Publicidad

Asamblea busca nueva amnistía para criminales de guerra del ejército y la guerrilla

El primer documento que los diputados discuten para una nueva ley de reconciliación incluye una nueva amnistía y elimina la posibilidad de cárcel o responsabilidad civil para criminales de guerra. Rodolfo Parker, el diputado autor de la propuesta, dice que este intento no es un borrador consensuado y que busca cumplir la sentencia de la Sala. Un exmagistrado de la Sala dice que ese no es el criterio. Representantes de víctimas denuncian que los protagonistas de la guerra buscan protegerse.

 
 

Ocho meses después de haber sido conformada, la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que busca un reemplazo a la Ley de amnistía de 1993 ha dado prioridad a un borrador de ley que propone una nueva amnistía que impediría la investigación, el enjuiciamiento y las sanciones de los delitos cometidos por el ejército y la guerrilla durante la guerra "independientemente del sector al que hubiesen pertenecido".

La propuesta, introducida por el diputado Rodolfo Parker, secretario general del PDC y presidente de la comisión, contradice el mandato de la Sala de lo Consticional, que en julio 2016 abolió la amnistía y a partir de ahí exigió a los diputados un nuevo cuerpo legal que garantizase el derecho a la verdad, la reparación y la justicia para las victimas. En su fallo, la Sala estableció que si Fiscalía y jueces hicieran bien su trabajo, en el horizonte de juicios penales podrían aparecer altos mandos de la Fuerza Armada y hasta miembros de la Comandancia General de la otrora guerrilla del FMLN, que ahora gobierna El Salvador.

Dos años y medio después, la comisión especial creada por la Asamblea y respaldada por todos los partidos políticos estudiará un escrito que basicamente plantea una nueva amnistía en términos similares a la proscrita ley de 1993 impulsada y aprobada por la derecha legislativa hace 26 años. La comisión, conformada en junio de 2018, arrancará con especial interés con el estudio del borrador presentado por el diputado Parker, un abogado señalado por la Comisión de la Verdad por encubrir la investigación del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada de la Universidad Centroamericana y la hija de esta, ocurrido en noviembre de 1989.

 “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieren pertenecido”. Así empieza el primer artículo del documento que el diputado Parker propuso a los diputados de la comisión ad hoc. La amnistía propuesta excluye crímenes de guerra o de lesa humanidad, o aquellos incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, pero también implica que todas esas investigaciones judiciales tendrán el “propósito único” de esclarecer la verdad y los responsables, en todo caso, no podrán ser castigados con prisión ni ser perseguidos por su responsabilidad civil.

El documento al que El Faro tuvo acceso plantea que los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra solo podrán ser “sometidos ante la justicia para que sean sujeto de investigación acorde a los parámetros de esta ley, y con el propósito único que se conozca la verdad de lo ocurrido, sin perjuicio de sanción distinta a la prisión, y se proceda a la reparación integral de las víctimas”.

La amnistía abarcaría a personas “contra las que se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos”, así como a  “todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices”. El Faro preguntó a Parker si esto incluye, por ejemplo, al  alto mando militar de 1981, procesado por la masacre de El Mozote, en el que el ejército masacró a 988 campesinos, más de la mitad menores de edad, en las montañas del norte del departamento de Morazán. “Sin duda. La ley tendría aplicación para casos abiertos, para casos en proceso y para aquellos que no han sido abiertos”, dijo. 

 

Miembros del alto mando militar de 1981 comparecen en la audiencia de intimación por la masacre de El Mozote. Los militares acusados ocultan sus rostros a las cámaras. Foto: Fred Ramos
 
Miembros del alto mando militar de 1981 comparecen en la audiencia de intimación por la masacre de El Mozote. Los militares acusados ocultan sus rostros a las cámaras. Foto: Fred Ramos

El documento ya está en manos de todos los partidos políticos y han acordado revisarlo para crear, en la primera semana de marzo, un borrador que empiece a ser discutido, artículo por artículo, en la comisión. Parker admite que se trata de una “reafirmación de la amnistía”, aunque pide que este documento no sea atacado como un borrador, ya que lo considera “un resumen” o “un punto de partida” para las discusiones.

