La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley orgánica judicial para que el juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera deje de ser un juzgado mixto y se convierta en juzgado de Instrucción. Esa es la sede judicial que tramita la investigación por la masacre de El Mozote desde su reapertura en septiembre de 2016.
La medida beneficia la tramitación del caso que juzga al alto mando del Ejército por un operativo militar que causó casi mil víctimas civiles en diciembre de 1981. Hasta ahora, el juzgado ha llevado adelante el caso al mismo tiempo que tramitaba casos de materias civiles, laborales, mercantiles así como otros casos penales. A partir de esta modificación, el nuevo juzgado de Instrucción de Gotera recibirá y se encargará solo de casos penales y trasladará sus casos pendientes en materia civil, mercantil, laboral o de inquilinato al juzgado primero de Primera Instancia, que se convertirá en juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera. La transferencia se realizará sin importar el estado en que se encuentren los casos. De igual forma, el nuevo juzgado de Instrucción asumirá los casos penales que estaban en el juzgado primero de Primera Instancia.
El ahora juez de Instrucción Jorge Guzmán pasará de supervisar casos penales en 13 municipios y civiles de 17 municipios a solo tramitar los casos penales de 13 municipios, además de terminar aquellos casos que le transfiera el juzgado Primero de Primera Instancia. 'Considero que alivia la carga en un 20 %', dijo a El Faro el juez Guzmán. 'Se nos incrementa en lo penal porque todo lo penal que miraba el otro juzgado nos pasa a nosotros, pero la ventaja es que se conocerá de una sola materia, la penal', explicó.
La reforma fue aprobada el 21 de marzo de 2019 con 53 votos de todos los partidos políticos y entrará en vigencia ocho días después de que el decreto se publique en el Diario Oficial. Ambos juzgados tendrán un plazo de 120 días para hacer un inventario y un acta de todos los procesos que estaban tramitando. Ese proceso de transición ya empezó.
El cambio es parte de las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante una visita que hicieron a El Salvador en agosto de 2018. La Corte condenó al Estado de El Salvador en 2012 por violaciones a derechos humanos en el caso del Mozote y, desde entonces, ha realizado evaluaciones periódicas del cumplimiento a la sentencia y a las medidas de reparación dictadas en ella.
Wilfredo Medrano, uno de los querellantes del caso de El Mozote, reconoció la medida como un avance positivo para la causa, y dijo que había sido un compromiso que adquirió Doris Luz Rivas, la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, en una reunión en Arambala con los jueces de la Corte IDH. 'El caso de El Mozote le estaba consumiendo mucho tiempo al juez, ya son más de 100 piezas. Hasta mucho se tardaron (en hacer el cambio) y era una deuda pendiente de la Corte Suprema', dijo Medrano a El Faro.
El procesamiento judicial de los responsables de la masacre es parte de las obligaciones recogidas en esa sentencia. El caso empezó en 1990, en el juzgado Segundo de Primera Instancia de Gotera. Avanzó a trompicones y contra la voluntad de las autoridades judiciales hasta 1993, cuando la ley de Amnistía sepultó el caso. Tras un hiato de 23 años y la declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía, el caso se reabrió en septiembre de 2016.
Según Medrano, el caso de El Mozote se acerca a la etapa final de la fase de Instrucción, antes de que el juez decida si enviará a juicio a los altos mandos militares acusados por los crímenes. En el caso ya desfilaron 44 testigos sobrevivientes o familiares de víctimas de la masacre, además de peritos militares encargados de archivos y las antropólogas forenses argentinas que hicieron exhumaciones desde 1992. Actualmente, expertos militares y antropólogos preparan sus informes para el caso, tras haber sido juramentados como peritos. Además, la Fiscalía tiene una lista de 480 soldados que estuvieron en el batallón Atlacatl —la unidad élite que cometió la masacre— entre 1980 y 1983. Tienen la tarea de entrevistarlos para convertirlos en testigos del caso, o agregarlos a la acusación como imputados.
Cuando todas esas tareas estén completadas, el juez Guzmán deberá revisar toda la evidencia y determinar si es suficiente para enviar a los acusados a juicio. Como este es un proceso legal híbrido, que usa los códigos penales de 1973 y de 2011, el paso a juicio puede ocurrir de dos maneras. Si el juez aplica las normativas de 1973, ahora derogadas pero vigentes cuando ocurrió la masacre, debería convocar a un jurado y llevar a cabo la etapa de sentencia él mismo. Si, en cambio, el juez aplica el código procesal penal actual, la Fiscalía deberá presentar un dictamen de acusación, el juez llevará a cabo una audiencia preliminar y pasar el caso al tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, o absolver a los acusados. Aunque la querella diga que se está en la etapa final de esta fase, no hay una fecha determinada para que esto suceda.
El juicio por El Mozote obliga a la modernización
La ley orgánica judicial aprobada en junio de 1984 estableció para San Francisco Gotera dos juzgados de primera instancia. El primero tenía competencias para 10 municipios y el segundo para 17, aunque ambos compartían competencias en la cabecera San Francisco Gotera. Ahora el juicio de El Mozote ha modificado la estructura de los juzgados de Morazán para especializarlos.
La Corte Suprema de Justicia ya había pedido a la Asamblea, en abril de 2017, que aprobara el plan de especialización de los juzgados de Gotera. Sin embargo, a partir de la visita de la Corte IDH, 16 meses más tarde, los magistrados enviaron otro proyecto a los diputados porque “uno de los tribunales abarcados por los cambios está aún diligenciando casos de naturaleza penal relativos al pasado conflicto armado y que ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional”.
10 magistrados de la Corte Suprema votaron por esa modificación el seis de septiembre de 2018 y trasladaron la petición a los diputados. La comisión de legislación y puntos constitucionales aprobó el dictamen el pasado 18 de marzo.
El nuevo juzgado de Instrucción supervisará, de ahora en adelante, las causas penales de los dos juzgados de Paz de San Francisco Gotera, además de los municipios de Sociedad, Jocoro, San Carlos, Yamabal, Chilanga, Guatajiagua, Sensembra, Lolotiquillo, El Divisadero, Yoloaiquín, Cacaopera y Corinto. El juzgado de Instrucción de Osicala mantendrá su jurisdicción sobre casos penales de los otros 13 municipios de Morazán. El juzgado de lo Civil y Mercantil estará a cargo de los casos de los 26 municipios del departamento.
Los casos del juzgado de lo Civil y Mercantil de Gotera serán supervisados, en segunda instancia, por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente. A su vez, la revisión de las decisiones del nuevo juzgado de Instrucción de Gotera estará a cargo de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, nuevo nombre de la que era “Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente”.
