El Ministerio de Salud pagó 344,000 dólares por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, una empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya y dirigida por él y su hermano Manuel José, pese a que esta no figura en la base de datos de proveedores de esa cartera de Estado y antes de la emergencia por covid-19 nunca había vendido insumos médicos. La empresa de los hermanos Escalante, según aparece en la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio, tiene como rubro principal la informática.
El contrato, fechado el 20 de marzo, fija además el precio al por mayor de las mascarillas en 43 centavos de dólar, $0.17 por encima del precio autorizado en aquel momento por el Gobierno para la venta al público. El hermano del diputado Escalante confirmó a El Faro el negocio, y defiende el sobreprecio con el argumento de que en aquellos días 'todas las personas vendían las mascarillas más o menos a ese precio'.
El proceso de adjudicación duró apenas unas horas. La mañana del viernes 20 de marzo el Ministerio de Salud invitó a Grupo GME Inversiones a participar en el proceso de contratación directa llamado 'Adquisición de mascarillas quirúrgicas', mediante el memorándum GS No. 2020-8400-1453. 'Para efectos de presentación de la oferta del presente proceso de Contratación directa por Estado de Emergencia Nacional, será en las oficinas de la UACI o podrá ser remitida por correo electrónico a partir de las 11:00 a.m. hasta las 03:00 p.m. del día 20 de marzo', se lee en la misiva, que fue firmada por Manuel de Jesús Corea Barahona, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI).
La carta fue recibida por uno de los empleados de la empresa, Daniel Avendaño, un concejal de Arena de la alcaldía de San José Villanueva, municipio del departamento de La Libertad, bastión político del diputado Escalante. Grupo GME Inversiones envió una cotización dentro de ese plazo, y horas más tarde, siempre el 20 de marzo, el mismo Daniel Avendaño firmó el contrato.
El expedito proceso de contratación culminó con la orden de compra 84/2020. En aquel momento la ministra de Salud era la doctora Ana Orellana Bendek, que fue separada del cargo y sustituida por Francisco Alabí siete días más tarde.
Según el contrato, la empresa debía proveer “cubrebocas plisado con barrera microbiana e hidrofóbica”, que “bloquea gérmenes patógenos con una efectividad del 99%”, “resistente a desgarres y elongaciones del material”; “antiestático e impermeable”, entre otras características. El precio de oferta fue de $0.43, IVA incluido, por cada una de las mascarillas, que son parte del cuadro básico de productos de salud del ministerio. El 17 de marzo, tres días antes de la firma del contrato, la Defensoría del Consumidor había establecido precios máximos de mercado para insumos de alta necesidad en el contexto de la entonces epidemia del Covid 19 (la declaración de pandemia por parte de la OMS sucedería unos días después). El precio máximo para la venta al público de mascarillas quirúrgicas se fijó en 0.26 centavos de dólar incluyendo IVA. La Defensoría impuso estos lineamientos para “defender los intereses de los consumidores y la preeminencia del interés público sobre el interés privado”, según un comunicado de la institución.
En el caso de esta contratación directa, sin embargo, el Estado no aplicó ese estándar y pagó $0.17 centavos más por cada mascarilla, pese al volumen de la compra.
El Faro buscó al Ministerio de Salud para obtener explicaciones de dicho contrato y para contactar a la exministra Orellana Bendek. Un comunicador de la institución dijo que trasladaría las interrogantes al ministro Francisco Alabí y al equipo responsable del contrato, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Acerca del precio por unidad, el comunicador José Urbina solo dijo que los altos costos de los productos se registraron a nivel mundial: 'Acordate que había escasez en todo el mundo', dijo Urbina, antes de comprometerse a trasladar la solicitud de entrevista o respuesta a sus superiores. En diversos comunicados, la Defensoría del Consumidor modificó posteriormente los precios máximos para productos como la mascarillas quirúrgicas. Una semana después de aquel contrato, el precio unitario máximo subió a 87 centavos por pieza.
Este periódico buscó también a través de una llamada telefónica a la doctora Ivonne Palacios, quien aparece como administradora del contrato por parte del ministerio. Cuando el periodista se presentó y explicó la razón de la llamada, la conexión se cortó y después Palacios ya no contestó el teléfono ni mensajes de Whatsapp. El Faro también buscó a la exministra Bendek a través de dos médicos cercanos a ella (un amigo personal y el actual asesor del ministro Alabí, Hervin Recinos, quien fue también asesor de Bendek) pero las gestiones fueron infructuosas.
