Mónica González

El 4 de febrero pasado El Salvador y su presidente hicieron noticia más allá de las fronteras del país. “Podemos confirmar que enero de 2020 se ha convertido en el mes conmenos homicidios desde la guerra civil”, escribió en su cuenta de Twitter Nayib Bukele. Ese mes, según cifras oficiales, el país tuvo un promedio de 3,8 homicidios diarios (117), un 60 % menos que los 289 de enero de 2019. El mejor índice histórico.

A un año de su contundente victoria electoral con un 53 % de los votos, y a solo ocho meses de asumir la presidencia, esa cifra consolidaba la esperanza de 6,7 millones de salvadoreños que habitan una de las regiones más violentas del mundo y para los 1,61 millones (24,1 % de la población) que han debido emigrar, principalmente a Estados Unidos y Canadá, huyendo en muchos casos de esa violencia letal.

Qué importaba que Bukele utilizara ese índice para irradiar por Twitter los parabienes otorgados por Donald Trump, cuyo gobierno acababa de rebajar la alerta de viaje a El Salvador del grado 3 (pide a estadounidenses “reconsiderar” su viaje a ese país) al 2 (solo sugiere “mayor precaución”). Bukele puso megáfono a esa medida atribuyéndose sin pudor el logro de equiparar a su país, dijo, con Francia, Alemania y España en materia de seguridad.

Cinco días después, el domingo 9 de febrero, Bukele abrió una nueva página en la historia, esta vez un capítulo negro, al ingresar al edificio de la Asamblea Legislativa escoltado por militares y policías enfundados en chalecos antibalas y armados de fusiles M-16 y AR-15. Pertrechados para la guerra. Cuando se sentó en el sillón del presidente del Poder Legislativo, afirmó: “Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”. Terminó sus palabras, se cubrió el rostro y se puso a rezar. Afuera, una concentración de simpatizantes le jaleaba, pero en miles de hogares de El Salvador cundió la incertidumbre y el miedo. Al salir del recinto, siempre rodeado de hombres armados, Bukele informó que ese día no se tomarían la Asamblea Legislativa: “Pregunté a Dios y Dios me dijo ‘paciencia’”, dijo. Un retrato presidencial muy difícil de olvidar.

La imagen dio la vuelta al mundo. Y no de la mano de Dios. Esta vez no era una excentricidad más del único presidente millennial (38 años), como la selfie del 26 de septiembre de 2019 en la 74ª Asamblea General de la ONU. Después de usar su IPhone 11, el último modelo de Apple lanzado solo 14 días antes al mercado, dijo: “Muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso”. Su argumento: el mundo cambió y es hora de una evolución, o a la ONU le pasará lo mismo que a Blockbuster o Kodak.

Fue la forma que escogió Bukele para unirse al presidente Trump en el club de los presidentes de tendencia populista nacionalista que estos días fustigan el multilateralismo y que desafían las instituciones democráticas en Estados Unidos, Polonia, Hungría, Turquía, Rusia o Brasil.

Aquella imagen pudo parecer divertida para muchos. En cambio, la de Bukele en el Congreso, rodeado de soldados, amparado según dijo por Dios, echó por tierra la esperanza de que esta vez, por fin, El Salvador estaba construyendo un camino de profundización de la democracia. Y estremeció.

¿Cuál fue la excusa para tan macabra maniobra? Según la información oficial, forzar a que la Asamblea autorice la negociación de un préstamo de US$109 millones para financiar la fase III de su Plan Control Territorial. Su estrategia de seguridad que requiere más soldados, policías, helicópteros y un buque de US$26 millones. Nada, por ahora, muy distinto a lo ya conocido. Salvo las cifras y, claro, la corrupción.

