Mónica González

Faltan poco más de 70 días para que Nayib Bukele asuma el control de un nuevo gobierno y de los hilos del poder. Y a juzgar por los correos que recibe esta defensoría y de lo que se percibe en redes sociales, esta espera tiene rostros, crujidos, esperanzas y miedos distintos a otros periodos similares. Esos mensajes muestran que la diferencia no solo se origina en la aplastante derrota que le propinó al duopolio que por casi tres décadas se disputó el poder (Arena y FMLN) un político con seis años de experiencia como alcalde. ¿Qué es lo nuevo, entonces? El conocimiento que hoy tiene la sociedad de las redes urdidas por grupos del mundo político y empresarial para robar miles de millones de los dineros públicos.

Los ciudadanos saben que la enfermedad que corroe la democracia es la corrupción. Una epidemia que se ha ido expandiendo sin control por muchos países de América Latina, carcomiendo a su paso el combate contra la pobreza y la violencia, y que no dejó indemne a El Salvador. Su balance de destrucción y parte del botín están a la vista. De allí la inquietud expresada por algunos lectores por cómo fiscalizará El Faro en el próximo quinquenio, al estar en juego definiciones clave para la vida de los salvadoreños.

Rodrigo Salas lo dice así: “Si Bukele ganó fue porque apuntó directo a los corruptos y nadie pudo acusarlo de ser miembro del club. Pero la justicia actúa muy lenta y con una falta de transparencia que nos indigna. Al leer los reportajes de El Faro sobre los fraudes de los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes, cómo no sentir rabia, impotencia. Muchos de los que robaron están libres. ¿Qué debemos hacer para impedir que este saqueo continúe? ¿Qué hará El Faro?”

En efecto, Nayib Bukele bombardeó en sus mensajes de campaña la corrupción del sistema. Sabía que apuntaba por igual a sus adversarios. El hecho cierto estaba a la vista: dos expresidentes juzgados por corruptos, uno encarcelado y el otro prófugo y asilado en Nicaragua. Por ello, en la hora de la victoria proclamó: “A los mismos de siempre les digo que el dinero del pueblo se devuelve. No se perdona lo robado. Empiecen a ahorrar” .

Y es ahí donde empieza la inquietud. Y alcanza a lectores que votaron por Bukele y a los que optaron por otro candidato. Más allá de la euforia, la desconfianza y las cualidades del presidente electo, el problema es que hoy hay conciencia de que la epidemia del enriquecimiento político ilícito afecta al sistema en su conjunto. Ponerle atajo no depende de una sola persona.

La inquietud de algunos lectores de El Faro sintoniza con las preguntas, reflexiones y propuestas que por estos mismos días ocupa a grupos y organizaciones de periodistas que en América Latina han develado los escándalos de corrupción más graves. Todo ello apunta a un profundo análisis de cómo seguir haciendo la fiscalización del poder para ser eficaces. A los métodos y herramientas que debemos poner en práctica para bucear en los recodos subterráneos del poder donde se transan sus acuerdos. Y a buscar la forma de poner en primer lugar de la agenda aquellos forados legales e institucionales que hacen posible la corrupción y la impunidad. En breve: cómo impulsar el cambio.

Los hechos: La epidemia se ha vuelto sistémica y ha afectado por igual a gobiernos de distinto signo ideológico. El escándalo más bullado ha sido el de la empresa Odebrecht: desde Brasil extendió como un pulpo sus tentáculos por 10 países de Latinoamérica (y dos de África). La exposición pública del millonario fraude, del “mecanismo” utilizado para comprar a políticos de izquierda, centro y derecha; las confesiones de sus protagonistas, fue cual tsunami arrastrando a presidentes, ministros, parlamentarios y otras figuras del poder en varios países. Los juicios continúan.

Al “mecanismo” de Odebrecht se suman otros en distintos países con matices y fórmulas de saqueo que sorprenden y estremecen. Las consecuencias: América Latina sigue siendo el continente más desigual; las políticas para atacar la pobreza se estancaron al mismo tiempo que la violencia de narcotraficantes, pandillas y carteles de la industria minera, eléctrica, farmacéutica, entre otras, iban ganando poder en calles y oficinas gubernamentales. También en tribunales.

En El Salvador el saqueo de platas estatales que debían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ha corroído la confianza y la fe pública. Parte de ese engranaje ha sido develado por periodistas, en particular por El Faro. Pero falta mucho por descubrir. Así lo plantea el lector Braulio Guzmán: “Es cierto, tenemos a dos expresidentes en el banquillo, y algunos nombres de los que formaban parte de sus grupos, pero lo que me asombra es que falta mucho por descubrir. Y mi temor es que esos grupos estén bien instalados en algunas estructuras que nadie ha visto o investigado. Y que esto continúe. ¿Qué puede hacer El Faro?” .

