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El Salvador

El viaje del dinero de El Chaparral que terminó en el spa de Ada Mitchell Guzmán

El gobierno de Mauricio Funes y la empresa Astaldi negociaron un pago de $28.7 millones por la presa El Chaparral, pero un peritaje concluye que los argumentos que sostienen el acuerdo son falsos. La Fiscalía acusa a Funes y otros funcionarios de recibir un soborno de $3.5 millones en Panamá. Con documentos fiscales, internacionales y bancarios, El Faro desvela el viaje de ese dinero hasta llegar al spa de la ahora compañera de vida de Funes. En la trama, aparece un pastor evangélico que predica en una zona rural y 20 empresas por donde pasó el dinero. Un informe panameño revela que $2 millones fueron transferidos hacia Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe; mientras que el resto del dinero se movió hacia cuentas en El Salvador, Suiza, Estados Unidos y Honduras, luego de un largo recorrido.

 
 

En esta historia el dinero gira como en una rueda de caballitos. Una decena de empresas con nombres extravagantes hacen negocios inexistentes entre ellas, unos bufetes de renombre se encargan de esas operaciones y los dólares circulan por una telaraña de cuentas bancarias en Estados Unidos, Panamá, Suiza, Curazao y Honduras. Al final de este laberinto financiero, un día, parte del dinero que sale de El Salvador regresa a El Salvador. Ese dinero está relacionado con la presa El Chaparral, que luego de dar la vuelta por cuentas bancarias y empresas en tres países, termina en el spa de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la compañera de vida del expresidente Mauricio Funes, prófugos que viven asilados en la Nicaragua de Daniel Ortega.

Esa extraña ruta del dinero está detallada en dos informes de la Procuraduría de Panamá, uno del 2017 y otro del 2018, elaborados a petición de la Fiscalía salvadoreña e incorporados en el juicio. El Faro tuvo acceso parcial a uno de los informes que describe cómo Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, hombre de confianza del expresidente Funes, usó un sofisticado mecanismo de “vehículos corporativos”. En la práctica, se trata de una decena de empresas de cartón registradas y manejadas por testaferros profesionales. Parece sencillo, pero es un entramado difícil de descifrar. Mecafé actualmente está en prisión por lavado de dinero. 

El informe panameño es una de las pruebas agregadas a la investigación oficial por la corrupción en El Chaparral. En 2008, Astaldi comenzó a construir la presa, pero un año y medio después la abandonó alegando fallas de suelo. En 2012, el gobierno de Funes negoció pagarles 28.7 millones para evitar un arbitraje internacional. Justo cuando la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) comenzó a pagar el acuerdo, dos empresas relacionadas a Astaldi comenzaron a depósitar dinero en cuentas que Mecafé abrió en Panamá. Por ejemplo, el 22 de septiembre de 2012, CEL pagó $9 millones a los italianos y al siguiente día los italianos depositaron a Mecafé $900 000. A medida que la CEL pagaba el acuerdo con la constructora, los italianos depositaban más dinero a Mecafé.

Imagen de las obras en la presa de El Chaparrl tomadas en diciembre de 2019. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Imagen de las obras en la presa de El Chaparrl tomadas en diciembre de 2019. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Astaldi abandonó la construcción de la presa alegando que no le entregaron los estudios de suelo suficientes, pero este periódico tiene las conclusiones de un peritaje ordenado por un juzgado de San Miguel que determina que las razones esgrimidas por la empresa no procedían. Eran mentiras. La obra debió construirse en el mismo lugar y por el mismo precio, pero la administración Funes prefirió negociar. La hipótesis de la Fiscalía es que Funes y sus funcionarios insistieron en el acuerdo directo para obtener un beneficio económico. El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador procesa a Funes, a Guzmán Sigüenza, a Mecafé y a dos personas más por repartirse un soborno de $3.5 millones, con los que compraron propiedades y montaron un spa.

El expresidente Funes rechaza la acusación y dice que no hay ninguna prueba de que haya ordenado el pago a Astaldi. También niega cualquier vínculo suyo o de su compañera de vida con las offshores de Mecafé en Panamá y con el spa. "Ni Michelle ni yo tenemos nada que responder al respecto. El SPA al que hace referencia el requerimiento fiscal en el caso El Chaparral y que uds han mencionado en más de algún reportaje no es propiedad de Michelle y menos mía. Fue fundado por Miguel Menéndez con recursos propios, según tengo entdido (Sic)", respondió el expresidente Funes este lunes 24 por medio de un mensaje directo desde su cuenta de Twitter. 

La Procuraduría de Panamá confirma que Mecafé recibió cinco transferencias, por un monto de $3.5 millones, desde el Banque de Luxemburgo, ubicado en el Gran Ducado de Luxemburgo, un país de Europa Central caracterizado por sus leyes fiscales laxas. La Fiscalía identifica estos depósitos como la coima, porque las transferencias fueron ordenadas por empresas relacionadas con Mario Federico Pieragostini Mahiocchi, de 56 años, el constructor que abandonó la presa y que tiene orden de captura internacional por pago de sobornos al gobierno de Funes. El informe panameño revisado por El Faro agrega detalles sobre qué pasó con esos fondos. Mecafé transfirió la mayor parte, $2 millones, hacia un banco en Curazao, donde la titular de la cuenta era una empresa registrada en Islas Marshall. La otra parte del dinero, $1.5 millones, saltó de cuenta en cuenta en Panamá; luego, gracias al disfraz de los “vehículos corporativos”, el dinero llegó como capital fresco hacia un spa en El Salvador que dirigía Guzmán Sigüenza. Otra parte del dinero terminó en una empresa gemela del spa, en Suiza.

“Mecafé era una persona bien básica en temas financieros”, cuenta un exfuncionario que conoció de primera mano cómo manejaron sus negocios ilícitos Funes y Mecafé. La fuente explica que ni Funes ni Mecafé tenían la capacidad para diseñar el entramado de offshores y cuentas bancarias, sino que los protagonistas fueron abogados, auditores y contadores en cinco países (El Salvador, México, Panamá, Estados Unidos y Suiza). El testimonio de la fuente coincide con datos del informe de la Procuraduría panameña, así como con documentos obtenidos por este periódico en los registros públicos de esos países.