Imposible olvidar que la ocupación de la Asamblea se produce justo cuando la Fiscalía ha procesado a altos dirigentes de Arena y del FMLN por fraude electoral y por negociar el apoyo de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en las elecciones presidenciales de 2014. Ya si Bukele logró una aplastante mayoría en febrero de 2019 y  derrotó a los herederos de la guerrilla (FMLN) y a los de la derecha de los 80 (Arena), los dos partidos que gobernaron El Salvador en los últimos 30 años, fue en parte porque los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014), Antonio Saca (2004-2009) y el difunto Francisco Flores (1999-2004) han sido acusados o condenados por corrupción, y la marea de casos judiciales comienza a alcanzar ya a funcionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), capítulos, todos, de los que El Faro ha informado exhaustivamente.

Pero, si todo indicaba que en las próximas elecciones parlamentarias, el 28 de febrero de 2021, el partido de Bukele podría arrasar en la Asamblea, ¿por qué entonces esta irrupción armada del presidente? Esa pregunta sigue rondando a muchos lectores de El Faro: ¿por qué el presidente Bukele ha seguido el camino de otros presidentes autoritarios del continente siendo que todo a su alrededor auspiciaba el desarrollo democrático?

Bukele prometió en campaña que el objetivo principal de su gobierno sería atacar violencia y corrupción, el dúo del mal. Es en ese punto donde una lectora apunta a un hecho que le origina preguntas aún sin respuesta: ¿por qué aparece el diputado Guillermo Gallegos -dirigente de GANA cuestionado junto a su esposa, también del partido, por la asignación de cientos de miles de dólares de fondos públicos a ONG fantasmas o la contratación de una docena de familiares en puestos del Congreso- en un rol importante, a la izquierda de Bukele, en los hechos del 9 de febrero?

El presidente tenía apoyo para emprender una batalla frontal contra la corrupción y la violencia. Pero por alguna razón optó por seguir, de la mano de políticos cuestionados, el camino autoritario de otros mandatarios como el nicaragüense Daniel Ortega, al que en campaña llamaba dictador por descansar en la Policía, en las Fuerzas Armadas y en la represión para ejercer el control total.

Clamar a la desesperanza para dinamitar democracias

No es solo un problema de El Salvador. América Latina sigue siendo el continente más violento del mundo y el segundo más desigual después de África subsahariana, a pesar de que entre 1990 y 2015 la pobreza se redujo a la mitad. La ONU estima que el 31% de los latinoamericanos es pobre, la misma proporción que en 2010. En 2019 otros seis millones de latinoamericanos cayeron en la pobreza extrema según CEPAL. A ello hay que agregar el deterioro acelerado de la situación de los derechos humanos.

La mayor parte de esa grave y creciente desigualdad se debe a la corrupción. Una lacra que además acrecienta el descontento político: los latinoamericanos consideran a sus políticos corruptos y cínicos. La ira popular ha explotado en las calles y de manera violenta en al menos seis países en el último medio año.

También la violencia es producto de la corrupción sistémica. Autoridades, policías y jueces son trofeo de caza del poder de la élite, que se masca y se respira. Se ha ido instalando en la ciudadanía una sensación de impunidad que alimenta una idea demoledora: que el flagelo está tan expandido que ya nada se puede hacer. Una rendición que corroe la fe pública y provoca en las calles de los suburbios otra violencia, tan sorda como letal.

Porque tanto los forados que se crean en la ley para que quien evade impuestos, paga o cobra sobornos, no vaya a la cárcel, como las redes de lobby que financian las multinacionales para cooptar autoridades o difundir noticias falsas o estigmatizar al buen periodismo independiente, tienen un objetivo: acrecentar el miedo en la población y mantener a los ciudadanos desconfiados del vecino, del que tiene otras ideas, otra vida, del que tiene otro color de piel, del que viene desde fuera, y también del igual: nos quieren aislados y vulnerables.

La oficina especializada en violencia y narcotráfico de la ONU atribuye el alza en los homicidios en América Latina a la desigualdad de ingresos, el desempleo, la corrupción, inestabilidad política y el crimen organizado. Entre 2000 y 2017 los grupos criminales, entre ellos los carteles del narcotráfico, mataron a cerca de un millón de personas en el mundo, casi la misma cifra que causaron todas las guerras juntas en el mismo periodo. Lo más grave es el sello de esa violencia institucionalizada: la impunidad. Solo el 43% de homicidios son resueltos en la región frente al 63% del promedio mundial.

