El presidente Nayib Bukele entró el domingo a las 4:40 la tarde al salón de plenarias del Palacio Legislativo, semivacío y previamente tomado por medio centenar de militares y policías fuertemente armados, caminó hasta la mesa de la Junta Directiva y se sentó en el sitio reservado para el presidente de la Asamblea, que no estaba. Una vez allí, miró hacia la zona de curules y dijo con frialdad: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.
Frente a él, treinta y un diputados le observaban aún paralizados por la fuerte presencia de militares armados en el hemiciclo. Bukele anunció que haría una oración, cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos.
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Minutos antes, el Presidente de la República había llegado a las puertas de la Asamblea Legislativa para encabezar una insólita protesta contra los diputados. Rodeado de militares, con seis banderas de El Salvador a sus espaldas y frente a unos cinco mil simpatizantes llegados de distintas partes del país, llamó a los diputados “sinvergüenzas” y “criminales”, afirmó que estaban cometiendo una ilegalidad al no asistir ese día al Congreso y recordó a sus seguidores un artículo de la Constitución, el 87: “El pueblo tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional”, dijo.
Los manifestantes estallaron en gritos. Bukele llevaba tres días amenazando a los diputados con la ira del pueblo , y parecía inminente un estallido, una acción contundente contra los legisladores. El jueves 6 Bukele había dado un paso inusual: amparado en un impreciso artículo de la Constitución, su Consejo de Ministros había ordenado a la Asamblea sesionar para aprobar un préstamo para seguridad pública que habían demorado por semanas. En los días siguientes había jugado con la posibilidad de disolver el congreso si los diputados no acudían a la cita. Y esta cita era ese domingo, a las 3:00 de la tarde. Pasaban ya de las 4:00.
Entonces, anunció lo que vendría: “Les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul a hacer una oración, a pedirle a Dios sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Y luego la decisión estará en ustedes”, dijo.
Pidió a sus seguidores que lo esperaran. Aída Mancía, la maestra de ceremonias de la presidencia, remató: “Quédense, viene más sorpresas”. El presidente ya se encaminaba al hemiciclo.
En tres enormes pantallas LED instaladas por el Ejecutivo el día anterior, los presentes pudieron ver cómo entraba al edificio legislativo en medio de un pasillo de cadetes en uniformes de gala. La “insurrección” estaba siendo televisada y organizada con recursos estatales. Sin sonido, pero con múltiples ángulos de cámara y tomas de drones incluidas, el público vio a su presidente atravesar el hemiciclo rodeado de soldados con chalecos antibalas y armas de guerra. Al fondo le esperaba el diputado Guillermo Gallegos.
Gallegos, vicepresidente segundo de la Asamblea, no debía ser en teoría quien le recibiera, pero fue él a quien el encargado de protocolo de Presidencia llamó para comunicarle que, fuera de cualquier protocolo, Bukele entraría al salón de la Asamblea Legislativa. El diputado asegura que de inmediato llamó al presidente de la Asamblea, el pecenista Mario Ponce. Según su versión, Ponce le dijo que no se haría presente porque él mismo ya había convocado a plenaria para el lunes 10 de febrero. Gallegos, como el diputado con mayor rango jerárquico presente este domingo, se hizo cargo: “Ponce me dijo que era responsabilidad mía lo que sucediera. Yo la asumo”, dijo.
El edificio legislativo llevaba desde las 2:00 de la tarde controlado en su totalidad por militares. “Nosotros nos hacemos a un lado al ver que ellos tienen controlada el área”, explicó un empleado de seguridad del Órgano Legislativo. Cuando los diputados que decidieron acatar la convocatoria se presentaron, no se encontraron a los agentes de seguridad usuales y tuvieron que identificarse con los agentes del Estado Mayor Presidencial. Ni siquiera pudieron entrar al Salón Azul de inmediato porque no estaba abierto. “Ponce maneja la administración y por eso es que no contamos con la llave”, argumentó Gallegos.
“Supuestamente ya viene el encargado, pero viene desde Suchitoto”, explicó la diputada Eileen Romero. Por un momento, planeó sobre la situación la memoria del cerrajero que en 2012 abrió el despacho de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuando el entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, instaló ilegalmente una presidencia alterna de la Corte.
En la calle, bajo un sol despiadado, los simpatizantes de Bukele esperaban. Desde temprano, docenas de empleados estatales habían hecho labores logísticas. La patrulla 01-3080 de la División Antiexplosivos de la Policía se usó para cargar botellas de agua; operarios metieron botellas de jugo de naranja a la dirección de Migración; empleados del ministerio de Trabajo de Santa Ana y Sonsonate hicieron cola para que les entregaran agua, jugos y sándwiches de jamón y queso.
