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La amnistía de Arena y FMLN busca anular el informe de la Comisión de la Verdad

26 años después de la primera amnistía, abolida en 2016, Arena encuentra ahora en el FMLN un aliado para una ley que promueve la impunidad y que incluso busca anular los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad; convirtiendo ese documento en una pieza de museo y no una prueba judicial. Junto al PDC y PCN, los dos grandes partidos de la posguerra también quieren que no haya ninguna condena para los violadores de derechos humanos, excepto un pago en concepto de responsabilidad civil  sin "afectar su proyecto de vida".

Nelson Rauda, Roxana Lazo y Gabriela Cáceres

 
 

27 años después de haber protagonizado una negociación histórica que puso fin a la guerra civil salvadoreña, el izquierdista FMLN y el derechista partido Arena se han unido para promover una nueva ley de amnistía que ordena el no reconocimiento del informe de la Comisión de la Verdad, en una maniobra que supone un retroceso histórico y una afrenta a los Acuerdos de Paz.

En un borrador presentado el lunes 13 de mayo a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la comisión ad hoc que estudia una nueva ley de reconciliación propone que el informe de la Comisión de la Verdad se convierta, contrario al espíritu con el cual fue creado, en un documento que "no tendrá valor probatorio para los mecanismos de justicia transicional regulados en la presente ley".

En los Acuerdos de Chapultepec, firmados en enero de 1992, el entonces gobierno de Alfredo Cristiani (el primer presidente por Arena) y la todavía guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (hoy partido FMLN), reconocieron la necesidad de esclarecer y superar "todo señalamiento de impunidad", especialmente en casos donde esté comprometido el irrespeto a los derechos humanos, "independientemente del sector al que pertenecieran sus autores". En el punto 5 del primer capítulo de esos acuerdos, las partes remitieron "la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad". Es decir, concibieron la creación de ese informe como un punto de partida para el esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación a las más de 75 mil víctimas del conflicto armado.

Inmediatamente después de delegar la investigación de los hechos a la Comisión de la Verdad, los firmantes de la paz también definieron que estos debían "ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se apliquen a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley". Dos semanas después de la aparición del Informe de la Comisión de la Verdad, las consecuencias de sus revelaciones fueron de tal magnitud que la derecha política, liderada por los partidos Arena y PCN, aprobó la Ley de Amnistía General, que cerró los casos abiertos hasta esa fecha y mantuvo en la impunidad las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el conflicto hasta 2016, cuando fue abolida por la Sala de lo Constitucional.

A partir de la eliminación de la Ley de Amnistía en 2016, la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea un nuevo instrumento que garantice justicia y reparación. En respuesta, Arena y su nuevo aliado, el FMLN, buscan una nueva amnistía que incluye un nuevo bloqueo para el informe de la Comisión de la Verdad. Desde 1993, los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad han servido de base para la creación de un listado de casos a investigar por la Fiscalía General de la República; y sus señalamientos han servido como insumos para los casos abiertos por la masacre de El Mozote, el asesinato de los sacerdotes jesuitas y el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Arena y el FMLN, que gobernaron el país en las últimas tres décadas, sorprenden con esta alianza a favor de la impunidad y confirman las sospechas de las organizaciones que representan a las víctimas de la guerra y de la misma Embajada de Estados Unidos. En 2017, la embajadora Jean Manes escribió al Departamento de Estado que políticos de izquierdas y derechas gestaban la creación de una nueva ley de reconciliación que busca la impunidad que incluso afectaría los casos emblemáticos que comenzar a juzgarse como el del Mozote, según un cable desclasificado al que tuvo acceso El Faro.

En esta nueva amnistía, Arena y FMLN incluso van más allá al documento del Informe de la Verdad, y también proponen pedir a Naciones Unidas los archivos y anexos con los cuales fue construido. Es decir, los borradores de las más de 20 mil denuncias y los 800 testimonios directos recopilados por la Comisión. Al igual que con la información publicada en el Informe, esos archivos, según la propuesta solo servirían para "evidenciar y describir los patrones de violencia" pero no tendrán valor probatorio en los mecanismos de justicia transicional que propone la ley. La idea de los diputados es que el informe de la comisión de la Verdad sea una pieza de museo y no una evidencia judicial.

