El expresidente Elías Antonio Saca González ya confesó haber desviado más de 300 millones de dólares durante su mandato para ganarse una condena mínima de 10 años de cárcel, y ahora confesará que intentó sobornar a una empleada judicial para recibir otra condena mínima gracias a un acuerdo entre sus abogados y la Fiscalía General de la República.
Pactado en 2018 entre la defensa de Saca y la anterior administración de Douglas Meléndez, el acuerdo de una segunda confesión fue resucitado en marzo de 2019 y aceptado por la administración del fiscal general Raúl Melara. Con la negociación, el exmandatario recibirá un castigo por cohecho activo (soborno) no mayor a los dos años de cárcel, cuando la pena mínima para ese delito es de seis años.
Con su testimonio, el expresidente recibiría beneficios procesales en el caso denominado 'Operación Transes'. En total, Saca apuesta por lograr 12 años en la cárcel gracias a la reducción de pena, cuando un proceso ordinario (y de llegar a confirmarse su culpabilidad en el caso de soborno) le depararía seis años más a los 10 que comenzó a cumplir con la sentencia dictada en 2018.
Según la acusación de Operación Transes, Saca intentó sobornar a la colaboradora de la Cámara Primera de lo Civil, Ángela Iracema Avelar Salinas, a cambio de que esta le filtrara información sobre un proceso civil en su contra. El expresidente estaba procesado en dicha cámara por presunto enriquecimiento ilícito de alrededor de 3 millones de dólares. El intento de soborno ocurrió a lo largo de 2016.
La empleada judicial fue seguida por investigadores de la Policía y con la ayuda de intervención telefónica se supo que Saca había ofrecido 10 mil dólares a cambio de información de su proceso. El exmandatario y último presidente del partido Arena había sido enviado a juicio civil de enriquecimiento ilícito a inicios de 2016, en febrero. La Cámara Primera de lo Civil admitió el caso hasta junio, y a partir de entonces el expresidente intentó obtener información privilegiada a través de la empleada judicial. El soborno nunca se consumó, aunque la empleada sí facilitó información al expresidente.
El acuerdo alcanzado entre Saca y la Fiscalía es un procedimiento abreviado y supone una segunda negociación exitosa para los abogados defensores. La primera ocurrió en septiembre de 2018, cuando Saca fue condenado a cinco años por el delito de peculado y otros cinco por lavado de dinero, en total 10 años, en el caso conocido como 'Destape a la corrupción'. Por el delito de peculado, la pena ordinaria es de entre 12 y 15 años, pero con el proceso abreviado Saca recibió una pena de cinco años. Y por el otro delito por el que estaba acusado, lavado de dinero, la sanción es de cinco a 15 años, pero Saca recibió cinco años, gracias al acuerdo.
El acuerdo con la Fiscalía de la era Meléndez se alcanzó en julio de 2018, según consta en el expediente consultado por El Faro en el juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador. El acuerdo entre los abogados de Saca y la Fiscalía había quedado en pausa debido al cambio de autoridades en la FGR, ocurrido enero pasado.
El 25 de marzo de 2019, las partes retomaron la negociación durante la instalación de la audiencia preliminar que estaba prevista para esa fecha por el caso 'Operación Transes'. La audiencia se interrumpió y se reprogramó porque los defensores de Saca expusieron el interés en retormar el acuerdo alcanzado con Meléndez. La jueza Montoya suspendió la audiencia y emplazó a la FGR para que en 48 horas informara si estaba de acuerdo con la petición de que se retomara el acuerdo del procedimiento abreviado.
El 28 de marzo, la Fiscalía informó, mediante un escrito al juzgado, que había 'recibido instrucciones de mantener vigentes los acuerdos que constan en la resolución de las 15 horas del día 5 de julio de 2018 (...) en cuanto a acceder a la aplicación del procedimiento abreviado [para Saca]'.
El expresidente Saca aun no ha rendido su confesión, la cual está prevista para que ocurra en junio frente a la jueza Montoya, titular del juzgado. La jueza podría rechazar la confesión por considerar que no aporta pruebas suficientes. En ese caso, Saca tendría que someterse al proceso ordinario.
El acuerdo alcanzado, según confirmó el abogado de Saca, Mario Machado, permitirá que el expresidente no reciba la pena de cárcel ordinaria que va entre seis y 10 años, sino, únicamente, de dos años. El acuerdo se trata de un 'procedimiento abreviado', contemplado en los artículos 417 y 418 del Código Procesal Penal y, como requisito, se pide que el imputado confiese haber cometido el delito acusado.
La pena carcelaria en el procedimiento abreviado, según el Código Procesal Penal, debe estar dentro de ciertos límites: entre la pena mínima (seis años para el caso de soborno) y la tercera parte de la pena mínima (2 años, como ha acordado solicitar la Fiscalía).
El abogado Machado aseguró a El Faro que tanto el procedimiento abreviado por el caso 'Operación Transes' como por el caso 'Destape a la corrupción', se negociaron al mismo tiempo e incluyó otras cosas, como la reducción de la pena para la esposa de Saca, Ana Ligia Mixco, acusada de lavar dinero de la partida secreta de la Presidencia que dirigió Saca, entre 2004 y 2009. Ana Ligia Mixco ha acordado que confesará cómo lavó 17 millones de dólares de la partida secreta. Con su testimonio, la ex primera dama evitará la cárcel.
Junto al proceso por Operación Transes, contra el expresidente hay un proceso más iniciado en marzo por la Fiscalía. Se trata de la acusación por lavado de dinero en la trama de los fondos donados por Taiwán a El Salvador en 2001, y que terminaron en la campaña electoral de Saca para las presidenciales de 2004.
