El presidente Nayib Bukele recibió el martes 18 de junio con un almuerzo en Casa Presidencial a una comitiva integrada por familiares y representantes de las víctimas de El Mozote. Ese día les prometió que iba a continuar con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bukele dijo que su orden de retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la 'Tercera Brigada de Infantería' era un mensaje de la voluntad política de su gobierno. El coronel es señalado por informes de Derechos Humanos como el responsable de dirigir el Batallón Atlacátl, durante los operativos que culminaron con la masacre en la que fueron asesinados un millar de civiles, entre ellos 533 niños: 248 de ellos tenían menos de 6 años.
En su discurso de bienvenida, el presidente aseguró que las medidas de reparación van a ser una prioridad de su gobierno: 'los diagnósticos ya se hicieron. Empecemos a trabajar ya. Vamos a ejecutar los programas que sabemos que ustedes necesitan'. Dijo que no iba a poner como excusa que ya está aprobado el Presupuesto de 2019 y anunció que la oficina de Casa Presidencial que coordinaba las medidas de reparación con las comunidades ya no será parte del Ministerio de Seguridad sino de Gobernación. Esa oficina en la práctica ha desaparecido de forma momentánea tras los despidos de empleados de las secretarías de Presidencia de la República.
'Salí feliz de la reunión. La esperanza es que todo va a salir bien. Dijo que lo que le pidieran las víctimas iba a ser como una orden para él', dijo Dorila Márquez, una de las familiares de las víctimas y la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Wilfredo Medrano, uno de los querellantes de El Mozote, dijo que la reunión fue muy positiva y esperanzadora. Dijo que la promesa del presidente de continuar con las medidas de reparación, de invertir en las comunidades y el compromiso de no apoyar una nueva Ley de Amnistía habían sido los puntos más destacados del encuentro, al que la prensa solo tuvo acceso durante 15 minutos. A las 12:18, personal de comunicaciones de Capres ordenó el retiro de los periodistas.
'El presidente dijo que si encuentra vulneración a derechos humanos y si se quiere dejar en la impunidad casos, que él va a vetar la Ley de Reconciliación que apruebe la Asamblea Legislativa para que no se aplique', dijo Medrano. Ese fue uno de los puntos que Bukele discutió en privado sin presencia de medios de comunicación.
'Le vamos a enseñar al resto del país y el mundo que sí se pueden dar (medidas de) reparación, que no se habían hecho en el pasado porque, probablemente, no había la voluntad para hacerlas', dijo Bukele a sus invitados. A esa reunión asistió el ministro de Gobernación, Mario Durán; la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco; y la coordinadora del gabinete, Carolina Recinos. El gobierno de Bukele no es el primero en implementar medidas de reparación. Éstas iniciaron en los dos gobierno anteriores, pero, a diferencia de lo hecho por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, en el ejecutivo con la bandera del FMLN desde 2009, Bukele fue el primero en cumplir con una de las peticiones de las víctimas: comenzar a desmontar el culto a Domingo Monterrosa. El coronel todavía es una figura idolatrada en círculos políticos de extrema derecha y en las filas de la Fuerza Armada.
Márquez dijo que Bukele se comprometió en la reunión del martes 18 de junio a evaluar el retiro de nombres de militares implicados en violaciones a los derechos humanos. 'Hicimos la petición de que remuevan nombres de cuarteles, del Museo Militar, de escuelas y de calles', dijo Márquez, quien aseguró que el presidente se comprometió a estudiar la petición. En la reunión, Bukele no se pronunció sobre por qué nombró como viceministro de Defensa a Ennio Rivera, quien fue apoderado de militares acusados en el caso El Mozote. En 2013, Rivera intentó con un recurso ante la Corte revertir la decisión de la Sala de lo Constitucional de invalidar la Ley de Amnistía, una medida que si hubiera resultado habría significado que criminales de guerra del ejército y de la guerrilla recuperaran inmunidad. La Sala de lo Contencioso declaró improcedente su petición.