El bufete que abrió la puerta para que Mecafé tuviera acceso a la red de firmas legales y contables en el extranjero fue Rusconi, Medina y Asociados, entonces socio de la firma regional Central Law. Esta firma salvadoreña trabajaba para Mecafé y, al mismo tiempo, asesoraba a la CEL en el caso El Chaparral. Para entender el mundillo en que se movía Rusconi, Medina y Asociados quizá baste decir que eran los intermediarios con Mossack Fonseca, una de las cinco mayores proveedoras de secreto offshore del planeta, investigada por múltiples casos de lavado de dinero luego de los #PanamáPapers.

La génesis

En el principio, el gobierno del arenero Antonio Saca (2004-2009) tenía $219.9 millones para construir una presa.

Ese gobierno prestó $163 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir una presa sobre el río Torola, en San Miguel. El BCIE dio al país un periodo de gracia de cuatro años (el tiempo que demoraría la construcción) y 20 años de plazo para pagar la deuda a una tasa de interés preferencial, porque el proyecto calificaba dentro del Plan Puebla-Panamá, un acuerdo de cooperación mesoamericana. CEL se comprometió a pagar el resto del dinero, $56.9 millones.

El 18 de septiembre de 2008, la CEL que dirigía el fallecido Nicolás Salume adjudicó la obra a Astaldi. Diez días después, el BCIE desembolsó a la constructora $32.9 millones del anticipo desde una cuenta del Citibank, en Nueva York, Estados Unidos. La obra inició oficialmente el 5 de enero de 2009. A partir de esa fecha, Astaldi tenía un plazo de 1,500 días para entregar una presa con capacidad para producir 66.1 MW. La CEL calculaba que la nueva obra generaría energía eléctrica para unos 200,000 hogares.

Pero aquella tierra, una sucesión de cerros calurosos, estaba vacía de grandes construcciones.

Entonces, hace once años, a San Luis La Reyna llegaron ingenieros, cientos de obreros y una ruidosa maquinaria que cambió el paraje desolado. “Aquí había un gran barranco, pero me hicieron el favor de hacerme unos muros y regalarme tierra que estaban sacando del cerro. Me dijeron que si les hacía el favor de darles dónde guardar unos camiones y les dije que sí”, cuenta Jesús Cabrera, conocido como don Chungo, un campesino canoso, que vendió unos terrenos a CEL y que conserva otros que colindan con la ribera del río Torola, al sur de la construcción.

Desde una de las propiedades de don Chungo, al costado de un camino estrecho y pedregoso, se observa cómo el río Torola se desliza entre los cerros. También se observan los cerros mordidos por las máquinas, donde reposa la presa inacabada. “Cuando comenzaron a trabajar, yo me alegré porque pensé que iban arreglar todas las calles, pero esta no la arreglaron. Mis hijos me mandaron dinero (desde Estados Unidos) para hacer la casa y mi idea era poner un restaurante porque iban a venir muchos turistas a ver la presa terminada. Yo no sé qué pasó, pero de repente se fueron. Hoy no se ve nada claro”, lamenta el anciano.

Imagen de las obras en la presa de El Chaparrl tomadas en diciembre de 2019. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Imagen de las obras en la presa de El Chaparrl tomadas en diciembre de 2019. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Los turistas que esperaba don Chungo aún no han llegado. Lo que llegó entre el 23 de mayo y el 1 de junio de 2010 fue Agatha, una tormenta tropical que desbordó el río Torola y que arrastró las ataguías (obras para desviar el flujo de agua), dañó la fundación de la presa y el túnel de desfogue. Una vez que pasó la tormenta, el 24 de junio de 2010, Astaldi envió una carta a CEL en la que decía que 219.9 millones ya no eran suficientes para construir la presa.

Astaldi alegaba que el cerro y el cauce del río tenían unas capas de arcilla que no estaban especificadas en los estudios. La montaña se movió, argumentaban en resumen. No todos los que trabajaban en la presa culpaban a la tormenta. La empresa supervisora, Euroestudios-Ingetec, informó a CEL que los italianos hicieron un trabajo “desordenado” en la excavación del cerro, que no colocaron los “anclajes de concreto lanzado con fibra” que exigía el diseño, razón que facilitó el desplome de una parte del cerro.

“Solo Dios puede detener El Chaparral”, dijo Salume, durante una entrevista con La Prensa Gráfica, en 2009. Al siguiente año, el 14 de julio de 2010, los trabajadores de Euroestudios-Ingetec llegaron a supervisar, pero la obra estaba abandonada. Nadie hacia algo por construir una presa. “La obra se encuentra paralizada por parte del contratista”, informó la supervisora.

A la luz del contrato, CEL tenía dos caminos: cobrar el “seguro de todo riesgo de construcción” por los daños de la tormenta Agatha o demandar a Astaldi ante la Cámara Internacional de Comercio por incumplir el contrato. El gobierno de Funes prefirió saltarse el contrato y Mecafé fue un actor clave para tomar ese atajo. Según la Fiscalía, el atajo legal permitió que Astaldi ganara dinero, que Funes y su círculo de confianza ganaran dinero y que la CEL perdiera dinero.

El dinero llega a Italia

El proyecto energético más caro del país estuvo abandonado durante dos años, julio 2010-2012. CEL y Astaldi protagonizaron una guerra fría. La empresa pedía $120 millones por las obras realizadas en un suelo donde no se podía construir la presa; las autoridades reprochaban que la constructora no siguió las indicaciones del diseño y que las obras se atrasaron meses antes de la tormenta Agatha. Nadie cedía, pero nadie demandaba a su contraparte.

En noviembre de 2011, el gobierno de Funes comenzó a buscar una solución exprés: firmar un acuerdo directo. El problema del acuerdo es que contradecía la literalidad del contrato. No se podía negociar porque era llave en mano, un contrato cerrado. El contrato mandaba un arbitraje y CEL sabía que podía ganarlo. Al menos ese fue el diagnóstico de Custis, Mallet, Prevost-Colt & Mosle, una firma estadounidense que calculó que la probabilidad de éxito de un arbitraje era de 70% favorable para CEL. El gobierno, a pesar de saber eso, estaba empecinado en negociar el acuerdo directo y pagar a Astaldi.

¿Por qué el gobierno de Funes insistía en negociar?

