testimonio de un testigo protegido, perfila a Funes como alguien interesado en designar a Samour al frente de la CEL y a Mecafé como el operador que a través de sus cuentas en Panamá ayudó al expresidente y a Ada Mitchell Guzmán, a beneficiarse con dádivas entregadas por Astaldi.
El abogado Medina fue una pieza clave en el acuerdo firmado por la CEL y en la entrega de los $3.5 millones. La CEL contrató la asesoría de Medina en noviembre de 2011, a través de un contrato adjudicado de forma directa a la firma de abogados Rusconi Medina & Asociados. Entre mayo y junio de 2012, Medina elaboró una opinión jurídica con la que Samour justificó el arreglo amistoso que permitió a Astaldi quedarse con $108.5 millones. La Fiscalía dice que los asesores nacionales que recomendaron el arreglo directo recibían órdenes del amigo de Funes, Mecafé.
A inicios de ese mes, Medina viajó a Panamá para formalizar la compra de Headford Business S.A., una empresa fantasma. Esa empresa y otra, llamada Rayne Services Corp, fueron utilizadas, según la Fiscalía, para recibir los $3.5 millones.
Gracias a los correos de Mossack Fonseca, El Faro pudo constatar que ambas offshore de Mecafé son 'sociedades pantalla': nunca tuvieron una operación comercial, no tenían empleados y los nombres de los directivos son prestanombres, es decir, personas que aceptan firmar documentos para abrir cuentas de banco, para actas de reuniones de junta directiva y para trámites rutinarios. De esta forma, garantizan el anonimato del verdadero dueño o controlador de la sociedad. El beneficiario de Headford Business y de Rayne Services Corp era Mecafé.
El Faro tuvo acceso a dos contratos confidenciales que explican el origen de $2 millones (de los $3.5 que investiga la Fiscalía). Dos empresas ligadas a Astaldi pactaron el pago a la cuenta bancaria de una de las empresas que Mecafé abrió en Panamá. El abogado Medina y sus contactos en el bufete de abogados Mossack Fonseca ayudaron a Mecafé a abrir esa cuenta de banco, en el FPB Bank Inc.
La dos empresas, RIFT Internacional S.A y Railway International Trading Corp-RIT, que pactaron pagarle $2 millones a la 'offshore' de Mecafé -Headford Business S.A- también fueron constituidas con prestanombres en Panamá, ante los oficios de la firma de abogados panameña Infante & Pérez Almillano. El Faro identificó a los controladores o beneficiarios de las dos sociedades a través de dos contratos confidenciales en los cuales aparecen sus nombres. En 2012, la empresa RIFT International S.A era controlada por una mujer venezolana, De Jesús E. Piñango (Magaly De Jesús Espejo Piñango); y Railway International Trading Corp, por un ciudadano italiano, Giuseppe Visinoni. Los dos tienen vínculos con Astaldi.
La ejecutiva venezolana era parte de la junta directiva de la Fundación de la Torre 55, en Panamá, y de VFG Investment Group LLC, constituida en Miami, Florida. En la junta directiva de esa fundación y de esa empresa aparecen los nombres de Freddy Orlando Fajardo Bernal, accionista de Astaldi Venezuela C.A, y de Giuseppe Visinoni, quien fue apoderado de Astaldi (Roma), de 1997 a 2006, en la junta de accionistas de Astaldi Venezuela C.A. De hecho, En Florida, Visinoni reportó la siguiente dirección para recibir correspondencia de VFG Investment Group LLC: 'CCCT Oficina 109 Avenida La Estancia, Caracas FL. 1064 Venezuela'. La dirección de la filial venezolana de Astaldi. Hasta junio de 2014, fecha en que falleció, Visinoni era el gerente financiero de Astaldi Venezuela. Es decir, las dos personas que controlaban las empresas que depositaban dinero a la offshore de Mecafé eran ejecutivos de Astaldi.
Los pagos a la 'offshore' de Mecafé quedaron consignados en dos escuetos contratos de tres páginas cada uno: el primero con fecha de julio de 2012, y el segundo, octubre de 2012. En el primero, la ejecutiva venezolana daba el banderillazo para entregar a la empresa de Mecafé $900,000 en concepto de 'consultorías para el análisis de los riesgos de los contratos de cobertura para las Obras Civiles de Proyectos de Transporte Masivo de pasajeros'. En el segundo contrato, Giuseppe Visinoni autorizó el desembolso de $1.1 millones en concepto de 'consultoría en la ejecución de proyectos de infraestructura'. Según la Fiscalía, este pago era parte de un 'pago de dádivas' hacia Mecafé y Funes por haber contribuido a terminar el contrato con Astaldi, lo que le implicó más de $100 millones a la empresa.
