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31 meses después, el FMLN se acuerda de que está en contra de la amnistía

Desde que se abolió la amnistía en julio de 2016, el FMLN comenzó a tambalear en su discurso histórico contra la impunidad y la persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidos en la guerra. En 2017 incluso trabajó un proyecto que buscaba liberar de cárcel a los criminales de guerra. Ahora, acorralado, se pronuncia en contra de la nueva ley de amnistía propuesta por el diputado Rodolfo Parker y rescata del archivo un proyecto de ley de reparación integral presentado por organizaciones de víctimas de la guerra que llevaba, empolvado, 18 meses. 

 
 

Familiares y víctimas de la masacre de El Mozote esperan afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. 30 de marzo de 2017. Foto: Fred Ramos
 
Familiares y víctimas de la masacre de El Mozote esperan afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. 30 de marzo de 2017. Foto: Fred Ramos

Ocho días después de que el diputado Rodolfo Parker presentara una propuesta de ley que busca devolverle la inmunidad a los criminales de guerra, el FMLN desempolvó una propuesta de ley de reparación para víctimas de la guerra civil, presentada en agosto de 2017 por las víctimas, para anunciar que, ahora sí, está en contra de una nueva amnistía. 

El FMLN convocó a una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. del 27 de febrero para desligarse de la propuesta de Parker, que preside la Comisión Ad Hoc en la que hay un representante del FMLN. Dos horas antes, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, que agrupa a 21 organizaciones defensoras de derechos humanos, demandó a los diputados que desestimen la moción “dada su naturaleza inconstitucional, violatoria del derecho internacional y claro menosprecio a la dignidad de las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”,

“Hemos apoyado la propuesta presentada por las víctimas. Vamos a ver si hoy quieren discutirla”, dijo la diputada Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN y excomandante de la guerrilla, en esa conferencia. “Sostenemos que no vamos a apoyar ninguna propuesta que a su base tenga la impunidad. Tomemos como base la que tiene un proceso en la Asamblea. Esa propuesta de ley tiene elementos de verdad, reparación, no repetición y justicia”, dijo Díaz.

El Frente ha dado un giro de 180 grados desde que Parker presentó su borrador, el 19 de febrero. En esa ocasión, la primera reacción del partido no fue de rechazo, sino de aceptación. El diputado Damián Alegría dijo que el borrador de Parker era “el punto inicial de discusión” para la nueva ley, según declaraciones que recogió la prensa oficial de la Asamblea Legislativa, el 19 de febrero, día en que la comisión ad hoc sesionó.

“Creo que sí puede movilizar la opinión de algunos sectores para que se comience a perfilar por donde podemos ir en esta dirección y quizás no tener mucho temor de que este puede generar un lío”, dijo Alegría. “Lo peor es que no hagamos nada, eso es lo que organizaciones de derechos humanos que están cerca de las víctimas condenarían, que no hiciéramos nada”, agregó.

Esa postura fue rápidamente corregida por otros diputados del FMLN. “Vuélvalo a llamar al diputado Alegría y vuélvale a preguntar eso. La posición oficial del grupo parlamentario la lleva la jefatura de fracción y ahí discutimos nosotros”, dijo Manuel Flores, otro diputado del FMLN, en la entrevista de El Faro Radio, el 26 de febrero.

En efecto, la posición de Alegría cambió drásticamente. Seis días después de considerar que la propuesta de Parker sería el punto de partida, el diputado efemelenista descalificó el documento. “Ese papel que Parker compartió en la Comisión Ad Hoc, no puede llamarse ni pieza de correspondencia ni tampoco expediente. Es un simple papel con las ideas de Parker”, escribió Alegría en su cuenta de Twitter, el 25 de febrero, dos días antes de que la jefa de fracción definiera la postura oficial de los 23 diputados de la bancada efemelenista. 

La ambigüedad que ha demostrado el FMLN con la propuesta de Parker es similar a la ambigüedad que demostró con la que solía ser una de sus luchas históricas: la derogatoria de la ley de Amnistía de 1993. Cuando era diputado, el ahora presidente Salvador Sánchez Cerén exigía el juzgamiento de casos de la guerra civil. “Tal como lo decían los Acuerdos de Paz, tiene que haber reconciliación, y muy difícilmente hay reconciliación si aquellos que cometieron grandes daños a la sociedad no son sometidos a la justicia”, dijo Sánchez Cerén a El Faro en agosto de 2001. En cambio, en julio de 2016, cuando la Amnistía fue expulsada de la ley salvadoreña, el presidente consideró que en su sentencia, los magistrados de la Sala de lo Constitucional “ignoran o no miden los efectos que pueden tener en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad”.

