Nueve años y dos meses después de que un juez español ordenara su captura a nivel internacional, el coronel Inocente Orlando Montano Morales, exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador entre 1989 y 1994, se ha sentado en el banquillo de acusados para enfrentar un juicio por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, cometido en noviembre de 1989.
Montano enfrenta el juicio en solitario, porque la justicia salvadoreña denegó a España la extradición de 18 militares acusados por el mismo caso en 2016. Eran 20 las personas acusadas, pero de ellas ya falleció el general René Emilio Ponce. Montano, que estaba en Estados Unidos, no logró frenar un proceso de extradición a España, país donde la Fiscalía y la querella apuesta por un desfile de pruebas inédito, que busca establecer exactamente cómo se planificó el crimen perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre. Desde 2011, todas esas pruebas se han ido acumulando en el expediente 97/2010 de la Audiencia Nacional sin que su contenido sea de dominio público. Destaca en el juicio la participación, ahora como testigo a favor de la acusación del teniente René Yusshy Mendoza Valecillos, que pertenecía al batallón élite Atlacatl; y que además recibió un fusil ak47 de manos de un jefe para la misión. El propósito del arma era para vincular a la guerrilla al crimen.
Mendoza fue anunciado como testigo de cargo en junio de 2019, cuando presentó su escrito de acusación de cara al juicio. Era además una persona procesada pero la acusación estaba dispuesta a concederle beneficios como la reducción de la pena con tal de que colaborara señalando a los culpables. Ahora reside en Chile y su declaración ha sido programada para el martes 7 de julio.
El juicio contra Montano corona un proceso que comenzó en abril de 2011 en instancias internacionales contra los señalados como autores materiales e intelectuales del crimen, entre estos los miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada de 1989. En 1992, el juicio llevado adelante en El Salvador terminó en la condena de cuatro soldados y dos oficiales, pero el proceso no contó con las garantías de debido proceso, según dictaminó la Audiencia Nacional de España tras profundas revisiones que eran necesarias para determinar si el caso podía seguir adelante en Madrid. A diferencia de este juicio, el instalado en El Salvador en los años 90 no mencionó nunca el nombre de ningún jefe militar. Luego, una ley de amnistía que se mantuvo vigente entre 1993 y 2016 mantuvo el caso en la impunidad. El juicio en Madrid es lo más lejos que el caso ha llegado contra los militares que comandaban el Ejército en el año que marcó un punto de quiebre hacia el fin del conflicto armado en El Salvador (1980-1992).
Hace nueve años, el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, admitió una demanda interpuesta por familiares y amigos de las víctimas y ordenó la captura de casi una veintena de militares salvadoreños, entre ellos Montano, que tenían puestos de jefatura cuando el Ejército reaccionó con un operativo al avance de la guerrilla en la capital, en noviembre del 89. Otros de los acusados eran soldados del Batallón Atlacatl, brigada élite de la Fuerza Armada salvadoreña.
Hay unos 30 testigos que rendirán declaración. Están, por ejemplo, los dos fiscales salvadoreños que condujeron las pesquisas en los años 90 y que denunciaron haber sido bloqueados por sus jefes; está también una pareja de esposos que vio vieron cómo el Atlacatl entraba a la residencia donde vivían los sacerdotes; está el congresista Jim McGovern que junto al senador Joseph Moackley realizó una exhaustiva investigación en la que se determinó la responsabilidad de la Fuerza Armada salvadoreña, entre otros. También serán aportados como prueba voluminosos informes cuyas páginas no han podido accederse al menos que sus autores decidan compartirlos. En algunos casos también se trata de libros escritos por periodistas.
