La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa de El Salvador que no apruebe la nueva amnistía para criminales de guerra del ejército y la guerrilla que los diputados estudian desde el 19 de febrero de este año.
'Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador', señaló Bachelet, en un comunicado que difundió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Centroamérica.
La comisión ad hoc que estudia la aprobación de una ley de reconciliación se formó en junio de 2018, pero hace tres semanas acordó tomar como punto de partida para redactar la ley un documento presentado por el diputado Rodolfo Parker. El borrador de Parker concede'amnistía amplia, absoluta e incondicional' a las personas que hayan participado en delitos de guerra entre 1980 y 1992, independientemente del sector al que hubieran pertenecido, es decir los diferentes cuerpos de seguridad estatales, la guerrilla o grupos paramilitares conocidos como 'escuadrones de la muerte'.
El diputado Parker contestó en Twitter a Bachelet. 'Al hablar de amnistía amplia, absoluta e incondicional, el documento se refiere a delitos distintos a crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, los cuales están excluidos y además sujetos a judicialización', escribió el diputado. Además, sugirió a la comisionada que vea el documento completo, y adjuntó un enlace. Parker no contestó a El Faro la pregunta de si piensa que la alta comisionada de la ONU no leyó el documento antes de pronunciarse o está mal asesorada. 'El hecho cierto es que en el documento se excluyen de amnistía los delitos de lesa humanidad y los de graves violaciones al derecho internacional humanitario', dijo el legislador.
Aunque el borrador de Parker excluye de la amnistía casos de lesa humanidad y crímenes graves, sí establece que ningún caso podrá terminar con personas encarceladas o con algún tipo de responsabilidad civil. Esto significa que los juicios de casos de la guerra civil solo podrían terminar con condenas de trabajos de utilidad pública para los culpables. El documento de Parker establece que esa regla aplicaría a casos en desarrollo, como el juicio de la masacre de El Mozote, casos contra los que haya sentencia o casos que estén por abrirse.
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Por esas claúsulas es que la alta comisionada señaló que ese anteproyecto 'reestablecería a la práctica una 'amnistía absoluta e incondicional' para algunas de las serias violaciones de derechos humanos cometidas en El Salvador durante el conflicto armado de 1980 a 1992'. El comunicado dice que el anteproyecto 'impediría la investigación, el encausamiento y la sanción de graves delitos perpetrados durante el conflicto', advierte la 'instauración de procedimientos engorrosos, estatutos de limitación y plazos que restringirían las investigaciones penales' y señala que la ley 'suprimiría completamente las penas de prisión'.
El llamado de Naciones Unidas viene después de que 21 organizaciones de derechos humanos, salvadoreñas y extranjeras, condenaran el intento de aprobar una nueva amnistía, en un pronunciamiento del 27 de febrero. Incluso el FMLN, que en principio acogió la propuesta de Parker, dio marcha atrás ante la presión. En la más reciente reunión de la comisión ad hoc, el 5 de marzo, el FMLN pidió de forma contundente que Parker iniciara el proceso formal de un anteproyecto de ley para discutirlo, en vez de solo presentarlo a los legisladores, como ha hecho hasta ahora.
Solo 15 días antes, Damian Alegría, diputado del FMLN, anunció que el borrador de Parker era el punto inicial de discusión para la ley. Pero el vuelco del Frente es total: ahora pide que se apruebe una propuesta de ley de reparación para víctimas a la que dio iniciativa en agosto de 2017, pero que lleva casi dos años engavetada. Aunque el 19 de febrero los diputados acordaron empezar a discutir sobre el proyecto de Parker este 5 de marzo, ahora decidieron volver a sus partidos a recoger insumos para su próxima reunión.
La guerra civil salvadoreña terminó con unos acuerdos de Paz, mediados por la ONU, que se firmaron el 16 de enero de 1992. Las cifras oficiales hablan de más de 75,000 muertos, 7,000 desaparecidos y pérdidas económicas multimillonarias. En 1992 se aprobó una ley de reconciliación para que los exguerrilleros pudieran incorporarse a la vida política.
Un año más tarde, se firmó otra amnistía absoluta, impulsada por la derecha legislativa, solo días después de que se publicara el informe de la comisión de la verdad de Naciones Unidas. Ese informe señala del 63.5 % de casos de violaciones de derechos humanos al Ejército y cuerpos de seguridad, de 32.8 % a paramilitares y escuadrones de la muerte, y de un 3.6 % al FMLN. La segunda amnistía duró 24 años, hasta una sentencia de la Sala de lo Constitucional, en julio de 2016.
Gisela de León, directora legal del Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL) dijo a El Faro que los intentos de una nueva amnistía son parte de 'una tendencia regional para generar retrocesos en los pocos avances de acceso a la justicia'. Para de León, este tipo de leyes 'buscan proteger a personas que cometieron violaciones de derechos humanos'. Además, la abogada recordó que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ordenaron a El Salvador dejar de aplicar amnistía, por ejemplo, en el caso de El Mozote, una masacre de casi mil civiles, en diciembre de 1981.
La alta comisionada Bachelet advirtió que la aprobación de una nueva amnistía otorgaría 'impunidad a los autores de delitos muy graves' y de paso 'aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen'. 'Exhorto a los legisladores a que aprovechen la oportunidad histórica de crear condiciones para la reconciliación, mediante la aprobación de una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas', añadió la funcionaria chilena.
*Esta nota fue construida con reportes de AFP y Roxana Lazo.