Junto al resto de integrantes de la Comisión, todos los partidos en la Asamblea han dado prioridad a esta propuesta, por encima del proyecto de reconciliación presentado por representantes de las víctimas de la guerra en 2017 (un proyecto que exigía verdad, justicia penal para la reconciliación y resarcimientos).

Buscar un reemplazo de la ley que permita a los criminales de guerra evitar la cárcel es una idea que tiene apoyos legislativos. Arena, que siempre ha apoyado una postura de perdón y olvido, y el FMLN, otrora detractor de la amnistía, ya coincidieron en ese punto, tras la resolución de la Sala. En marzo de 2017, la Secretaría jurídica del presidente Salvador Sánchez Cerén prometió presentar un anteproyecto de ley que aleje de la cárcel a militares o exguerrilleros a cambio de justicia transicional. Aunque la Presidencia nunca presentó ese proyecto de ley, diputados de Arena como Milena de Calderón, ahora alcaldesa de Santa Ana, o el diputado Mauricio Ernesto Vargas se mostraron a favor de una ley “sin castigos penales”.

Incluso la embajada de Estados Unidos en El Salvador advirtió, en un cable confidencial de junio de 2017, que el Gobierno y los diputados tenían la intención de crear una nueva ley que afectaría las investigaciones contra las violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra civil (1980- 1992). “Líderes políticos y élites tanto de izquierda como de derecha le han dicho a oficiales de la Embajada que no ven ninguna ventaja en abrir viejas heridas”, decía ese cable. Esas intenciones ahora se confirman.

El diputado Vargas (un general del Ejército, artífice de la Ley de amnistía de 1993 y otrora miembro de la comisión negociadora de la paz como representante de las Fuerzas Armadas) dijo este 21 de febrero a El Faro que el documento de Parker “reúne las recomendaciones sobre la ley de reconciliación en términos de justicia transicional, restaurativa y de atención a víctimas”. Vargas no contestó si apoyaba los términos en que estaba propuesta porque dijo que esto era “un simple borrador”.

En diciembre de 2018, la diputada Nidia Díaz del FMLN había negado categóricamente que buscaran una ley que asegure la impunidad. “Estamos tratando de legislar en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición (...) no estamos trabajando en una ley de amnistía”, dijo Díaz, jefa de fracción. Tras la presentación del borrador, el diputado del FMLN, Damián Alegría, dijo que el documento “es el punto inicial de discusión que creo que sí puede movilizar la opinión de algunos sectores para que se comience a perfilar por donde podemos ir en esta dirección”, en declaraciones que recoge la página web de la Asamblea. Alegría justificó el documento porque dijo que “lo que organizaciones de derechos humanos que están cerca de las víctimas condenarían (es) que no hiciéramos nada”.

La comisión ad hoc que formula la propuesta de ley de reconciliación ya había venido enfrentando el rechazo de las víctimas del conflicto. El 7 de diciembre de 2018, 16 organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado en el que rechazaron el mandato de la comisión, tildaron de excluyente su método de trabajo y criticaron a sus integrantes por haber formado parte de la guerra y tener, por tanto, conflictos de intereses en la formulación de este proyecto de ley.

Dos de los cinco diputados que conforman el equipo son señalados en el informe de la Comisión de la Verdad por graves violaciones a los derechos humanos: el coronel Antonio Almendáriz (PCN) y el propio Rodolfo Parker. Además, otros dos miembros fueron parte del conflicto: la exguerrilla y negociadora de la paz, Nidia Díaz; y el general retirado Vargas, otrora comandante del Ejército durante el conflicto.

Parker dice que amnistía del '93 sigue viva

Pese a lo que dice su documento, el diputado Parker aseguró que su intención fue “recoger los parámetros de la sentencia de la Sala de 2016, respetar los principios de derecho internacional y los principios universales de derecho, y los insumos que dieron las personas en la comisión”.

Parker interpreta que la sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2016, que expulsó del ordenamiento jurídico la ley de amnistía general de 1993,  no anuló la sentencia de otra Sala de lo Constitucional, en 2000, que permitía algunas excepciones a esa ley, pero no la había declarado inconstitucional.  Para llegar a esa conclusión, el diputado se basa en la ponencia de Mario Solano, uno de los magistrados que participó en la sentencia de 2000 y que asistió como invitado a la comisión ad-hoc que Parker preside.

