El martes 11 de febrero, cuando la irrupción del presidente y los militares a la Asamblea Legislativa ya había ocurrido y el escándalo estaba en las páginas de decenas de medios internacionales, el Gobierno intentó recoger los platos rotos. A las 6:30 de la tarde de ese día, en el salón de eventos de Casa Presidencial, tres funcionarios de confianza de Nayib Bukele buscaban calmar a la comunidad internacional en el país, en una reunión sin medios de comunicación. Carolina Recinos, jefa de Gabinete; Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia; y Alexandra Hill, canciller, vendían su versión de los hechos a unos 60 diplomáticos, entre ellos embajadores y funcionarios de organismos internacionales como Naciones Unidas o el Banco Mundial. Pero la historia que el Gobierno contó estaba plagada de mentiras, y la mayoría de los ahí presentes no la creyó. Y los invitados, cuando les dieron turno de preguntas, lo dejaron claro.
El Faro tiene en su poder una grabación de aquella reunión. En las primeras dos intervenciones, el tono fue diplomático. El embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols, preguntó si el Ejecutivo acataría la orden de la Sala de lo Constitucional de desistir en el intento de forzar una sesión extraordinaria legislativa para aprobar el préstamo de 109 millones que, según la versión del Gobierno, desató todo. El embajador de Chile, Renato Sepúlveda Nebel, habló de ver las cosas en positivo y darle “para adelante”. Entonces, tras respuestas de Recinos y Castro, y luego de casi una hora de reunión, el embajador de Japón, Kazuyoshi Higuchi, cambió el tono del diálogo:
—Buenas noches, no sé si podré explicar bien en español… Tenemos mucho interés de mejorar la imagen del país, para hacer más cooperación, para llevar más inversión, mejorar la seguridad pública, etcétera, etcétera. Perder una imagen buena es un día, pero recuperar imagen se tarda más tiempo. Por eso, el acontecimiento en la Asamblea, eso afectó a casi todos los diplomáticos y fue mala imagen, pero recuperar la imagen del país tarda mucho tiempo. Yo espero que no repitan para el próximo, no sé… Mañana, sábado o domingo, no repitan… Van a perder más confianza con los diplomáticos.
Tras el embajador Higuchi, varios más hicieron ver a los funcionarios el error que había cometido Bukele. Pero ese es el final de una historia que empezó las semanas previas a la irrupción del presidente al Salón Azul legislativo. Con entrevistas a fuentes de Gobierno, legislativas, policiales, militares y diplomáticas, El Faro ha reconstruido la sucesión de hechos que derivaron en el 9F, y las repercusiones inmediatas que esto acarreó.
La historia que el Gobierno sigue contando, y que ha llegado a publicar en textos firmados por el presidente Nayib Bukele en medios estadounidenses, es falsa en muchos detalles. De hecho, lo es desde el inicio: la toma de la Asamblea no ocurrió principalmente por un préstamo de seguridad. Fuentes del Ejecutivo confiesan que respondió a una estrategia de marketing que, dicen, se les salió de las manos.
1. Las semanas previas: un problema de imagen
El de Bukele es un Gobierno hábil para manejar la agenda de los medios de comunicación y las tendencias en redes sociales. Es un Gobierno al que le preocupa el marketing, la promoción de temas que protejan su buena imagen, como explicó un funcionario del gabinete de Gobierno ampliado que habló con El Faro luego de los hechos del domingo 9 de febrero.
Sin embargo, durante la primera semana de enero de 2020 se le desató un problema que la administración tardó en dimensionar: una crisis de abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de San Salvador. 'Lo que ocurrió el 9 de febrero en la Asamblea está íntimamente relacionado con el problema del agua', explicó este funcionario.
La primera semana de enero de 2020, usuarios de redes sociales se comenzaron a quejar por falta de agua, mientras otros denunciaban que de sus chorros salía agua con mal sabor y mal olor. El Gobierno matizó el problema: el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, aseguró que había una disminución del servicio por trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora de Las Pavas.
La explicación no contuvo las denuncias. Pasó otra semana y, lejos de agotarse, la crisis tomó nuevas dimensiones. El 15 de enero ANDA explicó que el problema se debía a una proliferación de algas en el río Lempa. Esas algas, dijeron, se colaron en Las Pavas, la planta que abastece de agua a 1.2 millones de usuarios en el Gran San Salvador. Tres días después, el 18 de enero, el presidente de ANDA y la ministra de Salud, Ana Orellana, insistían sin embargo en que el agua era apta para el consumo humano: “Hay que hervir el agua, debemos consumir agua hervida o filtrada. Es lo que recomendamos nosotros, pero el agua se puede beber, yo la he bebido y no ha habido ningún problema”, dijo la ministra.
A pesar de defender que el agua era potable, el Gobierno desplegó un plan de contingencia para llevar pipas y agua embotellada a las zonas afectadas y saturó las redes sociales con fotografías y videos de su esfuerzo. Una lluvia de tuits exhibieron a funcionarios haciendo innecesarias cadenas humanas para pasar de mano en mano botellas de agua descargadas o cargadas en camiones.
El martes 21 de enero, el Gobierno llegó a su tercera semana con la mancha de la crisis en su comunicación estratégica. Esa noche, durante una conferencia de prensa, rodeado de su gabinete, Bukele regañó a sus funcionarios y, por primera vez en siete meses de Gobierno, pidió disculpas por la desinformación inicial: “Pido disculpas por lo que se dijo, pero creo que responde a la forma que se ha pensado siempre… Eso no debe ser así en este Gobierno y ya se le llamó a la atención a los funcionarios, creo que no lo hicieron de mala intención”.