Mauricio Interiano; presidente del Coena, Salvador Sánchez Cerén; presidente de El Salvador y Medardo González; secretario general del FMLN durante la celebración del inicio de los 'Segundos acuerdos de nación
 
Mauricio Interiano; presidente del Coena, Salvador Sánchez Cerén; presidente de El Salvador y Medardo González; secretario general del FMLN durante la celebración del inicio de los 'Segundos acuerdos de nación", en 2017. Foto de El Faro, cortesía de casa presidencial.

Una ley que ata a los jueces y promueve la impunidad

En la propuesta de Arena y el FMLN (a la que se suman los partidos PCN y PDC), la afrenta contra la Comisión de la Verdad es solo uno de los varios artículos que promueven impunidad para los criminales de guerra independientemente del bando al que pertenecieron.

Criticada precisamente por estar formada por diputados que formaron parte de los bandos en conflicto (dos exmilitares que comandaron en la guerra, una excomandante guerrillera, un abogado señalado por la Comisión de la Verdad por obstruir la justicia en uno de los casos emblemáticos), la comisión ad hoc de diputados tardó  11 meses y 34 reuniones para recomendar que ningún condenado por crímenes de guerra pague penas de cárcel. La recomendación se consigna en el informe final que los diputados entregaron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

El documento establece que los condenados serán enjuiciados pero solo podrían ser castigados con hasta 10 años de trabajos de utilidad pública. La intención de evitar la cárcel a violadores de derechos humanos llega hasta prohibir que un juez aplique la detención provisional como medida cautelar. La ley también libraría de cárcel a los responsables de crímenes de guerra que hayan sido condenados antes de que entre en vigencia la ley. Es decir, que una ley aprobada en estos términos sacaría de la cárcel a criminales de guerra como el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que en agosto de 2016, tras la abolición de la Ley de Amnistía, fue enviado a prisión para responder por el asesinato de los sacerdotes jesuitas ocurrido en noviembre de 1989.

El documento dice que para aplicar a los beneficios los imputados tendrán la opción de reconocer su participación en los hechos de los que los acusan. Pero si no lo hacen podrán optar por cumplir alguna de estas cuatro condiciones: colaborar con el esclarecimiento de los hechos; dar a conocer prácticas violatorias de derechos humanos de la organización responsable; ayudar a ubicar víctimas; o ayudar a ubicar pruebas.

El exprocurador de derechos humanos y querellante en el juicio por El Mozote, David Morales, cree que estas opciones son demasiado amplias y favorables a los imputados. “Un general puede decir que la responsabilidad fue de un sargento que murió y ya puede argumentar que colaboró. ¿Qué victimario va a colaborar con la verdad si no enfrenta una pena real?”, dijo Morales.

Además, el informe promete “mecanismos especiales” para los mayores de 65 años que cumplan las penas de trabajos de utilidad pública.

La propuesta, además, prohíbe la extradición de acusados por violaciones a los derechos humanos que sean reclamados en otros países, un guiño con dedicatoria a los militares que han sido requeridos por la Audiencia Nacional de España para ser procesados, en ese país, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y la hija de ésta.

“Ese para mí es un dardo dirigido al caso jesuitas. Con esa prohibición se está anulando el principio de justicia universal”, dijo Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos humanos de la Universidad Centroamericana.  

Hasta el momento, de un listado de 17 requeridos por España, solo el coronel Inocente Orlando Montano está en Madrid a la espera de un juicio por el que la Fiscalía española ha pedido 150 años de prisión. Montano fue extraditado a España por Estados Unidos en 2017. Él era viceministro de Seguridad Pública para la fecha en que ocurrieron los hechos. Según la acusación, el participó de una reunión del Alto Mando en la que se planificó el crimen.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña falló en contra del proceso de extradición contra los militares acusados por este caso. Cinco años más tarde ratificó su decisión. En 2011, cuando se ordenó su captura internacional, los militares encontraron refugio en instalaciones del Ministerio de la Defensa del primer gobierno del izquierdista FMLN.

La nueva amnistía también obliga a la Fiscalía a delimitar un número de casos posibles a investigar y también pone un techo máximo de las reclamaciones en responsabilidad civil que las víctimas pueden hacer a los imputados.

El documento de 22 páginas ya ha sido criticado por organizaciones sociales y asociaciones de víctimas que este 16 de mayo protestaron frente a la Asamblea. El primer borrador de esas conclusiones, presentado por el diputado Rodolfo Parker en marzo, sugería una nueva amnistía y fue duramente criticado por organizaciones civiles y de víctimas, la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el arzobispo de San Salvador, lo que llevó al propio Parker a renunciar de la comisión.

