Tras el aumento de los homicidios registrado entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, el Gobierno de Nayib Bukele ha ordenado a la Policía Nacional y a los miembros del Ejército que realizan labores de seguridad pública a “hacer uso de la fuerza letal” contra las pandillas en defensa propia o “para la defensa de la vida de los salvadoreños”.
Según el Gobierno, la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18 están detrás del repunte de homicidios y estos han sido ordenados desde las cárceles. En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele escribió que los pandilleros se están aprovechando que policías y militares se encuentran patrullando las calles para evitar que ciudadanos salgan de sus viviendas y cumplan la cuarentena domiciliar.
“(...) Tendremos que mover recursos para combatirlos. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, escribió. En la noche del domingo 26, Bukele sostuvo una reunión con el gabinete de Seguridad y la Presidencia emitió un comunicado en el que anuncia el nuevo giro en la política de seguridad del Gobierno.
En solo tres días, las autoridades registraron 60 homicidios a nivel nacional (23 el viernes; 13 el sábado y 24 el domingo) que desentonan con las bajas cifras registradas desde que el Gobierno asumió en junio de 2019. Desde entonces, el país ha promediado menos de cinco homicidios diarios.
El repunte, además, ha significado un quiebre de las estadísticas desde que el Gobierno implementó el estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus a mediados de marzo. Desde el 15 de marzo, las cifras se mantuvieron con promedio de dos homicidios por día. Hubo algunas excepciones, como el martes 14 de abril, cuando las autoridades no registraron ningún homicidio.
La nueva orden dictada por Casa Presidencial es, a la fecha, la más extrema anunciada por el Gobierno, que emula con esta disposición a una orden dada por el último gobierno del FMLN a los policías en enero de 2015. Hace cinco años, luego de que se registrara un inicio de 2015 con un alza en los atentados contra agentes de la Policía, el Gobierno giró instrucciones a los agentes para utilizar la fuerza letal en defensa propia. Como hace ahora el Gobierno de Bukele, el último Gobierno del FMLN también ofreció salvoconductos a los agentes siempre que se comprobará que la utilización de la fuerza letal fue “en cumplomiento del deber”.
Bukele ahora ofrece respaldo legal para aquellos que sean acusados “injustamente”. “El mandatario agregó que el Gobierno de El Salvador se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida y la integridad física de gente honrada que sea atacada por los grupos terroristas”, consigna el comunicado de la Presidencia.
En 2015, el llamado del Gobierno a los Policías y militares fue visto como el envío de los cuerpos de seguridad a un choque frontal contra las pandillas. Ese año se promediaron 18 homicidios diarios y cerró con una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, la Procuraduría registró que entre el 2014 y 2018, la policía cometió 116 ejecuciones extrajudiciales, alteró las escenas de sus crímenes y amenazó a testigos y familiares de las víctimas. El informe consignó que un 31.3 % de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 2015.
Desde que llegó al Poder, Bukele ha presentado una política de seguridad llamada Plan Control Territorial, que en esencia potencia la diseminación de policías y militares en los territorios controlados por pandillas. En lo poco que se conoce del plan, manejado con hermetismo por las autoridades, el Ejecutivo ofrece un combate directo a las pandillas y componentes de prevención de la violencia a través de la creación de espacios de desarrollo educativo para jóvenes. De fondo, el plan también refuerza del Ejército en labores de seguridad pública de manera permanente.
Para defensores de derechos humanos, el mensaje de Bukele a la Policía y al Ejército preocupa en un contexto en el que el Gobierno ha pedido a los policías y militares que endurezcan sus procedimientos contra la población civil que no acate las medidas de prevención contra el COVID-19. “No me va a importar ver en las redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca’; eso es mucho menos a que se muera su familia o la familia de otros”, dijo el mandatario en cadena nacional.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó el viernes 24 de abril un informe que detalla más de 700 denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía y Fuerza Armada durante la cuarentena.
Verónica Reyna, directora del Servicio Social Pasionista (SSP) considera que Bukele ha sido irresponsable en motivar a policías y militares a utilizar sus armas. “Es irresponsable sabiendo las características que se han venido señalando a la policía de violaciones de derechos humanos y específicamente de ejecuciones extrajudiciales”, dijo Reyna a El Faro.
A inicios de la cuarentena, las pandillas salvadoreñas ordenaron “toques de queda” en las comunidades que controlan para evitar que las personas salgan de sus casas y se contagien de coronavirus. “Se la verán con nosotros”, fue el mensaje que enviaron a los habitantes de esas comunidades.
Otro encierro total en las cárceles
Luego de que se registrara el repunte de homicidios del viernes 24 de abril, Bukele ordenó a través de Twitter el encierro total en las cárceles donde hay pandilleros (en los penales de Izalco, Quezaltepeque, San Francisco Gotera, Ciudad Barrios y Zacatecoluca).
Según la orden girada en Twitter a Osiris Luna, director de Centros Penales, “información de inteligencia” indicaba que los homicidios habían sido ordenados desde los centros paneles. “Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras se realizan los operativos policiales”, añadió el mandatario.
Esta nos es la primera vez que el Gobierno ordena cierres totales en los centros penales. En julio de 2019, Bukele implementó este mecanismo aún cuando son los jueces y juezas de vigilancia penitenciaria los facultados para decretar estados de emergencia en las cárceles.
El viernes 24, como respuesta a las instrucciones de Bukele, el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que desplegó a más policías y soldados para que patrullen las calles para buscar a los posibles 'criminales involucrados'. Los homicidios no pararon. Al día siguiente, la Policía informó sobre 13 homicidio. El sábado 25, el director de Centros Penales anunció desde su cuenta personal fotografías de pandilleros sentados afuera de las celdas, esposados y sin camisa. Después anunció que los pandilleros, sin importar que sean de la Mara Salvatrucha o cualquiera de las dos facciones del Barrio 18, permanecerán en una misma celda. Es decir, mezclados. Esta medida también había sido utilizada el 29 de junio de 2019, en uno de los primeros encierros totales ordenados por el Ejecutivo.
La eliminación de los derechos a los reos en cárceles con altos índices de hacinamiento fue cuestionada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. En un pronunciamiento hecho público en redes sociales, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos urgió al Estado de El Salvador “a adoptar medidas que garanticen la vida e integridad de personas privadas de libertad. Estas medidas son de especial urgencia considerando que consecuencias de la pandemia COVIDー19 representan mayor riesgo para esta población”, difundió la entidad.
Aunque el Gobierno asegura que los homicidios registrados han sido ordenados por las pandillas desde la cárceles, fuentes policiales consultadas por El Faro señalaron que todavía es prematuro responsabilizar a las pandillas de todos los homicidios. 'No todas las muertes están relacionadas con pandillas. Hay otro tipo de violencia', dijo una fuente policial que habló bajo la condición de anonimato. La fuente puso como ejemplo un caso de violencia feminicida. El viernes 24, una mujer de 27 años fue asesinada por su pareja en su vivienda en Santiago de María, Usulután.
El domingo 26 de marzo por la tarde, el presidente piidó al fiscal Raúl Melara que procese a “los aliados de las pandillas asociaciones terroristas y/o apología del terrorismo. Si no lo hace, pues, podrá caer en el delito de omisión”, escribió. El Faro intentó obtener una reacción del fiscal general, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