En la misma conferencia, Bukele recordó a su gabinete la importancia que las redes sociales tienen en su administración: “Nunca volvamos a decir no hay un problema cuando la gente está diciendo que hay un problema. Ayer le dije al ministro de Gobernación, a Mario (Durán): cuando hay quejas en redes sociales tómenlas como un insumo”.
Bukele dijo aquella noche que el problema de las algas estaba superado, prometió la modernización de Las Pavas y la construcción de otra planta de tratamiento, pero ni las disculpas ni las promesas contuvieron la crisis comunicacional. Y aún faltaba más.
Durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, otros tres temas se sumaron a la crispada agenda nacional: la petición de antejuicio contra el diputado arenero Norman Quijano por negociar con las pandillas; la revelación de que una empresa de seguridad había pagado un viaje a México al viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna; y la decisión de Arena, FMLN y PDC de retirar su apoyo a la solicitud del Gobierno de negociar un préstamo internacional de $109 millones para financiar la tercera etapa del de seguridad Plan Control Territorial.
El Faro habló con tres fuentes del Gobierno. Dos son del gabinete ampliado y un tercero es un empleado de Casa Presidencial con acceso a reuniones e información privilegiada. Las tres fuentes explicaron a este periódico que la popularidad de Bukele es una de las columnas que sostiene los proyectos del Ejecutivo. “Él, con su imagen, siempre suma”, dijo uno de los funcionarios del gabinete ampliado. Las fuentes también explicaron que el actual Gobierno entiende la política como un conflicto perpetuo. 'El acierto está en elegir el conflicto e irlo ganando siempre', explicó una de las fuentes. Visto de esta manera, con lo del agua, el Gobierno tenía varias semanas de no escoger el conflicto y de irlo perdiendo.
El 27 de enero, Bukele encontró una oportunidad de que la crisis del agua pasara a segundo plano. Ese día, la Fiscalía presentó una petición de antejuicio contra el expresidente de la Asamblea y excandidato a la presidencia por Arena Norman Quijano. El presidente quiso llevar trigo a su molino: “Arena y el FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”, escribió el 1 de febrero en Twitter.
Es mismo día, el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, filtró en Twitter un documento que revelaba quién pagó el viaje del Viceministro Osiris Luna en un avión privado. Dos días después, la empresa mexicana Grupo SeguriTech Integral Security confirmó a El Faro que había pagado el viaje de Luna a México, algo que el Gobierno mantenía en secreto desde el 10 de noviembre de 2019, cuando se difundieron en redes sociales fotos de Luna y su asistente dentro de un jet.
La oposición aprovechó los dos flancos para golpear al Gobierno. El 3 de febrero, los partidos de oposición acordaron interpelar al presidente de ANDA y la ministra de Salud, por la crisis del agua. Dos días más tarde, el miércoles 5, los diputados de Arena se negaron a dar sus votos para un préstamo del BCIE por $109 millones, con el que Bukele quiere financiar parte de su plan de seguridad. Los diputados alegaban falta de transparencia en el préstamo, porque parte de los fondos eran para la compra de cámaras de seguridad, uno de los productos que vende la empresa que invitó a Luna a México.
Bukele necesitaba mover pieza. “Se venían haciendo mediciones de la reacción de la gente ante ciertos temas', explicó a El Faro uno de los funcionarios de su gobierno. 'Preocupaban dos en particular: lo de Osiris y lo del agua. Lo de Osiris no impactó, no afectaba las mediciones, pero lo del agua sí. Salía el semáforo en rojo. Como una alerta. Son mediciones semanales que se hacen en redes sociales, dependiendo de cómo reacciona la gente a ciertos temas del Gobierno”.
Bukele quiso otra vez cambiar el tema, elegir el conflicto.
La versión oficial del Gobierno es que el 9F convocó a una reunión extraordinaria a los diputados para tratar un asunto de interés nacional: los fondos para la seguridad pública. El funcionario del gabinete ampliado confirma que la convocatoria a los diputados respondía a un problema de marketing y a la crisis del agua en particular. “Desde un mes antes se tenía esta carta: la Asamblea Legislativa es la más odiada. En las encuestas sale como la peor evaluada y la gente hasta paga para ir a putear a los diputados', dice. 'Entonces, lo que hacés es encontrar una causa, elegís con quién generar el conflicto y hacer que el otro (la Asamblea) ceda por presión”. Lo que explica esta fuente es que la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero nació de la necesidad de crear un distractor y de buscarle al presidente un adversario con vocación de perdedor.
2. Jueves 6 de febrero: “Cancelen viajes. Tienen que estar el domingo”
El jueves 6 de febrero de 2020, los miembros del gabinete ampliado llegaron a Casa Presidencial alrededor de las 9:30 de la mañana. Recién estaba terminando una reunión del Consejo de Ministros. Entre la veintena de funcionarios estaban el secretario jurídico, Conan Castro; el secretario privado, Ernesto Castro, y la jefa de gabinete, Carolina Recinos. “A media mañana aún le estaban sacando la firma a algunos ministros, pero en ese momento no sabíamos qué habían acordado”, cuenta una fuente del gabinete ampliado. Faltaban un par de horas para que los salvadoreños conocieran el punto cuatro que el presidente Bukele introdujo a la agenda del Consejo de Ministros.
