Un día antes de que se cumpliera el plazo que los partidos se habían fijado para intentar aprobar la nueva amnistía para los criminales de la guerra civil salvadoreña, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el proyecto de ley, “para evitar que el Estado incumpla con garantizar el derecho de acceso a la justicia y sus obligaciones internacionales”.
El martes 28, la Corte IDH dio a conocer una resolución firmada por el presidente Eduardo Ferrer Mac- Gregor Poisot, que ya fue emitida y notificada al Estado salvadoreño, con lo cual es de estricto cumplimiento dado que sus resoluciones son vinculantes.
El Salvador está bajo jurisdicción de la Corte IDH, que ya condenó al Estado en 2012 por la violación de derechos humanos en la masacre de El Mozote y lugares aledaños. El Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) representa a las víctimas de El Mozote en ese proceso y en la fase de supervisión del cumplimiento de la sentencia. El 24 de mayo, CEJIL pidió medidas provisionales a favor de las víctimas, ante la inminente aprobación de una ley que permitiría a criminales de guerra del ejército y la guerrilla evadir la cárcel, pero que también afectaría el acceso a la justicia en un caso que lleva investigándose desde que fue reabierto en 2016.
Entre otras apuestas, la nueva amnistía ordenaba a los jueces la suspensión de penas en los casos ya abiertos (como el de El Mozote) a cambio de trabajos de utilidad pública para los acusados, independientemente de la gravedad del crimen que hubiesen cometido. Perpetrada por el Ejército en 1981, El Mozote es considerada la peor masacre en los tiempos modernos de América Latina, y el Estado ya ha reconocido un millar de víctimas, más de la mitad menores de edad.
La decisión de la Corte IDH obliga a los diputados salvadoreños a frenar su intento de pasar una nueva amnistía antes que el presidente Salvador Sánchez Cerén entregue el poder el 1 de junio. La resolución, de 22 páginas, retoma las críticas que otros organismos como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho al proyecto de ley. La Comisión IDH dijo que “en los términos en los que está redactado el proyecto de ley (en cuestión), resulta evidente que no cumple con salvaguardas mínimas para el derecho a la justicia de las víctimas”.
El fallo canaliza una exigencia de las víctimas del conflicto que se opusieron a esta ley desde la formación de la comisión ad hoc, creada en 2018, para proponer una nueva ley de reconcilición en cumplimiento al fallo que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Esas exigencias y clamores ya se pusieron de manifiesto el 26 de mayo, cuando cuatro víctimas demandaron cara a cara a los diputados no aprobar la ley y recordaron, a los legisladores y al país sus búsquedas de justicia.
Antes de conocerse la resolución, notificada en la tarde de este martes, los bandos de la izquierda y la derecha ya habían empezado a recular ante las presiones nacionales e internacionales. En la sesión plenaria del 23 de mayo, el FMLN se quedó como único partido dispuesto a votar en bloque a favor de la ley. Tras el intento fallido, cinco días después, diputados del FMLN ya ventilaban la posibilidad de elaborar un tercer documento, tras un borrador presentado por el diputado Parker, en febrero, y un segundo, presentado el 23 de mayo.
Un día después de la visita exprés que se le permitió a las víctimas el lunes 27 de mayo, la Comisión Política -que apenas tres días antes había augurado una aprobación para esta semana- fue suspendida. Ahora la correlación legislativa es más incierta para los partidos. El Frente montó una conferencia de prensa por la mañana del martes 28, horas antes de que se conociera el fallo de la Corte IDH. Los diputados Schafik Hándal y Damián Alegría cambiaron su discurso. En menos de 24 horas, Hándal pasó de decir que “los caminos de reconciliación no son por ley” a afirmar que están prestos para construir “una propuesta de ley que permita tener un balance adecuado entre los intereses de las víctimas y el interés general de la sociedad por la construcción de una paz verdadera y duradera”.
En Arena, los principales impulsores de la nueva amnistía estaban ansiosos de la apresurada aprobación de la ley de reconciliación para antes del primero de junio. Pero según Julio Fabián, subjfe de fracción, aún mantenían los mismos veinte votos que habían calculado la semana pasada. “No queremos votar divididos”, dijo. Ahora, los diputados de los partidos de derecha, cuyos votos se desgranaron en la plenaria de la semana pasada, también han aceptado darle más tiempo a la discusión, aunque sin referirse concretamente a la orden de la Corte IDH.