Eso explica en gran parte la situación por la que atraviesa otro país que está en el índex de la democracia en el continente: Honduras. En enero 2020, su presidente no le renovó el mandato a la comisión de la OEA (Maccih) que combatía la corrupción. Y se entiende: en octubre pasado la Fiscalía de Nueva York aseguró tener evidencias de que el presidente Juan Orlando Hernández y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán. En el juicio al hermano del presidente, la Fiscalía presentó pruebas de que recibió US$1,5 millones del entonces líder del cartel de Sinaloa para ser entregados al presidente hondureño. El 18 de octubre pasado, el jurado lo declaró culpable de traficar 200 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos. La sentencia será entregada a fines de febrero en la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Su hermano, el presidente, no ha dejado de sonreír rodeado de su escolta.

El presidente Nayib Bukele no desconoce este cuadro crítico del contexto internacional. Por ello, en su primer pronunciamiento público tras la toma de la Asamblea (una entrevista concedida a El País de España), Bukele intentó explicar su llamado a la insurrección como una respuesta a una petición hecha por una sociedad cansada. “En el gobierno anterior hubo 130 homicidios por 100 mil habitantes y la gente está desesperada”. Según Bukele, “la población está pidiendo que se actúe”.

¿Actuar cómo? Actuar contra el adversario, el enemigo a vencer, sin reparo a la institucionalidad. Cuestionado por la toma de la Asamblea, el presidente dijo: “Alguien que no conoce El Salvador ve la foto de los militares en el Congreso y dice: ¡Qué barbaridad! Pero, qué es más grave, una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos, ni disparos… o saber que hubo diputados (de gobiernos anteriores) que negociaron con pandilleros. Lo de los militares solo fue un acto de presencia. Fijarse en eso es estar enfocándose en lo superficial”.

El periodista Jacobo García insiste y le dice que lo que hizo el domingo 9 es “una amenaza a la legalidad y al orden constitucional”. Bukele responde: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las FF.AA. y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el gobierno esta noche (domingo). En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma”.

El presidente Bukele afirma que pudo tomar el control total del país el 9 de febrero, y no lo hizo. Dijo que para calmar al pueblo dio un plazo de una semana. “Démosles una semana a estos sinvergüenzas”, fue la frase que quedó para el registro. Y si la Asamblea no aprueba lo solicitado, Bukele le dijo a El País que “pasará como en Chile o Colombia, que la gente se vuelve contra sus presidentes”. ¿O fue solo un ensayo de Golpe de Estado?

Imposible n o pensar en Colombia: cerró el año 2019 con una ola de violencia que entre enero y noviembre dejó 10.468 homicidios, un 2,34% más que en el mismo periodo del año pasado (10.229). La violencia se concentra en zonas de economías ilegales y de post conflicto donde proliferan el narco y la minería ilegal.

En los últimos tres años, desde los Acuerdos de Paz, han recrudecido los asesinatos de líderes sociales locales ymedioambientales. Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk, afirma que el problema de fondo es la falta de control estatal sobre los territorios. “El Estado no hace presencia con sus instituciones y si lo hace es mayormente a través de su brazo militar y eso no es Estado, es ocupación. Ese vacío estatal ha sido llenado por organizaciones que se lucran de actividades ilegales, como tráfico de droga y minería ilegal. Y han sido vulnerables para la penetración de grupos foráneos como los clanes mexicanos” (El Mercurio, 6 de septiembre 2019). ¡Le recuerda una situación similar?

En la senda de Trump y Bolsonaro

“La buena gobernanza no es la ausencia de escándalos o desafíos. La buena gobernanza la ve la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para ejercer liderazgo de las reacciones ante un escándalo”. Eso afirma el economista Daniel Kaufman, uno de los creadores de los indicadores que emplea el Banco Mundial para medir la corrupción y la buena gobernanza en el mundo. Según Kaufman, abordar el desafío de la captura del Estado por intereses privados, es uno de los principales problemas de Estados Unidos.  

