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Servicio Social Pasionista: “La violencia estatal fue una marca del gobierno de Sánchez Cerén”

El segundo gobierno del FMLN destacará por ser el lustro en el que Estado volvió a ejercer violencia contra la población en el marco de una guerra contra las pandillas. El más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista perfila con cifras oficiales todas las denuncias contra los abusos de la Policía Nacional Civil.

Gabriela Cáceres

 
 

El quinquenio de Salvador Sánchez Cerén, el segundo presidente bajo la bandera del FMLN, será recordado como el período en el que más homicidios se registraron en los últimos 20 años, pero también como en el que la violencia ejercida desde el Estado volvió a cobrar protagonismo en las estadísticas de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

“Rara vez al hablar de violencia se nombra y caracteriza a la violencia estatal. En estos años ha sido necesario identificar, registrar y caracterizar estos hechos, ya que terminaron siendo una marca de esta administración”, concluye el Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS) en su más reciente informe, centrado en analizar la política de seguridad de la gestión saliente. 

El documento, que recoge datos oficiales de la Fiscalía, Policía y Procuraduría de Derechos Humanos (obtenidos a través de la Ley de acceso a la información), resalta el número de asesinatos de pandilleros en “supuestos enfrentamientos” con Policías, el incremento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos contra agentes y la falta de investigación de los casos en la Fiscalía General de la República.

El Observatorio del SSPAS lleva ya varios años monitoreando el fenómeno de la violencia y fue de los primeros organismos no gubernamentales, junto a al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, en elevar la alerta por los patrones de violencia ejercidos desde los cuerpos de seguridad del Estado. En 2017, ambas organizaciones llevaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar un único tema: ejecuciones extrajudiciales.

Un Agentes de la PNC  hace guardia en los alrededores de la finca San Blas en donde murieron ocho personas, en la madrugada del 26 de marzo de 2015. Foto: AFP
 
Un Agentes de la PNC  hace guardia en los alrededores de la finca San Blas en donde murieron ocho personas, en la madrugada del 26 de marzo de 2015. Foto: AFP

Un gobierno represor

Sánchez Cerén, que en sus primeros seis meses de gestión prometió una política de seguridad enmarcada en su programa El Salvador Seguro, con la prevención del delito y una policía comunitaria como punta de lanza, rápido dio un giro en enero de 2015, cuando envió a los policías a un combate frontal contra las pandillas. Esta nueva modalidad, en la que los policías fueron invitados a disparar “en cumplimiento del deber”, produjo apenas en dos meses los primeros señalamientos por ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías, pero también por soldados.

Solo dos casos registrados en el primer trimestre de 2015 (la masacre de San Blas, reportada por El Faro; y la ejecución de Pajales, reportada por La Prensa Gráfica) le significaron al Estado un fallo condenatorio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Al finalizar el quinquenio, los datos abren más preguntas. Según el informe, policías y militares mataron a 1,668 supuestos pandilleros en supuestos enfrentamientos armados. En la mayoría de los casos, el Estado dijo que “estos ataques ilegítimos ocurrieron por parte de pandillas hacia policías y militares los cuales responden a estos en defensa propia”.

“La mayor cantidad de víctimas en estos supuestos enfrentamientos ha sido registrada por parte de miembros de pandillas. En el último año, el 81.3% de las víctimas mortales correspondió a pandilleros y el 0.9% a policías”, dice el documento. En esas supuestas emboscadas también fueron asesinadas 98 civiles, según los datos oficiales recogidos en el informe.

Ya en 2016, El Faro reveló que el número de supuestos enfrentamientos entre policías y delincuentes apuntaba a la “presencia de ejecuciones sumarias”, según expertos.

En retrospectiva, Verónica Reyna, la directora del Observatorio del SSPAS, concluye que el gobierno del FMLN ha sido el más represivo en los últimos 25 años. “Creo que sí porque para los gobiernos de Arena, con los planes Mano Dura y Súper Mano dura utilizaron más estrategia mediática y de posicionamiento (del partido), donde hubo detenciones arbitrarias... Una de las características que a mí me preocupan más y que no se observó en ningún otro es esto de los enfrentamientos armados”.

Para Reyna, el problema que ha acarreado esta política es un efecto en el que la violencia genera más violencia. “Eso de los ataques dirigidos a la Policía sí debería de preocupar al próximo gobierno. ¿Cómo va enfrentarse a ese ciclo de venganza?”, dice. El informe recoge que hasta 2018 fueron asesinados 208 policías y 101 militares.