Ese mismo día, a las 2:45 de la tarde, los diputados recibieron el acuerdo de Casa Presidencial. “En cumplimiento de la instrucción recibida de parte del Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo, hago de su conocimiento el Acuerdo adoptado por dicho Consejo, a través del cual se hace uso de la facultad conferida por el artículo 167 ordinal 7° de la Constitución”, reza el documento que Conan Castro envió al presidente de la Asamblea, Mario Ponce. El artículo 167 de la Constitución faculta al Consejo de Ministros a convocar a los diputados a una sesión extraordinaria 'por asuntos de interés nacional'. El presidente había encontrado su nuevo conflicto: obligaría a los diputados a someter a votación la autorización para la negociación del préstamo por $109 millones, el domingo 9.
Al final de la tarde del jueves 6, la noticia del acuerdo del Consejo de Ministros corrió como pólvora en los grupos de WhatsApp de los funcionarios de Gobierno. La noticia llegó en forma de orden: “Sí, el jueves cayó ese mensaje de que había que ir a apoyar el domingo”, dijo el funcionario del gabinete ampliado. Una segunda fuente del gabinete ampliado cuenta que la noche del jueves Casa Presidencial informó por la misma vía la suspensión de reuniones en el extranjero. La indicación era que todos debían presentarse a apoyar al presidente el domingo a las 3 de la tarde frente a la Asamblea Legislativa, sin importar otros compromisos. Al menos en privado, el Gobierno no mostraba dudas ni dejaba abierta la posibilidad de que las negociaciones con los diputados alteraran la cita; era una decisión firme.
Entre las reuniones que estaban programadas fuera del país estaba una sesión de trabajo en Guatemala. Se suspendió. La Cancillería guatemalteca confirmó a El Faro que representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobernación debían reunirse con sus similares guatemaltecos para trabajar en un acuerdo de integración que el presidente Bukele y el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, firmaron en San Salvador, el 27 de enero de 2020. Luego de firmar ese acuerdo, las vicepresidencias de ambos países habían acordado una reunión de trabajo para el viernes 7 de febrero. “Te puedo confirmar que se suspendió. No te sabría decir cuándo se retomará porque esto es un asunto que las instituciones involucradas trabajan de manera bilateral”, respondió oficialmente la Cancillería guatemalteca, el pasado 4 de marzo.
El primer anuncio de la convocatoria extraordinaria la dio Bukele esa noche, alrededor de las 7. A su lado, estaba el embajador Johnson. El presidente y el estadounidense acababan de anunciar un entendimiento de visas de trabajo. Bukele escogió justo ese momento para revelar al país lo que había decidido.
A las 8:26 de la noche del día 6, Bukele escribió en Twitter: “Los diputados de la @AsambleaSVse presentarán este domingo a las 3pm, para votar por el financiamiento para la #Fase3 del #PlanControlTerritorial. Así lo decidió el Consejo de Ministros”. Uno de los dos funcionarios del gabinete ampliado que habló con El Faro describió al Consejo de Ministros como un grupo de funcionarios obedientes, reverentes hacia la figura del presidente Bukele, incapaces de contradecir al mandatario. “Puedo asegurarte que no fue el Consejo de Ministros el que convocó a la sesión (plenaria extraordinaria)”, dijo la fuente, haciendo ver que la orden era directamente del presidente.
3. Viernes 7 y Sábado 8: Retirar a los agentes PPI, asustar a los diputados
Contrario a los temores expresados por algunos diputados, a ninguno de sus guardaespaldas se les pidió que ayudaran a localizar al legislador que custodiaban y tampoco se les hizo ninguna referencia a la posibilidad de que sus jefes fueran a ser llevados a la fuerza a la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Lo que sí ocurrió fue una inusual reunión multitudinaria de guardaespaldas que dejó sin seguridad durante más de 12 horas a buena parte de los diputados de El Salvador. El Gobierno ha dicho que se trató de un acto de rutina, pero la versión de los implicados desmiente eso: los retiraron de sus funciones como medida de presión a los diputados.
El viernes 7 de febrero, después las seis de la tarde, el sargento de la Policía que coordina la seguridad de los parlamentarios, comenzó a llamar y a escribir a cada uno de los guardaespaldas de los diputados para notificarles que a partir de ese momento quedaban suspendidas sus obligaciones hasta nuevo aviso.
A lo largo de ese día, Bukele publicó desde su cuenta de Twitter 12 mensajes, todos ellos recordando a los diputados que el domingo debían presentarse a la sesión extraordinaria, convocando a la gente a llegar como medida de presión para los diputados y recordando que el préstamo en seguridad era para el bienestar de policías y soldados.
El orden constitucional aún no ha sido roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe realizarse el domingo a las 3pm.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 7, 2020
Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución.
En el mensaje enviado por el sargento se les ordenaba a todos presentarse, de ser posible ese mismo día, a la que fue base del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), en la colonia San Francisco de San Salvador. El sargento y su equipo tardaron varias horas en notificar a los 336 guardaespaldas de los diputados propietarios y a los 168 de los diputados suplentes. A varios los pasaron a recoger en vehículos policiales al final de ese viernes, en las casas de los legisladores a los que debían proteger. Algunos elementos de seguridad fueron notificados más allá de la media noche.