La Sala Segunda de lo Penal de la AN desarrollará el juicio en distintas sesiones, a lo largo de dos meses. Para este próximo miércoles 10, se prevé que declare el coronel Montano, que tiene en este momento 77 años. En diciembre de 2017, él ya rindió una declaración preliminar, en la que dio a entender de que los testigos propuestos por la acusación, así como los informes periciales, carecían de veracidad. En aquella ocasión, Montano solo respondió preguntas de quien entonces era su abogado y no llegó a explicar cómo es que un batallón élite había cometido el crimen en un campus universitario completamente custodiado por el Ejército. Montano se encargó únicamente de limpiar su nombre y decir que él no estuvo en las reuniones donde la acusación dice que se planificó el ataque y en enfatizar que existía una cadena de mando infranqueable. Esto último quiere decir que Félix Alfredo Cristiani Burkard, como Comandante General de las Fuerzas Armadas y presidente de aquel entonces, tenía la última palabra para las decisiones. Montano, sin embargo, se cuidó de no señalar directamente a Cristiani y solo enfatizaba la idea de la cadena de mando.
El arranque del juicio también se ha visto afectado por la pandemia del covid-19. La medidas de aislamiento impidieron la presencia de algunos abogados querellantes como Almudena Bernabéu, del consorcio Guernica 37, y provocó que todos en la sala de audiencias usaran una mascarilla. El presidente del tribunal tuvo que interrumpir la intervención de uno de los querellantes, Manuel Ollé, para preguntarle la razón por la cual no estaba usando la mascarilla. 'Es que me ahogo, me cuesta hablar, pero puedo intentarlo', dijo. El covid-19 también estuvo a punto de dejar a Montano fuera del juicio. Sus defensores solicitaron hace unas semanas a la AN que se suspendiera la sesión de este lunes 8 de junio debido a que, según dijeron, era un riesgo para Montano, por su edad, exponerse a un contagio. Desde su arribo a Madrid, en 2017, Montano y su defensa han buscado sin éxito que, por su estado de salud, el exmilitar salga de prisión preventiva y vaya a arresto domiciliar. También fue un argumento esgrimido en Estados Unidos cuando Montano esperaba su extradición a España. Montano fue detectado en Estados Unidos gracias a un artículo publicado en el Boston Globe en 2011. En agosto de 2011 fue detenido por violación a leyes migratorias.
La pandemia también ocasionó que el abogado defensor del teniente Mendoza renunciara a seguir siendo su representante. Mendoza tuvo que nombrar nuevos abogados. Se trata de Jaime Hernández García y Joaquín Jiménez Rubio, responsables de que el caso también haya tenido un giro inesperado a favor del teniente Mendoza.
De acusado a exonerado y testigo clave
René Yusshy Mendoza Valecillos es un teniente del Batallón Atlacatl y es señalado de haber recibido un fusil ak47 con el que los soldados asesintaron a los sacerdotes y las dos mujeres en la UCA. Él estaba siendo procesado igual que Inocente Montano y, de hecho, estuvo presenciando la sesión en Madrid gracias a una videollamada, efectuada desde el consulado de El Salvador en Chile, donde se nacionalizó. Mendoza estaba refugiado en aquel país, pues consideraba que su papel en el caso en Madrid lo ponía en peligro.
Fue en junio de 2019 cuando El Faro reportó que Mendoza era testigo clave en la acusación contra Montano y el resto de señalados. Sin embargo, su rol delator no era de dominio público. La Fiscalía y los acusadores, así como la Compañía de Jesús, temían por su vida debido al peso de sus señalamientos, como testigo de aquella noche del crimen, y por eso intentaban casi nunca hablar de él, para no exponerlo.
Mendoza comenzó a colaborar con las investigaciones casi de inmediato después de ocurrido el hecho, en el 89. Fue de los primeros en reunirse con las autoridades de la UCA, según consta en una carta enviada por el padre José María Tojeira de la UCA a la Audiencia Nacional, en ocasión del juicio. Mendoza también colaboró con la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que en su informe de 1993 señaló que el Ejército estuvo detrás del crimen. También comenzó a colaborar con la Audiencia después de que fue acusado por el juez en 2011. El acuerdo entre Mendoza y los acusadores particulares era que él no sería procesado si seguía colaborando, pero el juez instructor Eloy Velasco, después de recibir la demanda en 2008, consideró que había motivos para procesarlo. Y por eso también ordenó su captura en abril de 2011 junto a otros 19 militares.
