—Señor testigo, ¿por qué está declarando en esta audiencia?
—Por unos informes de auditoría que hice a los gastos reservados de la Presidencia de la República del período 2004-2009.
—¿Quién ordenó hacer esos informes?
—La presidencia de la Corte de Cuentas, en ese momento era del doctor Hernán Contreras.
—¿Cómo le giró esa instrucción?
—El doctor me dio una orden de trabajo por escrito.
El testigo era Alfonso Bonilla Hernández, un exmando medio de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Entre 2004 y 2009 llegó a ser un hombre de confianza de Hernán Contreras, uno de los hombres más poderosos en el Partido de Conciliación Nacional (hoy de Concertación Nacional), eterno aliado de los gobiernos de Arena. Quien preguntaba era uno de los fiscales asignados al juicio contra el expresidente Saca y otros exfuncionarios por el desfalco de 301 millones de dólares de Casa Presidencial, que concluyó con penas de prisión para todos los acusados (y la obligación de reintegrar 300 millones al Estado; Saca deberá devolver el 87% de ese monto y pagar 10 años de cárcel).
El lunes 20 de agosto, en una de las audiencias finales del juicio, el interrogatorio y la mira de la Fiscalía apuntó hacia el que bien podría ser otro caso, que persigue otros delitos y a otro exfuncionario: el hombre que dirigió el ente contralor por 17 años, un exfuncionario cuestionado por utilizar la institución para obstaculizar investigaciones, perseguir adversarios y favorecer a aliados políticos.
Bonilla llegó a declarar para desvirtuar una prueba de la defensa: cinco informes que elaboró con el objetivo de validar el uso de fondos públicos que hizo la presidencia Saca. Su confesión era importante para el juicio, pero lo es también para redimensionar la figura de Hernán Contreras: esa fue la primera vez que en un juicio un subalterno, y otrora hombre de confianza, lo señaló como el hombre que dio la orden para esconder la corrupción del expresidente Saca.
La Corte de Cuentas no auditó como manda la ley los gastos reservados de la presidencia Saca, y Bonilla dio detalles de cómo se hicieron de la vista gorda para no fiscalizar a la última presidencia de Arena que sustrajo fondos públicos a través de una partida secreta. La maquinaria de Saca creó un intrincado sistema de cuentas y utilizó miles de cheques para hacer llegar dinero a terceros sin que la Corte de Cuentas lo detectara. El testimonio de Bonilla, aunado a los documentos que él elaboró, y al testimonio incriminatorio del propio expresidente, confirman que Hernán Contreras utilizaba la institución para hacer favores políticos y como un instrumento al servicio de la opacidad y no de la fiscalización del gasto público que ordena la Constitución.
Pero pese a los testimonios, los documentos y los detalles, y por más que Saca también confesó que la CCR hizo auditorías “de manera superficial”, Contreras solo apareció mencionado en el juicio. Nada más. La Fiscalía, que logró que Saca admitiera su responsabilidad en los delitos de peculado y lavado de dinero, no ha presentado ninguna acusación en su contra porque ya no hay nada que hacer. “Habría que ver si los delitos no han prescrito”, dijo uno de los fiscales. Lo cierto es que cualquier delito en el que hubiese incurrido Contreras (entre estos: incumplimiento de deberes y actos arbitrarios) ya ha prescrito.
El Faro solicitó una reacción a Hernán Contreras vía telefónica. No quiso responder preguntas y dijo que solo respondería (de ser necesario) ante las instancias correspondientes.
Un favor, una farsa
La duda de los informes falsos que blanquearon la presidencia Saca se remonta a 2009, cuando este ya llevaba seis meses fuera del ejecutivo. Con la venia de Contreras, el 7 de diciembre, Saca convocó a una conferencia en la CCR, en un salón contiguo al despacho de la presidencia. Previo al evento, había sido acusado de corrupción por su propio partido, luego de que El Diario de Hoy revelara que su gobierno desvió 219 millones de dólares desde distintas instituciones del Estado hacia la presidencia, y luego habían sido depositados a cuentas de gastos reservados.
