La Fiscalía General de la República acusa al expresidente Mauricio Funes de haber sobornado al exfiscal general Luis Martínez, quien dirigió el Ministerio Público entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, para que este le diera inmunidad y lo mantuviera informado de las investigaciones en su contra.
La Fiscalía asegura que Funes entregó dádivas a Martínez para comprar inmunidad “en muchos casos”, aunque solo mencionó dos ejemplos: el caso la Tregua, que arrancó en la gestión de Martínez y culminó en la administración de Douglas Meléndez. La Fiscalía procesó a directores y mandos medios de la Dirección de Centros Penales por haber favorecido con traslados irregulares a reos pertenecientes a pandillas, pero no al exministro de Seguridad (hoy de Defensa), David Munguía Payés y a Funes. El primero ideó la negociación del gobierno con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios; el segundo, conoció el plan y avaló la propuesta de su ministro.
Sin dar mayores detalles, el fiscal Meléndez señaló que Funes también habría comprado inmunidad para que no lo investigaran por las irregularidades en la construcción inconclusa de la presa El Chaparral, ubicada en San Miguel. El gobierno de Funes pagó 108.5 millones de dólares a la constructora Astaldi por una represa hidroeléctrica que no se construyó.
Según la Fiscalía, entre el expresidente Funes y el exfiscal Martínez medió dinero en efectivo y al menos tres vehículos de lujo, entre ellos, una camioneta Mercedes Benz, blindada y de lujo que primero estuvo a nombre de la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
Funes ya es requerido por el desvío de 350 millones de dólares de la Presidencia. Esta nueva acusación contra el exmandatario, el primer presidente de izquierdas en El Salvador (2009-2014), es solo una pieza en un caso más grande contra el exfiscal Martínez, señalado por haber convertido al ministerio público en una institución que vendía justicia para favorecer a empresarios, políticos y amigos. Funes, de hecho, se convierte ahora en el segundo personaje al que se le señala por haber comprado inmunidad en la administración de Martínez. El empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais es procesado en ausencia por otra trama de venta de justicia. Según la Fiscalía, Rais sobornó y patrocinó viajes para el exfiscal para lograr que la Fiscalía de Martínez actuara a su favor (para protegerlo en los tribunales o para procesar a terceros).
“Se hicieron actos ilegales e investigaciones contra personas que resultaban ser inocentes, y se emitieron actos de investigación para favorecer a personas que tenían que ser procesadas. También se archivaron investigaciones y a cambio se recibieron dineros, viajes, vehículos”, dijo el ahora fiscal Douglas Meléndez.
Según la Fiscalía, Rais patrocinó al exfiscal con 92 viajes en jets –entre misiones oficiales y viajes turísticos-, con un costo de 1.2 millones de dólares. También entregó dinero en efectivo y vehículos blindados. Entre los procesados en este nuevo también está procesado Hugo Ernesto Blanco Rais, sobrino del empresario.
“El fiscal general anterior corrompió y prostituyó la FGR”, dijo Douglas Meléndez, quien relevó a Martínez en enero de 2016. Ahora Meléndez procesará a 30 personas entre ellas a Martínez, seis exjefes de la FGR, cuatro empresarios y el exsecretario privado de la presidencia de Francisco Flores, Aldo Parducci. Según la Fiscalía, Parducci -amigo de Martínez- le ayudó a lavar dinero.
Los favores a Funes
El exfiscal Martínez ya había admitido, en noviembre de 2016, que la presidencia de Funes lo tuvo a sueldo durante 18 meses, a partir de diciembre de 2012, y que el pago oscilaba entre 10,000 y 20,000 dólares mensuales. “La cantidad que se me entregaba osciló aproximadamente entre los 36 meses ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10,000 hasta 20,000 dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué”, escribió Martínez en un documento dirigido a la sección de Probidad. Lo dijo en su defensa, cuando Probidad comenzó a investigarlo por enriquecimiento ilícito. La CSJ terminó abriéndole un proceso civil por no haber podido justificar un aumento en su patrimonio de casi medio millón de dólares.
