Dos meses después de haber llegado al cargo, el fiscal Raúl Melara ha acusado de lavado de dinero a tres exdirigentes del partido Arena por el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán a El Salvador. Esos fondos, que estaban destinados para atender a los damnificados por los terremotos de 2001, terminaron financiando la campaña electoral de Tony Saca, según reveló El Faro en octubre de 2014.
Este 1 de marzo, la Fiscalía presentó el requerimiento por delito especial de lavado de dinero contra los expresidentes Antonio Saca y Francisco Flores (fallecido); el extesorero de Arena, Juan Tennant Wright; el expresidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP), Gerardo Balzaretti Kriete; y Mauricio Samayoa, el expresidente del Banco Cuscatlán (fallecido) que 'tuvo una decisiva participación para solapar la procedencia ilegal de los fondos que se transfirieron al Coena”, según las investigaciones de la Fiscalía.
Los fondos de Taiwán fueron desviados hacia la campaña de Saca a través del CEP, un instituto creado por exdirigentes del partido para formar cuadros y recolectar fondos para Arena . Samayoa fue clave para autorizar la creación de una cuenta a nombre del CEP en una sucursal del Banco Cuscatlán de San José, Costa Rica. Ni Arena ni el CEP reportaron al Estado el ingreso de los 10 millones de Taiwán.
La cuenta del CEP fue abierta en octubre de 2003 por miembros relevantes del partido sin cumplir, según las primeras investigaciones de la Fiscalía, con los requisitos de vigilancia antilavado que exigía la ley. De la cuenta del CEP en Costa Rica el dinero pasó a una cuenta de la campaña de Arena en El Salvador, también en el Banco Cuscatlán, mediante repetidas transferencias cablegráficas. Y, de ahí, una decena de personas vinculadas al partido, a la campaña y después al gobierno de Saca, recibieron entre finales de 2003 y mediados de 2004 decenas de cheques por cantidades que casi suman los 10 millones de dólares.
En junio de 2014, Balzaretti Kriete confirmó a una comisión de la Asamblea Legislativa que los 10 millones de dólares fueron a parar a cuentas de Arena . “No sabía para qué eran esos cheques, sólo me dijeron que era una ayuda que el expresidente Flores había gestionado para el partido', dijo.
Pese a que la Fiscalía tenía clara esta información, al menos desde 2014, esta es la primera vez que Samayoa aparece como acusado en el caso, pero también es la primera vez que la Fiscalía decide apuntar contra algunos de los exdirigentes de Arena vinculados al movimiento de fondos a través de una triangulación de cuentas bancarias.
De hecho, en octubre de 2018, la Fiscalía procesó al exfiscal Luis Martínez por la omisión de investigación contra ex dirigentes de Arena y otras personas vinculados a la trama de Taiwán. Entre esos están los cinco acusados este 1 de marzo por la Fiscalía de Raúl Melara.
Saca, Wright y Balzaretti Kriete en la mira
Hasta ahora, la Fiscalía sólo había acusado por peculado y enriquecimiento ilícito al expresidente Francisco Flores. “Los entregué a los destinatarios”, se limitó a responder Flores a la Asamblea Legislativa en enero de 2014, en una interpelación que sirvió como antesala al caso judicializado por la FGR. Dos años más tarde, en diciembre de 2015, e l juez séptimo de Instrucción añadió el delito de “caso especial de lavado de dinero” contra Flores y lo envió a juicio, pero este fue suspendido luego de que el exmandatario falleciera en enero de 2016. Este viernes 1 de marzo, la Fiscalía vuelve a acusar a Flores por lavado de dinero, pero pide sobreseimiento debido a su fallecimiento. Lo mismo ocurre con Mauricio Samayoa.
El giro en esta nueva Fiscalía, que arrancó cuestionada por la vinculación de Raúl Melara con el partido Arena , radica en el hecho de hacer aquello que no hicieron dos de sus antecesores: apuntar contra otros exdirigentes del partido implicados en el caso.