Para aquellas fechas, Contreras se acercaba a la mitad de su último periodo al frente de la institución y Bonilla era el coordinador de auditores de la CCR. “Para nosotros como Corte, esto ya está fiscalizado. Hemos fiscalizado en el momento oportuno, sino parecería incluso que nosotros hemos hecho un mal trabajo”, dijo Contreras. Para la foto, Saca levantó con ambas manos los finiquitos que le entregó Contreras, elaborados, entre otras cosas, a partir de las auditorías realizadas por Bonilla. “Aquí la autoridad contralora de acuerdo a la Constitución dice: ‘el presidente ha manejado correctamente, racionalmente los fondos’”. Saca lucía satisfecho. Con esos papeles salía al paso de los señalamientos, pero no impidió que Arena lo expulsara de sus filas seis días después de aquella conferencia. El partido lo siguió acusando de corrupción, pero nunca presentó pruebas.
Nueve años después, Saca y el autor de las auditorías que fiscalizaron aquella presidencia confesaron que los informes no tienen ninguna validez. En sus testimonios, los dos utilizaron el mismo adjetivo para referirse al contenido en dichos documento: contienen información “superficial”. En la tesis de la Fiscalía, que los auditores no hicieran bien su trabajo allanó el camino para que nadie reparara sobre el desvío de 301 millones a través de cuentas irregulares. No fue sino hasta 2016, cuando los fiscales retomaron las indagaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que los indicios de enriquecimiento en el patrimonio familiar de Saca y de quien fuera su secretario privado, Élmer Charlaix, dieron pistas del caso de corrupción.
Según Bonilla, una de las órdenes de Contreras fue hacer esos informes a control remoto, sin revisar in situ las cuentas de la Presidencia, como lo establecen los protocolos de la institución.
—Después de leer esa orden, ¿qué hizo usted? –prosiguió el fiscal.
—Le solicité lineamiento al doctor Contreras de cómo hacerlo.
—¿Y cuál fue el resultado de esa consulta?
—Que como eran gastos reservados, que yo tenía que hacer la auditoría dentro de la Corte de Cuentas.
—¿Usted qué respondió?
—Que hubiera sido mejor nombrar a un equipo de auditores para que se desplazara a la Presidencia de la República para hacer la auditoría.
—¿Hay alguna norma legal que respalde esa orden que le dio el presidente de la CCR?
—No.
El poder de Contreras
En un cable enviado a Washington en 2005, la embajada de Estados Unidos en El Salvador dijo que la CCR dirigida por Hernán Contreras tenía un poder político incluso más fuerte que el de la Fiscalía. La embajada llegó a decirle a Washington que Contreras encubrió el caso de corrupción en ANDA, que explotó en 2004 y salpicó al gobierno del expresidente Francisco Flores.
En 2016, la Fiscalía reveló que bajo el mandato de Contreras, la CCR perdió 2.2 millones de dólares por reclamos que constaban en diversos expedientes que se archivaron de manera incomprensible entre 2005 y 2007. La Fiscalía incautó 48 expedientes que salpicaban no solo a la ANDA de la administración de Flores (tercer presidente bajo la bandera del partido Arena), sino también al exministro de Obras Públicas (David Gutiérrez), y al director del Hospital Nacional Rosales de la gestión Saca. Además, una investigación realizada por la misma institución reveló que entre 1999 y 2003, la CCR detectó anomalías por $21 millones pero archivó las investigaciones.
Arena siempre cedió el control de la Corte de Cuentas al PCN a cambio de votos en la Asamblea para aprobar leyes, según lo reconoció el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Cuando la embajada perfiló a la CCR de Contreras, Saca —que también era presidente del partido Arena— llevaba un año en el poder. Según la Embajada, la CCR servía como “espada de Damocles” contra los partidos opositores y permitía la corrupción de sus aliados políticos. El Gobierno de Saca no sería la excepción. En su confesión, Bonilla y el expresidente describieron cómo se hizo el favor para lavar la cara a esa administración.
“Sé que la Corte de Cuentas hacía auditorías de manera superficial. Solo se revisaba la existencia de soportes, pero no se hacían exámenes, estos eran superficiales. El examen prácticamente no se hacía”, dijo Saca, en el juicio, un Saca completamente diferente a aquel que en 2009 presumía los finiquitos elaborados a partir de las auditorías de Bonilla.
