“La institucionalidad del agua ha sido privatizada”

El lunes 18 de marzo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa aprobó la conformación de la Autoridad Nacional del Agua, un ente rector en el que el sector público es minoría para regular los permisos de explotación, aprobar cobros sobre el uso y aprovechamiento del agua y monitorear y fiscalizar el uso eficiente del recurso. 

Por mayoría, los partidos Arena, PCN, PDC y uno de los diputados de Gana aprobaron una junta reguladora con siete representantes: uno por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (que tendría la presidencia del ente rector); uno por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, uno por la Universidad de El Salvador, un representante de las municipalidades convocadas por la corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures), un representante de las juntas de agua, un representante para el “sector productivo agropecuario" y otro más para el "sector productivo industrial”.

Para Andrés Mckinley, especialista en agua y minería de la Universidad Centroamericana, "la institucionalidad del agua ha sido privatizada". A esa misma conclusión han llegado organizaciones sociales y académicos después de la aprobación del artículo 14 de la Ley de aguas, uno de los artículos más controversiales del anteproyecto, cuestionado desde mediados de 2018, cuando el partido Arena defendió la intención de llevar a ese ente rector a dos representates de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

"Una junta directiva dentro de un ente rector que se controla por elementos del sector privado es equivalente a privatizar el agua", asegura Mckinley, que pide entender un hecho fáctico: en esa conformación, el sector público solo cuenta con tres votos. Aunque de hecho, para ser más precisos, el Estado solo cuenta con dos: los representantes de los ministerios, dado que la Universidad de El Salvador (que ha rechazado esta propuesta) si bien es una institución del sector público, ha sido nombrada en esa instancia como representante de las universidades del país y no como una instancia del Estado. 

Aunque si se entiende a la plaza para la UES como proveniente del sector público, para Mckinley sigue siendo clara la desventaja para el Estado en la toma de decisiones (cuatro contra tres). "Arena logró impulsar la agenda que ha tenido desde hace años", dijo en El Faro Radio del 19 de marzo. 

"Una junta directiva controlada por elementos del sector privado implica dar prioridad en la toma de decisión sobre las políticas del agua, los planes hídricos, el uso del agua a los intereses del sector privado y, más que todo, de la  gran empresa", cuestiona el experto. En ese sentido, el especialista reconoce un problema también señalado por la ministra de Ambiente Lina Pohl: que uno de los entes regulados no puede también ser parte del ente regulador.

La integración del ente rector del agua fue uno de los puntos más discutidos en la comisión y provocó un estancamiento en los avances de la ley, hasta el punto de soslayarla durante casi toda la campaña electoral pasada. Sin embargo, la intención de los partidos de derecha, desde que comenzó a estudiarse el artículo 14, nunca varió.

Un cambio de nombres

El 5 de junio del 2018, la comisión decidió tomar como prioridad la aprobación de una ley de aguas que decidió basarse en la Ley Integral de Aguas presentada por el exdiputado de Arena Johnny Wright. En este anteproyecto se proponía como autoridades a un miembro designado por el presidente, dos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y dos de Comures. Inmediatamente la Universidad de El Salvador convocó una protesta que culminó con una trifulca a las puertas de la Asamblea, con guardias privados y algunos manifestantes como protagonistas. 

A partir de ese momento, la Comisión entró en un impasse y se tardó nueve meses para llegar a este veredicto. Pero la intención no varió, aunque la presidenta de la Comisión, Martha Evelyn Batres, aseguró a El Faro Radio que su partido, Arena, no tenía como pundo de honor defender dos plazas para la ANEP, una gremial que ha dicho que el Estado no debería de controlar al ente rector del agua.

En octubre, los partidos de derecha maniobraron para incluir a representates del sector privado. En lugar de mencionar a dos plazas propuestas por la ANEP,  los diputados le cambiaron el nombre a plazas de "sectores productivos agropecuarios e industriales". Esta propuesta surgió de Arena y fue respaldada por Gana, el partido del ahora presidente electo, Nayib Bukele. 