Un exfuncionario de la administración Funes, que participó en reuniones a puerta cerrada donde estuvo el exmandatario y que solicitó anonimato a cambio de su testimonio, confirmó a este medio que ambas eran empresas fantasmas que sirvieron para pagar un soborno gestionado por Miguel Menéndez.
Según la teoría fiscal, las asesorías del abogado Medina a Mecafé le permitieron conocer al entonces presidente Funes en 2012. Un exfuncionario del ejecutivo que aceptó hablar con El Faro y el testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía, en el Caso Saqueo Público, perfilan a Medina como el asesor legal que manejaba los negocios en Panamá de Funes y Mecafé. 'Medina llegaba a la Residencia Presidencial con una computadora portátil y Funes tenía su propia computadora. Él recibía las indicaciones de Luis Medina de que introdujera claves de usuario: revisaban estados de cuentas y se hacían transferencias bancarias', dice el testigo, quien asegura que llegó a escuchar cuando Medina decía a Funes: 'ya está lista la transferencia'.
La Fiscalía afirma -sin especificar el monto total- que buena parte de los $3.5 millones que llegaron a las empresas de Mecafé -Headford Business S.A, Rayne Services Corp- sirvieron posteriormente para abrir la franquicia de sociedades de Latin American Spa: crearon una sociedad en El Salvador, otra en Panamá y otra en Suiza. El Faro pudo documentar con fuentes propias -ajenas a la investigación fiscal- que al menos $800,000 que llegaron a Headford Business fueron inyectados a Latin American Spa en El Salvador, según una carta del Banco panameño FPB Bank Inc. a la que El Faro tuvo acceso.
El viernes 4 de enero por la tarde, El Faro contactó a MH Legal Corporation, la oficina de abogados donde Medina es “consejero senior” desde el año 2006, para preguntar si Medina estaba disponible para una entrevista. La persona que respondió la llamada mencionó que el abogado no estaba en la oficina y que tampoco estaría en los próximos 15 días. El Faro preguntó al jefe de comunicaciones de la Fiscalía, Salvador Martínez, si se había dejado por fuera a Medina por alguna razón especial. 'Lo que se judicializa hoy es la primera etapa del caso Chaparral', dijo Martínez.
El expresidente Funes se desmarcó de las acusaciones de la Fiscalía. 'No tengo nada que ver con las offshore de Miguel Menéndez ni con ninguna de sus otras empresas. Ignoro de dónde provinieron los recursos con que esas empresas fueron constituídas. No es cierto que yo haya recibido más de 3 millones de ASTALDI que fueron depositados en esas offshore como asegura la FGR. Tampoco tengo negocios o cuentas en Panamá. Lo que Miguel Menéndez haya hecho con sus empresas es asunto de él... Y sobre el Spa, tampoco tengo algo que ver. Mi única relación con esa empresa es que en ella trabajó Michelle Guzmán', respondió Funes a El Faro a través de su cuenta de Twitter.
Las consultorías del abogado Medina
Antes de que se concretara el arreglo directo, Samour, el presidente de la CEL, pidió el consejo del bufete de Medina, y luego pidió a la Corte de Cuentas, de Gregorio Sánchez Trejo, que validara dicho consejo.
El 1 de junio de 2012, Medina, José Roberto Barriere Ayala y Piero Antonio Rusconi Gutiérrez recomendaron a CEL el 'arreglo directo'. Implicaba que la CEL cedía a las peticiones de Astaldi. 'Debido a que se vuelve inconveniente la vigencia del contrato (...) lo más conveniente es terminar el contrato por arreglo directo para continuar la obra', dice la opinión jurídica. Ese mismo mes, Medina cerró la compra de Headford Business S.A para Mecafé y acordó con el bufete panameño Mossack Fonseca que emitieran acciones al portador, unos certificados que no es necesario inscribir en ningún registro y que hacían constar que Mecafé era el beneficiario oculto de la empresa.
El 5 de julio de 2012, Medina envió un escrito a Samour en el que hacía énfasis en que ese día la Corte de Cuentas había ratificado su recomendación. Ese día, el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, escribió a Samour para comunicarle que 'era correcta la actuación de la Junta Directiva por buscar la extinción del contrato por mutuo acuerdo'.
El 9 de julio de 2012, la CEL concretaba la firma del 'acuerdo directo'. En total, este acuerdo validaba que la constructora conservara $108 millones por las obras realizadas. Esos $108 millones equivalen el 50% del costo de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, cuando solo había concluido el 29% de la obra. El argumento de la administración Funes fue que era menos oneroso pagar esos millones que llegar a un arbitraje internacional.
