En la madrugada del 20 de abril, el alcalde de Nuevo Cuscatlán anunció en Twitter un toque de queda como medida preventiva del coronavirus. Según informó a través de la cuenta oficial de la comuna, la restricción sería aplicable a todos los habitantes de su municipio, unas 7 mil personas. “Por el bien de toda nuestra población y en apoyo al presidente Nayib Bukele, estas son las nuevas medidas”, escribió el alcalde José Manuel Dueñas, junto a las imágenes de un acta municipal que informaba que se prohibía la circulación entre nueve de la noche y cinco de la mañana. “De no acatar dicha medida, (la persona) será enviada a un centro de infractores de la cuarentena domiciliar”, advertía la municipalidad.
Con sus 15 kilómetros cuadrados, Nuevo Cuscatlán es solo un poco más grande que LAX, el aeropuerto de Los Ángeles. La comuna en ese municipio es un bastión político de Bukele y por hoy es la única atribuible a Nuevas Ideas, el partido dirigido por familiares y amigos del presidente. En ese municipio Bukele consiguió su primera victoria, en 2012. Tres años después, cuando compitió y ganó la comuna de San Salvador, heredó su candidatura a la concejal Michelle Sol, su amiga, que ganó dos períodos consecutivos. En el gobierno ahora Sol es ministra de Vivienda. El alcalde en funciones Dueñas, que decretó el toque de queda, es el tercero en esa línea de sucesiones.
Cuando Dueñas anunció un toque de queda en Nuevo Cuscatlán, El Salvador recién iba saliendo del estupor que generó un cerco militar en el municipio portuario de La Libertad. El presidente Bukele mandó a soldados, humvees y retenes militares para bloquear las entradas y salidas de esa zona. Los soldados prohibieron a la población salir de sus casas y hasta hubo lanchas de pescadores varadas. Lo de La Libertad, sin embargo, nunca fue presentado como un “toque de queda”, pero que dos días después el alcalde en funciones de Nuevo Cuscatlán se tomara la libertad de decretar uno en redes sociales es un ejemplo de la confusa y precipitada aplicación de las medidas sanitarias y de prevención a la pandemia por Covid-19 en El Salvador. Esa ha sido la tónica desde mediados de marzo, cuando empezaron las medidas de contención anunciadas por el Gobierno. Ayudó también el guiño que el presidente dio a los alcaldes el sábado 18. Mientras era cuestionado a nivel local e internacional por coartar derechos constitucionales con el pretexto de la prevención de la pandemia, se dirigió por primera vez en toda la emergencia con los 262 alcaldes del país. Lo hizo, acostumbrado a su estilo, vía Twitter.
“Se autoriza a los 262 alcaldes, si la comisión de Protección Civil municipal lo aprueba por unanimidad, a establecer medidas de control de circulación adicionales, para combatir el contagio”, escribió Bukele, y además prometió la colaboración de la Policía Nacional Civil.
Un día después del tuit de Bukele, la alcaldía de Nuevo Cuscatlán acató la instrucción presidencial. Sin embargo, las medidas de control adicionales se implementaron en alcaldías de todo el espectro político. La alcaldía de San Salvador, gobernada por la derechista Arena, acordonó el centro histórico durante varias semanas, con apoyo de la Policía y del Ejército. La alcaldía de San Miguel, gobernada por el izquierdista FMLN, impuso un “perímetro sanitario” alrededor de los mercados, al igual que alcaldías como Santa Tecla y Apopa.