En el juicio, el excoordinador de auditores detalló esa superficialidad a la que se refirió Saca.
—Testigo: ¿cómo hacía las auditorías que le pedía el presidente de la Corte? –preguntó el fiscal.
—Solicité a la Presidencia de la República los estados financieros relacionados a los gastos reservados y la documentación probatoria.
—¿Le enviaron esos documentos?
—Me enviaron un informe de movimientos de presupuesto y el estado de ejecución presupuestaria con las respectivas solicitudes de fondos que se hacían al Ministerio de Hacienda.
—¿Qué utilidad tenía eso?
—Ninguna utilidad, porque no podía comprobarse la veracidad del gasto.
—¿Por qué no?
—Porque no se me facilitó la información. Solo pude confrontar el monto de dinero aprobado por el Ministerio de Hacienda y ver si ese monto aparecía en el estado de ejecución presupuestaria.
El hacedor de informes falsos
Para cuando la CCR encubrió la gestión de Saca, Alfonso Bonilla era coordinador de auditores y uno de los hombres de confianza de Contreras. En la CCR, tuvo una larga trayectoria llena de ascensos que inició en 1977, cuando consiguió una plaza como colaborador de archivo. 12 años más tarde, en 1989, obtuvo una licenciatura en contaduría.
Estuvo detenido y procesado por una defraudación millonaria en el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) a finales de los años 90. Además de su trabajo en la CCR, era auditor de una oenegé llamada Procades. Según la acusación que hizo la Fiscalía, falseó la contabilidad para que la organización recibiera unos préstamos millonarios de Fonavipo con los que después defraudó a centenares de familias. Su caso llegó a juicio, y terminó absuelto en enero de 2000. La CCR de Contreras lo recibió de nuevo en sus filas como Director de Auditoría. Luego, en 2003, fue nombrado Coordinador General de Auditoría.
Para 2004, cuando Saca se puso la banda presidencial, ya tenía un año en el cargo de coordinador, un puesto que en esos años dependía directamente de Contreras. Bonilla también era importante para el PCN. Según dos empleados de la CCR y un exempleado consultados por El Faro, él cobraba las mensualidades de los afiliados al PCN al interior de la institución. Una de las fuentes pertenece al área jurisdiccional de la Corte, otra al área administrativa y otra al área de auditoría. Las tres fuentes aseguran que Bonilla no hubiera hecho eso por cuenta propia y que le recolecta de dinero la hacía por su relación con Contreras. “Era el operador de Contreras. Era topododeroso y omnipotente. Si alguién lo contradecía lo sacaba de la CCR, por ejemplo”, dice el empleado del área administrativa. “Bonilla era parte de uno de los grupos de apoyo del PCN en ese entonces. Él lideraba un sector de apoyo, empleados de la CCR le daban a él una cuota mensual para apoyo”, dice el empleado del área jurisdiccional. Bonilla no quiso atender reiteradas solicitudes de entrevista hechas entre el 23 y 31 de agosto.
“No era una auditoría hecha de manera correcta”
En el juicio, Alfonso Bonilla invalidó su propio trabajo con cuatro argumentos: que Contreras le dio la orden de hacer una auditoría prácticamente superficial; que recibió la orden de no salir de las oficinas de la CCR cuando los procedimientos piden desplazarse al lugar auditado; que los documentos que tuvo a la vista no eran todos los necesarios para auditar; y que con todas esas anomalías los informes no tienen ninguna utilidad y que nunca debió haber dictaminado.
—El informe de las auditorías no tiene ninguna utilidad porque no pude comprobar la veracidad del gasto. No se me facilitó toda la información necesaria para hacer la auditoría. Los informes [por tanto] no dan ningún amparo legal a los gastos reservados- respondió a los fiscales.
Cuando le pidieron que calificara su trabajo, Bonilla respondió:
—No era una auditoría hecha de manera correcta. Yo hubiera llamado al examen ‘examen especial a la confrontación de las aprobaciones de las solicitudes de fondos del Ministerio de Hacienda con el estado de ejecución presupuestaria.
