El Gobierno de Nayib Bukele logró declarar estado de emergencia en todos los centros penales de El Salvador, tras solo tres semanas de asumir la Presidencia, como una de sus primeras medidas de seguridad pública. En una serie de mensajes por Twitter, el presidente vendió la idea de que, bajo su orden, todos los penales se encontraban en emergencia por orden ejecutiva. Los mensajes eran tan tajantes que hacían parecer que Bukele tenía el poder de instalar y prorrogar dicha medida. En un primer momento, anunció que la emergencia sería “indefinida”. Sin embargo, no todo ocurrió según el guión presentado en la red social. El Gobierno no tiene la única potestad para decretar ese estado. De hecho, cuatro jueces de vigilancia penitenciaria no ratificaron la emergencia en cuatro penales porque les pareció injustificado.
La primera vez que el Gobierno solicitó las medidas consiguió su objetivo casi al 100 %. Veintisiete penales estuvieron bajo estado de emergencia del 21 de junio al 5 de julio, excepto el penal de Ilopango, mejor conocido como cárcel de mujeres. Faltaban siete días para que finalizara el primer período de emergencia en los penales cuando Bukele ordenó a Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales, que ampliara de forma indefinida la medida, porque supuestos pandilleros secuestraron un bus de la Ruta 202, que hace su recorrido de Ahuachapán a San Salvador, en el municipio de El Congo, en Santa Ana. “Señor director de @CentrosPenales: endurezca las medidas y amplíe la emergencia indefinidamente”, tuiteó el presidente la noche del 28 de junio. Bukele aprovechó aquel hecho para vender la idea de que reforzaría las sanciones a los reos, bajo el entendido de que las órdenes criminales procedían de una prisión. Luego se sabría que el Gobierno también mintió en Twitter sobre el caso del secuestro de los pasajeros.
La Ley Penitenciaria establece que los directores de cada penal deben decretar un estado de emergencia cuando han agotado los recursos para controlar disturbios en el penal, como por ejemplo un motín. De forma inmediata, deben comunicarlo al director general de Centros Penales, para que sea él quien envíe la documentación que describa los hechos al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, que son los únicos que pueden aceptar, modificar o rechazar la petición. Los juzgadores, además, tiene la facultad para decidir sostener la medida, pero no pueden hacerla “indefinida”, como ordenó Bukele en un tuit. Según el artículo 23 de la Ley Penitenciaria, sólo pueden permitir estados de emergencia por 15 días. Pasado ese tiempo, Centros Penales debe solicitar un nuevo estado y argumentar las razones.
El gobierno no solo llevó a la red social este tema una vez, sino que lo hizo también cuando faltaban tres días para que finalizara el segundo estado de emergencia. “He instruido al director @OsirisLunaMeza levantar escalonadamente el estado de emergencia en centros penales. Los reos podrán recibir sol, ir a las granjas, recibir clases. Las comunicaciones del exterior y las visitas permanecerán suspendidas definitivamente”, tuiteó Bukele la noche del 18 de julio.
Parecía que todo se manejaba de forma exprés, sin que nada mediara entre los tuits presidenciales y la situación en las cárceles. Pero no fue así.
A partir del 5 de julio, 13 días antes del último tuit de Bukele, los 14 jueces de Vigilancia Penitenciaria del país empezaron a recibir nuevas argumentaciones documentadas solicitando 15 días más de emergencia en todos los penales, como exije la ley. Cuatro jueces de vigilancia penitenciaria se volvieron más exigentes, incluso cuando tres de ellos habían aprobado la emergencia la primera vez. Esta vez dijeron no.
Por ejemplo, el 5 de julio, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) envió nuevamente al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador un documento con múltiples deficiencias de redacción que señalaba que habían decretado estado de emergencia en cárcel de mujeres porque, entre el 9 y 17 de mayo, “una cabecilla de la mara MS 13 ha ordenado a otra privada de libertad que está por sullibéltad que identifique y señale a la clica Hollywood a un inspector con el objetivo de atentar física del mismo, según base de sistema la privada de libertad obtiene su libertad al finalizar la primera semana de julio (sic)”.
Centros Penales, además, expuso que las reclusas que son trasladadas al Hospital Rosales se comunicaban con una exprivada de libertad que tenía un puesto de ventas fuera del lugar. La jueza, Ana Ruth González, la única que la primera vez había rechazado la petición, lo hizo de nuevo. Sobre el último argumento de la DGCP, la supuesta comunicación con la vendedora, ella respondió en la resolución del 8 de julio: “Llama mucho la atención, pues es entendido que las privadas de libertad no se trasladan por sus propios medios, sino que son llevadas con la debida custodia. Entonces, si están ocurriendo estos eventos, quien debe de ser investigado es el custodio o los custodios que han trasladado a dicha interna”.