Gustavo Escalante no contestó a las llamadas y mensajes de El Faro. El diputado, que renunció al partido Arena el pasado 8 de junio después de 16 meses de choques con su partido, ha tenido desde febrero de 2019 un progresivo acercamiento al gobierno de Nayib Bukele y ha apoyado la mayoría de las propuestas legislativas del presidente en el último año. El Faro intentó obtener una reacción suya, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Su hermano y, junto con él, administrador de Grupo GME Inversiones, Manuel Escalante, sí respondió a preguntas de este periódico. El menor de los Escalante argumenta que no hay ningún violación de ley en la contratación y que su hermano no ha entrado en ningún conflicto ético dado que vendió sus acciones en la sociedad a él y a su padre en 2015, cinco días después de haber fundado la compañía. En el Registro de Comercio, sin embargo, El Faro comprobó que el diputado Escalante mantiene el cargo de administrador único suplente de GME Inversiones.
Tres abogados consultados por El Faro aseguran que aun cuando el diputado se hubiera desprendido de las acciones, su vínculo actual con la empresa mantiene vivo un conflicto de interés. Según los expertos, la venta de sus acciones no implica la terminación en el desempeño de su cargo como administrador suplente. Para ello debió presentar la renuncia al cargo e inscribirla en el Registro de Comercio o, por otro lado, que en asamblea de socios se hubiese nombrado un nuevo administrador suplente. Este cambio también debió quedar inscrito en el Registro. Los abogados aseguran que, no habiendo sucedido ninguna de esas opciones, Escalante continúa vinculado a la sociedad con todas las responsabilidades, limitaciones y derechos.
Según el hermano del diputado, Escalante ya no es administrador único suplente de la sociedad. El Faro le pidió pruebas que demuestren esa desvinculación, pero al cierre de esta nota no había dado nueva respuesta.
Conflicto legal y de interés
La Constitución salvadoreña prohíbe a los diputados ser contratistas de servicios u obras pagadas con fondos del Estado. En teoría, la empresa de la cual el diputado Escalante es administrador no podría haber vendido mascarillas al Gobierno.
Su hermano sostiene en cambio que no hay ninguna ilegalidad: 'Él cedió las acciones a un pariente. Quizá desde hace año y medio no tiene nada que ver con la empresa. Lo hizo precisamente por el tema político', dijo Manuel Escalante a El Faro la noche del 23 de junio, por teléfono.
Manuel Escalante envió una fotografía de un documento sellado por una notaria, y en la imagen se consigna una venta de las 10 acciones que el diputado Escalante tenía según el acta de constitución, y que representaban el 50 % del total de acciones de Grupo GME Inversiones. En el documento se lee que vende ocho acciones a su hermano Manuel José y dos a su padre, René Gustavo Escalante Durán. El documento está fechado “6 de octubre de 2015”. Es decir, hace más de cuatro años y no “un año y medio”, como aseguró vía telefónica el hermano del diputado. La fecha que consigna el documento, además, es apenas cinco días después de la fundación de la empresa y su inscripción en el CNR.
En el acta de constitución de Grupo GME Inversiones, el diputado Escalante y su hermano se reparten los únicos dos cargos del gobierno de la empresa: Manuel Escalante recibe el nombramiento de administrador único propietario, y Gustavo Escalante el de administrador único suplente. El hermano del diputado aseguró que al vender las acciones, Gustavo Escalante también se desprendió de su cargo en la administración de la sociedad.
Sin embargo, hasta el 23 de junio 2020, en el Registro de Comercio el diputado Escalante mantenía, sin modificaciones, su cargo como administrador único suplente de la empresa. 'Ese cambio entiendo que debió de haberse inscrito en el CNR, mi contador sabe eso', dijo Manuel Escalante. Después de la llamada, se le preguntó a través de Whatsapp si la nueva credencial -sin el cargo de administrador a favor del diputado diputado- estaba inscrita en el registro, pero ya no respondió.
Según el documento enviado por Manuel José Escalante a El Faro, el padre de ambos no solo compró las acciones del diputado sino que también ocupó su puesto como administrador suplente. El padre de los hermanos, René Gustavo Escalante Durán, se afilió al partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, a finales de 2019. En noviembre, el diputado subió la fotografía de su padre mostrando su hoja de afiliación a Nuevas Ideas y en el texto que acompañaba la imagen escribió: “Papá, tú siempre enseñándome donde está el lado correcto de la historia”.
Esa fue la segunda aparición destacable de Escalante Durán. La primera ocurrió cuando el diputado Escalante fue citado por la dirigencia de Arena, en julio de 2019, para ser notificado de las acusaciones en su contra en un tribunal disciplinario. Padre e hijo asistieron a las oficinas del partido, en la colonia Flor Blanca. Los dirigentes habían demandado al diputado, y a otros tres legisladores tricolor por haber votado a favor de una iniciativa del presidente Bukele para reorientar a la reconstrucción de escuelas fondos que estaban destinados para construir un edificio del Órgano Legislativo. “Mi papá siempre fue de izquierda, y nosotros siempre de derecha. En las familias es así”, dice Manuel José.
