Al mediodía del martes 7 de abril, Bruno sacó a pasear a sus dos mascotas para que estas hicieran sus necesidades en la colonia Prados de Venecia del populoso municipio de Soyapango. Cuando regresaba a su vivienda, diez agentes policiales que patrullaban la zona lo interceptaron. Le preguntaron si no había visto las noticias de la noche anterior, cuando el presidente Nayib Bukele pidió a la Policía y el Ejército que endurecieran los controles para garantizar la cuarentena domiciliaria. “No me va a importar ver en las redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca’; eso es mucho menos a que se muera su familia o la familia de otros”, dijo Bukele en cadena nacional. Dieciocho horas después, los policías que detuvieron a Bruno amenazaron con golpearlo si se oponía a la detención, le tomaron fotografías y amenazaron con que detendrían a su familia si estos salían en su auxilio. Remataron la sentencia diciendo que ya sabían donde vivía y que solo llegarían a traerlos. Tras la amenaza, lo montaron en una patrulla cargada con policiales y militares y se lo llevaron hacia la delegación policial de Soyapango.
Lo que le ocurrió a Bruno no fue un evento aislado, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que recogió su denuncia y la de otros 355 salvadoreños entre el 21 de marzo, cuando arrancó la cuarentena domiciliar obligatoria, y el 9 de abril. El 12 de abril, la PDDH presentó a la Asamblea Legislativa el “Informe sobre actuaciones policiales y militares violatorias a derechos humanos durante la emergencia nacional por Covid-19”. A la Corte Suprema de Justicia, en un informe más actualizado, la PDDH consignó el total de denuncias entre el 21 de marzo y el 22 de abril en 778.
El documento concluye que la Policía y el Ejército cometieron violaciones a la libertad personal de los detenidos, “específicamente por detenciones ilegales”; violaciones a la integridad personal por “malos tratos crueles, inhumanos y degradantes”; además de actos arbitrarios y “expresiones de violencia” en las detención de las personas señaladas por presuntamente haber violado la cuarentena.
A Bruno se lo llevaron, sin justificación, a un centro de cuarentena. Pero primero fue detenido y presentado como si se tratara de un delincuente, una práctica que ya fue cuestionada por la Sala de lo Constitucional. En el Habeas Corpus 148-2020, los magistrados fallaron que las autoridades tienen 'prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario' a quienes violan la cuarentena.
Doce horas después de que Bruno fue detenido, la Fuerza Armada confirmó en redes sociales que habían hecho un operativo en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. “Más de 50 personas fueron llevadas a centros de cuarentena por no acatar las medidas de prevención sanitaria”, tuiteó la cuenta militar a las 12:38 de la madrugada. Entre esas personas detenidas se encontraba Bruno. Uno de los agentes policiales que se encontraban en la delegación aseguró que “Por orden presidencial de acá en adelante todo el que ande afuera incumpliendo los decretos van a ser retenidos y llevados a un centro de retención”, declaró el agente Azucena. Ese mismo 7 de abril, la PNC confirmó que había realizado 462 capturas de personas que habían roto la cuarentena.
Las detenciones “ilegales” son más comunes en las urbes
Según la PDDH, en el último mes, el 77.8 % de las detenciones realizadas por la Policía, el Ejército o cuerpos de agentes metrpolitanos ocurrieron en las zonas urbanas de los departamentos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana y La Unión.
Pero en el informe, la PDDH también destaca abusos en zonas rurales. En el departamento de La Paz, por ejemplo, un grupo de señoras se encontraban lavando ropa en un río porque en la colonia El Milagro no cae agua. El informe relata que la policía amenazó a las señoras y les dijeron que “tenían orden de llevárselas”. Después de la advertencia, uno de los policías les roció gas pimienta y luego les gritó que se regresaran a sus casas. El documento no revela nombres ni fechas para proteger a las víctimas.