En ambas respuestas a Centros Penales, la jueza González consideró que “no es viable tampoco castigar con limitación de derechos fundamentales a toda una población de reclusas, cuando es una pequeña minoría la que, al parecer, está cometiendo posiblemente faltas disciplinarias o incluso delitos”.
La petición del gobierno en su solicitud de estos dos estados de emergencia fue radical. No iban dirigidos sólo a penales de pandilleros activos. Iban dirigidos incluso a penales como La Esperanza, mejor conocido como Mariona, que en los últimos años se había convertido en un penal emblema del programa Yo Cambio. También al penal de San Francisco Gotera, en Morazán, donde la gran mayoría de los más de 1 000 reclusos son expandilleros convertidos en evangélicos y que se declaran retirados de las pandillas. Para muestra de ello, conviven en las mismas celdas exmiembros de las dos facciones del Barrio 18 y de la MS-13, algunos aún no han podido borrarse de sus rostros los números y letras de las que fueran su agrupaciones. O sea, el Gobierno ha castigado con la misma vara a penales donde hay exclusivamente miembros activos de una pandilla así como a penales llenos de evangélicos o reos comunes en proceso de rehabilitación.
El Juzgado Cuarto de Vigilancia de San Salvador se encarga del Centro de Detención Menor La Esperanza. Se trata de una nueva cárcel que alberga a reos de baja peligrosidad, situada a un costado del penal de Mariona. La primera vez que llegó la petición a dicho juzgado, la jueza Sandra Carolina Escobar no estaba de turno y resolvió otro juzgador, que aprobó la medida. Al momento que fue enviado el segundo documento tampoco se encontraba la jueza Escobar porque estaba incapacitada. Resolvió hasta el 17 de julio, al volver a labores, cuando faltaban tres días para que finalizara el primer estado de emergencia.
Centros Penales pidió a la jueza que aprobara la emergencia en ese centro para evitar posibles motines, porque habían detectado que hacía falta una platina de hierro de los tragantes que se encuentran en el interior del penal. Las autoridades de esa cárcel, según su argumentación, suponían que los reos la utilizaron para fabricar armas tipo “machetes o puñales”, con el objetivo de atacar a otros internos o al personal de seguridad.
Para la jueza no fue argumento suficiente, porque tampoco señalaron quiénes eran los responsables y no justificaban las razones que los llevaron a castigar a toda la población penitenciaria considerada de baja peligrosidad. “No justifica claramente la necesidad de su implementación ni vislumbra, a menos para esta juzgadora, cuál ha sido la situación de fuerza mayor o caso fortuito que conllevó a lo declarado, pues no se logra visualizar ni por atisbo cuál es la situación en concreto de ese centro penal”, escribió la juzgadora en la resolución del 17 de julio pasado.
El juez Levis Italmir Orellana, titular del Juzgado Primero de Vigilancia de San Salvador, está a cargo del centro penal La Esperanza, Mariona. El juzgador aprobó el primer estado de emergencia y rechazó el segundo. El Faro, a través de la oficina de prensa de los tribunales de San Salvador, gestionó una entrevista con Orellana, pero él la rechazó. Este periódico buscó al secretario de ese juzgado, quien no quiso aclarar por qué se tomaron decisiones distintas en dos momentos. Sin embargo, una fuente judicial consultada explicó que en la última ocasión Centros Penales describió hechos que pueden ser controlados por los custodios sin necesidad de declarar emergencia, por eso el juez no la admitió.
En el caso del Juzgado Primero de Vigilancia de Santa Ana, la jueza Silvia Franco, rechazó un segundo periodo de la medida extraordinaria en el penal de Apanteos. Este periódico también gestionó una entrevista, pero la jueza no accedió. Fue a través del personal de comunicaciones que mandó decir que rechazó el estado de emergencia porque no lograron argumentar por qué debía estar bajo esa medida represiva.
Los diez “sí” para Bukele
El resto de jueces, diez de ellos, aprobaron la medida en ambas ocasiones.
Así lo hizo el juez José de la Cruz Treminio, titular del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana, que tiene a cargo el penal de Metapán, donde se encuentran exfuncionarios, expolicías, abogados y sacerdotes condenados o esperando juicio.
En esa cárcel se encuentra el exjuez especializado de sentencia, Enrique Beltrán, cumpliendo una condena de 20 años por recibir dinero a cambio de dictar resoluciones favorables. También está el exalcalde de Metapán, Juan Umaña, acusado junto con José Adán Salazar Umaña, (a) Chepe Diablo, de lavado de dinero y activos.
El mismo juez Cruz Treminio aplicó la misma medida desde el 21 de junio hasta el 21 de julio para el Centro de Atención Integral de Salud en Santa Ana, donde se encuentran los privados de libertad que padecen enfermedades crónicas. Este pequeño hospital fue inaugurado en marzo del año pasado con el fin de atender a reos que tienen cáncer, tuberculosis e insuficiencia renal crónica.