La Fiscalía corroboró esa explicación de Martínez y llegó a determinar que las entregas de dinero a veces se hacían en una residencia al surponiente de la capital. “Cada vez que el exfiscal tenía una necesidad de requerir dinero, se reunían en la casa de Cumbres de Escalón (sic). El dinero era para que, si en un momento existía un tipo de investigación contra Mauricio Funes, se le fuera a informar inmediatamente”, dijo este martes Jorge Cortez, jefe fiscal contra el lavado de dinero. La casa en realidad está ubicada en la urbanización Cumbres de Cuscatlán, es la número 76 de la Calle Xochiquetzal. Según testigos protegidos que han declarado en el caso que investiga el uso de la partida secreta durante la administración Funes, el expresidente compró la residencia a su antecesor, el exmandatario Elías Antonio Saca (2004 -2009) y el pago incluyó el financiamiento a la campaña electoral de Saca, en 2013-2014, cuando intentó ganar la presidencia por segunda vez, con el movimiento Unidad.
Las dádivas al exfiscal Martínez, dice la Fiscalía, también las entregaba el gran amigo del expresidente Funes, el empresario de armas y de café, Miguel Menéndez Avelar, alias Mecafé, que fue detenido en junio pasado y que también financió la campaña presidencial de Saca en 2009. El periódico Diario 1 publicó un video en noviembre de 2016 en el que aparecen Mecafé y el exfiscal, en una oficina, conversando, y donde al final el empresario entrega un fajo de billetes al funcionario. El video está fechado 31 de julio de 2013, cuando Martínez estaba por cumplir ocho meses en el cargo.
Las investigaciones también revelan que Funes entregó tres vehículos de lujo con el ánimo de comprar inmunidad. Un vehículo Mercedes Benz convertible, una camioneta blindada BMW modelo X6, y otra camioneta Mercedes Benz que antes estuvo a nombre de Ada Mitchell Guzmán, su actual compañera de vida. En la sucesión de propietarios en el Registro de Vehículos se observa que esa camioneta pasó después a nombre del exfiscal Martínez. Funes llegó a la Presidencia en 2009 y al poco tiempo conoció a Guzmán, incluso le otorgó un pasaporte diplomático y equipó para ella un spa en la capitalina colonia Escalón. Funes se separó de su entonces esposa Vanda Pignato, procesada ahora por lavado de dinero junto a su hermana y su cuñado. Guzmán ahora vive con Funes en Nicaragua, país donde se encuentra asilado.
En la investigación penal por la Tregua, el fiscal Meléndez asegura que encontró un expediente vacío. “A mi llegada a la Fiscalía, básicamente, no se había hecho nada. Según recuerdo yo, como ciudadano, antes de llegar a la Fiscalía, la respuesta del exfiscal era, cuando le preguntaban los periodistas, que había sido una tregua hipócrita, pero nunca pasó de esa frase y nunca investigó. Prácticamente no había investigación”, dijo el martes en la conferencia. En la Tregua se procesan a exfuncionarios del gabinete de Seguridad de Funes y al mediador Raúl Mijango. Todos los acusados fueron exonerados por un juez, que en su resolución preguntó a la Fiscalía (la de Meléndez) por qué no acusó al ministro Munguía Payés.
Otro favor para Funes fue el estancamiento en la investigación por la construcción de la presa El Chaparral, por la que el Estado pagó 108 millones de dólares -compensación incluida para la empresa constructora- por una obra inconclusa. El fiscal Meléndez asegura que el caso se ha relanzado y que está a cargo un grupo de fiscales élite. “El expresidente pagaba las dádivas para que no se hiciera nada. Mencionamos estos casos porque esos son los que nos ha arrojado la información y la prueba, pero la impunidad y la compra de la justicia era también para otros casos y para otras personas que hemos identificado”, dijo Meléndez.