Los supuestos enfrentamientos contra pandilleros y los ataques en respuesta contra agentes policiales y militares fueron el colofón de una política de seguridad diseñada para combatir y “erradicar” a las pandillas. La apuesta de Sánchez Cerén buscaba desligarse de una segunda tregua con las pandillas, como la manejada por su antecesor, Mauricio Funes. En 2012, bajo el mando del entonces ministro de Seguridad David Munguía Payés (hoy ministro de Defensa que va de salida), el gobierno negoció con las pandillas la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios.

El Gobierno también se planteó como meta recuperar el control de los territorios dominados por las pandillas. “El gobierno en ningún momento está dispuesto a negociar con criminales. Que quede muy claro: no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a capturar y los vamos a poner al servicio de la justicia para que terminen los crímenes que han cometido contra la población", dijo Sánchez Cerén en enero de 2015. Por eso al año siguiente impulsó las medidas extraordinarias que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, en abril 2016.

Policías y militares fueron desplegados en las calles con el objetivo de capturar a pandilleros. En las cárceles, las ‘medidas extraordinarias’ impusieron castigos contra reos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) y de las dos facciones del Barrio 18 (sureños y revolucionarios). Se les restringió el acceso a visitas y se les confinó a periodos de encierro permanentes en celdas especiales. El argumento que jsutificó las medidas, aprobadas por todos los partidos en la Asamblea Legislativa, era que desde las cárceles se emitían las órdenes para cometer asesinatos y extorsiones, según información de inteligencia del Estado.

En febrero 2018, Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, advirtió al Gobierno de Sánchez Cerén que su política para combatir a las pandillas violaba los derechos humanos. "Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente", dijo. También destacó que había "encontrado patrones de comportamiento de ejecuciones extrajudiciales".

Dennis Alexander Martínez fue asesinado en marzo de 2015 en la finca San Blas de San José Villanueva. En septiembre de 2017, el juez Cruz Pérez Granados, del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, confirmó que “hubo un exceso, una ejecución sumaria, extralegal, arbitraria, contra Dennis Hernández y por parte de un policía del GRP”. Sin embargo, por falta de pruebas que individualizará al policía que mató a Dennis, el juez liberó a los policías acusados por el crimen.
 
Dennis Alexander Martínez fue asesinado en marzo de 2015 en la finca San Blas de San José Villanueva. En septiembre de 2017, el juez Cruz Pérez Granados, del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, confirmó que “hubo un exceso, una ejecución sumaria, extralegal, arbitraria, contra Dennis Hernández y por parte de un policía del GRP”. Sin embargo, por falta de pruebas que individualizará al policía que mató a Dennis, el juez liberó a los policías acusados por el crimen.

La Policía la institución más denunciada

El 26 de abril de 2016, Juan Martínez Paredes denunció a tres policías asignados al plan de seguridad de la zafra, de haberle hurtado $160 de un bote de vidrio que tenía en su tienda ubicada en el cantón Cangrejera, La Libertad. Esa denuncia provocó que esos agentes se vengarán de Martínez, quienes colocaron un retén policial cerca de su casa para detenerlo. En el vehículo de Martínez encontraron marihuana y armas, según el requerimiento fiscal.

Martínez estuvo detenido un año, pero al mismo tiempo era víctima de los policías que le robaron $160 de su tienda. Un juez de Sentencia de Santa Tecla lo dejó en libertad porque estaba convencido que se trató de una venganza. El hombre, sin embargo, continúo el caso contra los policías. Tres días antes de declarar en el juicio en contra de ellos, Juan fue asesinado frente a su tienda. La familia y el abogado de Juan Martínez denuncian que detrás de este crimen están los policías, pero cuestionan que la Fiscalía todavía no ha iniciado el proceso de investigación.

En el informe del SSPAS, la PDDH recibió 10,057 denuncias en contra la Policía por diferentes delitos. De acuerdo a los datos, la Policía sigue siendo la institución más denunciada por cometer violaciones a los derechos humanos. “Llama la atención que en la administración de Sánchez Cerén se ha observado un incremento significativo en el porcentaje de denuncias atribuidas a la Policía Nacional Civil, lo cual coincide con las denuncias hechas por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos respecto al incremento de la violencia policial y los abusos de esta institución durante este periodo”, se lee en el documento.