Alfonso Bonilla hizo cinco informes, uno correspondiente para cada uno de los años del quinquenio Saca. El Faro tuvo acceso a los documentos para los años 2004, 2005 y 2006. En ellos, Bonilla concluyó que no hubo hallazgos que reportar en esos periodos, y validó usos de la partida de gastos reservados para comprar juguetes a nombre de la Secretaría Nacional de la Familia. Un estudio de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), elaborado por el especialista en auditoría gubernamental Jaime López, plantea que los gastos reservados deben estar destinados para asuntos de seguridad nacional o del Organismo de Inteligencia del Estado, y no para acciones o políticas ajenas a las funciones del OIE. Según Funde, aparte de la ley del OIE, “no existen otras leyes que faculten al presidente para el manejo directo de gastos reservados”. Una conclusión similar aporta la presidenta de la contraloría: “La Constitución habla de que los gastos reservados los pueden usar para el OIE”, dijo Carmen Elena Rivas a El Faro.
Rivas es contundente al decir que cualquier trabajo que haya hecho Bonilla no puede tomarse como una auditoría válida porque ella ha revisado todos los informes hechos a las distintas administraciones presidenciales y ninguno hace alusión a los gastos reservados. “Todos los informes de auditoría, hasta la fecha están limpios. Indagamos en ellos y ninguno hace referencia a gastos reservados”, dijo Rivas. Y en seguida reveló que tanto los presidentes que llegaron por Arena y por el FMLN han negado información a la CCR para hacer las auditorías de gastos reservados. “En su momento, cada administración de la Corte mandó la auditoría, y tal vez intentaron auditar gastos secretos, pero la administración de turno les ha dicho que son gastos reservados y les ha negado la información”, dijo.
Bonilla ha declarado contra Contreras, los informes avalados por el expresidente de la CCR están en poder de la Fiscalía, pero la orden “por escrito” que dice haber recibido no existe en los archivos de la institución. La presidenta Rivas dice que buscó en los archivos esa orden, pero no encontró nada. “Lo único que he visto es una nota de remisión que en su momento el doctor Contreras hizo a Capres”, dice. Las notas a las que hace referencia son cartas (de un folio), firmadas por Contreras, que se anexaban como carátula en cada informe de auditoría que luego se enviaba al presidente Saca. En ellas, Contreras informaba que se había practicado un examen a los gastos reservados de la presidencia.
Pero los informes sí existen, y en ellos aparecen vinculados Bonilla y Contreras. Los documentos no son difíciles de leer. En las primeras páginas, luego de teoría sobre las leyes que amparan el trabajo de la CCR, Bonilla indicaba que había recibido una “orden de trabajo” por parte de Contreras, según la cual “se examinaron las cifras presentadas en los informes de Movimientos de Cuentas presentados por la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República, referentes a gastos de carácter reservado”. Esa frase, confirman expertos en auditoría y exjueces de cuentas consultados por El Faro, revelan parte de las limitaciones del informe. “Desde el diseño de la auditoría era claro que el objetivo de la misma no podía ser logrado, porque el alcance se limitó a la revisión de los registros de movimientos presupuestarios y no de los gastos propiamente”, dice Jaime López, un exauditor de cuentas, fundador de la oenegé Probidad y ahora encargado de la oficina anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Los informes enumeraban las supuestas prioridades del Gobierno –entre ellas la comunicación, el otorgamiento de becas, el combate del hambre, por decir algunos- y luego se decía que para cumplir el logro de los objetivos los gastos reservados eran necesarios. Pero nunca se vieron los gastos. “Estos se conocen como auditorías en limpio donde lo único que se hace es dar un aval general”, dice un exjuez de cuentas a quien El Faro le mostró los tres informes de auditoría. Este exfuncionario trabajó por más de dos décadas en la CCR y accede a dar su opinión con la condición de que no se le cite por su nombre.
Como presentación de cada informe, siempre había una nota dirigida al expresidente Saca, la cual iba suscrita por Contreras. “Tengo a bien informar a usted, (sic) que se ha practicado Examen Especial a la Información Financiera de los Fondos de Carácter Reservado de la Presidencia de la República”, rezaba la carta. Contreras luego indicaba el período que supuestamente había auditado. Bonilla asegura ahora que aquel título de la supuesta auditoría quedaba muy lejos de lo que en realidad se hacía. El exjuez de cuentas lo respalda: “Una verdadera auditoría tendría que tener el detalle de los gastos, pero estos informes muestran que solo se hizo para salir del compromiso”, dijo.