El fiscal asegura que siguen investigando otros casos y que los presentarán ante los juzgados cuando estén debidamente sustentados. El Faro preguntó si investigan a funcionarios de la presidencia del sucesor de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén, cuya administración –según reconoció el propio exfiscal- también pagó entre junio de 2014 y diciembre de 2015, entre 10,000 y 20,000 dólares mensuales a Martínez. “Hubo muchas personas que pagaron a la Fiscalía para lograr protección. El tema [los sobornos] del señor Martínez debe de investigarse, es más, en este momento tenemos investigaciones abiertas en ese sentido para verificar esas partes que él ha manifestado que recibió en esos fondos”, dijo el fiscal general.
Aseguró que el caso contra Martínez está sustentado con documentación contable, financiera y con testimonio de testigos criteriados, es decir, gente que participó de los delitos y en la presunta red de corrupción, pero que han decidido servir de testigos para recibir un beneficio en el proceso. El fiscal dijo que en el requerimiento que presentarán a los juzgados a más tardar el viernes 19, acusarán a 30 personas en total, aunque solo ha pedido la captura de 25 de ellas. “Hay más personas de la institución a las que vamos a acusar”, dijo Meléndez.
El botín de la FGR
Según la Fiscalía, Luis Martínez también habría sustraído 735,000 dólares de la institución a través de diversos mecanismos que van desde el uso de tarjetas de débito cargadas a cuentas de la Fiscalía, contratos amañados con empresas vinculadas a una red de corrupción, y pago de consultorías ficticias donde había coimas de por medio. “La Fiscalía fue penetrada por el crimen organizado y la corrupción habilitada directa y específicamente por la administración del fiscal general anterior”, dijo Meléndez.
Martínez fue notificado este martes 16 de la acusación por 10 delitos más, entre los que están cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero. Todos esos delitos los cometió, dice la Fiscalía, con la complicidad de seis jefes fiscales: Edgar Isaías Márquez, quien fue su mano derecha, fiscal adjunto y fiscal general interino tras el vencimiento del periodo de Martínez; Julio Adalberto Arriaza González, exjefe de Intereses del Estado de la Fiscalía, quien ya estaba procesado en otro tribunal por fraude procesal en el caso Rais-Martínez; José Francisco Paredes Valladares, exjefe de la unidad de patrimonio de la Fiscalía, quien después de pedir sobreseimiento a favor de Rais en algunos juzgados, pasó a trabajar para él; Mauricio Antonio Yanes Morales, exgerente general de la FGR, quien ordenaba consultorías ficticias -de las que se beneficiaba la estructura- junto al exgerente de recursos humanos de la institución, José Dolores Zelaya Mendoza. El sexto miembro de la FGR detenido por el caso es José Lito Morales Gutiérrez, quien era el colector de patrimonios especiales de la FGR, la unidad encargada de administrar los fondos decomisados al crimen organizado.
El fiscal Meléndez dijo que cuando llegó a la institución en enero de 2016, rotó ciertas jefaturas porque recibió información que los implicaba en actos irregulares. “Cuando llegué a la institución, tuve una información de lo que estaba ocurriendo y esa gente la moví”, dijo.
Entre los empresarios detenidos están Moisés Adalberto Torres Polanco, representante legal de la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S. A. de C. V. (Bodepa) y Jorge Moisés Nájera Aguilar, el gerente financiero de la sociedad. Esta compañía fue una de las que le dio solvencia fiscal a Luis Martínez en momentos de que sus finanzas personales y familiares estaban mal. “Antes de ser fiscal, Luis Martínez no tenía solvencia económica, no era sujeto de crédito y por eso esta empresa Bodepa le dio las cuatro tarjetas”, explicó el jefe fiscal Cortez.