El general Vargas, ex negociador del proceso de paz devenido en diputado y secretario de la comisión ad hoc, aseguró que  “el borrador de Parker quedó expulsado de la comisión, y ninguno de los insumos está en este documento”. Sin embargo, en este nuevo proyecto los diputados sugieren lo mismo que el borrador auspiciado por Parker o que un anteproyecto que la Presidencia de la República nunca presentó: que se libre de cárcel a los criminales de guerra de la guerrilla o el ejército.

El informe tiene las firmas de los diputados de Arena, FMLN, PCN y PDC que integraron la comisión ad hoc y fue presentado el 9 de mayo a la Comisión Política. Juan Carlos Mendoza, diputado de Gana, no firmó el documento. Guadalupe Vázquez, jefe de fracción del grupo parlamentario, afirma que no apoyarán ninguna “ley exprés” porque espera que se discuta. “No nos prestaremos a querer esconder algo”, dijo Vásquez. Gana será partido oficial a partir del 1° de junio y ha adelantado que no acompañará la petición. El presidente electo, Nayib Bukele, también ha expresado su oposición al proyecto.

Para aprobar la ley, los diputados solo necesitan 43 votos y entre las fracciones de los diputados firmantes reúnen 72. El diputado Vargas dijo a El Faro que debían de aprobar esta ley antes del 1 de junio. Norman Quijano, también de Arena y presidente de la Asamblea Legislativa, dijo también que esperan transformar ese informe en una ley pronto y que podría dejar abierta la sesión de la Comisión Política para aprobar el reemplazo a la ley de amnistía en cualquier momento. Jorge Schafik Hándal, subjefe del grupo parlamentario del FMLN, insiste en que el documento presentado es “un insumo para que se cree una nueva ley basado en los parámetros de la sentencia de la Sala”. Hándal, al igual que Vargas , espera que sea aprobada la ley antes del primero de junio.

El general Juan Rafael Bustillo, sentado en el banquillo de los acusados, muestra un ejemplar del informe de la Comisión de la Verdad , en el que se narran los casos ejemplificantes de violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Bustillo llegó el 19 de octubre de 2017 al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera para responder, al igual que otros 17 militares, por la masacre de El Mozote y caseríos aledaños, en la que participaron diversas unidades del Ejército salvadoreño y en el que se asesinó a alrededor mil campesinos en la zona norte del departamento de Morazán, en diciembre de 1981. Foto: Fred Ramos
 
El general Juan Rafael Bustillo, sentado en el banquillo de los acusados, muestra un ejemplar del informe de la Comisión de la Verdad , en el que se narran los casos ejemplificantes de violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Bustillo llegó el 19 de octubre de 2017 al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera para responder, al igual que otros 17 militares, por la masacre de El Mozote y caseríos aledaños, en la que participaron diversas unidades del Ejército salvadoreño y en el que se asesinó a alrededor mil campesinos en la zona norte del departamento de Morazán, en diciembre de 1981. Foto: Fred Ramos

Un camino especial para los juicios de guerra

El informe de los diputados sugiere que los casos de crímenes de guerra no sigan el proceso común como ocurre en cualquier proceso penal. La propuesta es que los jueces 1°, 2° y 3° de sentencia de San Salvador se encarguen de conocer la etapa inicial e instrucción. Mientras que los magistrados y magistradas de la Cámara Primera, Segunda y Tercera de lo Penal de San Salvador resolverán los juicios.

En la mayoría de los casos, las Cámaras son el ente responsable de resolver los recursos de apelación, es decir el documento que presenta una de las partes alegando su inconformidad con respecto a la decisión que tomó un juez. Para ese fin, los diputados, designan a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver las apelaciones. Por último, los recursos de casación, que es el documento que piden anular la sentencia de un juez, los discutirá Corte Plena “con excepción de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Penal”.

El documento no incluye ninguna explicación o justificación de por qué se elige a ciertos tribunales de San Salvador sobre otros, ni de por qué altera el orden regular del sistema judicial. David Morales consideró estas modificaciones como “atentatorias contra la independencia judicial”.

Los diputados también delegan a la Fiscalía General de la República que construya una lista de procesos a investigar en los cinco meses después de la aprobación de la ley. En la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, los magistrados ordenaron que estarían excluidos de amnistía “los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes” . En su interpretación, los diputados quieren formar una lista cerrada de casos que sí se pueden investigar.