La hipótesis de la Fiscalía es que al gobierno de Funes no le interesaba resolver el problema de la presa El Chaparral. Un testigo protegido del proceso asegura que ayudó a Mecafé y Funes a crear offshores, abrir cuentas bancarias e, incluso, les ayudó a hacer transferencias electrónicas desde Casa Presidencial. Asegura que el interés de los funcionarios era negociar bajo la mesa. Facilitar el acuerdo directo entre CEL y Astaldi a cambio de dinero. El exfuncionario del gobierno de Funes con el que habló este periódico también confirma lo dicho por el testigo que declara para el juicio.

El expresidente Funes se desmarca de la acusación. "Por si no lo saben, la FGR ha montado un caso judicial basado sobre todo en las declaraciones de un testigo criteriado, Luis Medina, quién paradójicamente es el abogado que asesoró a CEL y recomendó cancelar la suma pactada para dar por finalizado el contrato. No existe ninguna prueba de que yo como Presidente de la República haya ordenado el pago final a ASTALDI. Legalmente no tenía competencia para hacerlo. Ese mismo abogado es el que contrató Miguel Menéndez para crear sus cuentas offshore en Panamá. Yo no tuve ninguna relación laboral o profesional con él. No trabajó para CAPRES y tampoco para mí en lo personal", respondió.  

El testigo de este caso tiene protección, con lo cual su identidad no ha sido revelada. Además, un relato similar ha sido contado por otros dos testigos protegidos en un caso de corrupción contra Funes. Todos coinciden en que el modus operandi de Funes consistía en no figurar en ningún documento y canalizar todas esas operaciones a través de Mecafé. Los tres testigos son distintas personas, y no el mismo con diferentes nombres en los juicios. Todos trabajaron con Funes durante su gobierno, ya sea como parte de él o desde la empresa privada. 

El acuerdo directo se firmó el 11 de julio de 2012. Gobierno y Astaldi pactaron cinco puntos: dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo “sin responsabilidad para las partes”. Según esto, nadie es responsable de que la presa El Chaparral sea, al día de hoy, un elefante blanco. La CEL se comprometió a pagar $28.7 millones y a entregar un finiquito a la constructora. Los italianos, por su parte, se comprometieron a entregar el sitio de la obra y a celebrar un contrato de arrendamiento con opción de compra de la maquinaria y equipo. El acuerdo directo se negoció y firmó detrás de una cortina de confidencialidad.

La autónoma ordenó seis transferencias millonarias hacia una cuenta de Astaldi en el banco francés BNP Paribas. Los primeros dos pagos del acuerdo directo datan del 20 de julio de 2012. Primero, la CEL transfirió $5.3 millones desde una cuenta del Scotiabank y luego otros $350 000 desde el Banco Agrícola hacia una sucursal del BNP Paribas en Milán, Italia.

Dos meses más tarde, el 18 de septiembre de 2012, la CEL realizó un tercer pago desde el Scotiabank, por un monto de $9,040,000. El dinero, otra vez, llegó a la cuenta de Astaldi en el BNP Paribas de Milán, Italia. En esta fecha, comienzan las coincidencias que tienen a Mecafé en la cárcel. Un día después de que Astaldi recibió el dinero, Astaldi comenzó a desembolsar dinero a Mecafé, pero desde Luxemburgo, desde cuentas de offshores relacionadas con ejecutivos de Astaldi Venezuela. La teoría fiscal es que ese flujo era el pago convenido entre Astaldi, Mecafé y Funes. Hasta el momento, Mecafé ha sido incapaz de justificar esos depósitos. El exfuncionario con el que El Faro conversó coincide con la tesis y explica que se trataba de sobornos acordados desde que se negoció el trato directo entre el gobierno y Astaldi. 

Los pagos que CEL hacía a Astaldi ocurrían en días cercanos a los pagos que Astaldi hacía a Mecafé. El 25 de octubre de 2012, la autónoma dio el cuarto desembolso del acuerdo directo por $9,040,000, dinero que también fue depositado en el BNP Paribas de Milán. Tres días antes, el 22 de octubre de 2012, una de las offshores relacionadas con Astaldi había depositado $550 000 a Mecafé en una cuenta panameña. El último pago de CEL a Astaldi ocurrió el 22 de enero de 2013: los $2.6 millones salieron desde el Scotiabank El Salvador hacia la cuenta de Astaldi en Italia. Un mes antes de este último desembolso, el 19 de diciembre de 2012, Mecafé había recibido de los italianos también un último desembolso por $750 000.

El acuerdo directo decía que la CEL iba a pagar $28.7 millones a Astaldi. Sin embargo, los salvadoreños pagaron más. Las seis transferencias desde bancos locales hacia el BNP Paribas suman un total de $32.4 millones de dólares. El aumento de la cifra obedece a que la CEL pagó los impuestos de transferencia del dinero.

Ahora, a la luz de nuevos documentos y de testimonios recabados por la Fiscalía, la negociación de la fallida presa El Chaparral está plagada de anomalías. Los técnicos de la CEL, por ejemplo, establecieron que el costo directo de las obras era de $85 millones, pero extrañamente la autónoma aceptó pagar “costos indirectos” (administrativos, imprevistos y utilidades). Eso provocó que el Estado pagara por obras no realizadas. El monto pagado por CEL equivalía al 50% de la presa, pero el avance físico de la obra apenas era del 29.28%. El director de proyectos de la CEL informó a sus superiores que el acuerdo directo no procedía por el atraso en la construcción. Nadie le hizo caso.

Y eso no fue todo. La CEL aceptó pagar $28.7 millones a ciegas, sin tener un documento que justificara qué es lo que estaban pagando. El acuerdo se firmó el 11 de julio de 2012, pero las 22 cajas que contenían documentos de cómo Astaldi gastó el dinero fueron remitidas a la CEL hasta el 11 de diciembre de 2012; es decir, cinco meses después de firmado el acuerdo. La falta de revisión de esos documentos permitió que la CEL pagara gastos no relacionados con la construcción de la presa, como las colegiaturas de los hijos de personal de Astaldi, facturas por bebidas alcohólicas, canastas navideñas y facturas de televisión por cable.

Los documentos de las 22 cajas fueron analizados en un peritaje que ordenó el Juzgado de Paz de San Luis La Reyna. Esa instancia también juramentó a un ingeniero civil y a un geólogo para verificar los motivos que detuvieron la construcción de la presa. Un documento bautizado como “peritaje de inspección técnico ocular, peritaje técnico y valúo”, al que El Faro ha tenido acceso, concluye que Astaldi no tenía razones para frenar la construcción. Eso significa que el argumento del gobierno de Funes para negociar con Astaldi S.a.P fue una farsa. 