Los documentos contienen apartados que a juicio de los expertos en contraloría pública son inverosímiles, como cuando se argumenta que sin la partida secreta se ponía en riesgo que el Gobierno cumpliera “de manera ágil y oportuna” labores de asistencia social y comunicaciones.
En los informes también se enumeraba de manera sucinta los rubros incluidos en los fondos reservados: “Los fondos manejados por la Presidencia de carácter confidencial se refieren al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, considerándose los siguientes fondos de la Presidencia: gastos operativos, Secretaría de la Juventud, Juguetes/SNF, Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y Comunicaciones”, reza uno de los informes, fechado en el mes de octubre de 2005.
Según los libros de la partida secreta revelados por El Faro -que detalla una contabilidad fuera de foco: la contabilidad B de los primeros dos años y medio de la gestión Saca-, se gastaron 16 millones de dólares en el OIE . También hubo otros 27.73 millones de dólares en el rubro “comunicaciones”. En el juicio, Saca admitió que se valió de agencias de publicidad para blanquear siete millones de dólares de la partida secreta. Los montos de comunicaciones y del OIE gastados entre 2004 y 2007 representan una séptima parte de los 301 millones que la Fiscalía acusa de haberse malversado. Bonilla y la Corte de Cuentas no auditaron ninguno de estos movimientos.
Fondos para “juguetes y apoyo social”
La Presidencia enviaba información a Alfonso Bonilla con la que argumentaba haber utilizado gastos reservados para fortalecer programas sociales. Bonilla, sin tener más pruebas que la información superficial de esos informes, concluía que entre esas apuestas estaba la conformación de la Secretaría de la Juventud, la adquisición de juguetes para la Secretaría Nacional de la Familia “entregados a los niños más pobres por medio de las municipalidades de todo el país”. Bonilla incluso suscribía los guiños de la Presidencia, como cuando planteó que esos fondos iban “orientados a fortalecer la niñez y la juventud en momentos críticos provocados por la pérdida de valores en este sector importante para el país”.
Año con año, los informes calificaban como “adecuados” los gastos reservados que se usaban en programas de asistencia social, o en comunicaciones o para combatir la pobreza o la hambruna. En el apartado de “Antecedentes”, los informes repetían, textualmente, la misma idea: que la presidencia de la República tenía entre sus funciones “encaminar todo esfuerzo hacia el mejoramiento integral de las condiciones de vida del pueblo”, “diseñar estrategias de comunicación y crear los espacios informativos para la difusión de las labores realizadas por el Gobierno”, “otorgar becas”, “disminuir los niveles de escasez alimentaria” o “priorizar programas de atención a la juventud”, entre otros. Y luego, en ese mismo apartado, se decía que sin los gastos reservados, “se pone en riesgo el logro de los objetivos y proyectos de Nación que vienen a favorecer las grandes mayorías de la población”. Bonilla luego escribía, en cada informe, que “para hacer más ágil y oportuna la atención a esas prioridades, es que la Presidencia procura ingresos y gastos de índole reservados”.
Según el exjuez de cuentas, que el informe avale ese tipo de gastos es algo impropio. “Lo que se determina en las auditorías es la razonabilidad de los gastos, pero aquí en los informes se ve que se usó el dinero para gasto ordinario, que pudo ser cubierto con los fondos de otras instituciones de Gobierno”.
Jaime López, a quien El Faro le mostró tres de los cinco informes de auditoría, añadió que Bonilla actuó negligentemente. “[Él] no determinó la base legal de los gastos reservados que normalmente solo aplican para gastos de inteligencia, y con eso se llegó a considerar que cualquier gasto hecho por la Presidencia podía ser manejado bajo reserva. Ante la ausencia de un criterio legal en su examen, el auditor no objetó la existencia de gastos en comunicaciones, acciones de asistencia social y otros usos”, criticó López.
