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El Salvador

Arresto domiciliar para el exfuncionario de Funes que estuvo 15 meses prófugo

Francisco Cáceres, el exsecretario privado de la Presidencia, se entregó después de un año y tres meses de ser un prófugo. El exfuncionario es clave en el manejo de los 351 millones de dólares de la partida secreta que, según la Fiscalía, fueron malversados durante la Administración Funes. La oficina de Cáceres era la encargada de pagar los sobresueldos, los préstamos, las tarjetas de crédito y los viajes al expresidente Mauricio Funes y a sus familiares.

 
 

Después de 15 meses de ser un prófugo de la justicia salvadoreña, Francisco José Cáceres Zaldaña se entregó a las autoridades la tarde del 20 de septiembre de 2019. Por su cargo, Francisco Cáceres es el hombre clave en el pago de sobresueldos a funcionarios y en la contratación de bienes y servicios con el dinero de la partida secreta durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

“La @FGR_SV ha puesto este día a la orden de los tribunales al señor Francisco Cáceres Zaldaña, ex secretario privado de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Funes”, informó la Fiscalía General de la República a través de su cuenta en Twitter. El exfuncionario fue presentado ante el Juzgado Séptimo de Instrucción, donde se le procesa por los delitos de lavado de dinero y peculado. Fuentes cercanas al proceso confirmaron a El Faro que el juez, Miguel Ángel Argüello, le concedió el beneficio del arresto domiciliar.

Cáceres y otros exfuncionarios clave en la administración presuntamente fraudulenta de más de 350 millones de dólares han logrado un acuerdo con la Fiscalía para mejorar y ampliar la acusación fiscal que presentó Douglas Meléndez, el antecesor de Raúl Melara, el actual titular de la Fiscalía. El caso, conocido como ‘Saqueo público’, fue presentado por el exfiscal en junio de 2018, momento en el que se ordenó la captura de Francisco Cáceres y otros 15 personas más. Cáceres huyó. 

Foto de archivo de Francisco Cáceres, Zaldaña, secretario privado de la Presidencia de Mauricio Funes. Foto archivo El Faro.
 
Foto de archivo de Francisco Cáceres, Zaldaña, secretario privado de la Presidencia de Mauricio Funes. Foto archivo El Faro.

El exsecretario privado estará bajo custodia policial en su vivienda. Este beneficio para un exprófugo se da en momentos en los que una cámara ha concedido a la Fiscalía seis meses más para investigar el caso. Tres fuentes consultadas por El Faro coinciden en señalar que la solicitud de más tiempo está relacionada con una serie de acuerdos entre la Fiscalía y, por lo menos, cuatro de los procesados, que estarían de acuerdo en declarar contra el expresidente Funes. "Necesitaban más tiempo para cerrar esos acuerdos", dijo una de las fuentes.

Francisco Cáceres es una personaje clave, ya que existe documentación original que registró la forma en la que, según la Fiscalía, el expresidente Funes usó y gastó 351 millones de dólares de forma discrecional. El Faro publicó hojas originales de los sobresueldos de la Administración Funes y documentos que prueban la forma en la que el exmandatario derrochó dinero público. Los documentos, según explicó la fuente que los entregó a este periódico y confirmaron varios de los funcionarios, fueron seleccionados al azar entre miles de papeles originales archivados fuera de Capres, que registran con detalle el uso dado a la partida secreta durante los cinco años del primer gobierno del Frente, y a los que la Fiscalía todavía no ha tenido acceso.

El caso ‘Saqueo público’ se puede resumir así: la Administración Funes modificó el presupuesto para gastar el dinero como reservado. Aprovechando que ese gasto no quedaba registrado en la contabilidad oficial ni era auditado por la Corte de Cuentas, Funes y algunos de sus funcionarios desviaron el dinero y lo usaron para pagar préstamos, tarjetas de crédito, aviones de lujo, comprar ropa, inmuebles y terrenos. La Administración Funes tuvo un presupuesto de 689 millones de dólares y el 50.9% (351 millones de dólares) se clasificó como gastos reservados.

La oficina encargada de ejecutar los fondos de gastos reservados es la Secretaría Privada de la Presidencia. Según la Fiscalía, Funes daba la autorización de los fondos, mientras que las otras dos personas que conocían las contrataciones de bienes y servicios con el dinero de los gastos reservados eran Francisco Cáceres y el director ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala Orellana. Funes está prófugo y se nacionalizó nicaragüense para evitar una posible extradición. Ayala Orellana, por su parte, sigue prófugo. El exsecretario privado es, por el momento, el único procesado.

Francisco Cáceres es una de las personas que podría explicar por qué COSASE, la empresa de seguridad de Miguel Menéndez, Mecafé, amigo y financista de Funes, recibió 3.1 millones de dólares de la partida secreta en 29 transferencias bancarias. O por qué Hugo Barrientos Arquitectos, la empresa del expresidente de CEPA, Hugo Barrientos –también prófugo– recibió otros 2.6 millones de dólares de la partida de gastos reservados. Ni COSASE ni la empresa de Barrientos firmaron algún contrato con Casa Presidencial que justifique la erogación de esos fondos.

La Secretaría Privada, la oficina que dirigió Francisco Cáceres, también era la encargada de pagar los sobresueldos de funcionarios, dinero extra por el que no pagaron ningún impuesto. Entre los funcionarios que recibían ese pago estaba el entonces vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, quien también tenía una partida secreta por más de un millón de dólares. Otros gastos que no quedaron plasmados en la contabilidad oficial sí fueron documentados por la oficina de Francisco Cáceres, como la compra de relojes, ropa, fiestas de cumpleaños, tratamientos hospitalarios, la construcción de un spa y viajes en jets de lujo para Funes y sus familiares.

Francisco Cáceres no es el primer secretario privado en problemas legales por corrupción en el uso de la partida secreta. Su antecesor, Élmer Charlaix (2004-2009), fue condenado a diez años de prisión por lavado de dinero y peculado. Charlaix fue el secretario privado de Elías Antonio Saca, también condenado a diez años de cárcel.

Tras la entrega voluntaria de Francisco Cáceres, el fiscal general Raúl Melara escribió en su cuenta de Twitter: "No vamos a parar el combate a la corrupción", sin precisar más detalles.

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