A semanas para que el gobierno Salvador Sánchez Cerén se despida del Ejecutivo, los gastos secretos de la Casa Presidencial administrada por dos presidentes del FMLN han alcanzado los 534 millones de dólares, $30 millones por encima del monto que en conjunto gastaron los expresidentes de Arena que gobernaron el país entre 1994 y 2009.
Cuando Arena dejó la presidencia en junio de 2009, luego del triunfo en las urnas de Mauricio Funes, los expresidentes Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009), acumularon gastos reservados por $504.22 millones, según los Estados de Ejecución Presupuestaria de la Presidencia de la República a los que tuvo acceso El Faro.
La comparación del gasto de la partida de gastos reservados entre los dos gobiernos del FMLN y los últimos tres de Arena es posible gracias a que la Unidad Financiera de Casa Presidencial aún conserva los registros de los saldos totales gastados, y ha remitido esa información a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. A la fecha es imposible hacer una comparación sobre los gastos secretos del gobierno de Alfredo Cristiani, el primer gobierno de Arena (1989-1994). De ese periodo, esas instancias solo han encontrado registros del gasto incurrido en sus últimos 151 días de gestión, en los que se emplearon $5.5 millones.
El dato más certero permite concluir que en los últimos 30 años, seis presidentes tuvieron acceso a $1,044 millones para gastos secretos que no rindieron cuentas a ningún ente contralor del Estado. A la fecha, la justicia salvadoreña solo ha cuestionado el destino del 62 % de los fondos de esta billetera secreta: $652.4 millones gastados entre las presidencias de Antonio Saca y Mauricio Funes.
Funes es el presidente con más gastos secretos con $351 millones. La Fiscalía lo acusa de usar al menos $10 de los $351 millones para comprar propiedades y vehículos; llevar a cabo más de un centenar de viajes no oficiales; pagar impuestos de la empresa de publicidad de su amigo y publicista de campaña, Joao Santana; para hacer pagos mensuales de entre $15,000 y $17,000 dólares a la hermana de su exesposa Vanda Pignato, Cristina Pignato (y al compañero de vida de ella) y para depositar $3 millones a la empresa de seguridad privada Cosase de su amigo y financista de campaña Miguel Menéndez Avelar, Mecafé, entre otros. Antonio Saca es el segundo mandatario con más gastos secretos, $301 millones, y en junio de 2018 confesó haber desviado fondos públicos para favorecerse. Fue condenado a 10 años de cárcel.
Los gastos reservados han sido el mecanismo usado por los presidentes para hacer gastos discrecionales sin dejar registros en la contabilidad oficial, según admitió la Secretaría de Transparencia en un informe divulgado en 2016. Al cierre de cada período, cada administración presidencial retiró la información sobre el destino de los fondos de la partida de gastos reservados, según ese informe. A la fecha, el gobierno de Sánchez Cerén no ha querido transparentar sus gastos secretos.
Los dos presidentes del FMLN, que promulgaron promesas de cambio durante sus respectivas campañas electorales, continuaron con la práctica de no revelar el destino de esos fondos, a la vieja usanza de los gobiernos de Arena. El secretario privado de Sánchez Cerén, Manuel Melgar, ha respondido a El Faro que los gastos reservados no pueden ser auditados, porque “son gastos reservados”. El segundo gobierno del FMLN guarda con recelo el destino de 30% de los fondos públicos que han estado bajo su responsabilidad: $183.46 millones, lo que lo ubica en el tercer lugar en el uso de gastos reservados.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, Sánchez Cerén ya había usado $171.46 millones de esa partida especial, entre estos los más de 10 millones que en diciembre de 2018 la Presidencia quitó a siete oficinas adscritas, incluidas las secretarías de Inclusión Social y Transparencia. Antes de cerrar su gestión, aún puede usar $12 millones aprobados en el Presupuesto 2019.