Sin embargo, no todas las medidas se cumplieron como lo ordenaron los alcaldes. Tres días después de decretado el toque de queda en Nuevo Cuscatlán, un policía de la zona responde “¿Cuál toque de queda?” cuando se le pregunta por la puesta en marcha de esa orden. El veterano policía que cenaba en la delegación nunca cumplió una orden porque nunca la tomó en serio. Dijo que oficiales superiores y otros periodistas ya habían llegado a preguntarle por la aplicación de esa medida. “No hay una orden escrita. ¿En qué me voy a respaldar yo cuando me acusen?”, justificó, a solo un par de casas de la alcaldía. El alcalde Dueñas, al que le hubiese costado argumentar la legalidad de esa medida, borró el tuit que ordenaba el toque de queda. Cinco horas antes, el fiscal general Raúl Melara había advertido a los alcaldes, a través de otro tuit, que imponer toques de queda es ilegal. El Faro intentó obtener una reacción del alcalde Dueñas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Un Gobierno desconectado de los municipios
En el Gobierno de Nayib Bukele, las órdenes giradas desde Twitter aparentan más de lo que realmente son. El sábado 18, por ejemplo, luego del tuit con el cual dio 'autorización' a los alcaldes para establecer controles de circulación (con la consecuente reacción de decenas de comunas) generó la idea de coordinación, de una comunicación fluida, de un estado armónico y organizado. Pero lo cierto es que desde que se decretó el primer estado de emergencia, el 14 de marzo, el gobierno central y las alcaldías han estado incomunicadas, según una decena de alcaldes consultados por El Faro.
El Ejecutivo dejó solos a los 262 alcaldes del país, pese a que la Ley de Protección Civil lo obliga a coordinar una emergencia nacional como la provocada por el nuevo coronavirus.
Para José Marinero, un abogado especialista en administración pública y derecho administrativo, “en términos jurídicos, el presidente no tiene competencia para autorizar a los alcaldes nada”. Mucho menos vía Twitter, un canal no oficial. Pero el Gobierno sí tiene la obligación de activar a las Comisiones Departamentales de Protección Civil, que a su vez activan a las Comisiones municipales, cuando hay una emergencia nacional. Pese al espejismo que generó el tuit del sábado 18 y la reacción de algunos alcaldes, las acciones de cada ciudad no han sido parte de un plan maestro ni de una coordinación planificada.
“No hemos visto que se coordine el nivel municipal con el central salvo para esta autorización espuria que les ha dado para que dicten medidas que están generando un caos de gestión absoluto”, dijo Marinero.
Uno de los principales problemas de comunicación es que no existe quién comunique las órdenes emanadas desde el Ejecutivo en el interior del país. La Constitución de la República establece la figura de los gobernadores y su función ha sido intermediar entre el presidente y los gobiernos locales. Cuando empezó la pandemia, no había gobernadores en El Salvador, como no los ha habido desde junio de 2019, cuando Bukele tomó posesión. Su ministro de Gobernación los considera un gasto innecesario, según dijo el 22 de abril en la entrevista Frente a Frente. “Los gobernadores datan de hace más de 100 años. Es un puesto político, de referencia nada más. Incluso ahora podría ser una erogación de recursos no necesaria”, dijo Durán.
Sin el enlace con los gobernadores, los alcaldes han hecho lo que mejor se les ocurre, y en algunos casos a ciegas. Por ejemplo, el dos de abril, la mañana siguiente de que el presidente anunciara el segundo caso de contagio en San Francisco Gotera, el alcalde Nahín Ferrufino, miembro del mismo partido con el que Bukele ganó las elecciones, no tenía confirmación oficial de que en su municipio había un caso de Covid-19. ”Hoy por hoy vamos a manejar la información como si el caso fuese de Gotera, aunque han surgido múltiples opiniones en cuanto a si es o no es”, dijo a El Faro. El 25 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de Covid-19 en Santa Ana, la alcaldesa Milena Calderón se enteró por Twitter que el gobierno no cerraría su municipio con un cordón sanitario, aunque una semana antes sí había cerrado el colindante municipio de Metapán. “Sí, por tuit (me enteré). No tenemos ninguna comunicación ni telefónica ni personal. Sí es que ese es el problema”, dijo Calderón.
En algunos casos, el mensaje del Ejecutivo a los gobiernos locales ha sido incluso más enfático: las medidas drásticas solo las puede decretar Casa Presidencial. Eso entendió el alcalde Miguel Pereira, cuando impuso el 20 de marzo un cordón sanitario en San Miguel. La reacción del Ejecutivo fue condenar su acción y obligarlo a removerlo. “La comisión municipal había tomado un acuerdo amparado por ley. La Fuerza Armada y la Policía cometieron una arbitrariedad porque pasó una autoridad de la comisión municipal”, dijo Pereira. Al alcalde le dijeron que el gobierno instalaría controles a la entrada de la ciudad pero no lo hicieron. Un mes más tarde, el presidente animó a los alcaldes a implementar medidas adicionales y Pereira se sintió reivindicado: “siempre estuvimos en lo correcto”, expresó.
