El Gobierno de El Salvador emitió este 14 de junio el decreto ejecutivo con el que busca regular la salida del país de la cuarentena nacional, en vigor desde el 21 de marzo. Los denominados “Protocolos Sanitarios para Garantizar los Derechos a la Salud y a la Vida de las Personas” son el plan del Gobierno para reabrir economía, pero su legalidad es cuestionada, tanto por la Asamblea Legislativa, que emitió dos leyes con el mismo fin de regular la reapertura; como por abogados que señalan las contradicciones de este nuevo decreto ejecutivo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la manera de regular la cuarentena.
El presidente Nayib Bukele anunció la reapertura económica en una cadena nacional de dos horas y 15 minutos que empezó pasadas las 8:30 de la noche del sábado 13 de junio. En la cadena, Bukele dijo que una de las leyes de cuarentena fue acordada en una reunión “con el embajador de Estados Unidos, el fiscal general, el jefe de fracción de Arena, el expresidente de ANEP, Luis Cardenal, y los cinco magistrados de la Sala Constitucional”.
Bukele se quejó de que los magistrados que, según él, dieron el visto bueno en esa reunión privada a la ley aprobada en mayo, luego determinaron la inconstitucionalidad de esa ley en una resolución del 8 de junio. “La ley de cuarentena fue diseñada por la Sala de lo Constitucional. Esa misma fue la que declararon inconstitucional en el paquete”, dijo Bukele.
En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia confirmó que los cinco integrantes de la Sala de lo Constitucional atendieron una invitación de la presidencia el 27 de abril, pero 'desmiente categóricamente' que los magistrados adelantaran criterio. 'En esa reunión no se presentó, ni se conoció, elaboró o diseñó ningún proyecto de ley', dice el comunicado. Según los magistrados, se limitaron a 'reiterar que cualquier limitación de derechos solo podía hacerse por medio de una ley formal'. La embajada de Estados Unidos también publicó un tuit: “el embajador Johnson y otros funcionarios de la Embajada son invitados a participar en reuniones con el gobierno, partidos políticos y otros sectores. Al asistir no acuerdan ni autorizan leyes, incluidas las relativas al manejo de la pandemia. Respetamos la soberanía salvadoreña”.
El nuevo decreto ejecutivo 31 regula una reapertura en cinco fases a partir de este domingo 14 de junio hasta el 20 de agosto. En la primera fase, que durará 21 días, se habilita al sector construcción, manufactura textil y electrónica, servicios médicos y en salones de belleza, con cita, entre otros. A partir de la fase 2, el 7 de julio, se permite el transporte público y el servicio en restaurantes. En la fase 3, el 22 de julio, se abren los centros comerciales, las iglesias, y los gimnasios. En la fase 4, el 6 de agosto, se habilitan los cines, museos y estadios de fútbol, con algunas restricciones, además del turismo interno e internacional. En la última fase se habilita la práctica de deportes de contacto y las ferias y conciertos.
Una semana antes de que el Gobierno emitiera este decreto, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el último decreto ejecutivo, el número 29, que regulaba una cuarentena nacional obligatoria hasta este lunes 15 de junio. Los magistrados concluyeron que el Gobierno de Bukele no tenía facultades para limitar derechos fundamentales, como la circulación, sin el concurso de la Asamblea. Ahora, ya hay voces que aseguran que el Gobierno ha vuelto a hacer aquello que la Sala le prohibió.
“Con el (Decreto Ejecutivo 31) se vuelve a caer en muchos de los vicios de sus decretos predecesores, y ahora más grave, pues no pueden haber dudas después de la sentencia de la Sala. Las restricciones a la libertad económica (fases) solo pueden estar en una ley y no en un decreto ejecutivo”, expresó Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades.
René Portillo Cuadra, diputado de Arena, comentó a El Faro una opinión similar. “Cuando una empresa decide abrir o cerrar, hace uso del derecho constitucional al trabajo. Ningún derecho constitucional puede estar limitado por un decreto ejecutivo, solo por una ley. Si quieren abrir por gradualidad, tiene que ser por medio de una ley”, dijo Portillo Cuadra, quien además es doctor en derecho público de la universidad Autónoma de Barcelona.
En efecto, la sentencia de la Sala de lo Constitucional dice que “el órgano Ejecutivo no puede limitar sustancialmente derechos fundamentales mediante la vía del decreto ejecutivo”. El nuevo decreto establece que “las entidades públicas, los sectores empresariales privados, sus empleados y los particulares (...) deberán respetar la gradualidad de la reactivación de las actividades económicas”. Por ejemplo, un propietario de un gimnasio o un comerciante, mientras no llegue el 22 de julio -fecha agendada para su reinicio- “debe evitar exposición a contagios de covid-19 manteniéndose en sus respectivos lugares de residencia o domicilio”.