“En la sesión plenaria de mañana (29 de mayo) no está considerado incluir en la agenda la ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional”, informó Norman Quijano, diputado de Arena y presidente de la Asamblea Legislativa. “Mi posición es que debemos continuar con el proceso de consultas a la mayor cantidad de sectores para construir el consenso”, dijo.
La ley de reconciliación quedará congelada hasta el próximo periodo de sesiones de la Corte IDH, a celebrarse entre el 26 de agosto y el 13 de septiembre de este año. Para el 14 de junio, una nueva administración del Órgano Ejecutivo deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de esta resolución y el impacto de este proyecto de ley en el cumplimiento de la sentencia sobre El Mozote. Además, pide que se informe si esta ley cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que eliminó la amnistía del ordenamiento jurídico.
“Nos parece que es una victoria”, dijo a El Faro Gisela de León, directora legal de CEJIL. “En un proyecto de este tipo, las víctimas tienen que hacer el centro de la discusión. Los diputados no se pueden sentar a escribir un proyecto de ley en el que las víctimas no tengan participación”, dijo De León.
Según la abogada, “la resolución abre un camino para consultas amplias, para que las víctimas participen en un proyecto de ley reparador y que tenga como centro la obtención de justicia. Aquí el Estado tiene la oportunidad de actuar de la manera correcta”, agregó.
Corte IDH reprueba la ley de “reconciliación”
Las consideraciones del presidente de la Corte IDH se centraron en algunos artículos del proyecto de ley que analiza la Comisión Política.
Para conceder medidas provisionales, la Corte debe encontrar un riesgo “urgente y extremo de daño” a un derecho, en este caso, el derecho del acceso a la justicia. En sus conclusiones, señaló que “de ser aprobada en los términos en que se encuentra planteado el proyecto, podría ser una ley incompatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”, ambos referidos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
La presidencia de la Corte IDH notó uno de los puntos más controversiales de la ley: la imposibilidad de castigos de cárcel al final de los procesos. “Existe una evidente e infundada desproporción entre la suspensión de la sanción penal que propone el proyecto de ley y los bienes jurídicos afectados”, dice la resolución sobre el artículo 12 de la ley. Ese apartado impone que toda sanción se suspenderá de inmediato por trabajos de utilidad pública, que podrán ser atenuados si el condenado es mayor de 65 años o tiene una condición médica.
“El otorgamiento indebido de beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”, recordó la Corte.
De igual manera, el artículo 13 prohíbe el uso de la prisión preventiva en los procesos. La Corte IDH criticó que “aun cuando existiesen riesgos fundados de que las personas acusadas obstaculicen el desarrollo de las investigaciones de graves violaciones a derechos humanos o eludan la acción de la justicia, el juzgador no contaría con la posibilidad normativa de disponer una medida adecuada para aseguramiento del proceso penal, con lo que se podría ver afectado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.
Mac- Gregor también reparó sobre los artículos que obligan a la Fiscalía a elaborar un listado cerrado de casos que serán investigados y procesados judicialmente. Según el documento, ese requisito “podría llegar a restringir indebidamente la investigación y juzgamiento” de casos. “Un listado cerrado de casos, elaborado en una sola ocasión, en un periodo tan corto de tiempo no garantizaría un adecuado análisis de selección, considerando que en este tipo de contextos donde por décadas se denegó el acceso a la información relacionada con los hechos, la determinación de los casos podría variar en el tiempo”, dice el documento.
Además, la Corte IDH señaló contradicciones en la ley que proponen los diputados. Por ejemplo, el artículo 16 establece que los casos que no sean crímenes de lesa humanidad o de guerra seguirán siendo objeto de amnistía. Según la resolución, “las referidas normas del proyecto de ley no son claras en cuanto a qué sucedería con la investigación” de los casos que no sean incluidos en la lista elaborada por la Fiscalía. “Dicha falta de claridad podría implicar, en la práctica, la impunidad de este caso”, según la Corte.
'¡Puta, esto no es izquierda!'
“Tengo 44 años de estar reclamando justicia (por el asesinato de mi padre). En los 10 años de Gobierno del FMLN han tenido a la mano del Presidente de la República a uno de sus presuntos criminales, Jorge Meléndez”, reclamó el peiodista Juan José Dalton -hijo del poeta Roque Dalton- desde el Centro Cívico Cultural Legislativo, ubicado en el centro histórico de la ciudad capitalina, San Salvador, el lunes 27 de mayo. Junto a Dalton, otras víctimas denunciaban frente a la Comisión Política la aprobación de estatutos que iniciarían una nueva era de perdón y olvido.