“El sitio de la obra sí reunía las condiciones geológicas y geotécnicas para construir el dique”, dice el informe que los peritos entregaron al juzgado.

El peritaje hace referencia a las condiciones de la presa El Chaparral entre el 3 de septiembre de 2014 y el 18 de junio de 2015. El informe coincide con las conclusiones de técnicos de CEL que advertían de un trabajo desordenado por parte de la constructora. “Sí era factible y funcional el diseño básico. Intertechne visualizó las características desfavorables del margen derecho de la montaña. El diseño básico consideró estrategias de mitigación y métodos correctivos (…) Los valores de permeabilidad expuestos por Astaldi S.a.P no deberían ser utilizados como excusa para dejar de construir dicha presa (…) El desplazamiento horizontal reportado por Astaldi S.a.P no existe, probablemente sea un error de interpretación o de metodología de medición”.

El peritaje deja al descubierto que la negociación del gobierno de Funes con la empresa italiana se sostuvo sobre una falsedad: la montaña no se movía. El Faro intentó conocer la versión de Astadi y el pasado viernes 21 de febrero se pidió una postura oficial sobre el caso a Via Giulio Vincenzo, encargado de medios en las oficinas centrales en Roma, Italia. Se insistió la mañana del lunes 24. Al cierre de esta nota no había respondido a la solicitud.

El viaje a Panamá

El jet privado, un bombardier Learjet 31A, color blanco, con franjas doradas y una azul a los costados, despegó desde El Salvador con cuatro pasajeros. Migración no sabe quiénes abordaron el jet N31GQ, porque nadie reportó su salida de El Salvador aquel 10 de junio de 2012. La identidad de los pasajeros se conoció hasta que el avión aterrizó en el aeropuerto Marcos Gelabert, de Panamá, en las afueras de la ciudad, cerca del centro comercial Albrook. Ahí, Mecafé y el entonces presidente de CEL, Leopoldo Samour, mostraron sus pasaportes. Iban acompañados por sus esposas. El viaje de dos días era para comprar una offshore y abrir una cuenta bancaria para recibir los primeros $900 000 desde el Banque de Luxemburgo.

Mecafe fue financista de la campaña de Funes y luego presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en los primeros dos años de gobierno. Gracias al nombramiento de algunos de sus familiares y amigos, Mecafé controló instituciones como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Banco Hipotecario, la Autoridad de Aviación Civil (AAC) y la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). Samour, por su parte, fue un peón de Mecafé. Entre marzo de 2011 y mayo de 2012, Samour fue presidente de LaGeo, una subsidiaria de CEL que explota proyectos de energía geotérmica, presidente de CORSAIN y presidente de CEL, por último. Mecafé está en el sector nueve de Mariona, a la espera de una audiencia por lavado de dinero; Samour es prófugo.

El motivo del viaje de Mecafé y Samour a Panamá lo reveló la filtración de los #PanamáPapers: los salvadoreños se reunieron con ejecutivos de la firma Mossack Fonseca para comprar offshores y abrir una cuenta bancaria en el FPB Bank Inc. La investigación de la Procuraduría panameña revela más detalles sobre las andanzas financieras de Mecafé. Él usó dos cuentas panameñas como un trampolín para mover el dinero hacia Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Suiza y Honduras.

La Fiscalía de El Salvador envió dos suplicatorios (solicitud de investigación) a Panamá, uno en 2017 y otro en 2018. La Fiscalía Séptima Anticorrupción investigó las empresas y cuentas relacionadas a la corrupción de Funes.
 
La Fiscalía de El Salvador envió dos suplicatorios (solicitud de investigación) a Panamá, uno en 2017 y otro en 2018. La Fiscalía Séptima Anticorrupción investigó las empresas y cuentas relacionadas a la corrupción de Funes.

Un día después de aterrizar en el aeropuerto Marcos Gelabert, el 11 de junio de 2012, Mecafé se reunió con Ana María Batista, la gerente de banca privada del FPB Bank, para abrir la cuenta 260006900, alegando que necesitaba “protección patrimonial”. Ahí recibió dos depósitos por un monto de $1.4 millones desde el Banque de Luxemburgo, desde las cuentas vinculadas con directivos de Astaldi Venezuela. Cuatro meses más tarde, el 12 de octubre de 2012, Mecafé abrió una segunda cuenta en el FPB Bank, la 26010800, y el dinero desde Luxemburgo siguió llegando por miles. Esa otra cuenta recibió tres transferencias desde el Banque de Luxemburgo, por más de $2 millones. Con la llegada de ese dinero a las cuentas panameñas, el problema, entonces, era cómo mover ese dinero. Ahí aparecen más abogados, más offshores y más cuentas bancarias.

 

 

 

 

 

 

 

La lavandería del "presidente del cambio"

“Hay muchos corruptos preocupados por mi victoria (...) Mientras las familias dejaban de comer, ellos construían las mansiones sobre las champas y la miseria”, decía Funes durante la campaña de 2009, cuando prometió encarcelar a los delincuentes de cuello blanco. Funes se vendía como el político del cambio, el que haría las cosas diferentes.

Ahora, con un rosario de acusaciones judiciales en su contra, Funes es lo que prometió cambiar. El mal uso de la partida secreta y la manipulación del proyecto El Chaparral son las acusaciones más graves que, por ahora, enfrenta en dos juzgados. En 2019, El Faro pudo documentar cómo Funes derrochó dinero público en un estilo de vida lujoso: joyas, viajes de vacaciones en jet privados, compras en tiendas de Miami, fiestas.

El exfuncionario que trabajó con Funes cuenta que el protagonismo del mandatario y de Mecafé para construir la red de blanqueo fue casi nulo. Los encargados de montar la trama fueron los abogados contratados por la firma Rusconi Medina y Asociados. “Mecafé y Funes no tenían idea de cómo hacer una estructura financiera en Panamá", dice. La fuente agrega otro elemento que hace complejo el caso: el dinero sucio se diluyó con dinero limpio de Mecafé. Distinguir el dinero sucio era tan difícil como distinguir una mosca en la oscuridad. “Es como que usted tenga un vaso con agua y le pone un poco de tinta. Lo mancha todo”, explica la fuente que tuvo acceso a reuniones con el círculo de confianza del entonces presidente.