En septiembre de 2012, Medina urgía de un prestanombre para que Headford Business S.A firmara dos 'contratos de consultoría' con los que iba a justificar el origen de $2 millones que Mecafé iba a recibir de dos empresas panameñas. Correos y documentos internos de Mossack Fonseca, revelan que el 11 de septiembre de 2012, a las 12:34 de la noche, Medina gestionó la elaboración de un poder general a favor de Roberto Sandoval. 'De parte de Headford Business, me urge un Poder. Datos: a favor de Luis Roberto Sandoval Ayala, conocido por Roberto Sandoval. Debe ser emitido con fecha de Febrero de 2012', escribió Medina al ejecutivo de Mossack Fonseca, Amauri Batista. El 24 de septiembre a las 9 de la mañana, Medina envió una copia del DUI de Sandoval.
Medina gestionó poner una fecha anterior al poder de Headford Business S.A a favor de Sandoval. Fue gestionado el 24 de septiembre de 2012, pero en el papel aparece que estaba vigente desde febrero de 2012, tres meses antes de que Mecafé comprara la sociedad. Sandoval es un motorista de 33 años que nació en Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, y reside en una zona popular de El Salvador, la Colonia Las Margaritas, de Soyapango, con fuerte presencia de pandillas. En El Salvador, el nombre de Sandoval apareció como directivo suplente de la empresa Subes El Salvador, una compañía novata que fue beneficiada con un contrato millonario para gestionar el cobro del pasaje electrónico, del proyecto insignia de transporte público del gobierno Funes: el Sitramss.
El nombre de Sandoval aparece en los contratos que Headford Busines S.A suscribió: uno con RIFT Internacional S.A por $900,000, y otro con Railway International Trading Corp-RIT, por $1.1 millones; las 'offshore' panameñas de la ejecutiva venezolana y del ejecutivo italiano vinculado a Astaldi.
El dinero de Astaldi llegó al spa
La 'offshore' de Mecafé, Headford Business, está relacionada con el expresidente Funes y con su actual pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza. Así lo prueba un préstamo que fue suscrito un año después de que Headford Business firmara los dos contratos.
El 15 de abril de 2013, Mecafé usó a Headford Busines para recibir un préstamo por $800,000 del banco panameño FPB Bank INC. El propósito del préstamo era inyectarlo a una empresa domiciliada en El Salvador, que un mes antes había adquirido un lujoso spa en la calla Maquilishuat, una zona exclusiva de San Salvador. Ada Mitchell era la gerente de esa empresa salvadoreña, de la cual cobró $56,000.
El gerente de riesgo, Cristian Navarro, y el gerente de operaciones, José Luis Sacupira, del FPB Bank Inc escribieron una carta el 15 de abril de 2013 dirigida a 'Headford Business S.A'. Notificaban que el banco panameño aprobó el préstamo de $800,000, y que el dinero iban a depositarlo en la cuenta del mismo banco cuyo titular era Headford Business. “Señores Headford Business S.A. El propósito del préstamo, según lo señalado en la solicitud del préstamo, es para capital de giro relacionado a Latin American Spas S.A de C.V”, decía la carta del banco panameño.
La empresa mencionada en la carta de los ejecutivos del banco panameño, Latin American Spas, compró un lujoso spa a la empresa salvadoreña Mecafé S.A de C.V., del entonces amigo y operador político de Funes. El 13 de marzo de 2013, es decir un mes antes de la fecha de la carta, Latin American Spas S.A de C.V. pagó $665,000 por la propiedad. Latin American Spas era una empresa constituida con prestanombres salvadoreños.
La empresa de Mecafé que vendió la propiedad la había adquirido en 2011. Ese año, Mecafé S.A de C.V recibió un crédito de $750,000 del Banco Hipotecario, de El Salvador. Luego adquirió una propiedad en el número 30 de la calle Maquilishuat, y ahí erigió el spa cuya venta en 2013 le reportó una pérdida de $85,000.
El 26 de abril de 2013, Mecafé canceló la deuda de $750,000 de su empresa, Mecafé S.A de C.V, con el Banco Hipotecario.
Funes y Ada Mitchell Guzmán pidieron asilo en Nicaragua, y el 16 de septiembre de 2016, el gobierno de Daniel Ortega se los otorgó. En junio de 2018, la Fiscalía acusó a la pareja de participar en el desvío de $351 millones de la Presidencia de la República. Ese mes fue detenido el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, y enfrenta una acusación por lavado de dinero, debido los créditos que aprobó para Mecafé y para la familia de Ada Mitchell Guzmán. Mecafé también está en prisión. La Fiscalía lo considera el principal prestanombre del expresidente Funes. '(Mecafé) tenía el perfil de empresario... utilizó sus empresas para ocultar el origen de todos los bienes que Mauricio adquirió, es de decir, de los fondos públicos, ya que si lo investigaban él tenía como justificar que las cosas las había comprado con dinero de sus empresas', dice el testimonio de uno de los testigos protegidos de la Fiscalía del Caso Saqueo Público.