Después del primer intento por aprobar la ley de reconciliación, una nueva amnistía disfrazada, la Comisión Política convocó el pasado viernes 24 un proceso de “consulta” con los diferentes sectores involucrados: víctimas, iglesia, universidades y asociaciones de exmilitares. Cada grupo tenía que resumir y defender en 20 minutos las dos propuestas de ley que están en discusión: la primera que fue presentada por la Mesa Contra la Impunidad el pasado martes 21 de mayo por iniciativa del único diputado que decidió acompañarla, Juan José Martel (CD); y la segunda, que salió del borrador presentado por la comisión ad hoc e impulsada por los partidos Arena, FMLN, PCN y PDC.
“En esta misma Asamblea Legislativa que han declarado a mi padre poeta meritísimo de El Salvador quieren avalar una ley de amnistía. A los diputados del FMLN se los pido, que no avalen eso”, suplicó Dalton, con cara de angustia y desacierto por la memoria de su padre, mientras los legisladores con semblante acartonado no se inmutaron al escucharlo. Dalton fue ejecutado por la comandancia del Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de mayo de 1975. Se responsabiliza por el crimen al excomandanto Joaquín Villalobos y a Jorge Meléndez. Ninguno ha querido revelar cómo dispusieron de los restos del poeta. Ante el llamado de atención, los diputados del Frente, Damián Alegría y Schafik Hándal, continuaron tomando apuntes, como si la exhortación no fuera con elos.
'¿Cómo va a ser posible que los autores intelectuales no sean enjuiciados? ¿Cómo va a ser posible que la gente no pague pena de cárcel?', cuestionó Dalton al salir del salón donde estaban reunidos los diputados.
'El FMLN estaba llamado a no permitir nada de esto, y ahora resulta que son los que encabezan este proceso para generar más impunidad, eso es inadmisible. A saber en qué caminos ha andado el FMLN. Si Chávez, Schafik o Fidel los están viendo… ¡puta, esto no es izquierda!', se desahogó Dalton, sin que ningún diputado lo pudiera escuchar.
En la mañana del 27, 16 personas -todos los convocados menos los de las asociaciones militares- criticaron el tiempo dispuesto para escucharlos. Que en 20 minutos no se iba a realizar un proceso de consulta, dijeron. Iglesias, universidades y víctimas solicitaron a la Comisión Política que se extendiera el plazo para una consulta más justa y en dónde no hubiera intermediarios con conflicto de intereses, como lo hubo en la comisión ad hoc, que tuvo como principales artífices del borrador que promueve la impunidad al exgeneral Mauricio Vargas (uno de los artífices de la primera amnistía de 1993) y Rodolfo Parker (un abogado señalado por obstruir la justicia en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, según el informe de la Comisión de la Verdad).
Ya no se distingue la izquierda y la derecha frente a la amnistía disfrazada. Armando Durán, la primera persona en tramitar una denuncia tras la abolición de la amnistía en 2016 (denunció por secuestro a la comandancia del FMLN), cuestionó a los altos representantes de los partidos políticos. “Yo me pregunto por qué los diputados están interpretando la sentencia de la Sala de lo Constitucional, si no se necesita ser ni diputado ni abogado para saber que no la están leyendo”, dijo. Otra de las víctimas que se hizo presente en la comisión, Erlinda de Franco, representante del Frente Democrático Revolucionario, solicitó “que se aparte la gente del FMLN, que se aparte la gente de Arena porque para mí son los victimarios. Por favor permitan que aquí se juzgue”, pidió.
Cuando terminó la sesión de la Comisión Política, Federico Rodríguez, hijo de un exalcalde de Perquín desaparecido por el FMLN durante el conflicto, tomó la palabra. Rodríguez llegó solo, sin el acuerpamiento de ninguna asociación, pero el diputado de Arena Julio Fabián pidió para él unos minutos, aunque sus colegas ya se habían levantado. “Si ustedes han leído el informe de la Comisión de la Verdad ahí dice que se legisle para que ambos bandos se castigue. Fuimos víctimas también de la Fuerza Armada, mi hermano tenía 11 años, lo mataron y lo tiraron en un barranco y no era guerrillero”, dijo Rodríguez.
Por la tarde del 28 de mayo, Benjamín Cuéllar, uno de los demandantes de la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016, se acercó a las instancias de la Corte Suprema de Justicia para gestionar que se extienda el plazo de caducidad, fijado para el 13 de julio de 2019, y que se pueda hacer una consulta amplia donde los diputados incluyan a víctimas de ambos bandos.