“Este jurista (Solano), y varios abogados consideran que esa sentencia quedó viva. Hay dos sentencias que se contraponen”, dijo Parker. Para el diputado, esa diferencia de criterio se resume en que la amnistía está vigente, “pero no en aquellos aspectos que tengan que ver con (delitos mencionados en) la comisión de la verdad, o con delitos de lesa humanidad. Esas partes quedan excluidas de la amnistía”, afirmó.

“Si nosotros no nos pronunciamos sobre el tema de la amnistía en esta ley, van a haber diferencias de apreciación jurídica entre unos y otros, que cuál es la amnistía que está vigente y cuál no. Nosotros pretendemos ya de tajo cerrar esta discusión”, dijo el diputado del PDC.

Tras la sentencia de 2016, la Sala de lo Constitucional resucitó la ley de reconciliación nacional de 1992, que permitió la incorporación a la vida política de exguerrilleros del FMLN. Para su propuesta, Parker prácticamente calca el primer artículo de esa ley pero agrega las frases “amnistía amplia, absoluta e incondicional” e “independientemente del sector al que hubieren pertenecido”.

El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, saluda al secretario general del PDC, Rodolfo Parker. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, saluda al secretario general del PDC, Rodolfo Parker. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

El exmagistrado Rodolfo González, uno de los firmantes de la inconstitucionalidad de la Amnistía, dice que la interpretación de Parker es incorrecta. “No pueden estar tomando las dos sentencias, no sé quién les ha dicho eso. La sentencia de 2016 expulsó del ordenamiento jurídico la ley del 93, tanto así que se le dio nueva vigencia a la ley del 92. Si asumimos que está viva la ley del 93, estamos teniendo dos leyes vigentes. Y aquí van a hacer una tercera. No puede ser”, dijo González a El Faro.

El exmagistrado González también señaló que “en la nueva ley (los diputados) no pueden repetir el texto de la ley declarada inconstitucional”. González recordó que “uno de los vicios de inconstitucionalidad es esa fórmula que establece una amnistía amplia, absoluta e incondicional. Se estaría repitiendo la ley del 93”.

González dijo que la posibilidad de eliminar los castigos de cárcel para criminales de guerra sí entra en las facultades que tienen los diputados para configurar una nueva ley de reconciliación. El documento que discuten los partidos “establece como pena principal, alternativa a la prisión, los trabajos de utilidad pública, a ser realizados por un periodo de uno a siete años, según la gravedad de los hechos”. Sin embargo, González sí mencionó que eliminar la vía civil como elemento de reparación iría en contra de la sentencia, y podría ser sujeto de control del seguimiento del fallo, de parte de la Sala de lo Constitucional actual.

Para justificar la eliminación de las penas de cárcel, el diputado Parker justifica que “ninguno de los insumos que recibimos en la comisión sugieren cárcel o perseguir civilmente a los involucrados”. Pero eso no es cierto.

Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), declaró ante la comisión ad hoc el 15 de agosto de 2018. Ese día, Escalante presentó a los diputados un documento titulado “Lineamientos para la justicia transicional en El Salvador”. Ese documento dice de manera explícita que “la extinción de la responsabilidad civil en los delitos no-amnistiados y no-prescritos, no debe ser contemplada en el ordenamiento jurídico porque desconoce el derecho de la víctima y sus familiares a la indemnización por daño moral, entre otras, y obstaculiza el deber estatal de reparar o remediar los efectos de dichos delitos”.

La UCA tampoco recomendó olvidarse de la cárcel. Lo que el lineamiento indica es considerar que “la pena de prisión podría no aplicarse a personas de 65 años de edad o mayores” y conmutar la pena, siempre y cuando concurran condiciones que favorezcan el conocimiento de la verdad, y medidas de reparación y de no repetición.

Una Comisión Nacional sin víctimas

La propuesta del diputado Rodolfo Parker establece un filtro que servirá para delimitar los casos a judicializar y que contaría con el aval de actores políticos sin representación de las víctimas. Como se ha consignado en el documento, una Comisión Nacional de Reconciliación será la responsable de formular recomendaciones de orden legal, institucional y estructural para “fortalecer los niveles de reconciliación” y dar garantía de que no se repitan los hechos sucedidos durante la guerra. 