Se repite la pregunta, y el lector tiene razón. Falta mucho por descubrir, por ejemplo, cómo operan esas redes más allá de las “Partidas Secretas”, cómo y dónde ocultaron sus fortunas mal habidas, de qué huecos de la ley se aprovecharon y quiénes han sido sus cómplices para un saqueo de tantos años en la impunidad.

Lo concreto es que la exposición pública de esa corrupción, junto a las preguntas sin respuesta que se repiten en los correos que recibe esta defensoría, son el nudo de un cambio que ha calado hondo según algunos lectores.

A poco más de 70 días de que un nuevo gobierno asuma el poder en El Salvador, imposible no asomarse a la ventana para ver lo que les ocurre a los vecinos. A diario nos llegan las esquirlas de lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua, países en donde el autoritarismo y la corrupción castigan a sus ciudadanos y nos muestran la urgencia del desafío. Tan potente como la amenaza que nos llega desde Brasil, cuando su presidente proclama que si hay democracia es porque las Fuerzas Armadas lo permiten. O desde Guatemala, cuando se aprestan a dictar leyes que consagran la impunidad para los crímenes de guerra, dejando en libertad a asesinos ya condenados.

Hay ebullición en nuestros países.

En ese contexto, y mientras el presidente electo afina su equipo de gobierno y el despliegue de sus programas a sabiendas de que atacar corrupción, violencia y pobreza es prioritario, algunos lectores de El Faro se preguntan -inquietos- cómo se va a fortalecer la fiscalización del poder. Como dice Regina Aguilar, “quisiera saber si los periodistas de El Faro se están preparando para que todos conozcamos quiénes son los asesores y el equipo con el que gobernará Nayib Bukele, sus empresas, sus sueldos y si habrá nuevas partidas secretas para pagarlos” .

Regina hace mención de una fiscalización que ha resultado eficaz hasta ahora: someter a una rigurosa y exhaustiva radiografía al nuevo gabinete y a los principales asesores presidenciales para detectar posibles conflictos de interés. Esos secretos conductos por donde transita el dinero con el que privados compran a políticos y/o funcionarios para obtener contratos y leyes. Para asegurarse de que las decisiones del poder los beneficien.

Que la corrupción se haya expandido hasta afectar al sistema, es lo que nos obliga a entender que hoy se utilizan nuevas fórmulas, más sofisticadas. Y ello también nos dice que la fiscalización debe hoy salir a bucear para detectar las vías subterráneas por donde transita el enriquecimiento ilícito, allí dónde se toman las decisiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Eso es lo que plantea Ruby, una lectora que pide que se investigue “cómo administran y qué reglas se les impone a los privados que controlan los enormes fondos que les generan nuestros ahorros para pensiones y cómo y quiénes fiscalizan a quienes evaden impuestos escondiendo ganancias ilícitas en paraísos fiscales” . Para Ruby, el déficit principal es transparencia, por lo que pide que El Faro exija del gobierno y de otras instituciones transparencia de sus actos y decisiones.

Hay otros correos que apuntan a la importancia de instalar un debate sobre la Ley de Función Pública y desde allí generar escudos contra la corrupción. Se menciona una propuesta presentada a la Asamblea Legislativa por Sánchez-Cerén a fines de 2017. La tónica de esos correos es la urgencia. Y el convencimiento de que ya no basta con sacar a la luz uno a uno a los corruptos y los millones que robaron y que se pierden en las tinieblas. Todos mensajes que dicen que se requiere dar un salto.

La fiscalización a secas no requiere de mayor desafío intelectual. Y la amenaza que enfrentan hoy nuestras democracias exige del periodismo independencia y un esfuerzo intelectual. En estos últimos años, al hurgar en los bolsones más oscuros de la corrupción, hemos visto que detrás de ella se ha instalado una verdadera industria de defensa de la riqueza que viola la ley o actúa en sus bordes, en sus grietas. La integran destacados abogados, ingenieros, economistas y también periodistas. Construir espacios legales e institucionales que le acoten su margen de acción, es defender y perfeccionar la democrática. Contar historias, las que importan a los ciudadanos porque los afecta, siempre será una prioridad, pero esta vez puede que el foco de la narración sea el nudo que requiere ser extirpado o modificado. Para exigir el cambio.

En esta nueva ética de fiscalización del periodismo que se construye en estos días, ustedes lectores de El Faro pueden jugar un gran rol. Espero sus correos con sus exigencias, sus críticas, sus propuestas. Construir es siempre un desafío que hace volar la esperanza.

(La defensoría del lector de El Faro fue creada el 1 de junio de 2018 y se rige por un reglamento disponible aquí. Puede enviarle preguntas o comentarios a [email protected].)

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