En la misma línea de que el evento del domingo estaba decidido desde al menos el jueves, la acción de la Policía era dejar sin seguridad a todos los diputados de la Asamblea Legislativa en la víspera de ese 9 de febrero. Ese viernes en la noche, ninguno de los guardaespaldas tenía claro si la decisión duraría todo el fin de semana, toda la semana, o incluso si sería permanente.
Estos elementos de seguridad –conocidos como PPI– no son policías salvo muy contadas excepciones, no tienen placa ni uniforme. Normalmente son elegidos por los diputados e inscritos como agentes súper numerarios en la Policía. Sin embargo, es la PNC la que paga su salario, la que les entrega las armas y la munición y están jerárquicamente subordinados a la Unidad de Protección de Personalidades Importantes, comandada por el Inspector Magín Iván Alarcón.
El Faro conversó con once de los agentes encargados de la seguridad de varias fracciones legislativas, incluyendo a los guardaespaldas de diputados afines al presidente Bukele. El común denominador de sus relatos es el ambiente de improvisación e incertidumbre que se vivió durante esas horas.
“Mire, en la noche no alcanzaron los catres, varios durmieron en el puro suelo y al día siguiente se hizo un gran relajo con las armas”, relata uno de ellos. Esa sede policial no está equipada para recibir de golpe a tanto personal y ofrecerle condiciones dignas durante la noche. Tampoco es tan grande como para que al día siguiente cupieran todos en formación.
Todos los agentes –tanto los que llegaron la noche del viernes como los que se presentaron en la mañana del sábado– tuvieron que entregar sus pistolas y colocarlas en un depósito, al que algunos describieron como un “cumbo”. Nadie se encargó de identificar las armas ni de ordenarlas. A nadie se le explicó nada sino hasta la mañana del día siguiente.
La mayor parte de agentes llegó a la base durante la mañana del sábado 8 y al ambiente de confusión se sumaron dos autobuses de la Policía, que avivaron la hoguera de las especulaciones: entre los acuartelados se regó el rumor de que serían trasladados a otra sede para evitar que hablaran con la prensa.
Finalmente se dirigió a ellos el comisionado Alarcón.
La mayoría de entrevistados mencionó que el jefe policial fue claro y al grano: de entrada les dijo que se trataba de órdenes “de arriba” y que era una medida de presión a los diputados para que aprobaran la búsqueda del préstamo que pedía el presidente. “De todas formas no hacía falta que nos lo dijeran, estaba claro cuál era el propósito de esa reunión, o sea, que ellos querían asustar a los diputados”, aclaró uno de ellos.
Todos coincidieron en que Alarcón fue muy enfático y reiterativo al decirles que ellos debían lealtad a la Policía y que no era la Asamblea Legislativa la que les pagaba su salario, sino la PNC. “Varias veces nos repitió eso: que nosotros debíamos estar del lado de la Policía y que ese préstamo que los diputados no querían aprobar era para beneficio nuestro”, recuerda un veterano agente de PPI.
El relato de los policías discrepa con las explicaciones que han ofrecido tanto el comisionado Alarcón, como el mismo director de la Policía, que han descrito lo ocurrido como un acto de rutina.
“No recuerdo haber dicho eso. No recuerdo hablar de política. Tal vez fue porque algunos me preguntaron. Recuerde que muchos son familiares de los diputados y por eso tienen que estar del lado de ellos”, explicó Alarcón. Aunque aseguró también que se trató de un encuentro rutinario, admitió que nunca había ocurrido antes, al menos bajo su jefatura.
Los policías con los que El Faro conversó –algunos con más de una década en el puesto– dijeron que jamás había ocurrido algo parecido.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, negó también que se tratara de una medida relacionada con los eventos del 9 de febrero: “Lo que pasó fue que coincidieron actividades de carácter administrativo, donde se mandaron a llamar a algunos miembros para dar algunas orientaciones administrativas”.
Según el relato de los agentes, no solo no hubo ninguna orientación administrativa nueva, sino que además desmintieron que fueran convocados solo “algunos miembros”: se llamó a los 504 elementos de seguridad parlamentaria. No todos asistieron, algunos por vivir en el interior del país, otros porque, ante la falta de una notificación oficial, decidieron rebelarse y otros porque los diputados les pidieron expresamente que no lo hicieran. Según el comisionado Alarcón, aunque todos fueron llamados, sólo se presentó un 40% de agentes.
Cerca del mediodía, luego de una extraña reunión en la que no recibieron ninguna indicación novedosa, los agentes fueron enviados de vuelta a sus labores. Nadie les explicó nunca la presencia de los buses y algunos tardaron hasta 3 horas en recuperar sus armas de servicio, debido al caos que se armó al querer identificar el arma asignada a cada elemento.
Al día siguiente, el presidente Bukele sacó partido de lo ocurrido, burlándose de los diputados frente a una multitud: “Los diputados se quedaron sin seguridad 12 horas, ¡12 horas! Y todavía están poniendo el grito en el cielo: llamaron a la OEA, a la ONU, a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a la Comunidad del Anillo, al Consejo Jedi, llamaron a todo el mundo para decir: ¡Ay! Nos quitaron la seguridad. 12 horas sin seguridad y se estaban haciendo en los pantalones”.
4. Domingo 9: Dos reuniones privadas y el desconcierto
El domingo 9 de febrero arrancó con la última oportunidad del Gobierno de desactivar la concentración de la tarde, de evitar la imagen del presidente orando rodeado de militares y sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa.
