Kelly Maribel Arévalo Rivera, una empleada del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) desde que el efemelenista fungía como diputado, declaró ante fiscales de la Unidad de Investigación Financiera, la entidad que investiga los casos de lavado de dinero, que recibió y administró fondos por casi 900,000 dólares en concepto de una caja chica a disposición de la Vicepresidencia. Era una especie de partida secreta que la oficina de Sánchez Cerén manejó de manera discrecional y que era alimentada con fondos reservados de la Secretaría Privada de la Presidencia durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014), cuando el excomandante guerrillero fungía como vicepresidente.
La empleada de confianza de Sánchez Cerén fue llamada a declarar a la Fiscalía el 27 de abril de 2018 como parte de una serie de indagaciones sobre el uso de los fondos reservados que llegaron a cuentas no institucionales. Una de esas cuentas fue abierta en el Banco Hipotecario a nombre de Arévalo Rivera. Era una cuenta personal que recibió fondos públicos.
En su declaración de seis páginas, Arévalo Rivera acepta que la cuenta está a su nombre, pero alega que se trata de una cuenta que manejaba fondos públicos para cuestiones institucionales. Dice que así se abrió por indicaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, que en ese momento dirigía Francisco Cáceres, uno de los funcionarios prófugos del gabinete de Funes, acusado de lavado de dinero.
“En el período presidencial de Mauricio Funes, le instruyeron de la Secretaría Privada de la Presidencia, no recordando si fue por memorando, por llamada telefónica o por persona, que abriera una cuenta a su nombre pero institucional en el Banco Hipotecario”, consigna el documento. La asistente de Sánchez Cerén explicó que mensualmente recibía $1,800 para comprar café, papelería y pago de parqueos; mientras que otros $12,500 mensuales eran para operaciones de Vicepresidencia, entre las que se contaba la entrega de becas, de sillas de rueda, de planchas de cocina y otras cosas 'que la gente pedía'. Sobre este uso del dinero no hay constancia, pues nunca fue auditado por la Corte de Cuentas ya que la administración Funes y luego la de Sánchez Cerén bloquearon el acceso a los archivos contables de Casa Presidencial.
El estimado a partir de la declaración de Arévalo Rivera es que la Vicepresidencia del efemelenista manejó 858,000 dólares de manera discrecional.
'Buscaron una manera distinta de manejar la partida de gastos reservados (Funes y Sánchez Cerén). Fue difícil rastrear, pero se estableció que el dinero se movió por cuentas particulares. El rastreo financiero establece que ellos (funcionarios) tenían el control de los fondos, aunque las cuentas no estuvieran a su nombre. Cuando seguimos las cuentas (bancarias) nos dimos cuenta que le sale una cola a Sánchez Cerén', dijo una fuente fiscal.
Los de la caja chica no fueron los únicos fondos de la partida secreta que recibió Sánchez Cerén. El 29 de enero de 2019, El Faro publicó 192 recibos originales del pago de sobresueldos a favor de funcionarios del FMLN. Uno de esos recibos, emitido por la Secretaría Privada de la Presidencia, por un monto de 10,000 dólares, estaba a nombre de Sánchez Cerén, pero la firma del recibo no coincidía con la del vicepresidente. La fuente que entregó los recibos a El Faro aseguró que la firma no coincide porque Sánchez Cerén era el único funcionario que tenía el privilegio de mandar a una empleada a recibir su sobresueldo, dinero en efectivo que le era entregado en un sobre.
El recibo data del 18 de enero de 2010. Al comparar la firma de aquel recibo con la firma que Arévalo Rivera plasmó en su declaración ante la Unidad Financiera de la Fiscalía, parece ser la misma.
Unos siete meses después de rendir su primera declaración, el 18 de noviembre de 2018, Arévalo Rivera fue nombrada cónsul en Canadá. El nuevo gobierno de Nayib Bukele la mantiene en ese cargo, según la página oficial de Cancillería.
De asistente a cónsul
Arévalo Rivera empezó su vida laboral en el sector judicial. Su primer trabajo fue en Atiquizaya, Ahuachapán, como ordenanza del Juzgado de Paz. Su paso en estas oficinas fue corto, de 2004 a 2005. En este lapso ascendió de ordenanza a citador y de citador a colaborador jurídico.
