El lunes 13 de abril, tres policías y siete militares llegaron hasta la puerta de la casa de Sara, ubicada en una colonia del populoso municipio de Mejicanos. Eran las cinco de la tarde. Uno de los policías le preguntó a Sara quién más estaba en la vivienda y ella respondió que estaba sola. El policía, escéptico, le dijo: 'no te creo'.
—Bueno -le dijo Sara—, no tengo por qué mentirle.
—Voy a pasar —contestó el agente, sin darle oportunidad a Sara de consentir su ingreso.
La tomó desprevenida y, por inercia, ella abrió por completo la puerta. Un día después, ella reflexiona que como no debía nada, y como el país está en estado de emergencia por el COVID-19, que un agente de la Policía llegara a hacerle preguntas, que llegara a verificar si todo estaba en orden, en principio no lo vio mal. Lo que sí estuvo mal, se queja ahora, es que el policía la engaño. Él no ingresó a su casa, pero dio el pase a siete soldados armados para que sí lo hicieran.
Luego de que Sara abriera la puerta, el policía hizo un gesto con la cabeza. En segundos, uno por uno, siete militares que esperaban afuera ingresaron a la vivienda. Ya en la sala, comenzaron a auscultarlo todo; en su dormitorio, abrieron algunas gavetas. Sara, tal como lo había dicho, estaba sola y se sintió intimidada, vulnerable, con siete soldados armados adentro de su casa, revisándolo todo. “La forma en que me hicieron abrir la puerta fue súper engañosa. Él me dijo 'voy a pasar'. Yo no tenía ningún problema de enseñarle la casa a un policía o a un militar. Pero, ¿que abusen así? Eran siete hombres y yo soy una mujer”, se queja.
Aunque comparte morada con otras personas, ella ha pasado la cuarentena en solitario. Desde la puerta, el policía seguía escéptico. “Me preguntó: '¿quién está arriba?'. Le dije que nadie”, cuenta. Entonces, dos soldados subieron a la segunda planta con ella. Sara abrió la puerta de su terraza, mientras otros dos militares se quedaron en la sala y tres en la cocina. Los militares nunca le dijeron qué buscaban y ni siquiera le dirigieron la palabra. A diferencia del policía, ellos no portaban mascarillas ni guantes.
Cuando los militares comandados por un policía allanaron la casa de Sara, no existía ninguna ley que respaldara ese procedimiento. A la fecha, no hay nada que faculte ese procedimiento. El Salvador se encuentra en estado de emergencia por el COVID-19 desde el 14 de marzo, pero desde entonces no se ha aprobado ninguna ley que faculte a policías y militares para allanar una vivienda como medida de prevención de la pandemia.
Siete horas después de que soldados ingresaran a la casa de Sara y revisaran sus gavetas, el Gobierno publicó en Twitter un nuevo decreto ejecutivo que, en teoría, obliga a los salvadoreños, desde este 14 de abril, a “permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud” a sus casas “para la evaluación de medidas sanitarias a adoptar”. Pero cuando los militares revisaron la casa de Sara no había ningún delegado del Ministerio de Salud en su puerta. El decreto, además, no dice nada de permitir el ingreso de militares ni policías a las casas de los salvadoreños, como ocurrió en esa colonia. El nombre real y la dirección exacta se omiten de este relato para protección de los testigos.
El artículo 20 de la Constitución dice que la morada es inviolable y solo se puede ingresar a ella por consentimiento, orden judicial, un delito flagrante o “grave riesgo de las personas”. Sin embargo, para superar estas restricciones, se necesitaría aprobación de la Asamblea Legislativa, según el procurador de derechos humanos y otros tres expertos consultados por El Faro.
“Las atribuciones dadas en el decreto 19 no tienen la venia constitucional. Debería de haber un decreto legislativo o una ley formal que habilite al Ejecutivo, pero no lo hay”, dijo el procurador Apolonio Tobar a El Faro. Además, la inviolabilidad de la morada tampoco podría suspenderse en un estado de excepción, porque no está enlistado en los derechos susceptibles a limitarse, añadió el funcionario.
Sara nunca consintió el ingreso de militares a su casa y mucho menos que le revisaran sus gavetas; el policía nunca le presentó una orden judicial que respaldara ese allanamiento y Sara no ha cometido ningún delito. Nadie le explicó ni a ella ni a su vecina, a quien también se le metieron a la casa, si las consideran un caso sospechoso de contagio; o cuál 'grave riesgo' representan para justificar el allanamiento de sus moradas.