Por la mañana de ese día, a iniciativa de los embajadores de la Unión Europea, hubo una reunión en la residencia del embajador de la UE, Andreu Bassols. Ahí fue citada la canciller Hill. A la reunión se sumó Ronald Johnson, el embajador estadounidense.
“Dijimos estar preocupados. Pedimos que si se podía evitar lo que venía, sería lo mejor, y que estábamos dispuestos a apoyar la semana siguiente para lograr acuerdos en torno al préstamo de seguridad. Todos los embajadores presentes compartíamos la misma preocupación, que eso había que frenarlo”, dijo uno de los diplomáticos que estuvo en la reunión. El Faro confirmó la reunión con dos de los asistentes.
Que el Gobierno no atendió la preocupación de los embajadores de la Unión Europea y de Estados Unidos es obvio. Sin embargo, incluso ese día por la tarde, cuando las cámaras filmaban todo lo que podían alrededor del hecho inédito que ocurría en la Asamblea, hubo escenas que no trascendieron.
A las 3:50 de la tarde del 9 de febrero, diez minutos antes de que soldados y policías irrumpieran en el Salón Azul, Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía, estaba a un lado del hemiciclo, cerca de las oficinas de los diputados del PCN. El funcionario hizo una llamada: “Van a abrir la puerta del salón de la comisión de seguridad de la Asamblea. No va a ser la Policía ni la FAES. Pero una vez la abran, el presidente nos ha dado varias instrucciones”, dijo claramente aturdido. Cuando su encargada de comunicaciones, Marisol Doratt, se dio cuenta de que la prensa presenciaba la llamada, se colocó frente al director para impedir que se le tomaran más fotografías.
Ese domingo, el fiscal general de la República, Raúl Melara, recibió una llamada del equipo de Bukele. Luego habló por teléfono con el presidente de la República. Melara confirmó a El Faro esas conversaciones, sin precisar la hora exacta en que fueron realizadas. “El contenido de la plática me la voy a reservar”, dijo.
A las 4:40, Bukele entró a la Asamblea. Se puso las manos sobre la cara para orar y se movió con pequeños espasmos mientras lo rodeaban policías y militares uniformados y con armas largas, miembros de la Brigada Especial de Seguridad Militar. Hizo su oración y se retiró del Salón Azul sin mediar palabra con los diputados. A quién le tocó hablar con ellos fue a Arriaza Chicas. Cuando los soldados y policías salieron del Salón Azul, el director policial se ubicó en las cercanías del salón Cuscatlán y, alejado de la prensa, habló con el pecenista Raúl Beltrán Bonilla. El director, visiblemente apenado, le agradeció por recibirlo. El Faro pudo ver esta escena. “Ya pasó esta situación difícil mediante Dios. Les quiero dar las gracias. La verdad es que la situación ha estado un poco complicada”, dijo el director de la PNC al diputado. Luego repitió el gesto con Francis Zablah y Guillermo Gallegos, de GANA, el partido de Bukele.
Zablah le respondió, entre bromas, que todo estaba bien: “Ya no me mande a cuidar”, le advirtió entre risas. Después, Arriaza Chicas se encontró con Gallegos cerca de la Plaza de las Banderas, afuera del recinto. “Yo no veía problema con que el Ejército y la Policía estuvieran aquí. Siempre vienen, lo que pasa es que la gente nunca los ve”, dijo Gallegos. Pronto se les unió otro uniformado. Ese policía dijo a Arriaza Chicas que presenció una llamada entre Gallegos y el fiscal Melara. “Yo ya le dije que estaba con él (Gallegos) cuando le habló el fiscal, y todo tranquilo, ¿verdad?”, dijo buscando la confirmación del diputado. Ante esto, Gallegos confirmó el dato brindado por el policía a un Arriaza Chicas apenado. Minutos después, cuando El Faro consultó a Gallegos sobre el contenido de la llamada que había tenido con el fiscal Melara, él la negó rotundamente. Sonrió, se despidió y se fue.
El fiscal Melara aceptó que llamó a Gallegos antes de que iniciara el evento, preocupado porque leyó en redes sociales sobre intenciones de la Fuerza Armada y la Policía de forzar las puertas del Salón Azul. “Tenía entendido que el diputado Gallegos era el miembro de más alta jerarquía y él iba a estar en esa reunión. Él me dijo que no, que en ese momento estaban esperando al empleado de la Asamblea, que iba con la llave, ya que había un protocolo, inclusive para recibir al presidente de la República, cuando él ingresara”, dijo Melara. El fiscal terminó la tarde del domingo 9 de febrero con una llamada de Johnson, el embajador de Estados Unidos. “No entramos en detalles. Simplemente conversamos de lo que había sucedido y hasta ahí”.
El embajador Johnson estuvo todo el día activo. Su jornada empezó en la reunión con la canciller y otros embajadores, siguió con esa llamada al fiscal, pero no terminó ahí. Un empleado de Casa Presidencial con acceso a reuniones y a información privilegiada contó a El Faro que tras bajar de la tarima, alrededor de las 6 de la tarde, el presidente Bukele se dirigió hacia Casa Presidencial, lugar donde se encontró con sus funcionarios de confianza. Luego, en la noche, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, convocó a una reunión privada en una casa particular de la Residencial Las Piletas.