Las cuatro tarjetas de Bodepa fueron usadas tanto por el exfiscal, su esposa Carla Francesca García Rossi y sus dos hijos. Los pagos de estas, por un valor de 429,503.10 dólares, los hacían con fondos públicos, dice la FGR. En noviembre de 2016, Luis Martínez señaló que tenía una relación de parentesco con accionistas de Bodepa y que también había trabajado como abogado para ellos desde antes de convertirse en fiscal general. Las tarjetas, dijo Martínez en aquel entonces, fueron “una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.
La familia de Torres Polanco fue dueña de los antiguos supermercados “La Tapachulteca” y también presidió el Club Deportivo Luis Ángel Firpo. El empresario detenido es también hijo del expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol Sergio Torres y hermano de Juan Sifrido Torres, quien también llegó a la presidencia de la Fesfut en 1996 y terminó procesado en 2000 por malversación de fondos. En aquellos años, uno de los abogados de Juan Torres era Óscar López Jerez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. López Jerez es amigo del Luis Martínez, tanto que en 2014 dijo a empresarios que él podía interceder ante el entonces fiscal para obtener beneficios judiciales. López Jerez admitió en una entrevista a El Faro que pidió un favor a Martínez. A los empresarios les dijo que el exfiscal le había cumplido. La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado por las actuaciones como abogado de López Jerez, elegido en 2015.
Entre los detenidos también está Aldo Vinicio Parducci, el exsecretario privado del tercer presidente de Arena, Francisco Flores, quien gobernó entre 1999-2004. Parducci fue uno de los exfuncionarios del gabinete del expresidente Flores a quien la sección de Probidad de la CSJ tuvo bajo sospechas de enriquecido ilícitamente, en 2005. Esa investigación fue detenida por la corte plena presidida por el exmagistrado Agustín García Calderón. A Parducci ahora se le acusa de haber ayudado a lavar dinero al exfiscal Martínez, quien lo ha señalado como su amigo.
Parducci entregó un préstamo en efectivo, no bancarizado, a Luis Martínez por 200,000 dólares en febrero de 2013, apenas dos meses después de haber asumido el cargo. El préstamo, dijo Martínez a la Sección de Probidad, le sirvió para pagar la hipoteca de su residencia en la residencial Joya de Las Piletas, en Nuevo Cuscatlán. Pero esa hipoteca, dicen ahora los fiscales, nunca se inscribió legalmente en el registro de la propiedad del Centro Nacional de Registros. Aun así, Martínez se las arregló para pagar el préstamo a través de un terreno que Parducci comenzó a alquilar a la Fiscalía a partir de 2013. En ese terreno, ubicado en San Juan Opico, La Libertad, la FGR tiene ubicado su archivo general. Parducci arrendó el inmueble a un precio superior al de mercado. En tres años, dicen los fiscales, la FGR pagó 711,900 dólares, lo que equivale a arrendar el inmueble a casi 20,000 dólares al mes.
Este no fue el único favor que vincula al exfiscal con funcionarios de Arena. En la presentación de Power Point que la unidad de prensa de la FGR compartió con los periodistas, hay una lámina que explica que Martínez también actuó de manera irregular en el caso de los 10 millones de dólares que entregó la República de Taiwán al expresidente Flores. Según la lámina, Martínez torpedeó el trabajo de sus subalternos en el expediente número 06-UIF-2014. “Luis Martínez objetó las calificaciones jurídicas propuestas y las imputaciones que fueron presentadas en los proyectos de requerimientos fiscal presentados en dos ocasiones”, se lee en el documento. Martínez también obvió la imputación por los delitos de lavado de dinero, y de enriquecimiento ilícito, y solo acusó al expresidente Flores por peculado y desobediencia de particulares, según se lee en el archivo de Power Point.