Del total de casos denunciados, la Procuraduría registra 37 casos de violación a la seguridad personal, especialmente por acciones vinculadas a acoso policial y allanamiento ilegal de residencias. El 15 de abril, El Faro reveló que horas antes de que Presidencia anunciara un nuevo decreto que ordena a los salvadoreños a abrir sus casas cuando las autoridades lo requieran, siete militares comandados por un policía allanaron la vivienda de una mujer en Mejicanos y le advirtieron que no saliera de casa porque estaba en un 'perímetro de brote'.
En cuanto a la violación al derecho a la integridad personal y seguridad, la PDDH contabiliza 19 casos. En Campos Verdes, Lourdes Colón, sucedió uno de estos casos. Julio, un señor de avanzada edad se dirigía a comprar alimentos, cuando un agente de la PNC y tres militares lo detuvieron. Entre insultos y burlas le gritaron que mejor fuera a morirse a su casa. Le ordenaron que se regresara y le impidieron hacer las compras de alimentos. Desde el inicio de la emergencia nacional, el Ministerio de Salud decretó que un miembro por familia podía salir a hacer las compras, pero la familia completa de Julio no pudo recibir el sustento porque a fuerza de gritos y amenazas policías y militares se lo impidieron.
La PDDH también pone énfasis en el uso desmedido de la fuerza, y cita la agresión contra el joven Alfredo Canesa, de 19 años, herido de bala en ambas piernas en San Julián. Según la denuncia, un agente de la PNC le disparó luego de que Canesa se negara a pagar $50 'para no ser remitido a un centro de contención”. Este caso ya está en invetigación de la Fiscalía.
El comercio informal también ha sido víctima de abusos policiales. Según la PDDH, se han presentado cuatro denuncias por violación a la propiedad privada porque agentes de seguridad han decomisado mercaderías de pequeños comerciantes. La PDDH aduce que las afectadas han sido mujeres en situación de pobreza y exclusión.
El procurador Apolonio Tobar afirma que “los hechos violatorios han sido cometidos por agentes mayoritariamente de la PNC, en segundo lugar de la Fuerza Armada y minoritariamente de Cuerpo de Agentes Municipales”. El informe, sin embargo, no hace una separación del número de casos atribuidos a cada uno de estos cuerpos de seguridad.
La PDDH consultó al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, por las actuaciones de sus agentes. Sin embargo, según el informe, Chicas contestó “que las actuaciones de los agentes policiales “se enmarcaron en los decretos legislativos 593 y 594”. El primero corresponde a la ley de emergencia, y el segundo a la ley de restricción de derechos constitucionales, que finalizó el 13 de abril. De las denuncias recibidas, la PDDH señala que sólo cuatro casos han iniciado un proceso disciplinario por parte de la cooperación policial. El resto de casos aún están a la espera de las respuesta de las autoridades a las que se les ha requerido los informes.
Tres días después de que la PDDH presentara el informe de actuaciones a violación a derechos humanos, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución de seguimiento del Habeas Corpus 148-2020. La resolución ordena al Ejecutivo a suprimir castigos automáticos ante el incumplimiento de la cuarentena domiciliar y delega al Procurador a tutelar la cuarentena. La Sala, con unanimidad de los cinco magistrados, remató diciendo que “las actuaciones de todas las autoridades del Órgano Ejecutivo –tanto la expedición de órdenes, como la ejecución de las mismas– que sean arbitrarias e ilegales, constituyen una vulneración a los derechos fundamentales”. En respuesta, el presidente Nayib Bukele desafió la orden y declaró que no acataría la resolución. “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Por más tinta y sellos que tengan”, posteó.
La negativa del Ejecutivo a acatar los fallos del órgano judicial ha sido condenada por la comunidad internacional. Congresistas en Estados Unidos, Human Right Wacht y hasta Naciones Unidas se han pronunciado por las alertas contra el Estado de derecho en El Salvador y las denuncias de abusos de la fuerza de los cuerpos de seguridad en el contexto de la pandemia.
