La canciller salvadoreña Alexandra Hill firmó un acuerdo este 20 de septiembre para que El Salvador se convierta en un país receptor de migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. El movimiento es parte de la estrategia general de la administración Trump de cerrar las posibilidades de asilo para centroamericanos en su propio territorio. En síntesis, el país con más aplicantes a solicitudes de asilo en EUA durante 2018, según cifras de Naciones Unidas, acepta convertirse en un receptor de los refugiados que Trump rechaza.
“El núcleo de este acuerdo es un acuerdo cooperativo de asilo”, dijo Kevin Mcaleenan, secretario de seguridad interina de Estados Unidos, en una conferencia de prensa conjunta con Hill en Washington. “El núcleo es reconocer el desarrollo de un sistema de asilo en El Salvador y un compromiso de ayudarlos a construir esa capacidad, mientras trabajamos juntos contra los flujos de migración irregular a través de la región”, agregó.
El acuerdo, con consecuencias similares a las que pactaron el gobierno de Donald Trump y el gobierno guatemalteco de Jimmy Morales en julio pasado, busca que personas solicitantes de asilo en Estados Unidos puedan ser recibidos en este país. 'Uno de los usos potenciales de este acuerdo es que individuos que pasen por El Salvador en ruta a Estados Unidos deberían poder buscar protección ahí”, dijo Mcaleenan. Ese punto, que se acerca a las características de un 'tercer país seguro', es lo que Estados Unidos ya firmó con Guatemala.
En el caso guatemalteco, los centroamericanos que pasen por ese territorio deberán pedirlo ahí antes de intentarlo en EUA. El acuerdo firmado por Guatemala, sin embargo, está en discusión de la Corte de Constitucionalidad, que ya ha adelantado que para entrar en marcha necesita la ratificación del Congreso. Actualmente, Estados Unidos negocia un acuerdo similar con Honduras. Pese a las implicaciones, todos los gobiernos parte evitan usar el término 'tercer país seguro', aunque en la práctica no hay grandes diferencias.
El secretario de Seguridad estadounidense dijo que este nuevo acuerdo con el Gobierno salvadoreño “contribuirá al buen trabajo que hemos alcanzado con Guatemala para mejorar sus capacidades de protección” y que esto es parte de un esfuerzo para que quienes buscan asilo lo obtengan “tan cerca de su país de origen como sea posible”.
La claridad sobre los alcances del acuerdo vino de las autoridades estadounidenses y no de las salvadoreñas. La Cancillería de El Salvador emitió un comunicado sobre un acuerdo con la OEA para la implementación de una comisión contra la impunidad y en los últimos párrafos mencionó un “acuerdo de cooperación bilateral para combatir el crimen, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir la migración forzada” con Estados Unidos. Cancillería nunca mencionó el acuerdo de asilo. La forma es similar a lo que la Cancillería del gobierno de Salvador Sánchez Cerén hizo en enero de 2018, cuando quiso hacer ver la cancelación del TPS como la obtención de una última prórroga.
Pero no hay lugar a dudas. Ya en la carta de intención que Hill y Mcaleenan firmaron el pasado 28 de agosto, en San Salvador, uno de los puntos habla de “construir capacidad de asilo y protección” en El Salvador y aumentar 'las opciones de protección para poblaciones vulnerables”.
En una conferencia de prensa telefónica realizada el 19 de septiembre y convocada por la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Trump, explicó otros usos posibles que se pueden dar a este tipo de acuerdos. “Si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras. Igualmente, con un nicaragüense o con un venezolano que esté transitando por El Salvador. No significa que Estados Unidos sería el único país en el mundo donde una persona que esté siendo perseguida en su país ya no sería perseguido”, dijo Claver Carone.
Al obligar a los centroamericanos a buscar refugio en los países de los que huyen, Estados Unidos ignora las advertencias que el Departamento de Estado hace a los propios estadounidenses. Estados Unidos califica sus advertencias de viaje del 1 al 4, donde el 4 es “no viaje” y 1 es “implemente precauciones normales”. Actualmente, recomienda reconsiderar viajar a Honduras y El Salvador, ambos en el escalón 3 debido al crimen, y tener muchas precauciones en Guatemala, en el escalón 2.
El año pasado, el departamento de Estado dijo en su reporte sobre El Salvador que los asuntos de derechos humanos que enfrenta el país incluyen 'acusaciones de ejecuciones extralegales de supuestos pandilleros de parte de fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas causadas por militares; tortura de parte de fuerzas de seguridad; condiciones duras y atentatorias contra la vida en las cárceles, arrestos y detenciones arbitrarias', así como violencia contra las mujeres y la población LGBTI.