El presidente tampoco se pronunció sobre los archivos militares, resguardado con recelo por el Ministerio de Defensa, sobre los operativos militares que ocurrieron durante el conflicto armado, de 1980 a 1992. Medrano y Márquez dijeron que Bukele no había dicho si iba a darle la orden al ministro de Defensa, René Franciso Merino, de permitir el acceso a los documentos, que pueden servir para robustecer el juicio contra el alto mando de la Fuerza Armada de aquel entonces.
El 11 de junio de 2019, el ministro de Defensa, Merino, rechazó emitir una valoración sobre el culto que todavía se le rinde a Monterrosa en la Fuerza Armada y fue tibia su respuesta sobre si por fin van a abrirse los archivos clasificados sobre la guerra de El Salvador. 'Cada quien tiene su forma de pensar. No veo necesario hacer valoraciones de si está correcta la forma de pensar de aquellos que lo ven como héroe o de los que no. Estoy para cumplir órdenes del presidente', dijo y luego se pronunció sobre los archivos: 'la Constitución manda a resguardar información que comprometa seguridad nacional. Toda aquella que tenga que ponerse a disposición, porque así lo establecen las leyes, se hará'.
La orden inédita
El 2 de junio de 2019, Gustavo Amaya regresaba de San Salvador a San Miguel. El día anterior había asistido a la toma de posesión de Bukele. En su viaje, decidió detenerse frente a la 'Tercera Brigada de Infantería'. Con su teléfono comenzó a documentar con fotos y videos lo que ocurría. Cinco soldados, supervisados por dos oficiales, retiraban con espátulas el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la guarnición militar que está justo en la entrada de la ciudad
'Nos paramos a las 12:10 frente a la Tercera Brigada. Estaban descascarando el nombre del coronel. Me pareció algo tan simbólico que retiren el nombre del responsable de masacrar civiles. No lo podía creer', dijo Amaya, quien trabaja en una organización de la sociedad civil, en San Salvador, que promueve el desarrollo sostenible. Ese domingo, al mediodía, compartió un video con el mensaje '¡Orden presidencial acatada!', que hasta el 19 de junio llevaba más de 70,000 reproducciones en Twitter.
En 17 horas, el presidente Bukele hizo lo que dos presidentes del FMLN no se atrevieron a hacer en una década: retirar el nombre del coronel señalado como el responsable de la peor masacre de civiles en la historia moderna de América Latina. El ejército lleva décadas rindiéndo culto a Monterrosa, quien es señalado por el Informe de la Comisión de la Verdad como el comandante del operativo militar en el que fueron cometidas aquellas atrocidades: asesinatos de mujeres, niños y ancianos, violaciones, desplazamiento forzado de civiles.
'Se ordena a la @FUERZARMADASV retirar de inmediato el nombre del Coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel', escribió Bukele en Twitter el 1 de junio de 2019 a las 7 pm.
Tras el almuerzo en Casa Presidencial, Dorila Márquez se mostró feliz por el cumplimiento de la orden: “ay, es una gran alegría para todos nosotros que hasta ganas de llorar me dan. Es un paso muy importante que el nuevo presidente haya pedido eso y que le hayan hecho caso. Lo hemos pedido desde hace muchos años. Todo mundo sabe que él es el asesino que vino a masacrar a nuestros familiares, niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos”. El homenaje a Monterrosa era para las víctimas una manera traumática de recordar el pasado. “Cada vez que íbamos a las reuniones a San Salvador veíamos ese nombre. Lo tenían así como que era algo histórico que había hecho, algo importante, y hoy que lo quiten es una alegría para todas las víctimas, pero también para los que no han sufrido masacres que también sentían nuestro dolor”, dijo Márquez.
Krissia Moya, representante de las víctimas de El Mozote, dijo que se trataba de una decisión histórica. 'Ha sido algo que no se esperaba. Las víctimas esperaban que el gobierno anterior lo hiciera. He hablado con familiares de las víctimas masacradas y para ellos ha sido un motivo de mucha alegría. Ellos me dicen que es dignificante, reparador y esperanzador', dijo.