Cerca de las 3:00 de la tarde, Erick Gutiérrez, coordinador regional de la dirección de Participación Social del ministerio de Gobernación, recibió a la delegación de Nuevas Ideas Tacuba, el partido del presidente, que acababa de llegar a San Salvador en bus. Le dijo a un grupo que la entrada era sobre la avenida Juan Pablo y que podían pasar, también, por su refrigerio.
La muchedumbre estaba integrada por partidarios de Nuevas Ideas, empleados de gobierno, y personas que atendieron el llamado del presidente. En común tuvieron el transporte en vehículos estatales. Por ejemplo, un bus de la Fuerza Aérea placas N 3-439 que tenía rótulo “Quezaltepeque” en el parabrisas. En otros casos se transportaron en buses particulares, pagados por Nuevas Ideas, un partido que no ha revelado información del origen de su financiamiento. En redes sociales hubo convocatorias desde las cuentas afines al partido en las que se establecieron los puntos de reunión. Esos buses vinieron de Ciudad Barrios, de San Vicente, de Chalatenango, de La Paz…
No era, en todo caso, una manifestación espontánea. Los empleados de gobierno, como era el caso de empleadas de comunicación de CEPA, portaban sus gafetes; y algunos además estaban trabajando, como Josué Hernández García, un community manager de la unidad de reconstrucción de Tejido Social, que se dedicó a grabar video de la multitud. Había docenas de policías y militares en la Diagonal Universitaria y eran también soldados y agentes los que ordenaban el acceso a la convocatoria presidencial.
Resuelto el impasse de las llaves, invadido ya de militares el salón azul, ninguno de ellos pudo escuchar el rotundo “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación” que Bukele pronunció dentro del Salón Azul, pero sí le observaron cerrar los ojos, concentrado, durante un par de minutos. Y vieron cómo, después, simplemente se levantó y se fue, seguido por los uniformados, de regreso a la tarima colocada a la entrada de la Asamblea.
Allí, los miles congregados oyeron al presidente revelar que Dios le había hablado allá adentro, y que le había pedido paciencia. Que podía “tomar por la fuerza” la Asamblea, pero que decidía no hacerlo. “El pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra policía lo sabe, todos los poderes fácticos del país estaban claros de que si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón”, exclamó Bukele en una referencia tácita de la disolución de la Asamblea.
Pero insistió en que tendría paciencia. Una semana de paciencia. Y le oyeron decir que si en una semana los diputados no habían aprobado el préstamo millonario que el Ejecutivo les pide, entonces llegaría una insurrección que derribaría a esos diputados. Un ultimátum.
Bukele pidió a sus partidarios, llegados a puertas de la Asamblea en buses fletados por el gobierno, que pospusieran una semana la insurrección que tres días antes él mismo les había ofrecido. “Paciencia, Paciencia, paciencia”, dijo. ¡No! ¡No! ¡No!, gritaban los asistentes. “Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado”, les dijo el presidente. y así los convenció de posponer la insurrección planeada. Así paró Nayib Bukele su intento de autogolpe.
Una acción sin precedentes
La tarde del domingo 9 de febrero, Nayib Bukele hizo lo que ningún otro Presidente de la República había hecho desde los Acuerdos de Paz: militarizó el salón plenario y amenazó con disolver la Asamblea Legislativa. Y aunque a última hora no lo hizo, dio un ultimátum a los diputados para que voten y autoricen, en un plazo de siete días, la negociación de un préstamo de $109 millones que él ha solicitado para financiar la fase III de su plan de seguridad. Y lo hizo tras tomarse literalmente la Asamblea con militares. Y tras intimidar por más de 48 horas a los diputados de oposición retirándoles la protección policial el viernes, y enviando a policías y soldados el sábado y el domingo a las puertas de sus casas. Los diputados comenzarán a sesionar este mismo lunes.
El Órgano Legislativo perdió el control de su propio edificio desde el mediodía del domingo, cuando miembros del Estado Mayor Presidencial desplazaron a la seguridad parlamentaria y tomaron control de los accesos. Fue el culmen de una semana intensa. La tensión comenzó a media semana cuando Bukele llamó a una insurrección invocando el artículo 87 de la Constitución. El sábado 8 de febrero el ejército acordonó, por orden de Bukele, los alrededores del Palacio Legislativo.
El viernes 7 el presidente convocó vía Twitter “al pueblo salvadoreño” a una concentración frente a la Asamblea, programada para la tarde del domingo. Llegado el día, transportadas en autobuses desde ministerios y dependencias de gobierno, unas cinco mil personas rodearon las calles aledañas al Legislativo. Muchos eran empleados de gobierno y simpatizantes del partido Nuevas Ideas. No era una insurrección espontánea. Ni de multitudes.