Por su colaboración en el caso, la Fiscalía y las distintas querellas decidieron pedir para él beneficios judiciales: a cambio de su colaboración con la justicia, pedían cinco años de cárcel por su participación en el crimen. Para Montano, mientras tanto, la acusación pide 150 años de cárcel.
Pero ha sido durante el primer día de juicio que el vínculo de Mendoza con el caso jesuitas cambió para siempre. Pasó de estar procesado a estar absuelto y convertirse en un testigo más a favor de la acusación contra Montano. La Audiencia Nacional sentenció el lunes mismo su absolución debido a que compró la tesis de las partes de que el plazo para investigar a Mendoza ya venció. Fiscalía, defensa y acusación particular hicieron la misma petición a la AN: que se exonerara a Mendoza.
Fueron los nuevos abogados de Montano los que descubrieron, hace unas semanas, que podían pedir la prescripción a favor de Mendoza y así lo hicieron. “En cuestión de horas de haber recibido el caso, los nuevos abogados de Mendoza encontraron algo que nosotros lo habíamos pasado por alto, y es que a estas alturas, el único crimen por el que estaba acusado Yusshy ya había prescrito”, relató Bernabéu.
Mendoza estaba siendo procesado por el delito de asesinato terrorista y según los nuevos abogados este crimen ya no podía investigarse porque el plazo para hacerlo se venció en noviembre de 2009. El plazo de prescripción es de 20 años, según la ley española vigente en el momento de los hechos, es decir, 1989.
En un inicio, Mendoza estaba siendo procesado por dos delitos: asesinato en el contexto de terrorismo de estado y asesinato en el contexto de crimen de lesa humanidad. Pero hubo un cambio en 2014. Una reforma promovida por el nuevo Gobierno español quitó del menú de delitos investigables todos aquellos crímenes de lesa humanidad. Fue así como de un día para otro, España cerró numerosos expedientes que habían encontrado en el principio de justicia universal español una rendija por la cual podían deducirse responsabilidades. Así se cerraron casos de hechos ocurridos en Guatemala, Irak, el Tíbet, entre otros. Pero el caso jesuitas sobrevivió gracias a que los militares también estaban siendo acusados por el asesinato en el contexto de terrorismo de Estado.
“Quién iba a decir que la reforma de 2014 debilitó mucho el caso, pero nos salvó el testigo de cargo. Imagínate”, dice Bernabéu.
¿Podría Montano invocar el mismo trato? No. Mendoza –a diferencia de la mayoría de militares acusados en el caso- fue acusado penalmente en abril de 2011, es decir, un año y seis meses después de cumplirse el período de prescripción. En cambio, el resto de militares fue acusado en 2008, un año antes de vencerse la posibilidad de investigar.
Si el caso estaba prescrito en 2011, ¿cómo es que el juez instructor de la AN lo involucra en el auto de procesamiento? En ese año, el caso jesuitas aun investigaba el delito de lesa humanidad, el cual es imprescriptible, no vence, por principio de justicia universal. Por eso Velasco no tuvo problema en incluirlo entre los investigados y ni en ordenar su captura. ¿Pero qué pasó en 2014 cuando la reforma penal expulsó de la acusación el delito de lesa humanidad? “Nadie lo vio”, dice Bernabéu.
Mendoza ahora pasa de acusado a quedar absuelto. Rendirá su declaración el 7 de julio próximo. De ahora en adelante, la única vinculación de Mendoza con el caso jesuitas es que será testigo. Testigo contra sus antiguos jefes y compañeros de armas. La Fiscalía española y las asociaciones querellantes estuvieron de acuerdo. Montano, viceministro de Seguridad y miembro del Alto Mando del Ejército, será el único imputado que podría ser condenado por el caso en Madrid.