Al final de cada informe, Bonilla escribía “resultados” del ejercicio, una especie de conclusión de su trabajo. En los documentos escribió que solo habían verificado una pequeña porción de toda la información de respaldo o soporte (facturas, recibos, comprobantes, contratos). “La documentación de soporte está en poder de la Gerencia Financiera de la Presidencia, por considerarse de carácter reservado y privativo de la misma. En el proceso de revisión, se examinó una muestra de la documentación, la cual, por su naturaleza, no se deja evidencia como respaldo”, reza el informe.
En los procesos ya establecidos dentro de la CCR, los auditores revisan los estados financieros de las instituciones y los compara con los planes para gastar los fondos que esa institución ya tenía aprobados. Para eso, los auditores necesitan tener a la vista –según sea el caso- lo contratos, los documentos de licitaciones, facturas, comprobantes, etc. A estos papeles se les conoce como “documentos de soporte”.
En el caso de la gestión Saca, Bonilla no pudo seguir la ruta del dinero, es decir, no pudo determinar qué pasó desde que Casa Presidencial solicitó los fondos públicos hasta el momento en que se utilizaron (el llamado presupuesto devengado). Bonilla dijo que pedía toda la información relacionada a los gastos secretos, pero que la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia solo le enviaba una porción de los datos que pedía. Bonilla solo pudo comparar superficialmente algunas cifras con otras cifras y no pudo detenerse a verificar cómo se gastó la partida secreta. Nunca vio facturas ni contratos ni otro tipo de documentos que comprobaran las erogaciones por parte de la Secretaría Privada, comandada por Élmer Charlaix. Era, en términos llanos, una auditoría superficial.
—Cuando yo le dije al doctor Contreras que lo mejor habría sido enviar un equipo de auditores a Casa Presidencial, me respondió que yo debía hacer la auditoría en la CCR y que los documentos necesarios me llegarían a la oficina en sobre cerrado -dijo en el juicio.
Contreras nunca desafió el bloqueo de Casa Presidencial. Ni tampoco lo ha hecho nunca ningún presidente de la Corte de Cuentas, asegura la presidenta actual de la CCR Carmen Elena Rivas. “En todas las administraciones anteriores les negaron [a los auditores] acceso a los gastos reservados”, dijo Rivas el 16 de julio de 2018 en una entrevista a El Faro. En su corta gestión, Rivas ha desafiado esa dinámica e incluso ha cuestionado el uso irregular de gastos reservados en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén.
En diciembre de 2009, cuando Hernán Contreras participó en la conferencia en la que junto a Saca y anunciaron una farsa (la probidad de la gestión), Contreras se quejó por la insistencia de los periodistas que le cuestionaban si habían auditado el uso de gastos secretos. “Si quieren que la CCR fiscalice esos fondos de estos gastos imprevistos, de otra manera, entonces hay que poner otras disposiciones [legales]”, dijo.
Nueve años después, en el juicio contra Tony Saca, el expresidente al que protegió, Bonilla contradijo a su exjefe:
—La ley no define que no se haga el examen de los gastos reservados por ser un asunto reservado. La ley solo dice que los datos no se deben publicar.
Luego insistió:
—No se podía comprobar la legalidad de los gastos sin tener a la vista los documentos probatorios. Emití los informes (así) por la orden del presidente Contreras.
En el juicio, tanto los fiscales como los abogados defensores le preguntaron si aquellos informes podían tomarse como válidos.
—No daban ningún amparo legal porque no se podía comprobar la legalidad de los gastos sin tener a la vista los documentos probatorios.
—¿Qué utilidad tienen esos informes si solo pudo comparar cifras de movimientos presupuestarios y el monto ejecutado? –preguntó otro de los fiscales del caso.
—Ninguna utilidad porque no podía comprobar la veracidad del gasto. No se me facilitó la información.
—¿Qué efecto producen esos informes que usted elaboró? –preguntó una de las abogadas defensoras.
—Ningún efecto.
En el juicio, Bonilla insistió en que solo obedeció órdenes. Los fiscales le preguntaron entonces por qué había emitido el informe, si carecía de cualquier legalidad.
—Lo emití por orden del presidente de la CCR, y le di dos ejemplares porque él me había dado la orden de hacer la auditoría.