La reunión convocada por Castro era una especie de comité de crisis para discutir medidas a tomar ante la creciente preocupación de la comunidad internacional. La imagen de una Asamblea militarizada por el presidente Bukele ya le había dado la vuelta al mundo. “Muchos estaban desconcertados, el tarimazo terminó como nadie lo esperaba. Yo creo que algunos (funcionarios) aún no han comprendido la gravedad de lo que pasó aquel día”, dijo la fuente. Según este empleado de Casa Presidencial, a la reunión asistieron: el secretario privado, Castro; el secretario jurídico, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el diputado de GANA, Guillermo Gallegos; y, sumándose más tarde, el embajador Johnson.
El Faro escribió al departamento de prensa de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada confirmó la presencia de Johnson esa noche en la casa de Las Piletas, pero no aportó más detalles. Esta fue la respuesta:
“El Embajador Johnson aceptó una invitación personal del Presidente Bukele para reunirse con él y la Primera Dama en la noche del 9 de febrero. No tuvo más que un contacto breve con cualquier otra persona que se encontrara en el lugar. No participó, ni asistió a, ni fue testigo de ninguna reunión oficial o de algún comité del Gobierno de El Salvador esa noche. Reiteramos que ni el Embajador Johnson ni ningún funcionario de la Embajada tuvieron conocimiento previo de lo que iba a suceder el 9 de febrero. El mensaje consistente del Embajador Johnson en la antesala y posteriormente de los hechos de ese día consistió en exhortar a la reducción del conflicto y a entablar un diálogo de buena fe para encontrar una solución democráticamente aceptable al impasse. Estados Unidos mantiene esa posición hasta la fecha y urge a todas las partes en conflicto a respetar los límites constitucionales, promover la transparencia, y a hacer todo lo que esté en su poder para trabajar en pro de continuar las tendencias positivas en el área de seguridad en El Salvador”.
El Faro repreguntó bajo qué circunstancias el presidente Bukele invitó a Johnson a una casa de Las Piletas esa noche, y no a su propia casa, pero no hubo otra respuesta de la Embajada. Johnson no dijo nada sino hasta el lunes, cuando tuiteó que reprobaba la presencia de militares dentro de la Asamblea. Y que, entonces sí, reconocía los llamados a la prudencia que habían resonado los días anteriores.
No apruebo la presencia de la @FUERZARMADA en la @AsambleaSV ayer y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un dialogo pacifico para avanzar.
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) February 10, 2020
5. Lunes 10 de febrero: “El día más difícil del Gobierno”
Si el domingo 9 por la noche el Gobierno ya había realizado una reunión de crisis de funcionarios cercanos al presidente, el lunes 10 la sensación de incertidumbre se contagió a todo el aparato.
Uno de los funcionarios del gabinete ampliado que conversó con este periódico describe el lunes 10 de febrero como un día de zozobra en Casa Presidencial y, en general, en el Gobierno. El funcionario explica que desde que llegó esta administración hay orden de que todas las oficinas del Ejecutivo se mantengan activas en redes sociales todos los días desde temprano. Según explicó, “las cosas grandes” las anuncian los ministros o el presidente, pero las “cosas del día a día las va soltando cada quien”. La idea es tener mucho tráfico de mensajes siempre y desde todos los flancos posibles.
“Esa mañana, nadie se atrevía a publicar nada, la gente estaba paralizada temprano en la mañana. Esto definitivamente nos golpeó. El lunes fue: ¿qué hacemos? ¿Convocamos gente? ¿Cómo hacemos para tranquilizar las aguas? Fue el día más difícil del Gobierno. Eso (la reacción negativa de muchos sectores) no lo medimos. Ese lunes, la gente del Gobierno se enclaustró”, explicó la fuente.
El descontento internacional empezó a pesar desde el domingo 9. “Hay quienes desde el domingo por la tarde, después del evento, empezaron a recibir llamadas de organismos internacionales, diciendo que no les pareció lo que habían visto”, dijo el funcionario. Y ese no sería el peor día de cara a la diplomacia internacional.
6. Martes 11 de febrero: La reprimenda de los embajadores
Cuando el embajador Higuchi hizo la intervención que cambió el tono, la reunión llevaba 52 minutos. En ese momento, la canciller Hill ya había hecho las presentaciones de la comisionada Recinos y el secretario Castro. Ellos dos habían dado su versión de los hechos y contestado a las primeras dos intervenciones.
En su introducción, Recinos y Castro vendieron una historia en la que habían llegado hasta las últimas consecuencias para negociar con los diputados. “Casi 48 horas en jornada única para llegar a acuerdos”, dijo Recinos en referencia a las dos reuniones que tuvo con diputados el viernes 7 y sábado 8. Recinos nunca mencionó que desde el jueves 6 había una orden para que funcionarios de Gobierno asistieran a la manifestación del domingo 9.
Al final de su primera intervención, Recinos describió la situación del domingo 9 de esta forma: “El presidente, en ese momento, estaba entre una oposición dolida, una oposición radical, una población molesta, una población que le demandaba tomar una decisión y una intelectualidad que, de repente, a la 1 de la tarde, y de forma simultánea, salieron todos a opinar. Y él, pues, se ubica del lado de la institucionalidad y calma la situación”.
Recinos nunca mencionó que el propio presidente había convocado múltiples veces a la gente, que incluso desde algunos lugares se utilizaron autobuses del partido Nuevas Ideas para movilizar personas. En el relato de Recinos, la gente llegó espontáneamente, harta de la negativa de los diputados. Ni ella ni Castro mencionaron tampoco la oración del presidente, en la que, según el propio Bukele contó ese día desde la tarima, Dios le habló en un Salón Azul repleto de militares, para pedirle “paciencia”.