En apariencia, el objetivo único era presionar a los diputados, convocados por el Consejo de Ministros para sostener a la fuerza una “plenaria extraordinaria” con el fin de votar por la negociación de los fondos para el Plan Control Territorial. Pero el préstamo dejó de ser el centro del debate tras la irrupción del ejército en el Órgano Legislativo. La diputada arenera Felissa Cristales, de las pocas que en disidencia con su partido apoya el préstamo que pide Bukele, reaccionó indignada: “Yo estoy de acuerdo con el préstamo, pero meter al Ejército y a la PNC al Salón Azul es estar irrumpiendo un poder del Estado con otro. Eso no lo voy a permitir y no me voy a prestar”, dijo antes de salir del salón y subirse a su carro.
No hay registros, en un siglo, de la entrada de destacamentos de soldados con armas largas al hemiciclo legislativo. Ni siquiera durante los años de las dictaduras militares. El referente más próximo, según el historiador Roberto Turcios, es un incidente en la década de los 60, cuando militares obligaron a los entonces diputados a sesionar en un cuartel.
No fue la única actuación de las fuerzas de seguridad en la jornada. Durante el día, varios diputados opositores denunciaron que soldados y policías los acosaban a ellos o a sus parientes en sus casas. La fracción del FMLN, que participaba en una asamblea nacional del partido en el municipio de San Marcos, denunció la inexplicable presencia de soldados y camiones de la Fuerza en la zona.
Cientos de policías recibieron órdenes de acuartelarse y estar listos para desplegarse si lo pedía el presidente. Francotiradores se apostaron en algunas azoteas del centro de gobierno, adyacente a la Asamblea. La tarde del sábado, la Fuerza Armada había anunciado que estaban esperando órdenes de su “comandante en jefe”, Bukele, para actuar en la forma que él lo pidiera. Cuando Bukele insultó y amenazó a los diputados desde la tarima, estaba rodeado de oficiales en uniforme.
Al final de la jornada, postergada una semana cualquier acción presidencial contra la Asamblea, el director de la Policía Nacional Civil, el exmilitar Mauricio Arriaza Chicas, se mostró apenado con varios diputados. “Ya pasó esta situación difícil, mediante Dios”, le dijo al diputado Raúl Bonilla, de, PCN. “Les quiero dar las gracias. La verdad es que la situación ha estado un poco complicada”, les repitió a Francis Zablah y Guillermo Gallegos, de GANA. Frente a él, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, armados con escopetas y equipados para detener masas, abandonaban el Salón Azul.
La dureza de un presidente “cool”
La comunidad internacional entendió antes que el Gobierno la gravedad de las acciones de Bukele. Antes de que comenzaran los discursos de Bukele, y aún no consumada la toma armada del Congreso, la Unión Europea emitió un comunicado advirtiendo: “el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”. El embajador de Estados Unidos, habitualmente complaciente con Bukele y cómplice político de su gobierno, hizo “un llamado a todas las partes del estado y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma” .
Mucho más contundente fue el congresista demócrata estadounidense Jim McGovern, quien a través de Twitter pidió al gobierno de El Salvador el respeto a la separación de poderes y cuestionó el uso del ejército : “El ejército y la Policía deberían regresar a los cuarteles y no involucrarse en asuntos políticos.”, escribió. Otras fuentes diplomáticas confirmaron a El Faro que durante las 48 horas previas numerosos embajadores enviaron mensajes de preocupación al presidente.
Es la primera vez en casi ocho meses de gobierno que Bukele es fuertemente criticado por sectores que antes lo aplaudieron, tanto externos como internos. “En una verdadera democracia es inconcebible ver una Asamblea Legislativa tomada desde adentro con las Fuerzas Armadas. ¡Exigimos el respeto a la institucionalidad! Las Fuerzas Armadas debe retirarse de inmediato”, escribió el presidente de la Cámara de Comercio Javier Steiner, a través su cuenta de Twitter: “Podríamos estar delante de un muy peligroso punto de inflexión”.
La principal gremial de empresarios del país, ANEP, emitió un comunicado en el que acusaba al Ejecutivo de “excederse en sus funciones al interpretar la Constitución” y en la que instó a Bukele a usar su popularidad para “convencer y no para generar crisis civil en la sociedad”. El presidente del tanque de pensamiento Fusades, Miguel Ángel Simán, pidió al Ejecutivo respetar la Constitución y cuestionó de forma irónica los mecanismos usados por el presidente para avanzar su agenda legislativa: “Entre las nuevas ideas para negociar un préstamo está hacer uso del ejército. Todo por $109 millones. ¿Tan poco vale nuestra democracia?”.