Pero también el documento revela que los investigados en ese caso eran más que solo el expresidente Flores. También estaba el presidente del antiguo Banco Cuscatlán, José Mauricio Felipe Samayoa Rivas quien, a pesar de los testimonios y documentos que lo vinculaban al incumplimiento de leyes bancarias para hacer llegar a Arena los fondos donados por Taiwán, nunca fue procesado. Samayoa Rivas también era dueño de una empresa que vendió a la fiscalía de Luis Martínez un inmueble donde se planeaba construir las nuevas oficinas de la FGR. A pesar de que su nombre le saltó a los investigadores, Samayoa nunca fue procesado y, por el contrario, firmó aquel contrato con la institución que lo debía investigar por lavado de dinero.
Otros personajes que resultaron beneficiados por la inacción del exfiscal Martínez fue Gerardo Balzaretti, presidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth, organización que canalizó –y ocultó– los 10 millones de dólares de Taiwán que usó Arena para la campaña presidencial de Saca en 2004. También estaban investigados tres personas que siempre han dicho desconocer cómo ocurrió la triangulación de dinero: el exdiputado Federico Guillermo Ávila Qüehl que tenía firma en dos cuentas bancarias por las que pasó el dinero de Taiwán; José Antonio Salaverría Borja, expresidente de Arena, y Eduardo Zablah Touché, extesorero del partido. Otros investigados eran el propio expresidente Saca – ahora condenado a 10 años de prisión por haber utilizado ilegalmente la partida de gastos reservados de la Presidencia- y Juan Tennant Wright Castro, extesorero y exfinancista de Arena.
El fiscal de Rais
Contra el exfiscal Martínez y el empresario Enrique Rais hay abiertos dos casos en los que la Fiscalía señala una complicidad entre el exfuncionario y el empresario para que este último fuera favorecido en cortes. Ahora la Fiscalía señala que tiene nuevas pruebas en esta trama, y asegura que encontró comunicaciones entre el exfiscal, Rais y exjefes fiscales donde queda en evidencia que el magnate de la basura se ponía de acuerdo con Martínez para recibir respaldo de la FGR. “Son verdaderos casos fabricados. Se favorecía a Enrique Rais y a Hugo Blanco Rais con archivos administrativos dentro de la Fiscalía, y con sobreseimientos definitivos que se solicitaban en los tribunales”, explicó Douglas Meléndez. “Incluso se llegó a cometer detenciones arbitrarias”, añadió.
La Fiscalía dice que, bajo el mando de Martínez, efectuó investigaciones falsas, archivó expedientes, efectuó acusaciones manipuladas, y ordenó detenciones ilegales. Meléndez y el jefe contra lavado de dinero Jorge Cortez dijeron que de cada una de esas actuaciones tienen ejemplos, pero en la conferencia solo explicaron algunos de ellos.
Entre las dádivas que daba Rais, la Fiscalía contabilizó que Martínez viajó en 92 ocasiones –en misiones oficiales y en vacaciones- a bordo de aeronaves privadas de Rais. La mayoría de los viajes, dijo Meléndez, fueron a Estados Unidos. En diciembre de 2014, a dos años de haber llegado al cargo, El Faro reveló 42 de esos vuelos sospechosos y secretos de Martínez. Sospechosos porque los patrocinaban las empresas del hombre que debía investigar, Enrique Rais, y secretos porque la Fiscalía nunca los mencionó en la bitácora oficial de vuelos del funcionario. Muchos de esos viajes tenían como objetivo el combate al crimen, pero tenían un pecado: los 14 aviones utilizados eran nueve empresas relacionadas a Rais: Avtran LLC, Rais Group International NC LLC, Aviators II LLC, Hawker 800 LLC, JODA LLC, Citation 501RL NC LLC, Park Avenue Group INC, Marsella Invest Capital Corp. (Enrique Rais se puso como propietario a partir de agosto de 2015), y Helicópteros S. A. de C. V.