El informe no especifica qué pasará con los casos que no integren la lista final. Los diputados plantean que cualquier persona particular o judicial, incluso una organización, podrán acudir con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir que otros casos se añadan a la lista. En esos caso, el Fiscal tendrá 10 días hábiles para decidir. Luego de eso, según esta ley, los peticionarios podrán presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la decisión de la Fiscalía, como si se tratara de una apelación. Para ello, la Asamblea sugiere darle 15 días hábiles a la Sala de lo Constitucional para que resuelva.

Estos plazos son irreales, según el abogado Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA). “La Comisión de la Verdad trabajó aproximadamente ocho meses, trabajando 100 % dedicado a esto con especialistas de alto nivel. Y recogieron alrededor de 20 mil denuncias. La Fiscalía tiene hoy por hoy cuatro fiscales (para crímenes de guerra). Un grupo de cuatro para hacer esta decisión solo desde la perspectiva legal, es irreal, sabiendo que para este tipo de decisiones se necesitan documentalistas, archivistas, psicólogos, antropólogos, historiadores”, dijo Escalante a El Faro.

Sobre la anulación del Informe de la Comisión de la Verdad, el especialista señala que eso solo abonará a la impunidad. “Piden a la ONU el archivo de la Comisión de la Verdad pero agregan que no tienen valor probatorio. El archivo solo servirá para construcción de memoria histórica pero no para los juicios. La prueba tiene que ser oportuna, lo más cercano en tiempo del hecho tiene más valor. La Comisión de la Verdad trabajó a unos cuantos años de los hechos, la FGR está a 30 años. Los archivos son oportunos, al menos como indicios”, dice Escalante.

Escalante también criticó el hecho de que la Sala Constitucional se ponga a “evaluar labores de investigación o selección de la Fiscalía”. Para Escalante no solo supone una intervención en la autonomía fiscal: “poner a la Sala a controlar a un órgano que investiga es inconstitucional”.

La ley también pide que el fiscal general realice “una política institucional especial que promueva los casos ante los juzgados de San Salvador”. En diciembre de 2018, el fiscal general Douglas Meléndez ya presentó una “política de persecución penal y crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Los diputados no aluden a ese otro documento.

El borrador que presentó el diputado Parker  buscaba que los acusados no devolvieran dinero a la víctima o a sus familias. Esta vez sí. Pero buscan que el posible condenado no sea afectado.

“El monto de reparación civil  será acorde a la capacidad económica y sin afectar el proyecto de vida  de la persona condenada y el de su familia”, dice el documento. En cualquier caso, la reparación exigida no podrá exceder “el 20 % del patrimonio líquido del condenado”. El patrimonio líquido es la cantidad neta de los bienes de una persona, cuando se le resta el monto de las deudas.

Una “amnistía encubierta”

Al comparar este nuevo documento con el primer borrador que salió de la comisión, el abogado David Morales encuentra pocas diferencias de fondo. “El documento tiene vicios muy similares a los vicios del proyecto Parker en relación al debido proceso y violación de derechos humanos”, dijo. Una ley de este tipo “generaría juicios simulados, prohibidos por derecho internacional”, agregó.

Para Morales, estos parámetros terminarán estableciendo “una amnistía de facto o amnistía encubierta porque no la denominan de esa manera. pero el resultado es el mismo: producir impunidad”.

De acuerdo con Escalante, esa característica de tratar de ocultar la intención de impunidad es lo que hace a este documento peor que el presentado por el diputado Parker. “Lo peor no es que la monstruosidad sea evidente, lo peor es que pareciera mostrarse como una oveja pero es un lobo. Es una labor maléfica de trabajar esto con un cuidado especial para tratar de ocultar las trampas”, aseguró Escalante.

Morales considera que en materia de reparación, esta propuesta sí se desliga del borrador presentado por el diputado Parker, sobre todo en el tema de reparaciones, donde crea un fondo para brindar indemnizaciones a las víctimas; así como en el tema de medidas para fomentar la memoria histórica. Sin embargo, el abogado cree que es parte de un intercambio injusto. “Son reparaciones mínimas y que ahora pretenden dar a cambio de que crímenes gravísimos no sean investigados adecuadamente”, dijo.

“La intención es proteger a los victimarios, que no hayan investigaciones serias y que la justicia falle y no pueda cumplir su finalidad de establecer la verdad y adecuar penas según el marco que la ley ha establecido para delitos gravísimos. Hay un afán de protección”, puntualizó.

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