Según la fuente, Mecafé usó sus empresas formales y subcontrató otras que eran dirigidas por firmas de abogados para esconder el dinero. Mecafé se presentó en Panamá como un hombre exitoso en el negocio de la seguridad privada y el comercio de café (durante el gobierno de Funes ganó $20 millones en contratos con el Estado). Con esas credenciales, compró offshores, abrió cuentas en el FPB Bank y comenzó a recibir dinero del extranjero. El primer depósito en la cuenta de su offshore Headford Business data del 23 de junio de 2012, cuando recibió $10,000 desde el banco Whitney Bank, en Houston, Estados Unidos.

Aunque ese depósito no provenía de cuentas relacionadas con Astaldi, ilustra la complejidad del caso y finalmente termina mezclándose con el dinero que sí provenía de las cuentas relacionadas con esa empresa: la idea de la tinta y el agua.

Mecafé recibió los $10,000 desde una cuenta del Whitney Bank registrada a nombre de una empresa salvadoreña creada en 1995: Business Development Consulting Group. Al seguir el hilo de ese dinero se puede concluir lo siguiente: la empresa salvadoreña, con una cuenta bancaria en Houston, prestó el dinero a Mecafé para que lo depositara en la cuenta de una sociedad offshore en Panamá. Estamos hablando, pues, de salvadoreños que no hacen negocios dentro de sus fronteras sino que prefieren darle vueltas, hacer girar el dinero en el extranjero.

Meses después de recibir el préstamo desde Houston, la sociedad offshore de Mecafé pagó “servicios legales en proceso” a la empresa salvadoreña con cuenta en Estados Unidos. Esos depósitos que casi suman el medio millón de dólares, sin embargo, no se hicieron en el Whitney Bank sino en dos cuentas bancarias que la prestamista (Business Development Consulting Group) tiene en Panamá: una en el BAC International y otra en el MMG Bank. Hablamos ahora de salvadoreños que hicieron negocios en Panamá, pero que mantuvieron el interés de hacer girar el dinero, como preámbulo para retornarlo hacia El Salvador. Una rueda de caballitos.

Para entender esa triangulación de dinero es necesario incluir más offshores y más cuentas bancarias. Aquí entra Rift International, una offshore panameña con cuenta en el Banque de Luxemburgo, relacionada al conglomerado de Pieragosti Mahiocchi, el constructor que nunca terminó la presa El Chaparral. Esta es, según las investigaciones, la entrada del dinero sucio. El 19 de septiembre de 2012, Rift International depositó a Mecafé $900 000; este depósito ocurrió apenas un día después de que CEL pagara el tercer desembolso en Italia, por $9,040,000 al constructor italiano Pieragostini Mahiocchi.

Ahora, visto desde lejos, parece una operación sencilla, pero Mecafé recorrió un camino tortuoso para que ese dinero le fuera depositado. Al menos, eso describe una serie de correos electrónicos.

El salvadoreño cometió un error que encendió la alerta del banco. Mecafé dijo al FPB Bank que recibiría fondos por actividades de seguridad privada y comercialización de café, pero los trámites previos a las transferencias que recibió desde Luxemburgo no tenían nada que ver con lo que declaró oficialmente. Eso se lee en unos correos que una empleada del banco y un abogado de Mecafé intercambiaron entre el 10 y el 11 de septiembre de 2012, días antes del depósito de los $900 000. Los correos están anexados al caso y El Faro tuvo acceso a ellos. 

De: Ana María Batista

Enviado: lunes, 10 de septiembre de 2012 03:03 PM

Para:

Asunto: Contrato vrs transferencia
Headford Bussines va tener este tipo de negocios de consultoría en riesgos en este tipo de proyectos ya que debemos agregar como actividad que al inicio de la cuenta solo abarcamos seguridad, café y la otra empresa.

El banco pedía más información sobre Rift International ¿Cuál era su negocio? ¿Quién era su representante legal? Los documentos oficiales son escuetos al respecto: la empresa opera desde julio de 2008 y se dedica a asesorar operaciones financieras o comerciales. Los documentos bancarios abundan en detalles: Mecafé dijo que recibió $900 000 por una consultoría de dos meses que dio a Rift International, representada por la venezolana Magaly De Jesús Espejo Piñango. Según los documentos bancarios, Rift International era una empresa bajo la sombrilla de Tunnel SLR, empresa italiana también representada por Espejo Piñango. La ejecutiva venezonala está relacionada con Astaldi. Ella es parte de la directiva de la Fundación de la Torre 55 (Panamá) y de VFG Investment Group LLC (Estados Unidos), organizaciones en las que también aparece Freddy Orlando Fajardo Bernal, accionista de Astaldi Venezuela, empresa del conglomerado de la italiana Astaldi. 

De: Ana Batista
Enviado: martes, 11 de septiembre de 2012
Para:
Asunto: Contrato vrs transferencia y temas varios
El representante de Rift...me confirmas que vive y reside en Venezuela, esto se traduce que la compañía que le están haciendo la consultoría es VENEZOLANA? Independientemente de la offshore panameña. De ser afirmativo, como es un proyecto de transporte masivo de pasajeros en cuatro países, esta empresa negoció la licitación con una empresa privada o con los gobiernos de dichos países? Espero que no te sorprendas por tantas preguntas pero hay que conocer bien al cliente de nuestro cliente solo para saber que cumpla con todas las reglas internacionales de corresponsalía. Saludos.

Un abogado de Mecafé respondió con tedio. Dijo que Rift International no es venezolana. La asesoría de Mecafé es con una empresa privada. La cadena de correos electrónicos termina así:

De:
Enviado: martes, 11 de septiembre de 2012
Para: Ana Batista
Asunto: Contrato vrs transferencia y temas varios
Italia. El tema es fuera de El Salvador

Mecafé recibió dinero desde Luxemburgo en la offshore Headford Bussiness, donde también recibía depósitos de otro tipo. Los dos contratos que justificaron la entrada de ese dinero a Panamá fueron firmados por pastor evangélico que predica en una iglesia en la zona rural de Chalchuapa, Santa Ana. Un pastor que reporta su dirección en una colonia controlada por una pandilla. 

Los contratos del pastor Sandoval

“Dios ha hecho grandes cosas con cada uno. En el lugar donde Dios me ha permitido el privilegio de estar, filial Ayutepeque, tenemos cerca de cinco años...”, dijo el pastor Roberto Sandoval en un vídeo publicado en una red social el 30 de octubre de 2017, cuando celebró los primeros diez años de la iglesia “Misión Cristiana La Palabra Que Cambia”.

