Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia han aprobado solicitar la extradición del primer presidente de izquierdas y tres miembros de su familia en una resolución que intenta convencer al orteguismo de que El Salvador lo persigue por graves casos de corrupción, y no por intereses políticos, como alegó Funes al tramitar su asilo político en 2016.
Los magistrados acordaron este 21 de marzo, de manera unánime, que la importancia del trámite radica en que a Funes se le persigue por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos en el desvío de 351 millones de dólares durante su gestión. En el fallo (de un proyecto trabajado desde el 27 de noviembre de 2018), la Corte salvadoreña busca vencer una posible negativa de Nicaragua con el argumento de que los delitos que se le imputan al expresidente “son de naturaleza común y no de carácter político o militar, ni resultan conexos con ninguno de estos”.
La Corte salvadoreña también aprobó que la orden de extradición abarque a dos de los hijos del exmandatario (Carlos Funes Velasco y Diego Funes Cañas) y a su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, como había solicitado la Fiscalía y el Juzgado Séptimo de Instrucción. A ellos se les persigue también por lavado de dinero.
De los tres, solo Diego Funes fue condenado junto a su padre en noviembre de 2017 por enriquecimiento ilícito. La Cámara Segundo de lo Civil determinó que el expresidente gastó más de lo que ingresó en su periodo (2009-2014), pero aún así tuvo suficiente para 'adquirir vehículos y armas de fuego; haber pagado sumas considerables a instituciones educativas; haber realizado movimientos en instituciones financieras, tales como pago a tarjetas de crédito, abonos a préstamos y cuentas de ahorro y corrientes'.
A Guzmán Sigüenza, ahora también se le vincula en una trama de desvío de fondos públicos y sobornos relacionada con la construcción de la presa El Chaparral y un spa. En 2014, El Faro reveló la conexión entre Miguel Menéndez, 'Mecafé', un préstamo del Banco Hipotecario y un Spa administrado por Guzmán Sigüenza (Latin America Spas). Cuatro años más tarde, la Fiscalía reveló que Funes y Miguel Menéndez se beneficiaron de un soborno de $3.5 millones de una empresa constructora italiana, Astaldi. A cambio de este pago, la empresa se libró de un litigio internacional y recibió de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) un pago que no se correspondía con las obras realizadas, $45 millones sin justificación. El soborno del que habla la Fiscalía permitió la compra de propiedades para la construcción de un lujoso spa para Guzmán Sigüenza .
Funes acumula otras dos órdenes de captura: una por el desvío de $351 millones del erario hacia cuentas bancarias privadas y no autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Según la Fiscalía, Funes dirigió una red de funcionarios que extrajo millones de dólares de las arcas del Estados a través diferentes mecanismos que implicaban la partida de gastos reservados de la presidencia.
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El expresidente también tiene otro caso abierto por la supuesta entrega de dádivas al ex fiscal general Luis Martínez a cambio de omitirlo en investigaciones.
Un último caso contra Funes se abrió el 4 de enero. La Fiscalía lo acusa por divulgar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) elaborado por The International Bank of Miami, en el que se revelaba el desvío de los 10 millones de dólares de la cooperación de Taiwán durante la administración Francisco Flores, expresidente de la República. Funes lo hizo público en su entonces programa de radio “Conversando con el presidente”, en noviembre de 2013. Junto con Funes es procesado junto con Diego Balmore Escobar Portillo y el periodista Lafitte Fernández Rojas. Este caso fue abierto a raíz de una publicación de la Revista Factum, en la que se reveló audios de conversaciones entre Funes y el expresidente Antonio Saca . En una de esas reuniones, los expresidentes conversan, junto a cercanos colaboradores, conversan como conseguir ilegalmente el ROS.
Una extradición cuesta arriba
Funes y su familia se encuentran asilados en Nicaragua desde principios de septiembre de 2016, cuando el entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, Eugenio Chicas, informó a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno de Nicaragua, aliado del FMLN, le había concedido asilo al exmandatario. Según el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, Funes pidió asilo por “considerar estar en peligro su vida e integridad física y la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos, y su filiación política en la república de El Salvador”.
La solicitud de extradición contra Funes y su familia fue tramitada desde octubre de 2018 por el Juzgado Séptimo de Instrucción, donde se tramita el caso de corrupción por el desvío de 351 millones de dólares de su presidencia. Ahora esta solicitud está a la espera de un trámite diplomático para que llegue a conocimiento de la Corte Suprema de Nicaragua, que es quien tendrá la última palabra.
De acuerdo con el artículo 164 numeral 6 de la Constitución de Nicaragua, es la Corte Suprema de Justicia de ese país la encargada de “resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales”.
Los partidos oficiales de Nicaragua y El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), respectivamente, han sido socios históricos desde su pasado armado durante las guerras civiles del siglo pasado.
Según publicaciones periodísticas, 10 de los 16 magistrados que conforman a CSJ de Nicaragua están ligados al partido de Gobierno. Estos serán los encargados de definir si el primer presidente por la bandera del FMLN son extraditados a El Salvador.
Los magistrados salvadoreños citan el artículo 1 de el Convenio de Extradición Centroamericana, el cual establece que los países de la zona “convienen en entregarse recíprocamente los individuos que se refugien en el territorio de cada una de ellas”.
La Corte acordó el martes 27 de noviembre de 2018 colocar reserva total a la deliberación sobre el caso de extradición del expresidente Funes. Básicamente los magistrados resolvieron que las discusiones sobre el caso tendrían reserva para evitar especulaciones. Uno de los magistrado, que votó a favor de extraditar a Funes, dijo a El Faro que cuando el proceso sea notificado formalmente “se tiene que levantar (reserva)”.
Funes declaró ser un perseguido político cuando en El Salvador es su partido, el FMLN, el que gobierna desde 2014. El actual gobierno, y su partido, de hecho, se han pronunciado con tibieza sobre el caso. Tras las derrotas electorales de 2018 y 2019, hay algunos dirigentes que se han atrevido a declarar que la falta de contundencia en un mensaje anticorrupción por el caso de Funes le hizo daño al FMLN.
Consultado por la solicitud de extradición, el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, dijo que no estaban obligados a dar declaraciones al respecto: 'La posición que tenemos es que se sigan los procesos. No tenemos por qué dar ningún comunicado ni pronunciamiento al respecto', dijo.
Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, respondió a El Faro que Cancillería debe de dar una respuesta de acuerdo con la ley. Lorenzana, uno de los dirigentes más críticos por la actitud de su partido en el caso Funes, agregó: “Mi opinión es que Cancillería, al recibir la solicitud, debe trasladarla al gobierno de Nicaragua”.
Luego de conocida la resolución, Funes reaccionó en su cuenta oficial de Twitter. Dijo que la resolución de la CSJ es “irrelevante porque quién decide es el gobierno de Nicaragua”.
Si la Corte Suprema nicaragüense, dominada por el presidente Ortega, aliado del FMLN, decide denegar la extradición, Funes y su familia mantendrían el estatus de asilados. Por lo pronto, la CSJ salvadoreña debe tramitar por canales diplomáticos su solicitud de extradición.
A finales de septiembre, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, informó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se negó a tramitar la difusión roja contra Funes y su familia por tratarse de asilados políticos. El artículo 3 de sus estatutos de la Interpol, “está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
*Con reportes de Nelson Rauda, Roxana Lazo, María Luz Nóchez y Gabriel Labrador