Luego, con la Sala exigiendo avances para el cumplimiento de la sentencia, la presidencia de Sánchez Cerén se comprometió a presentar su propio proyecto de ley en marzo de 2017, según declaró el entonces secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas. Eso, sin embargo, nunca ocurrió, aunque la secretaría jurídica de Casa Presidencial trabajó un borrador que buscaba una nueva ley que permitiera a los criminales de guerra evitar la cárcel.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, recibe peticiones de reparación de representantes de víctimas de la guerra, durante la conmemoración del 25 aniversario de los acuerdos de Paz, en enero de 2017. Foto: Archivo El Faro
 
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, recibe peticiones de reparación de representantes de víctimas de la guerra, durante la conmemoración del 25 aniversario de los acuerdos de Paz, en enero de 2017. Foto: Archivo El Faro

Un proyecto abandonado

Exceptuando la del diputado Parker, la única propuesta formal para una nueva ley de reconciliación fue introducida a la Asamblea por organizaciones de derechos humanos. Ese proyecto, llamado ley de reparación integral para víctimas del conflicto armadoingresó hace 18 meses a la comisión de justicia y derechos humanos con apoyo de la diputada Nidia Díaz. Luego, fue transferida a la comisión ad hoc junto con el resto de expedientes relacionados a la nueva ley de reconciliación. No pasó nada. Fue tal el abandono que en julio de 2018, la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero, instó a los diputados a “no tener miedo” para retomar la discusión de esa ley.

La propuesta fue presentada por primera vez en enero de 2017, en la celebración del 25 aniversario de la paz. El presidente Sánchez Cerén recibió de manos de las víctimas las peticiones de reparación en un evento realizado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en la capital. 

La ley, sin embargo, nunca avanzó en la agenda legislativa del FMLN ni de la Asamblea. Ocho meses después de instalada la Comisión, esa pieza nunca pasó por el radar de los diputados, como sí lo hizo la propuesta de Parker para iniciar las discusiones. Aunque Díaz asegura que el FMLN ha propuesto en varias ocasiones la discusión de esa propuesa hecha por las víctimas, el activista Héctor Recinos, uno de los promotores de ese proyecto dice que no es cierto. “La archivaron y dijeron que de ahí iban a recoger elementos. No hay ningún resultado porque el interés era de hacer la ley de reconciliación. Lo conveniente para ellos era hacer algo a su medida”, dijo Recinos a El Faro.

Díaz, además, ha sido cuestionada por su respaldo a esa comisión desde agosto del año pasado.  “Ha habido todo un proceso: llegaron constitucionalistas, firmantes de los Acuerdos de Paz, expertos internacionales, organizaciones de derechos humanos que presentaron un proyecto y esa la tenemos en la comisión, hicimos un foro”, dijo Díaz, en una entrevista televisiva en Canal 33. “Tenemos suficientes elementos para comenzar a construir”, agregó.

No obstante, la propia integración de la comisión ha sido uno de los puntos que la organización ha cuestionado. “Les planteamos que no estábamos de acuerdo y que desautorizábamos a la comisión para formular esa ley. Nuestra posición siempre fue no estar de acuerdo porque la comisión la integraban personas involucradas en la guerra, señaladas en el Informe (de la comisión de la verdad)”, dijo Héctor Recinos a este periódico.

La asociación de derechos humanos de El Mozote también difundió un comunicado para rechazar la propuesta de nueva amnistía. "Nos decepciona y nos causa indignación que otra vez se busque negar nuestro derecho a la justicia, después de tantos años", dice la carta. "El perdón no llega por un decreto impuesto por el Estado, sino después de que la verdad ha sido plenamente revelada y se ha hecho justicia; llegará después que expresen su arrepentimiento quienes cometieron este crimen tan terrible", dice la carta firmada por representantes de víctimas de la masacre de mil personas cometida en 1981.