La investigación también reveló que “es llamativo el incremento de casos de violación al derecho a la vida que se registra entre 2014 y 2017, así como la ausencia de información sobre su registro en 2018. En solo tres años la Procuraduría registró 223 casos de violación al derecho a la vida atribuidos a la Policía Nacional Civil, dato que es coincidente con las denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas”.

Estos datos, además, señalan que durante la gestión de Sánchez Cerén la PDDH registra un total de 138 casos de presunta ejecución o tentativa de ejecución extrajudicial donde las fuerzas de seguridad del Estado son los señalados, “sumando casi 223 víctimas de estos hechos. 115 de esos casos son atribuidos a la Policía”. Pero la Policía no solo está tachada por homicidios, sino también ha sido denunciada por intimidad y libertad personal.

En abril de 2019, el director de la Policía, Howard Cotto, descartó que existan ejecuciones judiciales y que se haya trazado una política por esa vía para combatir la violencia. En la presentación del informe del SSPAS participó el subcomisionado Óscar Lara Díaz, encargado de la unidad de control interno de la PNC. Para Lara Díaz, el informe "es una radiografía del abordaje de la institución policial frente a la avalancha de problemas”.

Lara Díaz añadió: “Esto sirve para autoexaminarnos. A mí juicio esto es una forma reactiva para de atender el fenómeno y que da paso para enderezar un poco las acciones y atender las causas de por qué están ocurriendo ese tipo de situaciones al interior de la institución. Hay que reflexionar y tomar acciones concretas”, dijo.

¿Hubo protección?

Más de 308 policías fueron procesados por el delito de homicidios, según el informe, basado en datos de la Fiscalía. El Observatorio considera que el incremento de casos de policías imputados por delitos de homicidio “puede estar vinculado a la intensificación de casos de enfrentamientos armados en los que se ven involucrados”. Pero también señalan que hay incrementos de denuncias en los delitos relativos a la integridad y la libertad en donde policías son los imputados.

SSPAS solicitó información sobre cuántos casos en contra policía son archivados por la Fiscalía y los datos arrojaron que “sí se observa un incremento de casos archivados a partir 2013”. Ese año, no investigaron 307 casos. En 2017, 735 casos fueron engavetados. “De acuerdo a la información solicitada, la tendencia de archivar en una alta proporción los delitos registrados se mantiene también cuando la persona acusada es policía”, dice el informe.

Sin embargo, desde 2013 a 2018, la Fiscalía inició proceso judicial en contra de 813 policías por los delitos de homicidio simple y homicidio agravado. Durante ese mismo tiempo 22 policías fueron condenados, es decir, el 2.7% de los policías acusados por dicho delito, el cual es levemente superior al porcentaje de absoluciones, que fue de 2.5% en el mismo periodo”.

El quinquenio de los 23 mil homicidios

Pese a que la Policía celebra como un logro que a partir de 2015 logró una reducción del 60 % en la tasa de homicidios, en las últimas cuatro administraciones presidenciales, la de Salvador Sánchez Cerén es la que más homicidios ha registrado con 23,000 asesinatos hasta 2018.

Entre 1999 y 2019, El Salvador ha registrado casi 80,000 homicidios. Según números oficiales, fue durante la presidencia de Mauricio Funes que El Salvador registró menos homicidios en los últimos 20 años, 17,524. Esa reducción podría tener explicación en el pacto con las pandillas que terminó en una tregua que desplomó los homicidios a niveles históricos entre marzo de 2012 y mediados de 2013.

En los gobiernos de Arena al mando de Francisco Flores (1999 -2004) y Antonio Saca (2004-2009) implementaron las políticas “manoduristas” que básicamente consistió en hacer redadas masivas de pandilleros en comunidades, un patrón que continúo en los gobiernos del FMLN. La cifra asesinatos durante los periodos de Arena se mantuvo entre los 3,000 por año.

El año más violento en los últimos 20 años fue 2015, el año en el que el Gobierno impulsó una “guerra” contra las pandillas. Según la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrieron 6,656 homicidios.

“Las políticas de seguridad de los últimos 25 años se han caracterizado por su énfasis represivo, priorizando el abordaje penalista que busca el incremento de penas, la creación de delitos, la proscripción de grupos y el uso de la figura de terrorismo para justificar sus acciones”, concluye el informe.

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