“Aunque con un lenguaje distinto, se trata de una cuarentena”, dijo José Marinero, exdirector legal de la Secretaría Técnica de la Presidencia. “Las fases de reapertura son una ficción: pueden servir como orientación, pero de ninguna manera son obligatorias si no se trasladan a una ley bajo los parámetros de la última sentencia de la Sala”, dijo Marinero a este periódico.
En el anterior decreto que regulaba la cuarentena, el Ejecutivo declaraba “todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario”, basado en un artículo del Código de Salud, el 139. Ese artículo dice que el ministerio de Salud puede “declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional” y adoptar “medidas extraordinarias por el tiempo que la misma señale, para prevenir el peligro”. En su sentencia, los magistrados corrigieron esa intepretación.
“La razón es que, al producir una suspensión de derechos fundamentales que afecta a la totalidad del territorio nacional, supone el ejercicio de una competencia que no le corresponde al Órgano Ejecutivo en el ramo de salud, sino a la Asamblea Legislativa”, dice la sentencia. Para sortear esa prohibición, el Ejecutivo declara como zonas epidémicas “las zonas Occidental, Central y Oriental” de la República, y luego enlista los 14 departamentos. En la práctica, declara como zona epidémica todo el territorio nacional, usando otras palabras.
El diputado Portillo Cuadra dice que otra razón por la que el nuevo decreto Ejecutivo es inconstitucional es “porque le delega al ministerio de Salud aspectos que no son sanitarios”. En el artículo 7 del nuevo decreto, el ministerio de Salud se reserva el derecho a reformar los plazos de la reanudación. Es decir, que tanto las fechas programadas para el tránsito entre fases, como la fecha final donde cesen las restricciones puede ser modificadas por el Gobierno, “en caso de agravamiento de la situación epidemiológica”. Según Portillo Cuadra, la modificación de los plazos ya es un tema administrativo. “La delegación para legislar es inconstitucional: solo la ley puede hacer delegaciones directas”, dijo.
En su sentencia del 8 de junio, los magistrados dieron cuatro días al Ejecutivo y al Legislativo para concertar una nueva ley. Los cuatro días se cumplieron este 13 de junio pero, en lugar de acuerdos, la división entre poderes estatales solo se ensanchó más esta semana.
La Presidencia y la Asamblea han jugado a las escondidas desde la sentencia de la Sala. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, envió una convocatoria formal a la Presidencia para reunirse el 9 de junio. Bukele replicó proponiendo a los diputados que se reunieran en el auditorio del hospital San Rafael, uno de los recintos que atiende a pacientes de covid-19. El 10 de junio, Ponce volvió a convocar a los representantes del gobierno y Presidencia convocó a una reunión en Casa Presidencial. Aunque diputados afines al Gobierno atendieron las convocatorias de Bukele, ninguna reunión fructificó.
Ante el impase, el 11 de junio, la Universidad Centroamericana (UCA) ofreció sus instalaciones para que se llevara a cabo la reunión entre la Comisión Política de la Asamblea y el Órgano Ejecutivo. Representantes de la Presidencia no llegaron y la Comisión Política legislativa trasladó su reunión al Centro Cultural Legislativo, porque sindicalistas bloquearon el acceso al Salón Azul. Ese día, los diputados llegaron a dos acuerdos: superar un veto presidencial sobre una ley para regular la apertura económica y emitir una nueva ley muy parecida a la vetada.
Ahora hay tres normativas que pretenden regular la salida de la cuarentena. Además del nuevo decreto ejecutivo, la Asamblea emitió dos leyes: el decreto legislativo 648, emitido el 30 de mayo, y el decreto legislativo 661, emitido en la madrugada del 12 de junio.
El primero, el 648, fue vetado por el presidente, aunque la Asamblea superó el veto en la plenaria del 11 de junio. Según el proceso de formación de ley, ahora Bukele deberá enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que dirima si es legal o no. Esa normativa está en el congelador.
Respecto al segundo, el 661, el presidente Bukele ya anunció su intención de vetarlo, en la cadena de este 13 de junio. Cuando lo haga, deberá transitar el mismo camino que llevó el decreto 648 y, probablemente, terminará en la Sala de lo Constitucional.
Para resolver el limbo, la Sala de lo Constitucional deberá dirimir si el decreto ejecutivo o alguno de los legislativos cumplen con los parámetros de su sentencia. De mientras, el Gobierno ha dejado en claro que procederá acorde a lo que ha dispuesto en su decreto, sin consensuar con los diputados.