Cuando terminaron de revisar todo lo que querían revisar en casa de Sara, el policía le tomó la temperatura en la frente, con un aparato. Un procedimiento que solo puede ser realizado por delegados del Ministerio de Salud para detectar casos de COVID-19, según un fallo de la Sala de lo Constitucional. Y aún así, la medición de la temperatura corporal de Sara fue realizada por un policía. “Me dijo que desde ese momento yo no podía salir de mi casa. Que estaba dentro de un perímetro de brote o algo así”, cuenta.
Un allanamiento fuera de ley
Según el procurador de derechos humanos, lo ocurrido a Sara y sus vecinos ilustra el peligro que hay detrás del nuevo decreto ejecutivo aprobado por el gobierno de Nayib Bukele. Apolonio Tobar señala que este nuevo decreto vulnera el derecho constitucional a la inviolabilidad de la morada, es decir, que ninguna autoridad puede entrar a la casa de los ciudadanos sin su consentimiento o una orden judicial. El procurador plantea que la irrupción de policías y militares en casas particulares es ilegal y ningún decreto, ejecutivo o legislativo, aprobado hasta el 14 de abril lo permite.
A la fecha, el Gobierno tiene la facultad de declarar 'cordones sanitarios' en aquellas zonas que el Ministerio de Salud ubique como potenciales focos de contagio. Esta facultad, sin embargo, solo restringe el libre tránsito y la posibilidad de reuniones en dichas zonas, no el allanamiento de las viviendas.
En la noche del lunes 13, el Colegio Médico reportó que 20 personas del staff del hospital Zacamil fueron enviados a cuarentena a un hotel tras tener contacto con un caso positivo de Covid-19. Ese hospital está ubicado en la cercanías de la colonia de Sara, y el presidente Nayib Bukele confirmó que habían buscado a pacientes en el hospital “para aislar todos sus nexos epidemiológicos y realizarles pruebas”.
Según tres fuentes de la Policía consultadas por El Faro, y que hablan bajo la condición de anonimato, desde el 21 de marzo, cuando empezó la cuarentena domiciliar obligatoria, recibieron la orden de registrar las casas -acompañando siempre a un médico- solo cuando han sido informados de posibles casos de COVID-19, o de personas con nexos a pacientes que han resultado positivos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Metapán, donde se decretó un cordón sanitario el 19 de marzo, no hay ninguna orden similar sobre Mejicanos y ni Sara ni sus vecinos tienen pacientes o nexos con el hospital. En el muncipio tampoco se ha dado a conocer nada que respalde el 'perímetro de brote' que le mencionó el policía a Sara. Lo ocurrido en la colonia de Sara, según la PDDH, ya está en investigación.
El Faro intentó en la tarde del 14 de abril obtener una reacción de la Policía Nacional Civil y de los ministerios de Salud y Defensa a través de los encargados de comunicaciones de esas dependencias. Ninguno envió respuestas hasta la publicación de esta nota.
'El policía dijo: 'yo le estoy diciendo que ya no va a poder salir''
Cuando los militares salieron de su casa, realizaron el mismo procedimiento en al menos otras cinco casas del pasaje. “El policía fue donde mi vecino y le preguntó que quiénes estaban en casa y así sucesivamente...”, cuenta Sara.
En el pasaje, la separación entre las fachadas de las viviendas es apenas un andén de no más de cuatro metros de ancho. En la casa de enfrente vive una madre soltera junto a su hijo de cuatro años. Sara escuchó el intercambio. El policía escéptico repitió el interrogatorio y la advertencia de que no podrían salir de su casa. La vecina replicó: “yo entiendo, yo no estoy saliendo, pero yo necesito ir a comprar comida un día de estos”. El policía subió el tono: “'yo le estoy diciendo que no va a poder salir”, le dijo.
Desde que empezó la cuarentena domiciliar obligatoria, el Ejecutivo ha permitido la compra de alimentos y medicinas como una razón válida para deambular en las calles. El nuevo decreto 19 mantiene esa posibilidad, pero retoma una limitante que ya había sido abolida en un decreto previo. Ahora, otra vez, las salidas para abastecerse quedan limitadas a dos por semana. Aún así, el policía no tenía ninguna facultad para prohibirle a la vecina de Sara que saliera de su casa, pero lo hizo.