Los vuelos ocurrieron entre febrero 2013 y noviembre de 2015. El primero y el último fueron a Costa Rica. Pero en ese lapso, y por un costo total de 1.2 millones de dólares, Luis Martínez también viajó a Estados Unidos, Barbados, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Honduras.
Rais también entregó dos camionetas marca Porsche, modelo Cayenne, blindadas, y un tercer vehículo al exfiscal, por un costo de 69,432 dólares.
Los investigadores aseguran que Martínez intentó reelegirse en el cargo con arreglos bajo la mesa, y que eso quedó documentado en el teléfono celular del exfuncionario. En diciembre de 2015, El Faro reveló que los empresarios Enrique Rais, José Luis Merino (Ramiro Vásquez, del FMLN), Tomás Regalado padre (azucarero) y Francisco Calleja eran los que pujaban y hacían lobby a favor de Martínez para su reelección. Calleja es presidente de la cadena de supermercados Súper Selectos. Su hijo, Juan Carlos Calleja Hakker, es el vicepresidente del emporio y ahora corre por la presidencia de Arena. “El exfiscal tenía comunicación con muchas personas. Con Enrique Rais, con funcionarios, empresarios, donde arreglaba los casos, donde él incluso, en ese documento, se veía cómo estaba negociando su reelección, a través de la compra de la impunidad”, dijo el fiscal Douglas Meléndez.
Como ejemplos, Meléndez citó el caso que investigaba la UIF de la Fiscalía denominado 'Aguas azules', por ser el nombre de una de las empresas donde le representante legal es su sobrino, Hugo Blanco Rais, también procesado en este caso. El fiscal Cortez explicó que en dicha investigación se emitió un auto de archivo definitivo al interior de la Fiscalía.
La Fiscalía también dice que debido al patrocinio de Rais al fiscal, “algunas personas fueron detenidas provisionalmente con elementos falsos”. Es el caso de Claudia Herrera y su esposo Mario Calderón, abogado y exsocio de Rais. Fueron detenidos porque la FGR, en tiempos de Martínez, montó siete procesos contra ellos.
Según la investigación, Rais también se benefició a través de un contrato fraudulento para que Mides, su empresa, destruyera una incautación de precursores químicos (monometilamina) para fabricar metanfetaminas. En 2014 hubo una incautación en Acajutla de dicho producto y la destrucción se hizo en dos etapas. La segunda parte fue la que benefició a Mides. “De alguna manera se favoreció que entrara MIDES. Se le dio a esta empresa un tiempo prudencial para que sacara los permisos ambientales y poder favorecerla con ese contrato millonario para que pudiera destruirlo en sus instalaciones”, dijo el fiscal Cortez. El investigador explicó que hubo un sobreprecio de 52 mil dólares, cuando había otra oferta más barata que había ofrecido destruir el producto por 846 mil 241 dólares.
El exdirector de los intereses del Estado de la FGR, Julio Arriaza, es otro de los acusados en este caso. Arriaza ya estaba siendo procesado por fraude procesal en un caso que involucra a Rais. Meléndez asegura que cuando llegó a la institución en enero de 2016, rotó al personal porque sabía de la infiltración. “Cambié a Julio Arriaza, supe que había una estructura y aunque aún no tenía pruebas suficientes, sí tenía información como para cambiarlo. A Arriaza lo cambié donde no tuviera que ver con investigaciones”, dijo Meléndez.