Un diagnóstico que va en la línea de lo que opina Francis Fukuyama: “Trump representa la decadencia política, otro fenómeno creciente; y Bolsonaro ha sabido sacarle provecho a una especie de repugnancia generalizada con las élites de ese país que son extremadamente corruptas”.

En septiembre de 2019, Transparencia Internacional entregó un informe en el que concluye que 6 de cada 10 ciudadanos de Latinoamérica y El Caribe consideran que su gobierno no hace lo suficiente para combatir la corrupción.

Solo con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, la mayor en su rubro de la región, ese barómetro acierta. Aceptó una multa en Estados Unidos de US$ 3.500 millones luego de confesar haber pagado US$788 millones en coimas durante 15 años (desde 2001) para asegurar contratos en 12 naciones (10 de Latinoamérica y 2 de África). Solo en Perú, Odebrecht pagó US$59 millones en sobornos entre 2006 y 2011, para adjudicarse 13 obras públicas, las que abarcan los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala (el expresidente Pedro Pablo Kuczynski está imputado como ministro de Toledo).

Tan grave como lo anterior fue la revelación de los mensajes entre el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, con los fiscales del caso (en Brasil se llamó Lava Jato). Publicados en junio de 2019 por The Intercept, prueban cómo se manipuló la investigación y las filtraciones. Más allá del grave pecado original del Partido de los Trabajadores en el beneficio corrupto de la principal empresa pública (Petrobras), el juicio que Moro encabezó llevó a prisión a Lula, quien era el favorito para las elecciones presidenciales que terminó ganando Jair Bolsonaro.

En medio de tanta corrupción, se abren huecos para dinamitar la institucionalidad. En agosto de 2019, el expresidente Michel Temer reconoció que la destitución de Dilma Rousseff, impulsada por él, su vicepresidente y excompañero de fórmula, fue un Golpe de Estado. Ese mismo agosto, Bolsonaro anunció que privatizará 16 empresas públicas. Petrobras no figuraba en esa nómina, pero ya se empezó a deshuesar. Lo que sí se paró, por miedo a la explosión social, según reconoció su ministro de Economía, fue el paquete de reformas económicas que se pretendía lanzar. 

El escándalo de corrupción de Odebrecht también alcanzó a México. El 27 de abril 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su gobierno no se le adjudicará ningún contrato a la constructora. Odebrecht llegó a tener tanto poder en ese país que realizó una sesión de su consejo de administración en la casa presidencial de Los Pinos. “La instrucción es no dar contratos a empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción, sean nacionales o extranjeras”, dijo el presidente.

En estados dinamitados, las malas prácticas del pasado suman desesperanzas. 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, es el más sangriento en la historia de México con 34.582 asesinatos (2,5% más que 2018, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Ahora estamos entendiendo mejor lo que fue realmente la guerra al narcotráfico declarada en 2006 por el expresidenteFelipe Calderón. Respaldado por Estados Unidos, militarizó las operaciones, lo que desató una lucha territorial de carteles y una violencia que llevó las tasas de asesinatos a récords históricos. Cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder en 2012 (gobernó hasta noviembre de 2018) la política se mantuvo. Tampoco mermó la infiltración del crimen organizado en el Estado. El 10 de diciembre fue arrestado en Estados Unidos Gonzalo García, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, acusado de aceptar millonarios sobornos a cambio de que el Cartel de Sinaloa, liderado entonces por “El Chapo” Guzmán, pasara con seguridad la droga mientras él controló la Policía Federal. 

Un mes y medio más tarde, el 25 de enero 2020, la Fiscalía de Nueva York acusó al ex jefe de la Policía Federal de México Iván Reyes Arzate, quien fuera además enlace con la agencia antidrogas estadounidense DEA, de “abusar de su puesto al ofrecer asistencia a carteles de la droga mexicanos a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos”.

En Guatemala aún no se acallan los ecos y las esquirlas que dejó la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), misión de la ONU que entre 2015 y 2019 imputó a más de 150 personas, entre ellas a dos expresidentes: Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015). La Cicig ayudó a destapar una enorme red de corrupción dirigida por el expresidente Pérez Molina y otros procesos que involucraron al expresidente Jimmy Morales, además de unos 160 funcionarios, políticos y empresarios. Morales la desarmó cuando supo que él era investigado por recibir aportes ilegales en su campaña.  