El 21 de abril, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció ante las arbitrariedades de las medidas tomada por Bukele. 'Incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria', señaló.
En El Salvador, otra de las voces que se suma a cuestionar las detenciones irregulares realizadas por la Policía y el Ejército es la procuradora general de la República, Miriam Aldana. Aldana dijo a El Faro que debe existir criterio médico para una detención, de lo contrario es considerado ilegal.
El 7 de abril, el día que el joven Bruno fue detenido en Prados de Venecia, el procurador Apolonio Tobar lanzó una llamado a los agentes de la Policía y del Ejército. “Pido a la PNC y a la Fuerza Armada a actuar con mesura, responsabilidad y criterio para evitar detenciones arbitrarias que resulten en el irrespeto de los derechos humanos”, dijo. Pero a juzgar por las estadísticas de la PDDH, los cuerpos de seguridad han prestado poca atención a los llamados de mesura.
El informe presentado a la Asamblea habla de 356 denuncias registradas hasta el 11 de abril. Sin embargo, en nueve días, la cifra subió hasta los 581 casos. El Faro tuvo acceso a una actualización de las denuncias recibidas por la PDDH hasta el 20 de abril. Entre el 11 y el 20, la institución recibió 225 nueve denuncias contra los cuerpos de seguridad por violaciones a los derechos humanos. En un informe más actualizado y presentado a la Corte Suprema de Justicia, la PDDH cierra la cifra en 778 denuncias recibidas contra la Policía y el Ejército entre el 21 de marzo y el 22 de abril.
Según la PDDH, luego de las declaraciones dictadas por presidente de la República el seis de abril, “se incrementó el conocimiento de hechos que atentan contra la libertad e integridad personal”.
Otra de las diferencias que muestran los datos, con la actualización, es el incremento de denuncias por violaciones a derechos en mujeres. Hasta el 11 de abril habían 296 víctimas hombres (83%) y 66 mujeres (17%). Pero en nuevas cifras muestran que el 63% de las víctimas son hombres y 31% son mujeres. En conclusión, ha habido un incremento del 14% en casos en la que mujeres se declaran como víctimas de abusos.
En el informe, la PDDH también cuestiona que en 181 controles vehiculares hubo mayor presencia de personal militar que policial: 493 militares y 349 policías.
La PDDH también evidenció que el personal de seguridad no cuenta con los insumos sanitarios de protección. Solo el 15% de los agentes cuentan con el equipo completo de protección: mascarillas, alcohol gen y guantes. Un 58% solo utiliza mascarillas y no hay datos del otro 27%. Los agentes confirmaron a la Procuraduría que las medidas de protección no habían sido proporcionada por la PNC ni la Fuerza Armada, sino por alcaldías o unidades de salud.
Apolonio Tobar entregó este informe un mes después de haber iniciado la cuarentena. Hasta la fecha, la Presidencia no se ha pronunciado al respecto. El Faro pidió una reacción al Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se pidió una reacción al ministro de Defensa a través de la dirección de prensa, pero tampoco hubo respuesta. Además se buscó a través de llamada y vía mensaje de texto a Carolina Recinos, comisionada presidencial, para que sentara posicionamiento pero tampoco hubo respuesta.
El informe lanza una serie de recomendaciones a los cuerpos de seguridad y pide a las autoridades detener acciones y discursos destinados a castigar, humillar o afectar los derechos de las personas que vulneren la cuarentena domiciliar. Además, recomienda al Ejecutivo “a mejorar los protocolos de actuación para la actuación ante el incumplimiento de la cuarentena domiciliar. Finalmente, el Procurador reiteró que acaten con los “requerimientos formulados por la CIDH en la resolución 1-2020 de fecha 10 de abril'. La resolución insta a los Estados a asegurar los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia. “Dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática”, advierte el organismo internacional.