El propio discurso de Hill hace difícil sustentar el hecho de que El Salvador pueda proteger a ciudadanos de otros países. Hill dijo que El Salvador necesita ayuda de Estados Unidos “para atacar a las pandillas que amenazas a las personas, matan personas o cobran dinero solo para poder cruzar una calle”. Según la canciller, cuando las personas migran por inseguridad o amenazas de muerte, “es responsabilidad de El Salvador porque no hemos sido capaces de darle suficiente seguridad u oportunidades a nuestras personas para que se queden y prosperen”.
La canciller dijo que firmaron un documento “para trabajar en diferentes áreas, pero la principal es proteger a nuestra gente”. Hill describió el documento como “un acuerdo ganar ganar” y dijo que el memorando contenía alternativas para aumentar la migración legal y segura, como planes para ofrecer más visas de trabajo. Preguntada sobre si habían negociado una solución permanente para los casi 200,000 recipientes de TPS, Hill dijo que estaban “sosteniendo conversaciones, tratando de encontrar alternativas para personas que están aquí desde hace 18 años”. Trump canceló el TPS en enero de 2018 y los beneficiarios están a la espera de una decisión judicial para saber qué ocurrirá con su status.
Ninguno de los dos gobiernos hizo público el documento firmado. Sin embargo, un reporte de la agencia AP dice que Estados Unidos enviará algunos asilados para que El Salvador los reciba, una vez se hayan hecho los arreglos legales en ambos países y un plan de implementación esté en marcha.
La suscripción de este acuerdo sucede solo ocho días después del lanzamiento de la patrulla fronteriza salvadoreña, que había sido el guiño más reciente del gobierno Bukele a la administración Trump. Desde antes de tomar posesión, el presidente salvadoreño ha sido muy claro en sus mensajes de complacencia a los designios de Trump, incluso ha afirmado que 'está alineado con Estados Unidos' y ha comparado su gobierno a un hijo drogadicto en rehabilitación que necesita la ayuda de su padre. La canciller Hill también dijo, en su primera comparecencia cuando fue designada, que 'no hay que morder la mano que nos da de comer' en alusión al gobierno estadounidense.
Organizaciones señalan la incapacidad de El Salvador para ofrecer asilos
Varias organizaciones de derechos humanos se pronunciaron tras el anuncio del acuerdo por algo que parece una obviedad: que un país emisor de refugiados, que en 2018 fue el sexto que más pidió asilos a nivel mundial, no reúne las condiciones para proteger a personas en su territorio.
Amnistía Internacional pidió que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos sea condenado inmediatamente. Charanya Krishnaswami, vocera de Amnistía Internacional, dijo “que el acuerdo se burla del derecho al asilo. Las personas no deberían ser forzadas a buscar seguridad en países donde no estarán seguras”.
“El Salvador tiene una de las tasas de violencia más altas del mundo, incluyendo violencia de género tan galopante que Amnistía Internacional lo declaró uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer”, dijo Krishnaswami. “No es seguro para sus ciudadanos, mucho menos para quienes buscan asilo”, agregó.
Además de las preocupaciones de seguridad, también surge la pregunta de la capacidad de El Salvador para procesar solicitudes de refugio. El Salvador tiene desde 2002 una ley para la determinación de la condición de personas refugiadas. La ley creó una comisión (CODER) para decidir sobre solicitudes de asilo que es presidida por la canciller.
Fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores revelaron a El Faro que la Dirección de Estudios Jurídicos Internos del ministerio tiene a su cargo el trámite de la CODER, pero que solo un técnico está directamente trabajando con las solicitudes de asilo. Un técnico para todo el país. En 2016, el entonces canciller Hugo Martínez dijo que El Salvador había aprobado 49 solicitudes de refugio “en años recientes”, aunque no especificó el período.
Óscar Chacón, director de Alianza Américas, dijo que 'es irresponsable que los gobiernos suscriban un acuerdo sobre asilo, porque El Salvador no puede ofrecer seguridad y ayuda humanitaria a los solicitantes cuando su misma población se desplaza internamente y huye del país porque no encuentra esas condiciones en su territorio'.
Geoff Thale, vicepresidente de programas en WOLA, dijo que 'la administración Trump está tratando de convertir a Centroamérica misma en un muro. Es inmoral e inhumano atrapar a quienes buscan asilo en una región no equipada para procesar sus reclamos de forma justa, mantenerlos seguros, o garantizarles condiciones de vida decentes'.
Eric Schwartz, presidente de la organización Refugiados Internacional, fue más duro en su comunicado. “¿Cuál es el siguiente refugio para personas que buscan asilo? ¿Siria? ¿Corea del Norte? Esto es cínico y absurdo”, aseguró. “Este acuerdo no hará nada para detener a las familias que buscan una mejor vida en un lugar seguro, en vez de eso pondrá en peligro a mujeres, hombres y niños que ya son vulnerables”, agregó Schwartz.