Este 14 de enero asumió la presidencia de Guatemala el empresario de centroderecha Alejandro Giammattei, quien anunció que el combate y castigo a la corrupción será su prioridad, aunque nunca estuvo a favor de la Cicig. No obstante, siete días después de asumir, Giammattei creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y anunció que declarará a las maras y pandillas “grupos terroristas”. Es partidario de la pena de muerte y prometió aplicar mano dura contra los criminales en un país que registra 23,7 homicidios por cada 100 mil habitantes y en que el 59,3% de sus 16 millones de habitantes son pobres. Solo así se entiende que entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 fueron detenidos 250 mil guatemaltecos que intentaban cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. La cifra más alta en la historia de Guatemala.

Estados sometidos

En muchas zonas de nuestro continente el crimen organizado ha desplazado, sustituido o más frecuentemente sometido al Estado para convertirse en poder de facto. El negocio que hacen circular es multimillonario. Solo el tráfico de drogas mueve unos US$320 mil millones al año (la cocaína con US$85 mil millones). La mayor parte de esa torta se genera en Estados Unidos con US$35 mil millones. Allí no se cuenta el dinero que mueve la minería ilegal y los laboratorios farmacéuticos. Pero lo que sí cobró sentido con el escándalo mundial que provocó la investigación periodística de los “Papales de Panamá”, es el rol de los paraísos fiscales para esconder los dineros de la corrupción.

De allí que el férreo discurso contra la corrupción del empresario ganadero centroizquierdista Laurentino Cortizo cautivara a los panameños, quien asumió en julio de 2019 la presidencia de ese país. Cortizo conquistó el voto con su promesa de limpiar la reputación de su país como centro financiero off shore condenado por el Grupo de Acción Financiera GAFI, ente intergubernamental creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito: “Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que Panamá siga avanzando en impedir el lavado de dinero”, afirmó Coertizo.

La desigualdad, la corrupción y la lucha por una vida digna están en el origen de la protesta tanto en Chile como en Colombia. Y el libreto para enfrentar el descontento en ambos países ha sido común: represión, violación a los derechos humanos por parte de las policías y un incipiente diálogo para abrir agenda social, la principal demanda de los que protestan.

La incertidumbre que genera la polémica candidatura a la reelección de Trump en Estados Unidos y la ola de protestas en América Latina están marcando un punto de inflexión en el continente. El peligro es que creen focos de gran violencia, socavando la democracia. Una crisis que, como se ve, ha sido generada por la corrupción, la debilidad de nuestras instituciones y la violencia que generaron ambas.

Este delicado momento se ha intoxicado aún más con la cuota de nacionalismo extremo aportado por Trump, que un día antes de que el presidente Bukele irrumpiera con militares y policías en la sede del legislativo, arremetió contra los inmigrantes nuevamente: "Estados Unidos debe ser un refugio para estadounidense que cumplen la ley y no para extranjeros criminales".

Como si fuera una idea calcada, Bukele ha pronunciado un discurso cuya apuesta es dividir, infundir miedo, socavar a la oposición y a las instituciones democráticas para alcanzar sus propósitos: “Si estos sinvergüenzas no aprueban el Plan Control Territorial los volveremos a convocar. Estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Una semana les vamos a dar”, emplazó Bukele a los integrantes de la Asamblea Legislativa hace una semana. Desde entonces El Salvador, cuyo PIB es de US$4.190 per cápita (solo supera a Bolivia, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Haití en Latinoamérica), está en crisis. Con la democracia desestabilizada son los corruptos los que ganan espacios. Así está sucediendo en el extremo sur de Latinoamérica, en Chile, en donde el estallido social lleva casi cuatro meses y no amaina. La corrupción, la impunidad, la desigualdad que abofetea y los malos tratos hicieron a miles decir basta. Y eso sí que es la médula del problema y no el envoltorio del matonaje.