La inclusión de los sectores productivos agropecuarios e industriales implica la intervención de organismos que tienen intereses en el tema. Es el sector productivo agropecuario, según datos del Marn, es el mayor usuario del agua en El Salvador usando el 50 % del recurso. En la votación del lunes 18, el diputado Adelmo Rivas de Gana votó por el sector agropecuario pero no votó por el representante del sector productivo. Rivas tampoco voto por la plaza para la UES. "El sector productivo agropecuario son los que producen alimentos, en cambio el sector productivo industrial son los que procesan agua, como los embotelladores. Por eso no voté por ellas", se excuso Rivas. "Era agropecuario o industrial, no podían estar los dos", añadió. 

"La gran empresa ha sido de los factores causantes más importantes de la crisis hídrica, por la sobreexplotación y contaminación. Ha sido de los principales causantes de la crisis hídrica sin regulación, sanción ni legislación ni institucionalidad que garantice el manejo equitativo, eficiente y sostenible de este recurso", dijo Mckinley.

Aunque asegura que el principal reclamo es sobre la participación de dos representantes del sector privado, Mckinley también opone resistencia a que la junta del agua o Comures tenga voto en esta directiva.  "La junta de agua no debe estar en la junta directiva porque genera una contradicción de intereses. Tendrían que ser titulares de intereses para la extracción de agua y no puede estar en la junta directiva", dice Mckinley, quien alega que las juntas tienen un papel muy importante en la administración del agua, pero defiende que deben existir otros mecanismos para que participen e incidan en el ente rector, pero no como parte de su junta directiva.

Sobre Comures, una corporación que aglutina a las municipalidades de El Salvador, Mckinley señala que es un "actor privado con intereses de privados" y señaló que la comisión votó por incorporar a municipalidades a la junta directiva, aunque el decreto estipula que será Comures quien designe a ese delegado a través de una asamblea. Comures, de hecho, se define como una entidad de derecho privado y "no gubernamental", aunque su conformación parte de un Congreso en el que participan representantes de los municipios agremiados.  

La maniobra de la Asamblea dominada por los partidos de derechas (Arena, PCN y PDC suman 49 votos) ha provocado un fuerte rechazo de los movimientos sociales, del FMLN y del presidente electo, Nayib Bukele. Este último se pronunció contra la forma de integración y llamó al presidente Salvador Sánchez Cerén a vetar la ley si se aprueba con esa integración de autoridades. “La junta directiva del Ente Rector del Agua debe estar conformada únicamente por miembros del sector público y de estos, los que más tienen que ver con su uso (a excepción de ANDA, que sería un proveedor de servicios). También podría incluirse un miembro de la academia”, dijo Bukele en sus redes sociales. La aprobación de ese artículo provocó que Bukele reanudara su enfrentamiento con el presidente de Arena, Mauricio Interiano, y suspendiera una reunión que habían programado con antelación. 

Arena y los diputados de derecha defienden que la participación de representantes de los sectores agropecuarios, industriales, Comures y junta de agua no implica una privatización. En la tarde del 19, el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, declaró que Arena está abierta a llegar a consensos sobre la conformación de la Autoridad Nacional del Agua".

Este 20 de marzo, sin embargo, organizaciones sociales marcharon hacia la Asamblea para protestar por la aprobación de ese artículo de la ley de aguas, que apenas va por el artículo 14 de 160.

El diputado de Arena Gustavo Escalante ha pedido que se dé marcha atrás a la aprobación de este ente rector del agua. En el mismo sentido se pronunciaron las diputadas Milena Mayorga y Felissa Cristales a través de sus redes sociales. Ellos son tres de cuatro diputados de Arena que han estado enfrentados con la dirección de su partido desde que decidieron apoyar una propuesta de Bukele para reorientar un préstamo para la construcción del edificio legislativo de la Asamblea Legislativa. 

*Con reportes de Carmen Valeria Escobar

 
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