Pocos años después de que Samour, el expresidente de la CEL, firmara el 'arreglo directo' con Astaldi, Funes enfrentaba una preocupación: que la Fiscalía abriera una investigación relacionada a El Chaparral, y que la sección de Probidad lo mandara a juicio por enriquecimiento ilícito. El 2 de febrero de 2015, el expresidente Funes escribió unos mensajes a Luis Martínez, quien entonces era el fiscal general, y ahora está condenado a cinco años por divulgar conversaciones privadas. Funes pidió al fiscal que aceptara llegar en la noche a su residencia, una lujosa propiedad en Cumbres de Cuscatlán, para 'echarse los tragos' con el expresidente Antonio Saca, también condenado a diez años de prisión por lavado de dinero y peculado. El 20 de octubre de 2018, Funes confirmó a El Faro través de mensajes de Twitter que la reunión se llevó a cabo y que habían conversado sobre El Chaparral. 'Sobre el caso Chaparral le pedí (a Luis Martínez) que nos reuniéramos para expresarle mis opiniones sobre la forma cómo la directiva de CEL había negociado la finalización del contrato con Astaldi. Ese fue un proceso en el que no tuve ninguna participación'.
Funes defendió el trabajo de los 'consultores externos' que aconsejaron a la CEL el arreglo directo. 'Mi gobierno canceló a Astaldi solo el monto de indemnización que rondaba $28 millones por rompimiento unilateral del contrato, que nos evitaría un arbitraje internacional, que a la larga según los abogados consultores externos de CEL sería mucho más oneroso y le acarrearía pérdidas a la institución y al Estado', dijo Funes. Uno de los consultores de la CEL era Medina, el abogado de Mecafé que, según el testigo protegido de la Fiscalía, visitaba a Funes en la Residencia Presidencial.
'Le comenté (al fiscal Luis Martínez) que el expresidente Saca estaba interesado en conversar con él, ya que el proyecto se había iniciado en su gestión y eran sus funcionarios y no los míos los que mejor podrían explicar por qué se habían pagado 108 millones a Astaldi. Y no me parece una conducta impropia hacerlo porque yo no estaba siendo investigado. Las responsabilidades en el caso El Chaparral terminan en la Presidencia de CEL y su junta directiva', dijo Funes.
El 16 de octubre de 2018, la Fiscalía acusó al exfiscal general Luis Martínez de haber aceptado sobornos de Funes, pagos entre $10,000 y $20,000, y cinco vehículos adquirido con fondos públicos, con los cuales Funes compró inmunidad. El exfiscal confesó, cuando era investigado por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que Presidencia lo mantenía a sueldo.
El nombre de Medina vuelve a aparecer en los testimonios sobre cómo Funes intentó salvarse de una condena civil por enriquecimiento ilícito.
El 8 de febrero de 2016, la Corte Suprema de Justicia congeló cuentas de banco y vehículos de Funes. Un día después, la CSJ envió al exmandatario a juicio por enriquecimiento ilícito. El 28 de noviembre de 2017, Funes y su hijo Diego fueron condenados porque no pudieron justificar $419,000. Durante el juicio, Funes intentó reducir la cifra de dinero no justificado. Lo hizo con un crédito por $225,767 de la empresa Agrosuministros S.A de C.V, recibido en los años 2013 y 2014. En ese periodo ni la empresa ni su representante legal, Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, tuvieron ingresos suficientes para sufragar esos desembolsos, según las pruebas que presentó la Fiscalía.
Uno de los testigos protegidos de la Fiscalía aseguró que la idea de justificar esos ingresos con ese préstamo surgió durante una reunión a la que asistió Mauricio Funes y Mecafé en Cumbres de Cuscatlán. 'En esa reunión hablaron de que Agrosuministros podía dar el servicio de simular un mutuo mediante el cual podía justificarse el préstamo (...) y por hacer este favor el señor Rodríguez Mendoza cobró treinta mil dólares por firmar el documento; en relación al abogado que elaboró el documento, el declarante sabe que fue Luis Medina abogado que tuvo participación en las empresas de Mauricio Funes en el extranjero'. Rodríguez Mendoza enfrenta, desde junio de 2018, una acusación de la Fiscalía por 'casos especiales de encubrimiento', por la simulación del crédito.
Con reportes de Katherine Pennacchio y de Gabriel Labrador