El popurrí de medidas contra la pandemia—toques de queda, decomisar DUI a los Uber, rociar personas con desinfectante, cercos militares, inundar una calle con agua y desinfectante para las llantas de los carros, proponer avionetas que riegan químicos— se ha producido en una desconexión total entre Casa Presidencial y los gobiernos locales.
Por eso, cada alcalde hace lo que le parece mejor.
El ignorado sistema de Protección Civil
El Sistema de Protección Civil fue creado en 2005 y concebido como un edificio de tres pisos. Arriba, en el tercer piso está la Dirección Nacional y la Comisión Nacional de Protección Civil, línea directa con el Ministerio de Gobernación y con la Presidencia. En el segundo piso, están las comisiones departamentales de Protección Civil, intermediarias clave entre el nivel nacional y los ocupantes del primer piso, las comisiones municipales, presididas por los alcaldes. Durante la emergencia por coronavirus en El Salvador, el segundo piso no tiene jefes. 10 alcaldes consultados por El Faro dijeron que la comunicación con el Gobierno es deficiente o inexistente.
Los jefes en el nivel departamental son los gobernadores. La Constitución obliga al presidente a nombrar gobernadores departamentales, pero el presidente Bukele no lo ha hecho. En la versión del Gobierno, la ausencia de gobernadores es suplida por “un staff administrativo dentro de cada una de las gobernaciones que está haciendo su trabajo permanentemente. Y hemos estado en pleno contacto con todas las alcaldías a nivel nacional”, aseguró el ministro Durán en el programa Frente a Frente. En un informe presentado a la Asamblea Legislativa el 28 de abril, Gobernación reportó que 244 de 262 comisiones municipales se activaron, que las 14 comisiones departamentales de Protección Civil estaban activadas y que 12 de ellas tenían planes de acción para atender la emergencia por Covid- 19.
En el territorio, los alcaldes dicen otra cosa. “Departamentalmente no ha habido, hasta ahora, una sola reunión, un solo comentario sobre el tema”, dijo a El Faro el alcalde de Arcatao (Chalatenango), José Avelar, el 4 de mayo. “Lo único que hizo Gobernación de Chalatenango fue hacer un (grupo de) Whatsapp donde estamos los 33 alcaldes. Ahí enviaron información un par de días y de ahí no volvieron a comunicarse”, agregó Avelar. En Izalco (Sonsonate), el alcalde Alfonso Guevara dijo lo mismo. “Desde que cayó la alerta roja, prácticamente ellos (la comisión departamental) ya no se acercaron a ninguna de las reuniones que hemos tenido. Las directrices que vamos desarrollando son en base a las que vamos conociendo por parte del gobierno central”, aseguró. En San Miguel, el alcalde Miguel Pereira: “Cuando hay una emergencia lo primero que se hace es que se instala la comisión departamental y se levanta un acta. A partir del levantamiento del acta, ellos son los responsables de la toma de decisiones departamentales y de las coordinaciones y de operativizar las decisiones que el gobierno central se emana. Literalmente no se ha instalado”, dijo.
Una de las explicaciones de esa inactividad es el desdén hacia los gobernadores, según Alberto Enríquez, subsecretario técnico de la Presidencia entre 2016 y 2019. “Para nosotros, el rol del gobernador en el sistema de Protección Civil es fundamental. Eran los directores de orquesta en los departamentos”, dijo Enríquez a El Faro. “Vos gobierno, para que te funcione el sistema nacional de protección, necesitas en los departamentos una figura que tenga un rol político- técnico que juegue un rol de liderazgo y que sea el articulador. En un par de crisis y desastres, el sistema funcionó bastante bien. Esa fue una de las ganancias porque detrás hubo capacitación y formación”, añadió.