“En el punto de central de cómo o quién va a delimitar el número de casos, a mí no se me ocurrió otra idea mejor que la intervención de un tercero para hacer esa sugerencia de la delimitación de casos a la Fiscalía General de la República. Esa sería una de las atribuciones principales de la Comisión”, detalló Parker sobre las funciones específicas de la entidad.

El órgano estaría integrado por dos representantes de los bandos del conflicto a nominación del presidente de la República, así como por voceros de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Consultado sobre las razones de sumar a partícipes de la guerra, el diputado respondió: “La misma lógica por la que no deberían estar objetando a los miembros de la comisión. Es decir, objetan a los miembros de la comisión yo incluido, porque que fuiste mencionado en la comisión de la verdad, porque venís del conflicto, de la transición de la guerra a la paz. Pero se trata de las personas más calificadas si realmente tienen compromiso de país. No sólo porque conocen la historia, la han sufrido y vivido, sino que comprenden a perfección todas esas fases y saben perfectamente cómo cerrar todos esos temas no resueltos”.

La capacidad de la que habla el parlamentario ya ha sido cuestionada e incluso llevada a instancias de sanciones de función pública. En julio de 2018, semanas después de la conformación de la comisión legislativa, cinco organizaciones sociales que laboran en defensa de las víctimas de la guerra denunciaron a tres diputados de la comisión por conflicto de interés ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Al mismo Parker, y a Nidia Díaz y Mauricio Vargas. La Fundación Comunicándonos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Asociación Pro Búsqueda (Pro-búsqueda) y Cristosal consideran que no se puede elegir a alguien para dictar medidas en favor de las víctimas, cuando ésta ha liderado, ejecutado o encubrido acciones en perjuicio de ellas. A la fecha, el tribunal de ética no ha resuelto la petición.

En el punto de partida para la construcción de una ley de reconciliación, las víctimas han quedado fuera del órgano rector que haría cumplir los objetivos reparadores de la normativa. En entrevista con El Faro, el diputado Parker ha querido rebatir el vacío argumentando que las víctimas tendrán un comité exclusivo a sus servicios. De acuerdo al documento, se trata de una “Mesa Coordinadora de Reparación Integral de las Víctimas” que deberá instalarse dentro de los treinta días de vigencia de la ley. Estaría integrada por un coordinador y un “personal técnico multidisciplinario”. La mesa, dice la propuesta, tendrá la responsabilidad de planificar y recomendar a la Comisión Nacional medidas de reparación.

La propuesta también señala que otra de las atribuciones de la Comisión Nacional será promover la “depuración” de archivos del conflicto armado que “existieren” o que “estime conveniente”, y deberá convertirse en una entidad de consulta. En palabras del diputado Parker significaría eliminar los candados a los que han estado sometidos los archivos del Ministerio de Defensa, por ejemplo, pero sólo a través de la Comisión Nacional.

“Que haya acceso irrestricto por ley y que las distintas autoridades estén en el deber, pero este es parámetro de la Sala, ojo. Lo que yo he hecho en principio es recoger lo que la Sala dijo y llevarlo a la ley. Entonces, el interés de Estado que estaría manifiesto ahí es que ninguna autoridad se niegue o haga resistencia a dar acceso a todos los archivos. Y esta sería la entidad (Comisión Nacional) a donde se harían llegar”. De acuerdo al parlamentario, en caso de que un ciudadano u organización desee acceder a los archivos, deberá operar entonces la ley de acceso a la información pública.

“Esto es, de nuevo, la amnistía”

Para Rubén Zamora, exembajador de El Salvador en Estados Unidos y exdiputado de Convergencia Nacional y ex integrante de la Comisión Interpartidaria que convirtió en leyes los acuerdos negociados ante las Naciones Unidas (Convergencia era el partido aliado de la exguerrilla en la Asamblea cuando se firmaron los Acuerdos de Paz), los términos del documento de Parker no dan pie para hablar de justicia transicional, sino de una reedición de la amnistía.

“Eso no es reconciliación nacional. Eso es de nuevo la amnistía general que ya declaró la Sala de lo Constitucional que es inconstitucional, eso viola las convenciones internacionales”, dijo Zamora a El Faro.  “Se está concediendo amnistía por crímenes de lesa humanidad, lo cual entra en la contradicción con los tratados internacionales que ha firmado el gobierno salvadoreño. Eso es una payasada, honestamente le digo, es una bofetada”, añadió.