La iglesia, dice el vídeo, está en la colonia San José. La colonia está en el cantón Ayutepeque. El cantón está en el municipio de Chalchuapa. El municipio está en Santa Ana. Casi todo está como lo describe la dirección, menos la iglesia. La colonia es un puñado de casas con una calle principal adoquinada de cuatro cuadras, con pasajes de tierra, algunos con ciénagas por el agua que sale de las casas. La colonia está asentada en una carretera conocida como Los Naranjos que, entre cafetales, conduce de Sonsonate hacia Santa Ana. “¿Iglesia? Aquí no hay iglesia. Antes se reunían en esa casa”, dice una mujer que señala hacia el fondo de un pasaje de tierra. “Aquí no hay iglesia”, respondió un hombre que estaba fuera de la casa de paredes celestes.

Fotografía tomada del Facebook público del pastor Sandoval. 
 
Fotografía tomada del Facebook público del pastor Sandoval. 

El pastor Sandoval, en el vídeo, aparece al lado de unos instrumentos musicales, con un fondo blanco. Él es un motorista de 37 años, originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Él asegura que predica desde 2012 en Ayutepeque, el cantón donde dicen no conocerlo. Si los cálculos del pastor Sandoval son certeros, y si la información de unos documentos panameños no es falsa, el pastor comenzó su misión evangelizadora en el cantón Ayutepeque casi al mismo tiempo que hacía negocios en un paraíso fiscal.

El primero, de julio de 2012. En nombre de Headford Business, la offshore de Mecafé, el pastor Sandoval firmó un contrato para asesorar durante dos meses a Rift International en el "analisis de riesgos y diseños de estructuras de programas de seguro". Tres meses más tarde, el 12 de octubre de 2012, firmó otro contrato para asesorar durante 45 días a Railway International Trading Corp (RIT) en licitaciones, así como "la administración legal, económica y técnica de las ofertas".

Gracias a los contratos donde aparece el nombre del pastor Sandoval, Headford Business recibió $2 millones desde Luxemburgo en apenas 44 días. El 19 de septiembre de 2012 recibió $900 000; el 22 de octubre de 2012, otros $550 000; y el primero de noviembre de 2012, los últimos $500 000. La offshore Headford Business parece que recibió, en aquellos días, una de las bendiciones que el pastor Sandoval predica en su video: “Dios ha hecho grandes cosas con cada uno. Muchas son las veces que Dios lo sorprende a uno”. En resumidas cuentas, la argumentación para que las empresas vinculadas a Astaldi depositaran millones a la offshore de Mecafé era que el pastor y motorista Sandoval les daba complejas asesorías.

El Faro buscó la iglesia del pastor Sandoval en el cantón Ayutepeque, pero no la encontró. También buscó al pastor en una colonia de calles anchas y adoquinadas llamada San Antonio, reportada como su dirección. La colonia está controlada por una pandilla. En la entrada, a la izquierda, está un sello inconfundible de letras y números casi góticos: Barrio 18. Una tarde de diciembre de 2019, en las esquinas deambulaban muchachos huraños, con semblante desafiante. “Yo les recomiendo que ahí no entren”, había dicho unos minutos antes el vigilante de una panadería, en la entrada de Chalchuapa, a quien le consultamos la dirección.

Según la inmobiliaria Bienes y Raíces de El Salvador, un terreno en las cercanías de las ruinas El Tazumal cuesta $25 000; y una casa en el casco urbano, según su tamaño y ubicación, oscila entre los $65 000 y $160 000. Eso significa que con los más de dos millones de dólares que recibió Headford Business se podrían comprar, en un abrir y cerrar de ojos, en efectivo, las 13 casas más caras del casco urbano de Chalchuapa. Quizás, si el pastor Sandoval hubiera dispuesto de alguna parte de ese dinero no tuviera que vivir en una colonia controlada por la pandillas. El pastor también ha reportado como su dirección una casa en Las Margaritas, Soyapango, una colonia controlada por la Mara Salvatrucha MS-13.

Los contratos que permitieron la llegada de millones de dólares desde Luxemburgo hacia una cuenta de Mecafé en Panamá no es el único negocio polémico en que aparece Roberto Sandoval. El pastor también fue director suplente de Sistemas Únicos de Boletos Electrónicos (Subes El Salvador), la empresa que de manera irregular ganó el contrato para cobrar el pasaje del SITRAMSS, cuya ganancia anual ronda el medio millón de dólares.

Subes El Salvador fue capitalizada desde Panamá con dinero de Alba Petróleos, la empresa manejada por dirigentes del FMLN que vende combustible subsidiado por Venezuela. Un ejecutivo de Alba Petróleos que habló a condición de anonimato con El Faro confirma que la empresa efemelenista invirtió en Subes El Salvador y que para eso se utilizaron prestanombres. “Yo siempre percibí en las mesas un espíritu de… ¿qué te dijer?.. de cierta paranoia de persecución. Entonces (los inversionistas) tratan de aparecer lo menos posible, así de manera pública, y que estos proyectos no se aborten ni se descarrilen”, contó la fuente .

¿A quién representaba el pastor Sandoval en la directiva de Subes El Salvador? El Faro envió un mensaje al Facebook del pastor, pero días después del mensaje cerró su cuenta. También se le intentó contactar por medio de su iglesia. "Hno le informamos que el hno ya no pertenece a la Misión y ante eso perdimos contacto con el ya que no sabemos su ubicacion, Bendiciones (sic)", respondió la iglesia.

La fuga hacia las islas

Mecafé disfrutó del paraíso panameño solo un año. Entre junio 2012-2013, compró offshores, abrió cuentas bancarias, cobró cheques y hasta pidió un préstamo para perder dinero.

El 15 de abril de 2013, Mecafé prestó $800 000 al FPB Bank y, extrañamente, dejó en garantía más de un millón de dólares que había recibido desde Luxemburgo. “ Esa es una figura que se llama back to back. Vos llegás al banco, pedís un crédito y dejás en garantía el depósito que tenés en la cuenta. Eso te sirve para decir que tenés un crédito no que tenés un millón de dólares. Es como disfrazar el dinero con un crédito”, explica el exfuncionario. 