Para inicios de 2006 cambió de trabajo. Entró al Palacio Legislativo como asesora de la bancada del FMLN, cuando Sánchez Cerén se convirtió en jefe de fracción. Es militante del partido desde aquellos años y su nombre aparece en la lista de donantes del partido de izquierda en los años 2014, 2015 y 2016.
Dos militantes que la conocen aseguraron bajo condición de anonimato que desde 2006, hasta mediados de 2018, fungió como una especie de asistente de logística personal de Sánchez Cerén. Tenía el poder de manejar dinero, dicen las fuentes, cobraba el sobresueldo del vicepresidente y hasta estuvo a cargo de dar órdenes al grupo de empleados que atendía a ese funcionario.
Para 2009, cuando Sánchez Cerén fue nombrado candidato a la Vicepresidencia, Arévalo Rivera y su pareja, Ronald Chávez, se involucraron de lleno en la campaña. Ella llevaba la agenda del candidato, mientras que su pareja formó parte del equipo de prensa.
Su primer cargo en la Presidencia fue como asistente ejecutiva del vicepresidente. En Casa Presidencial fue la asesora de confianza de Sánchez Cerén, a tal punto que llegó a ser la única persona que sin ser funcionaria recibió sobres de manila con dinero en efectivo a nombre de Sánchez Cerén.
Hasta la fecha, Arévalo Rivera tiene 13 años de trabajar en el Estado. El 14 de noviembre de 2018, siete meses después de rendir su primera declaración en la Fiscalía, renunció a su cargo en Casa Presidencial. Al día siguiente, fue nombrada cónsul de El Salvador en Toronto, Canadá.
Antes de entrar al servicio exterior, Arévalo Rivera rindió al menos dos entrevistas ante fiscales contra el lavado de dinero, según confirmó una fuente fiscal.
El Faro tuvo acceso a una de las declaraciones. Según declaró, su trabajo era coordinar “reuniones con diferentes personas; atender todo tipo de llamadas telefónicas, pasarle todo tipo de documentos, todo tipo de correspondencia y algunas funciones que le habían dado en específico como administrar caja chica”. Este fondo, aseguró, era aproximadamente de 1,800 dólares mensuales. Eso significa que durante el quinquenio recibieron 108,000 dólares de la Secretaría Privada de la Presidencia bajo ese concepto. Ese no era el único monto que dijo recibir cada mes.
En el documento de seis páginas, los fiscales parafrasean la mayoría de la declaración de Arévalo Rivera: “esto de caja chica es el gasto que se hace respecto a papelería y gastos, hasta pagar parqueo para estacionamientos o motos cuando iban a realizar diligencias, comestibles como azúcar, café, té, papelería oficial, de lo que recuerda en este momento”.
La entonces asesora de Sánchez Cerén no explicó (y en el documento tampoco queda claro si los fiscales se lo preguntaron) por qué recibió dinero para comprar cosas que ya estaban en el presupuesto oficial de Casa Presidencial. Según el Ministerio de Hacienda, la Presidencia tenía una partida para la compra de papel y cartón por un monto de 1.1 millones de dólares, entre el 2009 y 2014. De ese total disponible, Casa Presidencial gastó un millón 39 mil 769 dólares. Es decir, del total proyectado para comprar papel sobraron un poco más de 147,000 dólares. ¿Por qué necesitaba la Vicepresidencia una caja chica para comprar, entre otras cosas, más papel?
La mañana del 31 de julio de 2019, El Faro llamó en reiteradas ocasiones al teléfono del consulado de El Salvador en Toronto, Canadá, para solicitar una entrevista con Arévalo Rivera. Nadie atendió las llamadas. Ese mismo día se enviaron al correo electrónico de la cónsul cinco preguntas relacionadas al manejo de los fondos reservados y se le pidió una entrevista. Al cierre de esta nota, la funcionaria no había respondido.
Además de los $1,800 para papel, café, té y parqueos, Arévalo Rivera confirma que recibían otro depósito mensual de la Secretaría Privada de la Presidencia. “Había un fondo específico para funcionamiento de la Vicepresidencia. Los fondos que se depositaban eran de $12,500 (...) no sabiendo quién lo depósitaba, pero lo hacían a una cuenta institucional que no recuerda el número, pero era del Banco Hipotecario, a nombre de la Vicepresidencia y del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén”.