Junto a Flores, Melara acusa al expresidente Saca, que asumió el control del partido desde la candidatura presidencial en noviembre de 2003 y ahora está condenado a 10 años de prisión por el desvío de 300 millones de dólares en su gestión. En la pesquisas recolectadas por la Fiscalía, en 2014, a su nombre apareció un cheque por 100 mil dólares emitido en abril de 2004, un mes después de que ganara la presidencia de la República.
[excavacion tipo='Transparencia']
En el requerimiento también sobresale la acusación por lavado contra Gerardo Balzaretti Kriete y Juan Tennant Wright Castro. El primero era presidente del CEP para cuando ocurrió el desvío de los fondos de Taiwán y tenía firma autorizada en la cuenta del CEP creada en el Banco Cuscatlán de Costa Rica. Wright Castro, para aquellas fechas, era el tesorero de Arena y tenía firma autorizada en la cuenta del partido que recibió los fondos de Taiwán canalizados desde el CEP. Wright Castro es el padre del exdiputado de Arena, Jhonny Wright, y ha sido financista del partido. En 2012, donó $2,000 a título personal y el Ingenio El Ángel -del que ha sido representante legal- aportó $830,550 entre 2012 y 2015.
El Faro buscó una reacción de Balzaretti Kriete a través de llamadas a las empresas Disal y a Bolsa de Valores (empresas en las que ocupa un cargo de directivo), pero en ambos lugares respondieron que él estaba fuera del país y que no sabían cómo contactarlo. En el Ingenio El Ángel prometieron hacer llegar la solicitud de entrevista a Wright Castro, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Este periódico también buscó una reacción de dirigentes de Arena mediante llamadas telefónicas y a través de la jefatura de prensa del partido. Al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.
Hasta la fecha, la postura oficial de Arena sobre el tema ha tambaleado en una acusación contra la Fiscalía de uno de los antecesores de Melara, Luis Martínez, por haber hecho un “uso político” del caso y haber atacado al expresidente Flores, además de negar responsabilidades. Según la actual dirigencia, la administración de los fondos que llegaron para la campaña presidencial de 2004 fueron administrados bajo la gestión del expresidente Saca, que terminó expulsado del partido en 2009. Según Arena, son Saca y aquella dirigencia los que deben responder por esos señalamientos. El presidente del partido, Mauricio Interiano, dijo a este periódico, en abril de 2018, que en el caso Taiwán y otros están “colaborando con la Fiscalía”.
La mayor parte de fondos de los 10 millones de dólares entró al partido cuando Saca fungía como presidente y como candidato a la presidencia. Este tomó las riendas del instituto el 20 de noviembre 2003. Entre el 2 de diciembre de 2003 y el 12 de marzo de 2004, la cuenta Coena especial recibió 9 millones de dólares en siete transferencias. Para ese momento, quienes tenían control sobre la cuenta (tenían firma autorizada) eran Saca, Wright Castro y el contador Eduardo Berdugo. Este último, sin embargo, no aparece mencionado en la acusación fiscal, aunque la FGR ya ha señalado que la investigación continúa.
Fue hasta el 18 de junio de 2004, 17 días después de asumir Saca el Ejecutivo, que Wright dejó de tener firma en aquella cuenta. Saca siguió vinculado a la cuenta estando en Casa Presidencial.
Melara acusa a cinco de ocho señalados por Meléndez
A finales de 2013, Luis Martínez desechó dos proyectos de acusación por lavado de dinero contra el expresidente Flores, dirigentes de Arena, directivos del CEP y Antonio Saca. En su lugar, el exfiscal ordenó construir un caso débil contra Flores por desobediencia de particulares, enriquecimiento ilícito y peculado, con pocos argumentos y poca documentación de respaldo.
Cinco años más tarde, el 18 de octubre de 2018, la Fiscalía de Douglas Meléndez acusó a Luis Martínez de girar órdenes para omitir investigar por lavado de dinero a siete personas vinculadas al caso. Gracias a los testimonios de dos testigos clave, la Fiscalía de Meléndez determinó que Martínez ordenó sacar del radar al expresidente Saca, Balzaretti Kriete, Samayoa y Wright Castro, los cuatro que ahora han sido procesados por el fiscal Melara.