En junio de 2013, la suerte de Mecafé acabó. La banca panameña lo designó Persona Expuesta Políticamente (PEP), algo que puso bajo la lupa sus operaciones. En 2013, el FPB Bank le negó una segunda solicitud de préstamo por una incongruencia básica: ¿por qué necesitaba prestar más dinero si ya tenía dinero de sobra en su cuenta?

Por la suspicacia que despertaban sus operaciones, Mecafé se mudó de paraíso.

El 11 de junio de 2013, la offshore panameña Headford Business transfirió $100,000 dólares a un banco de Curazao, una isla caribeña ubicada al noroccidente de Venezuela. Parece una simple transferencia, pero aquí, de nuevo, hay que agregar otra offshore en Islas Marshall, una firma de abogados en Estados Unidos y otra cuenta en el First Caribbean International Bank para entender el complejo viaje del dinero.

Documento obtenido del Registro Público de Empresas de Islas Marshall que confirma que la empresa fue creada en 2006 y disuelta en abril 2016. Esta es una de las offshores que recibió dinero de la presa El Chaparral, en Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe.
 
Documento obtenido del Registro Público de Empresas de Islas Marshall que confirma que la empresa fue creada en 2006 y disuelta en abril 2016. Esta es una de las offshores que recibió dinero de la presa El Chaparral, en Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe.

 

El itinerario de esos fondos comienza en Majuro, la capital de Islas Marshall, una isla del Océano Pacífico con una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados. Una superficie tres veces más pequeña que Soyapango, una superficie que podría flotar en el lago de Ilopango. Majuro tiene una calle que se llama Ajeltake Road. Durante algún tiempo, sobre esa calle, estuvo Wartila Engineering Process Limited, una empresa creada el 31 de diciembre de 2008.

Durante ocho años, Wartila Engineering Process Limited estuvo registrada como entidad no residente. Eso significa que la sociedad tiene la obligación de pagar impuestos en Islas Marshall, pero no es considerada una compañía nacional y en cualquier otro país donde opere no tendrá la obligación de registrarse como extranjera. Ahí está el truco. Las empresas no residentes en Islas Marshall pueden disfrutar de beneficios fiscales y empresariales siempre y cuando no tengan un establecimiento permanente en ese país. Es por esa razón, quizás, que Wartila Engineering Process Limited tiene en Islas Marshall un papel que consigna su nacimiento, pero su cuenta bancaria la tiene al otro lado del océano, en el Atlántico, en Curazao.

Mecafé tenía prisa para mover su dinero desde Panamá hacia la empresa de Islas Marshall con cuenta en Curazao. Entre el 11 de junio y el 30 de julio de 2013, las offshores panameñas de Mecafé transfirieron $2 070.000 a la sucursal del First Caribbean International Bank en Willemstad, capital de Curazao. Headford Bussines hizo ocho transferencias a Curazao por $550 000; mientras que Rayne Services, tres transferencias por $2 020,000. Eso significa que, según las investigaciones, y gracias a la corrupción en el proyecto El Chaparral, en promedio, Mecafé sacó a diario desde Panamá hacia el caribe $41 400 diarios, durante 50 días.

“Hay un abogado que se llama Larry Evans. Él fue quien les ayudó a sacar el dinero de Panamá”, cuenta el exfuncionario del gobierno de Funes. El abogado Evans trabaja para el bufete L.S Evans & Associates P.A que, entre otras cosas, se promociona como especialista en inversión extranjera y leyes bancarias. El despacho está ubicado en Alhambra Circle, en Coral Gables, Florida, uno de los estados que el expresidente Funes visitaba frecuentemente.

Entre los servicios que prestan bufetes como L.S Evans & Associates P.A están los fideicomisos, las cuentas de custodia de fondos y la creación de “vehículos corporativos” para el manejo confidencial del dinero. Los abogados son un eslabón intermediario para enviar o recibir dinero. En los casos de lavado de dinero, dice un exfiscal de la Unidad de Investigación Financiera, esa intermediación de los bufetes hace casi imposible el rastreo del dinero.

Hay casos en que las offshores son simples vehículos corporativos para mover el dinero de un lado hacia otro. Luego están figuras como los trust o fideicomisos. “Un vehículo fiduiciario tiene tres participantes: el que pone la plata, el que administra la plata y el que recibe los beneficios. En El Salvador es una figura rara porque solo los bancos pueden administrar fideicomisos, pero en la mayoría de países los fiduciarios pueden ser abogados o empresas. Entonces, si vos sos el dueño de la plata y creas un fideicomiso, ya no te pueden quitar ese dinero porque sale de tu patrimonio. Imagínate a lo que se presta si eso lo pudieran hacer los más de 27 000 abogados que hay en el país: ¿quién te va estar preguntando sobre el origen de los fondos? Puedo ser un altruista o puedo ser un narco que necesito sacar un millón de pesos de mi patrimonio y de esta manera puedo tener mi milloncito guardado fuera de mi patrimonio”, explicó el exfiscal. O sea, los verdaderos dueños del dinero nunca aparecen como tal, y con eso se blindan de investigaciones, pero el dinero es suyo.

Wartila Engineering Process Limited fue un vehículo corporativo para sacar el dinero de Panamá hacia Curazao. En esa isla del Caribe, los más de dos millones de dólares de la presa El Chaparral dejaron la última pista que este periódico ha podido documentar. El dinero se esfumó. La cuenta y la empresa que recibió los fondos ya no existe. Según el Registro de Empresas de Islas Marshall, Wartila Engineering Process Limited fue anulada el 19 de abril de 2016.

 

El spa y la cuenta en Suiza

En mayo de 2014, El Faro reveló la existencia de un exitoso spa que tenía miles de dólares, pese a que no atendía clientes. Formalmente, el spa lo manejaba el abogado mexicano Miguel Gutiérrez Cervantes y el despacho contable Ochoa Benítez Asociados, una firma del entonces ministro de agricultura, Pablo Ochoa. La gerente y apoderada del spa era Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, entonces amante del expresidente Funes, y ahora su pareja de vida. Ese año, en una entrevista que Funes concedió a este periódico en un hotel capitalino, el político dijo que Guzmán Sigüenza trabajaba para una empresa transnacional.