Según lo declarado, la Vicepresidencia recibió 750,000 dólares de los gastos reservados durante la gestión. La asesora de Sánchez Cerén aseguró que con ese dinero se pagaron becas para estudiantes de tercer ciclo. Cuando los fiscales le pidieron detalles de esos gastos, alegó “que no recuerda los nombres de las instituciones beneficiadas ni los montos destinados”.
Entre el 2009 y 2014, Casa Presidencial tenía una partida destinada para becas por un monto de 2.8 millones de dólares. Sin embargo, la Vicepresidencia recibió gastos reservados para patrocinar más becas, según la asesora de Sánchez Cerén. Ella dijo que la Vicepresidencia patrocinó becas de técnicos en el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES), la Universidad de El Salvador y la Universidad Francisco Gavidia, pero que “no recuerda los montos destinados”.
Según el testimonio, también se pagó a médicos que trabajaban en comunidades (sin especificar lugares). Dijo que de ese dinero también compraban medicina y otras “cosas que pedía la gente”, como uniformes deportivos, planchas de cocina y sillas de ruedas.
El sobre con dinero
Además de los 14,300 dólares mensuales que, según Arévalo Rivera, recibía la Vicepresidencia como caja chica, hay documentos que consignan que Sánchez Cerén recibió otros fondos de la Secretaría Privada de la Presidencia que no están mencionados en la declaración que tiene la Fiscalía. El Faro analizó y publicó una nota en la que el entonces jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, pide al Banco Hipotecario que cargue a una cuenta a nombre de Sánchez Cerén un abono por 25,000 dólares. El dinero fue traspasado a una cuenta corriente de Sánchez Cerén.
Rodríguez Arteaga es uno de los empleados de Casa Presidencial que fue condenado a cinco años de prisión por anomalías en el manejo de la partida secreta durante el gobierno del arenero Antonio Saca, y tiene un proceso pendiente por el mismo motivo durante el gobierno del efemelenista Funes, prófugo que la última semana de julio recibió su nacionalidad nicaragüense otorgada por el gobierno de Daniel Ortega. Cuando las investigaciones fiscales avanzaban, Funes llegó a Nicaragua y solicitó asilo. Para muchos, el otorgamiento de la nacionalidad es un blindaje, ya que impide la extradición del expresidente a El Salvador.
Otro cobro de dinero del que Arévalo Rivera no habla en su primera declaración ante los fiscales es uno por 10,000 dólares. El 18 de enero de 2010, la Secretaría Privada pagó un sobresueldo a Sánchez Cerén, el vicepresidente que en ese momento se desempeñaba como ministro de educación ad-honorem. La firma plasmada en el recibo no es la de Sánchez Cerén, sino la que coincide con la de su entonces asistente, Arévalo Rivera. .
Los documentos obtenidos por El Faro datan de 2010, pero las operaciones financieras sospechosas comenzaron desde 2009. Los fiscales preguntaron a Arévalo Rivera por qué Sánchez Cerén le giró un cheque el 17 de agosto de 2009, apenas dos meses después de su llegada al poder. El documento no consigna el monto del cheque y la asistente del vicepresidente no respondió a la pregunta.
“Refiere no puede dar respuesta o especificar para qué rubro fue destinado ese dinero. No puede especificar sobre quién le dio el cheque, la cuenta del cheque, quién lo cambió (...) solicita se le dé la oportunidad de poder traer sus archivos para así dar una mejor respuesta”, consigna el documento.
La partida secreta sigue viva
La partida secreta es el mecanismo que al menos los últimos cinco expresidentes salvadoreños han utilizado para gastar dinero público sin rendir cuentas a nadie. La partida secreta es un fondo de millones de dólares del que no queda registro en la contabilidad oficial. Es un dinero que puede servir para la inteligencia del Estado, pero que también puede utilizarse para la construcción de una mansión del presidente de turno o para comprar joyas, como ocurrió en los casos de Antonio Saca y Funes, respectivamente. Es una puerta abierta para saquear las finanzas públicas.
Cuando el actual presidente, Nayib Bukele, era candidato, fue enfático al criticar la existencia de ese fondo. “Nuestro país está harto de la corrupción y la impunidad. Estos dos problemas son el origen de la mayoría de problemas que vive a diario nuestro pueblo”, escribió en Twitter el 21 de agosto de 2018. Luego, en otro tuit de ese mismo día, Bukele se comprometió a terminar con el origen del problema: “Propuesta 8: Eliminaremos la Partida Secreta”.