Gisela de León, directora legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que la remoción del nombre de Monterrosa de la instalación militar es un paso importante, que implica quitarles a los militares una parte de su versión de la historia. 'De ser una masacre que fue negada abiertamente por el gobierno salvadoreño pasó a que ahora se esté reconociendo que Monterrosa no es un héroe nacional, como se ha dicho en El Salvador por muchos años y que, por lo tanto, no merece ser objeto de reconocimiento como el hecho de que un cuartel militar lleve su nombre', analizó. De León insistió en que como organización esperan que esta acción vaya aparejada de permitir el acceso a los archivos militares para esclarecer la verdad y aportar en procesos judiciales.
La medida es tomada por un presidente que no pertenece a ninguno de los bandos que protagonizaron el conficto armado. 'Llegó una generación que no fue parte del conflicto y finalmente se atreve a tomar esta medida. Se pretende dar a la gente joven el enfoque de mirar hacia el futuro, pero se está reconociendo que para poder ir hacia el futuro se necesita reparar los errores del pasado', dijo la directora legal de Cejil.
La especialista en temas de memoria histórica, Georgina Hernández, considera que la orden es coherente con el Plan Cuscatlán y con las primeras declaraciones brindadas por la ministra de Cultura, Suecy Callejas, quien dijo que una de las apuestas de esa institución sería 'el derecho a la verdad' y aseveró que este es un punto de partida para implementar un Decreto Nacional de Memoria Histórica. ' (Esto responde a) la necesidad de una política de memoria que dignifique a las víctimas, que promueva la integración de diversas narrativas del pasado reciente para promover espacios de encuentro que rompan la polaridad con la que nos acercamos a las lecturas del pasado; además del compromiso del Estado, como garante de no repetición de graves violaciones a derechos humanos', dijo Hernández.
La masacre de El Mozote y zonas aledañas sucedió en diciembre de 1981. El mundo conoció en enero de 1982 las atrocidades cometidas por el Ejército salvadoreño en un remoto caserío de Morazán gracias a la publicación simultánea del New York Times y el Washington Post. Los dos periódicos calculaban que entre 733 y 926 víctimas civiles habían sido ejecutadas por el Batallón Atlacatl, dirigido por el coronel Monterrosa; el mayor José Armando Azmitia, como subjefe del batallón, y el entonces mayor Natividad de Jesús Cáceres, como jefe operativo. En septiembre de 2012, el estado salvadoreño llevó a cabo un registro oficial de las víctimas: concluyó que 978 civiles fueron asesinados por el Ejército. El registro fue una de las medidas que ordenó la sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-¿Qué significa que Bukele haya ordenado retirar el nombre, que se haya cumplido la indicación en pocas horas y que el FMLN se haya opuesto durante una década a hacerlo?- preguntó El Faro a Hernández
-Es reflejo de romper con ciertas lealtades persistentes entre los bandos contrincantes de la guerra, esas mismas lealtades que llevaron a la aprobación de La Ley de Amnistía, tan solo 6 días después de conocer el Informe de la Comisión de la Verdad, que desconoció la importancia del relato de la víctima, de su verdad, y su necesidad de acceso a la justicia. Unas lealtades que se manifestaron recientemente en la propuesta inconsulta de la Ley de Reconciliación Nacional.
El 24 de mayo, el FMLN y Arena perdieron el primer 'round' para imponer una nueva Ley de Amnistía, con el nombre de Ley de Reconciliación Nacional. Con ese nuevo decreto, buscaban devolver la inmunidad a criminales de guerra del Ejército y de la guerrilla. La propuestas no logró los votos necesarios para convertirse en ley y regresó a la comisión para que continúen las discusiones. Bukele ha dicho en público que no apoya una nueva Amnistía.
El coronel defenestrado
El coronel Monterrosa es considerado por sectores de extrema derecha como un héroe de guerra, a pesar de todos los informes de derechos humanos que lo responsabilizan de graves atrocitades cometidas contra civiles durante el conflicto armado. A inicios de mayo de 2019, el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad y la justicia, Fabián Salvioli, visitó El Salvador y solicitó al gobierno salvadoreño que dejara de rendir honores a Monterrosa. 'He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa al destacamento militar. No se le puede rendir honores a alguien responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos?', dijo.