Otro de los procesados es Francisco José Paredes, el exfiscal que luego trabajó para Rais y que está prófugo. “Lo trasladé para Chalatenango porque me dieron información de lo que estaba haciendo”, dijo Meléndez. En 2013, Paredes era el fiscal encargado de investigar a Rais. El Faro tiene un documento en el que Paredes se presenta –en 2015– como querellante en un caso en el que representa los intereses de Rais. El 20 de diciembre de 2013, Franco Pacetti y Matteo Pasquale, dos empresarios canadienses que fueron socios de Rais, lo denunciaron por administración fraudulenta y estafa. Paredes fue el fiscal a cargo de averiguar si Rais había delinquido. En lugar de eso, Paredes pidió cerrar el caso argumentando que no existían afectados porque no había delito que perseguir. Casi un año después, el 28 de noviembre de 2014, el Juzgado Decimocuarto de Paz de San Salvador sobreseyó definitivamente a Rais
Martínez desvió dinero incautado a narcos
El exfiscal sustrajo 735 mil 866 dólares con 14 centavos de la Fiscalía, a través de distintos mecanismos. Bajo su dirección, algunos funcionarios ordenaron consultorías ficticias por las que se pagaban miles de dólares y en las que luego había un retorno monetario, remodelaciones de viviendas, mantenimiento y blindaje de vehículos particulares, pagos de recibos de telefonía personal, cobro de viáticos irregulares, etc.
El exfiscal también ordenó un cambio en el organigrama de la institución para que él pudiera disponer de los fondos incautados a bandas criminales. “Había dos cuentas patrimonio especial de narcotráfico y patrimonio especial de la UIF. Se modificó el organigrama institucional y se crearon reglamentos que permitieron sustraer fondos de dichas cuentas”, dijo Cortez. Y fue así como Martínez y la red en la Fiscalía logró sustraer la mayor parte del dinero que se le acusa de haber malversado, unos 677,356.34 dólares. Martínez usaba una tarjeta de débito cargada a dichas cuentas y en las misiones oficiales hacía gastos superfluos.
Según la investigación, Martínez nombró al colector de patrimonios especiales de la FGR, José Lito Morales, para que ubicara en los juzgados todos los montos de dinero incautados en procesos de lavado de dinero. Luego, él y el gerente general de la institución, Mauricio Yánez, solicitaron que ese dinero ingresara a la cuenta de patrimonio especial, y de ahí lo sacaban para uso personal.
El exgerente general Mauricio Yanez se vio favorecido con 31 consultorías para las que contrató nueve personas, entre naturales y jurídicas. Los “consultores” que devolvían un 80% de lo recibido, según la Fiscalía, y así fue como Yánez se benefició con 257 mil dólares. Entre los consultores fantasma está el director del diario Latino Eduardo Vásquez Becker. Según Cortez, él recibió 30 mil dólares por una consultoría inexistente. Otras personas contratadas fueron los abogados Karla Ivette Escamilla y José Ángel Gómez Guillén, Benedicto Guevara Guevara, Miguel Gustavo Rivera Oliva, Sandra Licette García Fernández, Francisco Salinas Montenegro, César Augusto García Barrera, Pastor Glodobaldo Pérez (exaspirante a fiscal general), Mario José Guardado Valentín, Wilson Alexander Nieto Alvarado, María Soledad Menjívar González.
Yanez, según la FGR, es el responsable junto al exgerente de recursos humanos, José Dolores Zelaya, de haber creado esas consultorías ficticias. Usaron las cuentas especiales, tanto de narcotráfico, como de la unidad de investigación financiera, como por ejemplo, los 14.5 millones de dólares que se encontraron en dos lugares distintos en el año 2010, una en Lourdes y otra en Zacatecoluca. Zelaya se benefició con 84 mil dólares con el esquema de contratación de consultorías ficticias.
El fiscal Meléndez detalló que también las empresas relacionadas al Cártel de Texis, Hotesa S. A. de C. V. y Agroindustrias Gumarsal S. A. de C. V. salieron beneficiadas con la interrupción de una investigación por lavado de dinero. Martínez, según la acusación, ordenó el cierre de los expedientes el 28 de julio de 2015 para permitirle a dichas empresas ser sujetas de crédito. En abril de 2017, la Fiscalía dirigida por Meléndez procesó a los representantes de esas sociedades, entre estos Juan Umaña Samayoa, 'Chepe Diablo', por lavado de dinero.