Una de las personas que estaban dentro del salón aquel martes 11 de febrero, aseguró a El Faro que la sensación entre sus colegas de la comunidad internacional fue que les estaban “tomando el pelo”. “Mucha gente se sentía insultada, e incluso algunos intercambiaban memes de la situación en chats privados. Por momentos, cuando decían cosas como que el presidente había llegado a calmar las cosas, se escuchaba alguna risita y veías caras de sorpresa, de incredulidad”, dijo esta fuente.
Muchos de los embajadores presentes en la reunión, según aseguraron dos diplomáticos a El Faro, valoraban la idea de que el día domingo 9, la intención del presidente era disolver el parlamento, y que se detuvo al oler la disconformidad de la comunidad internacional y al ver una convocatoria reducida de personas. Llegaron cerca de 5 000 personas el domingo. “La presentación del martes 11 nos dejó mal cuerpo a muchos embajadores. Lo de Carolina Recinos de que la gente era la que se había sublevado, no nos gustó nada”, aseguró a El Faro uno de los embajadores que estuvo en la reunión.
Guardando las formas diplomáticas, mucho de esto fue dicho en la reunión del martes 11. Después de las palabras de Higuchi, el secretario privado Castro respondió. Al principio, aquello fue lo más parecido al reconocimiento de un error en toda la reunión. Al final, las excusas aparecieron.
-Yo, en lo personal, si pudiera tener una máquina del tiempo e irme para el día sábado, probablemente podría hacer algo, pero lastimosamente ya no se puede. Yo me quedo con lo segundo que usted muy bien lo decía… No podemos volver a repetir esto, y ahora no nos queda más, porque aquí, como usted dice, si un día sucedió algo, lo hecho, pues… Pero ahora nos toca trabajar de aquí para adelante. Uno, como usted lo dijo muy bien, no volver a repetir algunas cosas que al final quedaron en la percepción, se ocuparon de una manera política… Fíjese, embajador, no quiero justificarme ni nada… No hubo nada, pues. No se rompió ninguna chapa, la Asamblea Legislativa la abrieron los diputados, al grado que cuando el presidente entra, había diputados sentados en su curul… No hubo ningún acto de violencia… Si es que algo se perdió… Volverlo a recuperar.
El embajador de España, Federico Torres Muro, tomó la palabra. Dijo que no era momento de buscar responsables, pero todo “sobre la base de ser conscientes de que lo que ocurrió no tenía que haber ocurrido”. “La imagen, como decía el embajador de Japón, no fue buena; es decir, fue mala, para qué vamos a decir una cosa por otra, y eso afectó a la buena imagen de El Salvador y a la buena imagen del Gobierno y también nos afecta a los países amigos que estamos trabajando con un Gobierno democráticamente elegido”, dijo. El embajador Muro aplaudió la voluntad de diálogo y cerró con un consejo que pocas veces aplica el Gobierno de Bukele: “El actor político que más fuerza tiene, tiene que hacer más esfuerzo probablemente que el actor político que tiene menos fuerza… Es probable que ustedes, como poder Ejecutivo, tengan que hacer un poquito más de recorrido que la otra parte”.
Recinos contestó: “estamos totalmente de acuerdo, sabemos que el músculo del Gobierno es mucho más fuerte y que somos nosotros los que tenemos que ceder principalmente, y eso es lo que estamos haciendo… Ustedes nos pueden apoyar a transmitir ese mensaje, porque es de corazón, no tenemos intención de complicar más el país”.
Siguió el embajador británico, David Lelliott, quien dijo que lo que realmente le preocupaba eran las voces que, tras lo del domingo, seguían llamando a una insurrección popular. “Dentro (del Gobierno) hay voces que tienen mucho peso y están pidiendo eso”, dijo Lelliott.
Recinos le aseguró que estaban trabajando para anular la conflictividad, y luego le devolvió la petición al embajador británico: “Sé que ustedes tienen comunicación con gente que nosotros no nos comunicamos, algunos columnistas de periódicos que siempre han estado contrarios a nosotros y que en este momento también ellos están poniendo su poquito de gasolina… Así, con todo el cariño, yo quiero pedirles que también nos ayuden hablando con ellos. El país necesita cerrar todas las válvulas de conflictividad. Vaya, voy a poner un nombre muy específico. Hay un columnista que se llama Paolo (Lüers). Yo sé que algunos se conocen y pueden intercambiar con él…”.
El embajador francés, Francois Bonet, les recordó que para que la conflictividad cese “algo es importante: el respeto”.
Castro contestó con la que fue la respuesta menos diplomática de parte de los funcionarios de Gobierno: “…Todos han faltado al respeto… Tú me dijiste, y tú esto otro y tú me faltaste al respeto… Y mientras seguimos en estas reuniones, mañana ustedes con el Frente, y el viernes los invitarán a otra, ¿y la gente en La Campanera? ¿Y nuestros oficiales y nuestros niños y los salvadoreños y la comunidad Las Palmas que está aquí atrás? ¿Ustedes creen de que la gente está pendiente de nuestras reuniones y nuestras discusiones? La gente quiere solución, que no le maten a su familia, que no les extorsionen en su negocio. Tampoco no hay que perder el punto de vista…”. Al final, Castro propuso una reunión con todos los partidos políticos y los embajadores el viernes siguiente, el 14 de febrero.