El 4 de agosto de 2018, la diputada de Arena, Milena Mayorga, le rindió tributo a Monterrosa. 'Existen personas que nunca mueren, pues se convierten en mitos y leyendas. Hoy se celebra el natalicio del Coronel Domingo Monterrosa', escribió en Twitter. El diputado Mauricio Vargas se pronunció el lunes 3 de junio en contra de la decisión de Bukele: 'borraron las letras, pero no lo han borrado de la mente'. Monterrosa falleció el 23 de octubre de 1983, cuando viajaba en un helicóptero en las cercanías de Joateca, Morazán, en el que transportaba lo que creía eran los transmisores de la Radio Venceremos de la guerrilla, pero que en realidad contenía explosivos que fueron detonados por la guerrilla.
Hernández considera que la orden de retirar el nombre de Monterrosa abre la puerta a un debate más amplio sobre la memoria. 'Por supuesto que hay que revisar los nombramientos de espacios públicos, porque son lugares de legitimación, cristalización y petrificación de la memoria. Por ejemplo, la base Naval de Meanguera en la Unión lleva el nombre de Roberto d’Aubuisson, también mencionado como victimario en el Informe de la Comisión de la Verdad. Tiene una plaza. Hubo todo un movimiento para evitar que una calle llevara su nombre'.
Hace siete años existió la posibilidad de profundizar en el debate sobre la revisión de la historia del Ejército a la luz de informes de derechos humanos. Por ejemplo, en 2012, en su tercer año de gobierno, Mauricio Funes escogió la conmemoración de los 20 años de los Acuerdos de Paz para pedir perdón a las víctimas de El Mozote a nombre del estado. Con lágrimas en los ojos, Funes dijo al Ejército que no se podía seguir enarbolando como héroes a violadores de derechos humanos. 'No podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos'. Sin embargo, aún siendo comandante general de las Fuerzas Armadas, nunca ordenó retirar el homenaje a Monterrosa.
El Ejército creó una comisión -que le costó a los salvadoreños $20,000- para interpretar la orden de Funes, y un año después entregó un informe en el que exculpaba a la Fuerza Armada de violaciones a los derechos humanos y además validaba que la 'Tercera Brigada de Infantería' siguiera usando el nombre de Monterrosa. “La Comisión es del parecer que es conveniente conservar tales denominaciones, por el respeto a los procedimientos debidamente observados y legitimados en el tiempo y por el justo reconocimiento de la transformación que por 20 años ha experimentado la FAES, como producto de su profunda modernización y profesionalización”.
Esa comisión incluso exculpó a la Fuerza Armada de graves atrocidades aduciendo que no eran capaces de distinguir víctimas civiles de guerrilleros. 'La Comisión entiende la naturaleza compleja, sensible y controversial de algunas acciones armadas que se dieron en el marco de una guerra irregular en la que la estrategia y las tácticas del contrario involucraron a la población civil en la ejecución de tareas de apoyo a sus acciones armadas, lo cual en algunas ocasiones hizo que resultara muy difícil para la Fuerza Armada la efectiva identificación del adversario insurgente', dice el documento.
El 18 de mayo de 2019, Roberto Lorenzana, que fungió como secretario de Comunicaciones del último gobierno efemelenista, admitió en un conversatorio del Foro Centroamericano de Periodismo que el FMLN no había sido valiente en tomar la decisión de retirar los honores a Monterrosa. “A la base de eso ha estado el tema del juego del poder por el tema de la actitud de la Fuerza Armada. Pudo haber habido un sustrato de temor, falta de valentía en no tomar la decisión”, agregó. Una vez terminado el conversatorio, El Faro repreguntó a qué se refería Lorenzana cuando hablaba de ese temor y si se refería a que temían un golpe de estado. 'Sí', respondió Lorenzana.
