Hace poco más de 10 años, estábamos en los alrededores de un centro comercial con una compañera en un carro al que le habíamos colocado un aparato de sonido para tratar informar a las ciudadanas y ciudadanos que circulaban sobre la importancia de conmemorar el 8 de marzo. Un señor se nos acercó y nos dijo que, en efecto, era muy importante porque era el Día Nacional del Riñón. Nos quedamos un poco sorprendidas con aquel comentario. Me fui a investigar y confirmé que, desde el 2006, en El Salvador las sociedades médicas vinculadas a la nefrología se unen en la segunda semana de marzo a una campaña mundial por la salud renal. Si bien esto es importante en un país como este, en donde la insuficiencia renal crónica es la tercera causa de muerte en personas adultas, fue todavía más evidente para mí el desconocimiento que importantes sectores de la ciudadanía tienen sobre la larga lucha de las mujeres por nuestros derechos.
Más allá de la importancia de la salud renal, la conmemoración del 8 de marzo también tiene otro significado, y uno muy importante, sobre todo en una sociedad en donde las mujeres –la mitad de la población– somos discriminadas, marginadas y excluidas como resultado del dominio y control masculino. Como he insistido en otras ocasiones, esta desigualdad no la vivimos todas de igual manera, pero siempre está presente aunque no nos demos cuenta de ello.
Hay muchas mujeres – la mayoría– que además de las desigualdades por razones de género, también enfrentan dobles y hasta triples factores de discriminación: por vivir en situación de pobreza, por racismo, por la pertenencia a una comunidad e identidad étnica, por edad, por ruralidad, por orientación sexual e identidad de género, entre otras. Es por ello que desde el feminismo decimos que no se trata de “celebrar' el 8 de marzo, sino de conmemorar nuestras luchas, recuperar la memoria de quienes en el empuje de estas transformaciones sociales han dejado sus vidas, destacar y hacer visibles nuestras resistencias a la opresión.
Si algo hay que celebrar en esta fecha es el crecimiento de nuestros movimientos feministas, su diversificación y diversidad, así como la fuerza que ahora mismo tienen las expresiones organizativas de mujeres jóvenes.
En algunos países se está convocando a un paro de mujeres, tanto de las actividades retributivas como aquellas que tienen que ver con el trabajo doméstico y los cuidados. Se llama a dejar de hacer para que se pueda valorar, tanto a nivel de los hogares en comunidades, barrios y colonias, como a nivel de las economías nacionales, el valor de esa contribución de trabajo invisible que hacemos las mujeres a la subsistencia de nuestras familias y sociedades.
En El Salvador, diversas organizaciones e instituciones tienen programadas diferentes actividades y, aprovechando que el 8 de marzo es domingo, se ha convocado a una marcha en San Salvador que hace un llamado a tomarnos las calles “Por nuestras vidas, con derechos y sin violencias”.
Pero la pregunta sigue planteada, ¿para qué sirve todo esto? Aunque no vamos a encontrar una única respuesta, apunto algunas.
Conmemoramos el 8 de marzo para demandar un Estado que nos reconozca como ciudadanas plenas. Esto significa colocar los problemas que nos afectan como mujeres y sus respuestas, en la agenda prioritaria de las instituciones públicas, tanto gubernamentales, como judiciales y legislativas.
Necesitamos que el gobierno haga un robustecimiento político y presupuestario del Instituto de la Mujer, de los programas de servicios, como Ciudad Mujer y de las Unidades especializadas de atención a mujeres en situación de violencia de la PNC, de los programas de atención en salud sexual y salud reproductiva.
No queremos volver al pasado, donde el Estado y el Gobierno tenían solo una presencia verde olivo – y ahora también azul por la PNC – en nuestros territorios, comunidades y barrios. Necesitamos que se reconozca la violencia contra las mujeres como problema de seguridad pública, pero sabiendo que esta no se enfrenta y menos se previene sólo con fuerza militar, sino enfocando las políticas en superar las causas que la generan, y en como estas están asociadas a las desigualdades socioeconómicas y de género. Es allí, transformando las bases de la desigualdad, donde necesitamos a ese Estado de Derecho.
Necesitamos que los centros educativos, desde la educación inicial hasta la superior, transformen a nuestras niñas, niños y jóvenes en ciudadanas y ciudadanos que se respetan, que conocen y se apropian de todos sus derechos, incluidos aquellos a los que tanto miedo tienen los grupos conservadores en nuestro país, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque también son importantes para ser mejores personas. Necesitamos un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que diseñe e implemente programas de formación docente que eduquen en competencias para que el ejercicio docente cuente con herramientas para una labor comprometida con la construcción democrática, porque es en las aulas donde se forman a las generaciones del presente y el futuro de nuestro país.
Los embarazos en niñas y adolescentes representan un problema que, más allá de las cifras, es un verdadero obstáculo para que puedan construir un proyecto de vida satisfactorio, así como también para las criaturas que nacen sin ningún tipo de protección. No podemos ni queremos acostumbrarnos a las miradas tristes de las niñas madres que ven con angustia su presente y su futuro, que tienen que empezar a trabajar para dar de comer y atender las necesidades de sus hijas e hijos, abandonando sus estudios.
Tampoco nos queremos acostumbrar a las noticias de los suicidios de adolescentes embarazadas, que son enterradas con pena y discreción, porque se trata de la negación de opciones ante los embarazos impuestos por tradición y por ley. Aquí también necesitamos a un Gobierno decidido, buscando alternativas de solución.
A nivel del acceso a la justicia, para las mujeres las brechas son enormes. La creación de la jurisdicción especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres ha sido un paso importante, pero es absolutamente insuficiente si en los Juzgados de Paz y otras instancias de administración de la justicia se continúa ignorando los derechos de las mujeres y la aplicación eficaz de medidas de protección. Los Juzgados de la Mujer están colapsados, no alcanzan a atender las demandas de las mujeres que acuden a ellos, y algunas terminan siendo víctimas de feminicidio o de muertes anunciadas, por ponerlo en términos poéticos.
Necesitamos un sistema de justicia con capacidad de analizar y revertir las tendencias de criminalización de las mujeres, especialmente de aquellas que, sin haber cometido un delito, están pagando penas severas por complicaciones obstétricas. Aquellas a quienes detuvieron arbitrariamente en hospitales públicos, por ser jóvenes y pobres, por el prejuicio y la sospecha de haberse provocado un aborto.
Necesitamos y demandamos un poder legislativo que recupere su credibilidad perdida, donde los y las diputadas sean en realidad representantes del pueblo y no de sus grupos económicos y partidos políticos solamente. Que se atrevan a retomar las iniciativas de ley enfocadas en garantizar mínimamente los derechos de las mujeres, como la reforma del Código Penal para incluir excepciones a la penalización absoluta del aborto. Que no piensen sólo en clave electoral, sino en beneficio social para la mitad de la población.
Finalmente, también conmemoramos el 8 de marzo para sensibilizar al conjunto de la sociedad, para que cambiemos y superemos la cultura machista, porque los cambios en favor de la igualdad no solo son para las mujeres, sino también para los hombres, para que aprendamos a vivir en respeto de nuestros derechos y vidas plenas.
Por eso marchamos, por eso nos movilizamos, para cambiar nuestras vidas y nuestras sociedades.