Cuando Bukele tomó las riendas del gobierno se encontró con una partida secreta ya aprobada y con un blindaje para que no pudiera ser auditada. Al menos, eso es lo que intentó el expresidente Sánchez Cerén con una reforma al reglamento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para mantener la confidencialidad de esos gastos.
El presupuesto de gastos reservados para el 2019 es de 30 millones de dólares. En diciembre de 2018, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo que el gobierno de Sánchez Cerén podía usar 12 millones, y al nuevo gobierno le quedarían disponibles 18 millones de dólares para los gastos reservados.
El primero de julio de 2019, Fuentes, que se mantuvo en el cargo en el actual gobierno, dijo que los gastos reservados asignados a Bukele habían crecido de 18 a 20 millones de dólares. “Hemos apartado 20 millones para gastos reservados de los que puede hacer uso el presidente Bukele”. Fuentes no explicó si esa nueva cifra corresponde a una modificación para hacer crecer el presupuesto de gastos reservados a través de recortes en otras partidas presupuestarias o si se trata de fondos que no fueron ejecutados por el gobierno de Sánchez Cerén.
La partida secreta, la que Bukele prometió cerrar, sigue abierta.
Propuesta 8: Eliminaremos la Partida Secreta.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 21, 2018
Propuesta 9: Invitaremos a formar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador.
El dinero alcanza, cuando nadie roba. pic.twitter.com/VaYrdjUeEf
En el manejo de estos fondos reservados ha sido clave el papel del secretario privado de la Presidencia, el funcionario que administra, ejecuta, hacia dónde se reparten esos fondos. El último secretario privado de un gobierno de Arena, Élmer Charlaix, fue condenado por corrupción; mientras que el primer secretario privado del gobierno del FMLN, Francisco Cáceres, está prófugo de la justicia por lavado de dinero. Ambos movieron dinero público hacia cuenta de terceros para comprar inmuebles, joyas y pagar viajes.
El nuevo secretario privado de la Presidencia es Ernesto Castro Aldana. Él es un viejo amigo de Bukele, ha sido socio, desde hace más de 14 años, en empresas dedicadas a la venta de alimentos y espectáculos. El nuevo secretario privado de la Presidencia es fundador de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, y esposo de Michelle Sol, la ministra de Vivienda, exalcadesa de Nuevo Cuscatlán y procesada en 2003 por tráfico de personas.
Castro Aldana, el secretario privado de la Presidencia, es el que conoce los entresijos de la partida secreta, pero, al igual que sus antecesores, no ha explicado qué controles impondrá para evitar que ese dinero termine en el bolsillo de funcionarios inescrupulosos.
Uno de los asesores de Castro Aldana es Javier Argueta, hasta hace unos días director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Argueta es uno de los delegados para atender asuntos relacionados con la partida secreta. El jueves 25 de julio de 2019, un jefe de equipo y dos auditores de la Corte de Cuentas asistió a una reunión en Casa Presidencial. Carmen Elena Rivas, la presidenta de la Corte, dijo que el equipo fue recibido por Argueta, quien se presentó como asesor del secretario privado. En esa reunión quedó establecido que a partir del 7 de agosto los auditores tendrán acceso a Capres para auditar los gastos reservados de Sánchez Cerén. La Corte de Cuentas no ha explicado si la auditoría incluirá el uso de gastos reservados de la administración Bukele.
El Faro llamó al teléfono de Argueta, pero el funcionario no atendió las llamadas. También se buscó a Castro, el secretario privado de Bukele. El miércoles 10 de julio, durante un evento público en el parque Cuscatlán, el funcionario no respondió cómo el nuevo gobierno manejará la partida de gastos reservados..
— ¿Cómo manejará este gobierno la partida de gastos reservados?
—Después del evento sí podemos, por favor, por favor —dijo Ernesto Castro, mientras dos de sus guardaespaldas se acercaron al periodista de este medio a intentar alejar la grabadora.
—¿Qué funciones está desempeñando Javier Argueta para la Secretaría Privada de la Presidencia?
—Ahorita no podemos, ahorita no podemos.
El intento de los guardaespaldas para alejar la grabadora del secretario privado fue más insistente tras la segunda pregunta.
—Colabora, colabora, por favor —dijo uno de los guardaespaldas.
—Estoy haciendo mi trabajo —respondió el periodista.
—Ahorita no podemos, hay buscamos otro momento —respondió finalmente el secretario privado.