El vicepresidente de la rama hotelera del Grupo Poma, Fernando Poma, cuestionó también al Ejecutivo: “Esperando que esto pueda cesar pronto, sea lo que sea el costo político. Las consecuencias ya son graves y pueden tornarse en peor. La democracia, separación de poderes y respeto a la constitución no son negociables y deben prevalecer a cualquier preferencia partidaria o tema”, dijo Poma.
Desde fuera del país, el director Ejecutivo de Humans Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, se refirió a las acciones del Ejecutivo como una “grave crisis constitucional provocada por Nayib Bukele”. Cuestionó el concepto de “constitucional” de la canciller Alexandra Hill, en referencia a un complaciente tuit previo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y le instó a aplicar la Carta Democrática. “Aquí no hay margen de error Almagro: en El Salvador, Nayib Bukele decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad. Esta exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA en función de la Carta Democrática”, dijo Vivanco.
Un escenario más complicado
Por la noche, el gobierno trató de dar un giro comunicativo a lo sucedido, en un ejemplo de lo que Orwell llamaba doblepensar: en un comunicado, Casa Presidencial dijo que Bukele, quien incitó a la insurrección, en realidad había “pedido calma ante la demanda de insurrección” que emanaba de sus partidarios en las calles. Ibrajim Bukele, hermano del presidente y parte de su círculo más influyente, expuso en Twitter su personal relato de lo ocurrido: La Fuerza Armada, dijo, era necesaria para “dar una imagen de orden, dado la efervescencia de la situación”; su hermano fue “inteligente en tranquilizar una situación que había sido llevada al límite por el desacato constitucional de los diputados”; y el presidente solo dio un ultimátum de una semana “para que puedan considerar (los diputados) si lo que están haciendo es lo mejor para la población”. La secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, también minimizó la toma de la Asamblea: “ El punto aquí no es si los militares llegaron a un salón”, tuiteó .
Aunque su equipo de comunicaciones ahora lo quiera etiquetar de pacificador, Bukele ya había invocado el derecho a la insurrección que recoge el artículo 87 de la Constitución en julio del 2018, cuando acusó a la Fiscalía de intentar bloquear su candidatura presidencial. “Ya no vamos a bajar la cabeza . Al próximo bloqueo, nos vamos a las calles”, tuiteó entonces.
Convocar a su gente a concentraciones para desafiar a las instituciones no es tampoco para él una práctica extraña. Lo hizo cuatro años atrás, en febrero de 2016, cuando era alcalde de San Salvador: convocó a protesta y amenazó con “sacar de la oficina” al fiscal general Douglas Meléndez, que le investigaba por supuestos ataques digitales al periódico La Prensa Gráfica. En marzo de 2017, el alcalde Bukele usó al Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador para evitar que arqueólogos de la Secretaría de Cultura hicieran excavaciones en la Plaza Libertad . En diciembre de 2018, en plena campaña presidencial, un grupo de manifestantes alentados por el ahora presidente de CEPA, Federico Anliker, irrumpió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) atendiendo el llamado de Bukele, que denunciaba un supuesto fraude.
Sin embargo, este fin de semana fue la primera vez que Nayib Bukele desplegó a la Fuerza Armada para impulsar su agenda política. Y el resultado es un escenario complejo: a su convocatoria de plenaria llegaron, según el acta levantada, 31 diputados, pero aprobar la negociación del préstamo en disputa requiere 43 votos. Para ello Bukele necesita el apoyo de la fracción de Arena o de la del FMLN, dos partidos que han denunciado como injerencia las acciones del Ejecutivo de la última semana. En un comunicado emitido el sábado, Arena llamó “proceso de autogolpe” a la crisis provocada por el Ejecutivo.
El FMLN, por su parte, denunció el domingo 9 a Bukele ante la Fiscalía por el delito de sedición. La diputada del FMLN Cristina Cornejo calificó la toma del Salón Azul como un “inminente golpe de Estado a la Asamblea”. Cornejo, quien también es tercera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, dijo que la presión para que se apruebe la negociación del préstamo le parece innecesaria, tomando en cuenta que los partidos estaban listos para emitir un dictamen favorable a esta primera iniciativa de ley. “Iba a haber dictamen favorable porque es solo la primera etapa. Esas no son acciones de un presidente que se considera el más cool del mundo”, señaló.
El presidente de Arena, Gustavo López Davidson, dijo a El Faro la noche del domingo que su partido pedirá que se investigue legalmente lo ocurrido este fin de semana. “Lo que está en juego es que siga existiendo libertad de expresión, independencia de poderes, pesos y contrapesos', dijo López Davidson a través de una llamada telefónica. “(Bukele) podrá montar nuevamente un acto similar en una semana, pero el problema es si lo va a poder desmontar de una manera pacífica, de una manera democrática'.
*Con reportes de María Luz Nóchez y Gabriel Labrador.