La derecha tiene los números para una nueva amnistía

Las organizaciones de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador han pedido a la Asamblea que disuelva esta comisión Ad Hoc (integrada por dos exmilitares, una exguerrillera y un abogado señalado por obstruir la investigación del caso jesuitas) y que el proceso para la formulación de la ley vuelva a empezar. Sin embargo, lejos de eso, la propuesta de Parker ha sumado algunos apoyos.

Por ejemplo, Patricia Valdivieso, diputada de Arena, dijo este 25 de febrero que cree que la amnistía debe existir, porque fue uno de los requisitos para la firma de la Paz. “Se hizo una amnistía para que se pudieran tener unos acuerdos de paz. ¿Vamos a cambiar las reglas del juego? Mi temor es que las generaciones de aquella época aún están aquí. Y es abrir heridas del pasado y creo que sí va a ser complicado para los salvadoreños. Las nuevas generaciones no quieren saber de la guerra”, dijo Valdivieso.

La diputada insiste en uno de los argumentos viejos de la derecha: “creo que una amnistía debe existir, si así fue como se hizo la paz”. Pero eso no es cierto. Los acuerdos solo garantizaron una ley de reconciliación, la de 1992, en la que se dio una amnistía para que los exmiembros de la guerrilla pudieran integrarse a la vida política, sin ser perseguidos por el hecho de haber pertenecido a una milicia fuera de la ley. En los Acuerdos de Paz, las partes nunca negociaron una amnistía que perdonara los crímenes políticos, las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La amnistía de 1993, de hecho, fue un acuerdo político promovido por la derecha legislativa, solo cinco días después de que se publicara el informe de la comisión de la verdad de Naciones Unidas.

Otro diputado de Arena, René Portillo Cuadra, dijo en Canal 33 que la nueva ley de reconciliación “tiene que tener como orientación el derecho a conocer la verdad”, pero además “derecho a la reparación, indemnización, y justicia restaurativa”.

El diputado Parker ha defendido su propuesta al decir que el documento “se ha prejuzgado” y “atacado de forma sesgada”, aunque admitió a El Faro que se trataba de una “reafirmación de la amnistía existente”.

La derecha legislativa tiene, en principio, suficientes votos para pasar una nueva amnistía (Arena, PCN, PDC y Gana suman 59 votos, 16 más que los requeridos para la mayoría simple).  

El resto de partidos en la Asamblea -PCN, Gana o los diputados no partidarios- no se han posicionado claramente. Sin embargo, el presidente electo Nayib Bukele -quien ganó las elecciones abanderado por Gana- se pronunció contra la propuesta de Parker a la que consideró “ilegal e injusta”. Aún sin Gana, Arena, PCN y PDC suman 49 votos.

 “Cualquiera podría decir que (Arena y el Frente) van a ser juez y parte, pero confiamos en la madurez de ambos partidos. Tenemos que responder a las personas que quieren saber dónde están enterrados sus familiares. O hay gente que dice yo ya perdoné, pero quieren saber a quién”, dijo el diputado de Gana, Rigoberto Soto, en la entrevista Ocho en Punto, el 27 de febrero.

El diputado Guillermo Gallegos dijo a periodistas el 25 de febrero que “nunca estuve de acuerdo con la derogatoria de la ley (de Amnistía) que venía a cerrar muchas cuestiones del pasado del conflicto armado". Gallegos dijo también "que las víctimas y los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer qué pasó con sus seres queridos. Con la ley de justicia restaurativa podríamos hacer un buen trabajo para que esta gente pueda tener la certeza de qué pasó con sus familiares”, puntualizó.

Una vivienda ubicada en la calle principal del caserío El Mozote, 38 años después, conserva los orificios que dejaron marcados las balas de la masacre del 11 de diciembre de 1981. Más de 900 personas fueron asesinadas, más de 500 niños entre ellos, en este caserío del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán. Una masacre por la que hoy se sigue un juicio. Foto: Víctor Peña.
 
Una vivienda ubicada en la calle principal del caserío El Mozote, 38 años después, conserva los orificios que dejaron marcados las balas de la masacre del 11 de diciembre de 1981. Más de 900 personas fueron asesinadas, más de 500 niños entre ellos, en este caserío del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán. Una masacre por la que hoy se sigue un juicio. Foto: Víctor Peña.

*con reportes de Gabriel Labrador

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