A diferencia de Melara, Douglas Meléndez vinculó a estas cuatro personas en la trama de los fondos de Taiwán, pero no abrió causa en su contra y sólo apuntó a Martínez por omisión de investigación.
En la acusación contra Martínez, los testigos narran cómo el ex fiscal general, con ayuda del gerente de la Fiscalía, Mauricio Yanes; su asesor, Ramón Iván García y su adjunto, Edgar Isaías Márquez, boicotearon las diligencias con las cuales, a finales de 2013, los fiscales del caso estaban construyendo la acusación contra Francisco Flores.
En abril de 2014, Martínez designó a García para que hiciera nuevas modificaciones al requerimiento que la Fiscalía iba a presentar ante un juzgado. En este tercer borrador, solo se acusaba a Flores de peculado y enriquecimiento ilícito y se excluía una acusación por lavado de dinero, que sí aparecía en los dos primeros borradores. García pidió no acusar al presidente del Banco Cuscatlán, José Mauricio Felipe Samayoa ni a la oficial de cumplimiento de dicho banco.
En diciembre de 2018, García respondió a El Faro a través de su encargado de comunicaciones que no podía dar declaraciones, porque el caso tiene reserva. Yanes y Márquez declinaron, a través de sus abogados, a dar declaraciones al respecto.
En la era de Meléndez, la Fiscalía concluyó que “existió una deliberada omisión de investigación del delito de lavado de dinero de parte de Luis Martínez, en ese entonces fiscal general, quien tenía la obligación constitucional de investigar los probables delitos cometidos por Francisco Guillermo Flores Pérez, así como la probable participación de los señores Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Federico Guillermo Ávila Qüehl, José Antonio Jesús Salaverría Borja, Eduardo Antonio Zablah, Elías Antonio Saca Gonzalez, Juan Tennant Wright Castro y José Mauricio Samayoa en actividades relacionadas con lavado de dinero”.
Zablah Touché fue tesorero del partido; Ávila Quehl es un exdiputado fundador del CEP y José Antonio Salaverría fue presidente del Coena antes de la llegada de Tony Saca. Melara, sin embargo, no los incluyó en el requerimiento presentado este viernes.
En las investigaciones que la Fiscalía de Martínez desestimó se registró que la cuenta del CEP que sirvió de puente para el desvío de fondos fue controlada por Balzaretti, Zablah, Antonio Salaverría y Ávila Qüehl cuando, el 28 de octubre de 2003, recibió los primeros 5 millones de dólares de Taiwán. Un mes más tarde, hubo un cambio en las firmas autorizadas en dicha cuenta del CEP. Salieron Salaverría y Zablah y entraron Saca y Wright. El 28 de enero de 2004, la cuenta CEP recibió los restantes 5 millones de dólares que completaban la donación conseguida por el expresidente Flores.
Esta cuenta del CEP fue cerrada el 27 de abril de 2004. Un mes y medio antes, de ahí se había enviado el último millón de dólares de los fondos taiwaneses a la cuenta “Coena especial”.
El 30 de noviembre de 2018, El Faro buscó la versión de Ávila Quehl y de Eduardo Zablah sobre la inclusión de sus nombres en las pesquisas de la Fiscalía de Meléndez. Los dos respondieron por teléfono que no darían declaraciones al respecto. José Antonio Salaverría dijo desconocer sobre investigación archivada y manifestó que él había rendido declaraciones cuatro veces ante la Fiscalía. 'De eso me voy enterando por usted, aunque me estaban contando que la Fiscalía presentó hoy una acusación por lavado de dinero por los fondos de Taiwán. Yo no aparezco en esa acusación', dijo.
Consultado sobre si hay más implicados en el caso, German Arriaza, director de la unidad Anticorrupción y Delitos contra la Impunidad de la Fiscalía dijo que “las investigaciones nunca deben descartarse que continúen, pero en este caso en particular las personas que estamos imputando son las que han participado activamente en la comisión del delito”. Según Arriaza, los fiscales “están iniciando la imputación”.