Recinos secundó la propuesta de reunión y agregó: “Para pelear se necesitan dos, no estamos aquí pidiéndoles y con un tanque de gasolina aquí en la mano… (Sobre reducir la conflictividad) creo que el presidente estaría de acuerdo, porque si bien es un hombre intenso, tampoco es una persona irracional”.
El tono de la reunión volvió a cambiar hacia la diplomacia más amable cuando intervino el embajador de Estados Unidos. Johnson se limitó a agradecer por el espacio de diálogo y a decir: “No quiero hablar sobre ayer, quiero hablar sobre mañana. Gracias”.
La última crítica que se escuchó en aquel salón, tras 1 hora y 15 minutos de reunión, vino del nuncio apostólico, Santo Gangemi. El representante del Vaticano en el país siguió al principio la tónica conciliatoria propuesta por Johnson y pidió “dar vuelta a la página”, pero también dejó una descripción entre líneas: “Lo que pasó fue una imagen que pasó en el mundo y que no ha sido bien aceptada, bien recibida. Podríamos decir que fue, entre comillas, un papelazo, que le puede pasar a todos”.
El secretario Castro terminó diciendo que en ese momento estaba leyendo en su teléfono la noticia de que la Fiscalía investigaría los hechos del domingo 9 de febrero. “Después va a salir otra cosa y otra cosa y va a seguir el problema”, se quejó.
La reunión propuesta para el viernes 14 de febrero no ocurrió. La conflictividad tras la reunión del día 11, al menos en mensajes de redes sociales, continuó. De hecho, el miércoles 12 de febrero, a las 7:36 de la noche, Bukele pegó un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía, donde la institución aseguraba que investigaría lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el domingo. Bukele escribió: “Manda a decir la @FGR_SV (cuenta de la Fiscalía) que ya resolvieron todos los homicidios y extorsiones de nuestro país y que en el tiempo libre hará esto:”.
7. Los mismos de siempre
Tras un mes de haber ocurrido la entrada de Bukele con militares a la Asamblea Legislativa, las aguas parecen calmarse para el Gobierno. La Comisión de Hacienda ha dado un dictamen favorable para que el pleno apruebe este jueves el préstamo de $109 millones, y solo el FMLN ha negado sus votos. El fiscal general, Raúl Melara, ha dicho que los diputados entrevistados en su investigación han asegurado que no encontraron nada anormal en lo ocurrido el día 9 de febrero.
Por lo demás, poco ha cambiado. Bukele ha mantenido su tono conflictivo en redes sociales y apariciones públicas contra los diputados. Uno de los embajadores presente en la reunión del 11 de febrero con el Gobierno aseguró que han notado el doble discurso: si en aquella junta Recinos y Castro pidieron ayuda para bajar la conflictividad, los mensajes en redes del presidente Bukele avivan justamente eso. “Lo notamos y a varios de nosotros nos causa dudas sobre la voluntad real de Bukele”, dijo el diplomático. Si en el país Bukele mantiene su popularidad, fuera de las fronteras salvadoreñas todo apunta a que, como dijo el embajador japonés, recuperar la buena imagen tarda más tiempo.
El FMLN pretende mantener vivo el mayor tiempo posible el recuerdo de lo que pasó aquel domingo en el Salón Azul. De hecho, un embajador que estuvo presente en una reunión del cuerpo diplomático con el FMLN el día miércoles 12 de febrero, aseguró que los diputados del partido explicaron que tarde o temprano votarían por el préstamo, pero que seguirían pidiendo cuentas sobre la irrupción de Bukele en el recinto legislativo. “El FMLN parecía por fin haber encontrado una causa”, dijo el embajador.
Cuando este periódico conversó con uno de los miembros del gabinete ampliado de Gobierno, después de los hechos del domingo 9, se le preguntó cuál sería el nuevo objetivo de Bukele para desviar la atención de un tema tan incómodo como el de la toma de la Asamblea. El funcionario respondió sin pensar: “Siempre lo mismo, los diputados. La contención de daños no es complicada, es tratable… Hay que esperar que la oposición se tropiece sola… Si la gente siempre paga por ir a putear a los diputados”.
El día 16 de febrero, el funcionario envió a uno de los periodistas de El Faro un link. Era un tuit del presidente de Arena, Gustavo López Davidson, publicado un día antes. El mensaje decía: “Importante que escuchen qué cree ARENA. Desde hace 38 años seguimos creyendo en la familia, en que somos un país republicano, en la independencia de poderes. Al FMLN lo hicimos que entrara en razón, igual lo haremos con este gobierno. Democracia sí, autogolpe no!!”. Abajo, un video de 45 segundos, donde el fallecido líder y fundador de Arena, Roberto d’Aubuisson hablaba de la democracia. D’Aubuisson fue uno de los asesinos de monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980 y también fundador de los escuadrones de la muerte, que durante la guerra civil desaparecieron y torturaron a decenas de personas.
Dos días después de publicar su mensaje, el día 17 de febrero, López Davidson renunció a la dirigencia arenera.
El funcionario del Gobierno de Bukele acompañó el link con un breve mensaje: “Te dije”.
*Con información de Valeria Guzmán, Gabriela Cáceres, Nelson Rauda, Roxana Lazo, Daniel Reyes y Sergio Arauz.