El sistema de Protección Civil se activa para emergencias naturales que, durante la década de gobiernos del FMLN, fueron con frecuencia inundaciones por lluvias o temporales. Jorge Meléndez, director de Protección Civil, ocupaba un papel predominante en la comunicación y el manejo de la emergencia. En noviembre de 2019, cuando hubo una emergencia por lluvias, la Asamblea Legislativa le recomendó al presidente Bukele que nombrara gobernadores.
Ningún Gobierno había enfrentado una crisis como la del nuevo coronavirus, aunque la Ley de protección civil sí dice que el sistema debe funcionar en caso de un desastre antrópico, como una epidemia. “Vos podés inventarte una figura y la organizás y la estructurás a nivel nacional, por supuesto. Pero eso se me hace más complicado y enredado que simplemente mantener el gobernador departamental. Quiera que no, tenía centro de operaciones, cierto liderazgo, al menos en los dos gobiernos anteriores”, explicó Enríquez.
El actual director de Protección Civil se llama Willian Hernández y conoce cómo funcionó ese sistema. Hernández fue miembro del equipo de Territorialización del Estado en la Secretaría Técnica, entre 2012 y 2017, durante dos administraciones distintas del FMLN. “La idea nuestra era justamente convertir esos gabinetes en el articulador entre el nivel nacional y departamental, y calificar mejor esos gabinetes para subirles el nivel. William estuvo en varias de estas cosas, con los gabinetes departamentales”, dijo Enríquez. El director Hernández no respondió a preguntas de El Faro sobre las denuncias de los ediles de la inactividad de las comisiones departamentales.
En la emergencia por Covid-19, la Dirección de Protección Civil ha sido casi anónima. En vez de ello y de la Comisión Nacional, Bukele nombró un Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE). El EICE tiene a 7 de las 12 instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil, pero incluye a otras 7 no mencionadas en la ley. “Ponerle un logo a un conjunto de instituciones trabajando juntas no tiene nada de ilegal. Es una manera de vender un ejercicio de coordinación entre instituciones”, comentó José Marinero, el experto en administración pública. “Sí es criticable que ese ejercicio de empaquetamiento o mercadeo esté reemplazando o una institucionalidad que tiene desde 2005 de estar aprobada. Toda esta estructura, en suma, se la han saltado”, concluyó.
Ante el abandono, los alcaldes se han organizado ellos solos o con colegas para coordinar, por ejemplo, compras en lote de insumos de limpieza o de granos básicos para usar y repartir en sus comunidades. “Dicen que el hijo peche, se acostumbra a vivir solo. Nosotros no nos complicamos”, dijo el alcalde Avelar, de Arcatao. “Desde el momento que no quisieron nombrar gobernadores era porque no les interesaba la comunicación con las municipalidades. Nos las ingeniamos y buscamos otros medios de informarnos para ir resolviendo ”, agregó.
Medidas electorales y no científicas
Desde aquella autorización en Twitter del presidente Bukele, más de un centenar de alcaldías dictaron medidas adicionales de prevención, según una recopilación hecha por una firma de relaciones públicas. En municipios como San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Panchimalco y Colón, por nombrar solo unos cuantos, se implementaron “túneles desinfectantes” que rocían a los carros y a las personas con líquidos, supuestamente como medida sanitaria. En San Miguel, el alcalde Pereira ofreció una avioneta para rociar desinfectante en la ciudad, aunque después desistió por las críticas. La alcaldía de Cojutepeque anunció que, “ante el desacato a la cuarentena domiciliar”, cerraría por tres días todos los mercados municipales a partir del cinco de mayo.
“En los toques de queda clarísimamente se han extralimitado. Las restricciones de movilidad no le toca a los alcaldes”, dijo el abogado Marinero que expone los problemas legales que representa el hecho de que haya 262 alcaldías dictando sus propias normas. “Tiene traslape de competencias, conflictos, derechos doblemente vulnerados por el Ejecutivo y los municipios. Eso crea una maraña normativa que es completamente ininteligible para un ciudadano medio. ¿Cómo va a comprender usted la norma aplicable?”, dijo.
La aplicación desordenada de medidas también implica riesgos a la salud. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que los túneles de desinfección no son efectivos e incluso el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, recomendó que no se rocíen personas, sino superficies. En La Unión, varias personas reportaron reacciones alérgicas tras ser rociados, según reportó El Diario de Hoy.
Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, dijo que la decisión de adoptar ciertas medidas pasa por un criterio político y no técnico. “El uso de rociar vehículos y personas por las municipalidades probablemente no tenga un objetivo científico sino un objetivo electoral para que la población vea que su alcalde está trabajando”, dijo a El Faro.
Otra consideración es el costo que suponen estas medidas no técnicas y descoordinadas. La alcaldía de Colón dijo a El Faro que el precio de instalación por arco de desinfección es de 2,000 dólares y que el funcionamiento cuesta un promedio de $150 diarios por cada arco. Esto incluye el desinfectante, dos operarios, pipa con agua y energía eléctrica. Eso significa que en un mes, la alcaldía invirtió 6,500 dólares por arco sanitario. Y en Colón hay al menos dos.
Prevenir contagios a ciegas
Cuando los casos de COVID-19 aún se contaban a cuentagotas, la falta de comunicación provocó que los alcaldes tuvieran que actuar a ciegas en las labores de prevención. El 2 de abril, Bukele anunció que había un “preocupante” caso de contagio local en Colón porque no se sabía con cuántas personas había tenido contacto un caso positivo. El 6 de abril, el alcalde en funciones Elmer Carballo —el alcalde Guillermo González está varado en Estados Unidos— dijo que “extraoficialmente” obtuvieron del Ministerio de Salud la ubicación del paciente porque no tuvieron contacto directo con el Ejecutivo. Carballo dijo que enfrentaron cuestionamientos de la población que quería saber adónde había sido detectado el caso. “Es comprensible, pero como municipalidad no lo podíamos hacer porque información oficial no hubo”, dijo.
Es lo mismo que pasó en Santa Ana o en Metapán. Tanto las alcaldías de Colón y Santa Ana (Arena), como el de Metapán (PCN) pueden incluirse en un grupo de rivales políticos de Bukele. Pero no hubo diferencia en San Francisco Gotera, donde gobierna un alcalde de GANA, el partido que llevó a Bukele al poder. Cuando el Gobierno anunció un caso positivo en ese municipio, el alcalde de Gana se quejó por la falta de información. “Sería de mucha importancia que las cosas se logren aclarar y se nos diga realmente si el caso es de Gotera, por las múltiples situaciones que se han manifestado”, dijo el alcalde Ferrufino el 2 de abril.
A punto de cumplir su primer año, la administración Bukele tiene como uno de sus rasgos característicos la centralización de responsabilidades. Se nota, por ejemplo, a nivel de comunicaciones, cuando todas las solicitudes de entrevista de medios deben pasar por el secretario de Prensa, lo que reduce el poder de toma de decisiones de los jefes de comunicaciones de cada entidad, a diferencia de los gobiernos anteriores. Los alcaldes también lo notan.
El 11 de marzo, el presidente Bukele esbozó un plan económico para mitigar el impacto por la pandemia. Dijo que incluiría a los alcaldes, antes de pedir financiamiento a la Asamblea. “Vamos a hablar con todos los alcaldes y les vamos a pedir todos los proyectos que tengan en carpeta terminada, vamos a unir todos esos, más todos los proyectos que el Gobierno tiene y vamos a presentar un solo paquete económico a la Asamblea Legislativa”, aseguró.
Fray Arriaza, alcalde de Jocoaitique, en Morazán, dijo que nadie del Ejecutivo los contactó después de la reunión del 17 de marzo en las que los invitaron a presentar sus carpetas de proyectos. “Esa reunión no sacó nada”, comparte Milena Calderón, alcaldesa de Sant Ana. 'Las municipalidades somos autónomas y gobiernos locales con responsabilidades específicas. No es posible que el gobierno central diga 'dénme todos los proyectos las que nosotros vamos a ver cuánto necesitan'”, argumentó Calderón. “Ahora es un momento difícil. La mayoría de ellos no tienen mayor experiencia. Todo eso le da la situación de centralizar las decisiones. Pero yo creo que la mejor manera de poder hacerlo es escuchar. Creo que ese concepto de la descentralización no está muy arraigado”, dijo Calderón.