El Faro solicitó una entrevista con el funcionario, para entender los motivos para aplicar medidas extremas a un centro lleno de enfermos crónicos, pero rechazó la petición. Básicamente, el juez aplicó la máxima represión en esos lugares, a pesar de no ser considerados de alta peligrosidad, porque creyó que no es garantía de que durante la visitas no haya influencia de las pandillas.
En las llamadas granjas penitenciarias, tanto las de hombres como las de mujeres, se encuentran privados de libertad a punto de cumplir su condena y algunos en fase de confianza. Los reos realizan diferentes actividades agrícolas, cocinan o salen a limpiar las calles durante el día. Depende del nivel de fase de confianza en que se encuentran, pueden incluso salir un día del penal a visitar a su familia. En el caso de las mujeres que tienen a sus hijos, también hay actividades dirigidas para ellos.
Pero sus labores diarias se suspendieron. El mismo estado de emergencia fue aplicado para los pandilleros activos o para este sector. Pasaron en encierro total. No recibieron visitas. Pero los niños sí continuaron con sus actividades, como fue el caso de la granja de Izalco Mujeres, dijo Óscar Menéndez, director de la granja Izalco Mujeres, en llamada telefónica. El Faro buscó una respuesta por parte del juzgado de vigilancia de Sonsonate y, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Centro Penales, siguiendo las órdenes presidenciales, también decretó estado de emergencia en el pabellón psiquiátrico, donde están los reos con problemas de salud mental, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio. Pero la DGCP no siguió el procedimiento de forma inmediata con el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, que es el responsable. Según la oficina de prensa de los tribunales de San Salvador, el juzgado no recibió ningún documento por parte de Centros Penales para que avalara la medida extraordinaria. El juzgado se dio cuenta, al día siguiente, de que estuvo bajo de emergencia por órdenes en redes sociales el 6 de julio. Este periódico llamó por teléfono a esa cárcel, y quien contestó, que se identificó como el encargado, informó que, en efecto, estuvieron bajo medida extraordinaria, pero decidieron que no era conveniente en un segundo momento. Los internos de ese pabellón estuvieron bajo encierro total 15 días, hasta que las autoridades del penal se dieron cuenta de que no había justificación para un segundo estado de emergencia.
Una herencia de gobiernos efemelenistas
En abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio, impulsado por el gobierno del FMLN, para aplicar las medidas extraordinarias en siete cárceles donde se encontraban pandilleros. Lo hicieron con el mismo objetivo que el actual gobierno: controlar las órdenes que pudieran dar los cabecillas privados de libertad. Las restricciones fueron las mismas. Los reos no debían salir de las celdas por ningún motivo, tampoco podrían recibir visitas, la señal telefónica cerca de los recintos fue eliminada para evitar comunicación de pandilleros recluidos con los que operan en las calles. Incluyeron, además, suspender el traslado de reos a los tribunales del país, y las audiencias empezaron a realizarse de forma virtual, a través de videollamadas.
En agosto del año pasado, bajo el gobierno efemelenista y por decisión de la Asamblea, esas medidas se volvieron permanentes para los penales de Izalco, Chalatenango, Quezaltepeque, Zacatecoluca y Ciudad Barrios, todos exclusivos o con mayoría de pandilleros. Anteriormente, estaba incluido el penal de San Francisco Gotera, que fue considerado de alta peligrosidad, algo que cambió porque una gran cantidad de pandilleros dejaron la agrupación para convertirse en evangélicos.
El gobierno actual, al menos en sus primeras medidas, no diferenció entre penales: pidió el mismo trato rígido para todos. Por lo demás, la diferencia entre las medidas de represión carcelarias que ha tomado el actual gobierno y el último del FMLN es mínima, según dos funcionarios judiciales consultados por este periódico.
“No hay ninguna diferencia. Ellos (gobierno) están actuando casi igual que el FMLN. Digo que casi igual que el gobierno del FMLN porque ellos actuaron por decreto de emergencia, aparentemente, pero con la Ley Penitenciaria se están extralimitando con sus facultades”, dijo a El Faro un juez que pidió la reserva de su identidad. Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, considera que “no parece proporcional que por limitar, digamos, los derechos a ciertos delincuentes, se afecte a la totalidad. Eso parece desproporcional”.
El Faro contactó a través de WhatsApp a Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Presidencia, para pedirle una reacción sobre el estado de emergencia. Sanabria respondió que el director de Centros Penales ya había dado declaraciones y luego envió un comunicado de prensa que, entre otras cosas, cita al director Luna Meza: “No estamos violando los derechos humanos de los privados de libertad; es más, estamos haciendo campañas de higiene y de salud para ellos. Hemos realizado cada uno de los pasos que a nosotros nos compete como institución para respetar sus derechos”.