Latin America Spa, dijo Funes, era parte de una franquicia. La coartada de que ella trabajó para una empresa extranjera se derrumba al comparar su actividad con documentos oficiales. La empresa que pagaba $10 000 mensuales a Guzmán Sigüenza hizo actividades insólitas como comprar un inmueble en una zona exclusiva de la capital, la colonia San Benito, cuatro meses antes de que existir legalmente. Además, decía tener una franquicia de una marca europea dedicada al cuidado de la salud y belleza, el problema es que esa franquicia no existía. Es como que alguien quiera colocar el techo de una casa cuando aún no ha construido las columnas o las paredes en las que sostendrá el techo.

Latin America Spa fue creada en El Salvador el 26 de febrero de 2013. Cuatro meses antes de nacer ya había negociado con Mecafé la compra de un inmueble, por más de medio millón de dólares. Ahí instaló un spa para operar la marca europea Le Privé. El detalle es que Le Privé era una marca que aún no había sido registrada. Según el Registro Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, Le Privé fue registrada hasta el 27 de febrero de 2014. El spa operaba una marca que no existía.

El propietario de la marca Le Privé es una sociedad registrada en Suiza llamada: Latin America Spas AG, creada el primero de marzo de 2013. La creación de la compañía así como el registro de la marca Le Prive fueron hechas por Will Dietschi, un abogado que reporta su dirección en Utoquai 55, en Zürich. La dirección del bufete es la misma de la empresa.

Documento obtenido del Registro Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, país donde fue registrada la franquicia que dirigía Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, esposa del expresidente Funes.
 
Documento obtenido del Registro Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, país donde fue registrada la franquicia que dirigía Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, esposa del expresidente Funes.

“El objetivo de la empresa es desarrollar, adquirir y vender sistemas de venta, en particular conceptos de licencia y franquicia en las áreas de bienestar, belleza, estilo de vida, salud y bienestar en el hogar y en el extranjero, especialmente en América Latina”, reza un documento del Registro de Sociedades de Suiza. Pero al ver las fechas, queda claro que Latin America Spa, la empresa que administraba la pareja de Funes, comenzó a operar con una franquicia inexistente. En mayo de 2014, El Faro reveló la existencia del misterioso y exitoso spa y, cuatro meses más tarde, el 28 de noviembre de 2014, el abogado Dietschi pidió al Registro Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza la eliminación de la marca Le Privé. El spa, tras la revelación periodística, nunca llegó a funcionar. 

En los documentos suizos también se lee que Latin America Spas AG puede “participar en compañías similares en Alemania y en el extranjero”. Hasta el momento, El Faro no ha podido establecer relación con alguna compañía alemana, pero sí con una offshore de Mecafé en Panamá. Hedford Business, la sociedad de Mecafé que pidió en un banco panameño un préstamo para invertir en un spa, transfirió desde el FPB $125,000 a una cuenta del banco UBS Zúrich, registrada a nombre de Latin América Spas AG.

La compañía suiza recibió, además, $115 000 desde una cuenta panameña de Business Development Consulting Group, la empresa que prestó dinero a Mecafé desde Houston.

Latin America Spas AG, la dueña de la marca del spa de Guzmán Sigüenza, ya no existe. La compañía fue liquidada el 16 de marzo de 2016, cinco meses antes que la Fiscalía allanara unas propiedades, razón por la que Funes y su ahora compañera de vida huyeron hacia Nicaragua. La cuenta bancaria en el UBS Zürich fue cerrada y un remanente de $22 000 que quedaba en la cuenta europea fue transferido hacia Estados Unidos, a una cuenta de Business Developmente Consulting Group.

Documento del Registro Público de Empresas de Suiza confirman la creación y liquidación de una empresa relacionada con Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la esposa del expresidente Funes.
 
Documento del Registro Público de Empresas de Suiza confirman la creación y liquidación de una empresa relacionada con Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la esposa del expresidente Funes.

La salvadoreña Business Development Consulting Group no solo prestó dinero a Mecafé y recibió el remanente desde Suiza. Esta compañía también fue clave para mover el dinero que salió de una de las offshore de Mecafé. Entre el 24 de enero y el 16 de septiembre de 2013, esta sociedad recibió $447 279 desde la cuenta panameña de Headford Businees. Luego, desde una cuenta en el MMG Bank Corporation de Panamá, la empresa transfirió dinero hacia el Banco Hipotecario de El Salvador, en específico a la cuenta de un constructor llamado Raúl Orellana. En total, fueron dos transacciones entre julio y noviembre de 2013 por un monto de $75 000. El constructor Orellana es una de las personas que remodeló una casa en la exclusiva colonia Sierras de Santa Elena Sur, casa propiedad de la empresa Latin America Spa, en la que residió Guzmán Sigüenza.

Aquí finalmente vemos el dinero de El Chaparral llegar a la pareja de Funes. El dinero que los italianos de Astaldi depositaron a Mecafé desde Luxemburgo, que luego se movió por cuentas de cuatro empresas en Panamá, terminó utilizándose para montar el spa que dirigía la compañera de vida de Funes y también para remodelar la casa en que ella residió antes de huir. 

El constructor Orellana también recibió otros $77 948.70 desde una cuenta del St. Georges Bank, a nombre de Chambonett Asociados. En el 2014, El Faro reveló que esa firma de auditores y contadores manejaba una offshore panameña llamada Latin America Spas Inc. Oficialmente, los pagos de Chambonett Asociados hacia el constructor Orellana fueron por “asistencia técnica”, pero en la práctica, la oficina panameña solo fue un disfraz para pagar la remodelación de una casa en Santa Elena, la casa de Guzmán Sigüenza. Según los documentos obtenidos por El Faro, la Fiscalía salvadoreña pidió a sus homólogos panameños información sobre este despacho contable.

Una mínima parte del dinero de El Chaparral terminó en Honduras. La empresa trampolín, Business Development Consulting Group, transfirió desde Panamá $47 000 hacia una cuenta que COSASE tenía en el Banco Promérica de Honduras. COSASE es una empresa salvadoreña dedicada a la seguridad privada. Es la empresa más grande y conocida de Mecafé y tiene una sucursal en San Pedro Sula, donde principalmente se dedica al negocio de las cámaras de vigilancia. La presencia de Mecafé en el vecino país trascendió al público a finales de septiembre de 2016, cuando la prensa reveló que él era el dueño de un vehículo Ferrari, color gris plata, que circulaba por las calles de San Pedro Sula, pese a que no había pagado los impuestos. El Faro verificó en Honduras que, ahora, el Ferrari gris plata está registrado a nombre de un diplomático.

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