En febrero de 1982, una campesina salvadoreña denunció al Ejército salvadoreño por el cometimiento de la peor masacre latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, pero los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron las acusaciones. 31 años después, la resistencia de las víctimas contra el olvido y la impunidad logró una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La participación del Ejército en la masacre de alrededor de mil campesinos, más de la mitad menores de edad, es el primer caso de la guerra que llega a tribunales, tras la abolición de la ley de amnistía en 2016. En el banquillo de los acusados están los comandantes del Ejército más oscuro, pero también un país que se resiste a verse frente al espejo.