A finales de abril, el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo a El Faro que es un error considerar el uso de gastos reservados como sinónimo de irregularidad y criticó que se haga una lectura peyorativa de esta práctica 'dada por ley'. Rodríguez defendió el uso que el presidente Sánchez Cerén ha dado a los gastos reservados.
'El término gastos reservados se ha utilizado como equivalente a corrupción o mal uso de fondos públicos, lo cual no es necesariamente así. Debo reconocer que ha sido aparentemente utilizada de manera indebida por algunas administraciones lo que evidencia que su secretividad abre una oportunidad a la corrupción. Sin embargo, es impropio alegar que toda la partida reservada de cualquier presidente ha sido corrupción; y si así se determinase, sus consecuencias habría que aplicarlas a todos los presidentes y no selectivamente como se ha hecho hasta ahora', dijo.
Según Rodríguez, hacer más transparente esta partida pasa por 'legislar adecuadamente definiendo límites de fondos, materias de aplicación, formas de financiamiento y mecanismos confidenciales de control'.
Gastos secretos sin control
La Unidad Financiera de la Presidencia Sánchez Cerén ha respondido que no lleva controles -facturas, soportes contables y documentación de respaldo sobre el manejo de esta partida especial. 'De acuerdo con la información solicitada, le informo que la Unidad Financiera Institucional no cuenta con información relacionada a lo requerido', respondió Presidencia el 12 de julio de 2018. La Asamblea Legislativa valida cada año la entrega de fondos públicos a través de esta partida especial, a pesar de que Capres no permite auditorías de la Corte de Cuentas a los gastos secretos.
El 21 de diciembre de 2018, los diputados de Arena, Gana, FMLN, PDC y PCN aprobaron en el Presupuesto 2019 que Presidencia destine $30 millones para esa partida especial: $12 millones son para la administración de Sánchez Cerén que termina el 31 de mayo de 2019 y $18 millones que pueden ser usados por Nayib Bukele.
En julio de 2018, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, prometió auditar los gastos secretos de Sánchez Cerén. Casi un año después, el equipo de auditores no ha tenido acceso a la documentación y Rivas Landaverde ha cambiado de postura.
En marzo de 2019, la funcionaria dijo a El Faro que aunque la Ley de la CCR establece que su institución puede auditar gastos reservados, la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) blinda a Capres de este tipo de auditorías. 'Hay que considerar el principio de integración de las leyes. Nosotros no solo debemos de ver el campo de aplicación de la Ley de la CCR. Debemos ver el derecho de manera integrada. Tenemos que armonizarlo'.
La respuesta de Landaverde contradice un amparo de la Sala de lo Constitucional del 26 de febrero de 2018 concedido a exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), quienes reclamaban que habían sido violados sus derechos a la seguridad social. En ese amparo, la Sala se pronunció sobre los gastos de inteligencia y seguridad nacional. 'Como órgano del Estado, el OIE debe ser controlado por otras instituciones públicas, como la Corte de Cuentas de la República, en lo relativo a la administración de los fondos que le son asignados para el cumplimiento de sus fines', dice el fallo.
El Faro intentó obtener una explicación de los diputados del FMLN sobre la negativa de la Presidencia a las auditorías de la Corte de Cuentas y del uso la partida de gastos reservados, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Este periódico intentó contactar a la jefa de fracción, Nidia Díaz, y a las diputadas Anabel Belloso y Cristina Cornejo, pero no respondieron a las llamadas y mensajes enviados a sus teléfonos.
Consultada sobre por qué la Asamblea no ha mandado a pedir explicaciones a la Presidencia sobre su negativa a transparentar la partida de gastos reservados, la diputada Margarita Escobar, de Arena, el partido que controla mayorías en esta legislatura, dice que esperan que el nuevo gobierno actúe con más transparencia.
'Vamos a esperar las auditorias del nuevo Gobierno, que ha anunciado que les va a hacer auditoría (a esos fondos). Así que vamos a esperar qué decisiones toman', dijo De Escobar, quien durante la administración de Antonio Saca recibió sobresueldos provenientes de la partida de gastos reservados.