La resolución que abolió la Ley de Amnistía de 1993 sentenció que esta violaba los artículos 2 -incisos 1 y 3-  y 144 -inciso 2- de la Constitución.  El artículo 2 sostiene que “toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conversación y defensa de los mismos” y estableció la indemnización por daños de carácter moral.  El artículo 144, inciso 2, establece que ninguna ley “podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado (internacional) vigente en El Salvador”.

En este caso, según el fallo, la ley de 1993 violaba las disposiciones de tres tratados internacionales suscritos y ratificados por El Salvador: tres artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); un artículo del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 4 del Tratado de Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional de los convenios de Ginebra de 1949 y un protocolo agregado en 1977.

De los tratados internacionales, el de la Protección de Víctimas  de Conflictos Armados sin Carácter Internacional detalla lo que no se considera un combate o enfrentamiento directo entre dos bandos. Según el artículo 4, al que hizo referencia la sentencia, “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas” y deben ser “tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable”.

Este artículo también establece que “queda prohibido ordenar que no haya supervivientes” y además prohíbe “los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones”, “los castigos colectivos”, “la toma de rehenes”, ”los los actos de terrorismo” y la participación de niños menores de 15 años en hostilidades o enfrentamientos armados.

David Morales, ex procurador de derechos humanos y querellante en el juicio por la masacre de El Mozote, aseguró a este periódico que aprobar una ley en el sentido que el documento de Parker es “abiertamente violatorio de los derechos humanos. Es un incumplimiento grave a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016  y supone un incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” con relación a la masacre de El Mozote y de niños desaparecidos. Morales dijo que si una ley se aprueba con estas características, tiene que analizarse no solo la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, sino “ también responsabilidades administrativas y judiciales” contra los propios diputados.

Morales dijo que la formulación de esta nueva amnistía es “innecesaria” por un argumento que coincide con lo que dijo el exmagistrado González: que la sentencia de 2016 revivió la ley de reconciliación de 1992. “Los participantes del conflicto, por haber participado en el conflicto, ya están bajo una amnistía”, dijo Morales.  “Si hay pretensiones del diputado Parker o de la comisión ad-hoc de reproducir figuras de amnistías absolutas, eliminar la responsabilidad civil, impedir el debido juzgamiento penal de los responsables están deliberadamente pretendiendo incumplir y generar un fraude a la sentencia de 2016”, agregó.

Una alternativa sin prisión requiere, según el experto, que “los violadores de derechos humanos expresen arrepentimiento, revelen toda la verdad y colaboren con la justicia. Pero tenemos casos de perpetradores que no han expresado arrepentimiento, niegan lo ocurrido, mantienen homenajes a criminales de guerra y que obstaculizan investigaciones”. Además, el exprocurador se quejó de que la comisión ad hoc se rehusó a recibir a organizaciones de derechos humanos que pidieron audiencia y catalogó el proceso de formulación de esta ley como excluyente.

A esa crítica se suma Héctor Bernabé Recinos, víctima de tortura en la guerra, activista de derechos humanos y uno de los promotores de la propuesta de ley presentada por asociaciones de víctimas en 2017. “Les planteamos que no estábamos de acuerdo y que desautorizábamos a la comisión para formular esa ley. Nuestra posición siempre fue no estar de acuerdo porque la comisión la integraban personas involucradas en la guerra”, dijo.

Recinos también niega que haya un consenso entre las víctimas para no pedir penas de cárcel. “Yo no estoy de acuerdo ni nadie va a estar de acuerdo. Eso riñe con los principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos y también con la justicia. Es una ley hecha a su medida para protegerse”, dijo de la propuesta que estudian los diputados.

En agosto de 2017, Recinos, en representación de organizaciones de derechos humanos, presentó un proyecto de ley de reparación de víctimas, al que la diputada Nidia Díaz dio iniciativa de ley. Esa iniciativa está muerta. “La archivaron y dijeron que de ahí iban a recoger elementos. No hay ningún resultado porque el interés era de hacer la ley de reconciliación”, dijo.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad