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Un país hipócrita con los derechos de la niñez

Arnau Baulenas

 
 

El caso del magistrado Escalante y la reciente resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ha provocado muestras de rechazo e indignación. Nuestro sistema judicial históricamente ha carecido de legitimidad. Con demasiada frecuencia, la injusticia se traduce en una pérdida de confianza en el órgano judicial y los cuestionamientos afloran con mayor fuerza. La justicia no siempre se imparte de forma ecuánime. En la historia reciente tenemos claros ejemplos de que, si la persona imputada es reconocida a nivel social, el trato recibido difiere de aquellos ciudadanos “sin nombres y apellidos”.

Ante una situación de estas dimensiones, hay que ver hacia el futuro para evitar que la historia se repita. El caso del magistrado Escalante nos obliga a plantearnos algo mucho más profundo, y esto es la práctica sistemática y reiterada de abuso y agresión a la niñez y a las mujeres. Todavía vivimos en una sociedad profundamente machista donde ciertas conductas por parte de los hombres son aceptadas como válidas o, al menos, no reprochables por ser consuetudinarias.

Sin embargo, si realmente queremos proteger a la niñez y a las mujeres, debemos dejar de lado la hipocresía y la doble moral. En un país donde el 90 % de las violaciones a menores queda impune, en un país donde se pide cárcel por hasta 40 años a jóvenes que han tenido partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas, en un país donde se sigue negando la educación sexual en la escuela o se impide que, ante ciertas circunstancias, se pueda abortar de forma segura -a pesar de las recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas-, es claro que no existe una voluntad de protección. Más bien parece que este caso sirve como emblema para justificar todas las injusticias que se cometen a diario, en pro de un sistema donde ciertas concepciones religiosas y dogmáticas se acaban imponiendo, la gran mayoría de veces en contra de la niñez.

Desde un punto de vista de la independencia judicial y el Estado de derecho, la decisión por parte del órgano judicial de tipificar de forma provisional los hechos como falta y no delito se ha traducido en un linchamiento público y amenazas de muerte hacia los magistrados que la pronunciaron. Incluso se presentó un aviso penal por el delito de prevaricato. La crítica y el análisis jurídico, aunque este pueda diferir de lo resuelto por una instancia judicial, no solo es necesario en una sociedad, sino que permite darnos cuenta de que muchas veces el derecho no da una respuesta efectiva a los problemas sociales; o la posibilidad de abrir un debate profundo para analizar si se requieren de cambios legislativos para integrar la esencia de aquellos instrumentos internacionales que protegen a la niñez en nuestra legislación interna.

Al respecto, el 11 de noviembre 2019, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa acordó elaborar un dictamen favorable para que el “tocamiento impúdico” sea considerado como delito de agresión sexual, según se lee en la página web de la Asamblea Legislativa. Al parecer, desde la Asamblea se avala la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador. De haber sido un error de interpretación de la ley por parte de los magistrados, no hubiera existido razón alguna para elaborar un conjunto de reformas al Código Penal.

Ahora bien, además de las cuestiones jurídicas, los ataques personales a los magistrados que conocieron del caso por parte de políticos y funcionarios públicos deben analizarse bajo sospecha. Ellos tienen el mismo derecho a opinar que cualquier otro ciudadano sin cargos ni títulos, pero cuando la crítica va más allá, entrando a una esfera estrictamente personal de la vida de los jueces -incluso llegando a la amenaza de muerte- debe cuestionarse si existe un interés genuino en pro de la niñez. Tal vez, hay un interés en enviar un mensaje a otros jueces y juezas a futuro, afectando de forma clara a la independencia judicial.

Si realmente hay una voluntad de contribuir a mejorar las condiciones de la niñez y de protegerla en aquellos casos de abusos y agresiones, seguro que podemos adoptar múltiples estrategias, estableciendo retos a corto, medio y largo plazo. Pero de seguro que la demagogia, el populismo y la hipocresía no son la forma. Aquellos que, teniendo en sus manos la capacidad de implementar cambios reales desde la función pública y solo aprovechan la ocasión para sacarse una foto o encadenar un conjunto de palabras bonitas para recoger un par de votos, no son aliados; su actuar también daña a la niñez. Hagamos un debate serio y responsable, asumamos que, efectivamente, existe un problema mucho más grande que históricamente ha sido obviado en nuestra sociedad, y sigamos trabajando de una forma humilde y genuina para hacer de nuestro país un sitio donde nuestros niños y niñas puedan vivir en paz y esperanza.

Arnau Baulenas Bardia es abogado español y salvadoreño, y es cordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). Es l icenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Esade -Universidad Ramón Llull- (Barcelona, España), Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Máster en Derecho Internacional de los Negocios (también en Esade). En la actualidad estudia un doctorado en la temática de Acceso a la Justicia por parte de víctimas de vulneración de derechos humanos por empresas.
 
Arnau Baulenas Bardia es abogado español y salvadoreño, y es cordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). Es l icenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Esade -Universidad Ramón Llull- (Barcelona, España), Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Máster en Derecho Internacional de los Negocios (también en Esade). En la actualidad estudia un doctorado en la temática de Acceso a la Justicia por parte de víctimas de vulneración de derechos humanos por empresas.

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