“El policía empezó otra vez: 'no te creo que no tengas comida', le dijo”, cuenta Sara. Y usó la misma fórmula que utilizó con ella: le dijo ‘voy a pasar a ver' e hizo, de nuevo, un gesto con la cabeza. Sara vio que tres militares entraron a la casa de su vecina. Ya adentro, los militares abrieron la refrigeradora, según contó la vecina. Cuando salieron, Sara los oyó decir: “¿cómo es posible que tenga cable y no tenga para darle comida a su hijo?”.
Más tarde, a eso de las 5:45 p.m., la vecina quiso salir a comprar comida y le pidió a Sara un favor: “me dijo: '¿me cuida al niño en lo que yo voy al súper'?”. Para Sara, aquella no fue una petición extraña. Sara aceptó, pero ni siquiera pudo atravesar la puerta de su casa. “Cuando yo iba a salir de mi casa, solo veo un brazo de un militar...'. Un soldado le cortó el paso: 'Aquí nadie va a tener un contacto. El niño se va a quedar adentro”, le dijo. Luego le ordenó a la vecina que se fuera a hacer las compras.
“Quedó un militar enfrente de mi puerta y un militar enfrente de la puerta (de ella), con el niño encerrado, solo, llorando. Si a mí me pareció perturbador todo eso, imaginate el desprendimiento de ese momento del niño con la mamá, y quedar un hombre totalmente desconocido con un arma”, se queja Sara.
El niño se quedó solo, en casa, llorando, custodiado por un militar armado, hasta que la vecina regresó a su casa, cerca de las 6:30 p.m.
La posibilidad de que allanamientos fuera de ley como el ocurrido en la casa de Sara se repitan gracias al decreto ejecutivo 19 no solo preocupa al procurador de derechos humanos. Otras organizaciones y abogados se pronunciaron también para decir que las nuevas disposiciones sobrepasan las facultades que tiene el Órgano Ejecutivo en el marco de la pandemia. “No es admisible que la policía y mucho menos los militares obliguen a las personas a que Salud ingrese de manera forzada a las viviendas”, dijo Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, una organización de tutela de derechos humanos.
Manuel Escalante, subdirector del Institudo de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), también coincide en la necesidad de que la Asamblea apruebe actuaciones de este tipo. “La lógica del Estado de Emergencia no está bajo esta posibilidad”, dijo Escalante.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señaló que la disposición que obliga a las personas a abrir sus casas, “al ser mal interpretada o aplicada por las autoridades podría dar lugar a violaciones a derechos humanos”, señaló en un comunicado.
En un pronunciamiento similar, la organización Acción Ciudadana consideró que la disposición es muy general y que la ley debe regular causas específicas. Tal como está, el decreto “es una excesiva afectación de la inviolabilidad de la morada, ya que se puede aplicar a cualquier vivienda sin tomar en consideración las condiciones de salud de los residentes o el riesgo de contagio al que pudieron estar expuestos”, dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de la oenegé.
El nuevo decreto 19 del Ministerio de Salud también pone como una obligación que debe de ser cumplida por la Policía una advertencia que el presidente dio el 6 de abril: el decomiso de vehículos de quienes infrinjan la cuarentena. Esta restricción adicional fue incluida por el Ejecutivo en el nuevo proyecto de “ley de restricciones constitucionales” que presentó a la Asamblea el 10 de abril, pero que no pasó el filtro de los diputados de oposición. El régimen de excepción, que faculta al Gobierno a restringir la libertad de tránsito y de reunión, no alcanzó una segunda refrenda. En respuesta, el Ejecutivo emitió el decreto 19, que incluye prohibiciones que no están contenidas en otras leyes y contrarían a la Constitución. Para el procurador Tobar, la insistencia del gobierno Bukele en medidas cuya ilegalidad ya fue advertida por la Sala de lo Constitucional, va en detrimento del Estado de derecho. “Lo último se ve que es una normativa contrapuesta en cuanto al ingreso de la vivienda, en cuanto a retener personas y en cuanto a decomisar vehículos. La Sala lo ha dicho en reiteradas ocasiones”, dijo.
*con reportes de Roxana Lazo y Gabriela Cáceres.