Manuel Escalante pidió que no se mencionara en este artículo la identidad de su padre, su nuevo socio, por tratarse, dijo, 'precisamente por el tema político'. 'Es accionista minoritario, solo está apoyando porque uno cuando necesita apoyo busca primero a la familia', alegó. “Quien toma las decisiones en la empresa soy yo”, insistió. El Faro le explicó que hacer constar los nombres de los que él señala como nuevos accionistas de la empresa familiar es necesario en un reportaje sobre el posible conflicto de interés en la compra que el Gobierno hizo a Grupo GME Inversiones.
El Faro preguntó a Manuel Escalante si no veía una violación ética en el hecho de que la contratación de su empresa suceda en un momento en el que su hermano ha mostrado en la Asamblea su apoyo al gobierno Bukele. 'Usted puede ver que no hay ningún incumplimiento a ninguna ley', dijo.
Abogados consultados por El Faro sostienen que sí hay conflictos legales en el caso del diputado Escalante. Ambos sostienen que la prohibición constitucional se aplica a este contrato, pero también las prohibiciones establecidas en la Ley de Ética Gubernamental en lo relacionado a los conflictos de interés. La ley de ética ordena a los funcionarios a excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales ellos mismos, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o sus socios tengan un conflicto de interés.
Roberto Burgos, abogado con amplia experiencia fiscalizando la función pública, dice que los diputados que son accionistas o directivos de una sociedad caben dentro de la prohibición de hacer negocios con el Estado. 'La prohibición no es solo para los diputados accionistas de empresas, sino también se refiere a los que son directivos, porque estos administran un servicio que eventualmente podrían también fiscalizar', dice.
El consultor y docente de derecho constitucional German Rivera sostiene además que los diputados suelen tener información privilegiada con la cual podrían terminar beneficiando a su empresa: 'La Asamblea tiene que hacer controles a la administración pública; por ejemplo, para citar a un ministro de Salud. Entonces estos diputados ya tienen un conflicto de interés. No lo pueden negar', dice Rivera.
Un contrato no informado a la Asamblea
En el momento de firma del contrato, el 20 de marzo, el Gobierno ya había suspendido clases y cerrado fronteras; no se había reportado aún ninguna muerte por covid-19 en El Salvador y apenas había tres casos confirmados. Seis días antes, la Asamblea Legislativa había aprobado el Estado de Emergencia Nacional, que facultó al Ejecutivo y a las municipalidades a realizar contrataciones directas o adquisiciones “relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia”. Esta ley, que contó con el voto del diputado Escalante, abrió la puerta para que el Ministerio de Salud contratara por vía directa a la empresa que fundó junto a su hermano.
Los 344,000 dólares que el Gobierno entregó a la empresa de los Escalante provienen, según detalla el contrato, de 'donaciones de fondos Fopromid'. Se trata del Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres que, según su propia ley aprobada en 2005, solo pueden utilizarse en situación de desastre. Los fondos Fopromid también permiten al Gobierno hacer compras directas sin pasar por los filtros de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP).
Sin embargo, el Estado de Emergencia votado por la Asamblea sí exigía a las distintas carteras del Ejecutivo rendir cuentas a la Asamblea, de la que Escalante es parte, por los gastos realizados durante la emergencia, incluidos los hechos a través del Fopromid. Aun así, en un informe presentado a la Asamblea por el Ministerio de Hacienda el 30 de abril no aparece la compra hecha por Salud a la empresa de la familia Escalante. Las primeras compras detalladas en el informe estaban fechadas el 24 de marzo. En un informe similar presentado a la Asamblea por el Ministerio de Salud el 24 de abril tampoco aparece consignado el contrato por 344,000 dólares con Grupo GME Inversiones. El contrato está disponible en la página de Transparencia del Ministerio desde el 13 de junio.
Grupo GME Inversiones tenía 15 días corridos, tras la firma del contrato, para entregar las 800,000 mascarillas a Salud. La empresa no cumplió el plazo. 'Fue un atraso de cinco días nada más”, dice Manuel Escalante. Explica que, como no era su rubro habitual, la compañía tenía que importar las mascarillas, y asegura que les afectó que el aeropuerto de El Salvador llevara ya semana y media cerrado para turistas, aunque seguía abierto para el transporte de carga. “Fue imposible cumplir con el tiempo por el tema de la importación, porque la pandemia afectó el funcionamiento del aeropuerto', dijo a El Faro.
Según Manuel Escalante, la entrega ocurrió el 8 de abril. Dos días antes, el día 6, la entonces ministra Orellana ya celebraba la llegada de insumos médicos al país en sus redes sociales: 'Han empezado a entrar al país las mascarillas que hemos gestionado. Esta semana vendrán 600,000 más. Pedimos a la población general que haga uso de las mascarillas', publicó Orellana aquel lunes en su cuenta de Twitter @AnaOrellanaB. Aquel fue su último tuit. Desde entonces, la cuenta permanece inactiva.
Ese mismo día, por el lado de los Escalante, el diputado aplaudía al presidente Bukele: 'Al presidente Nayib Bukele le puedo decir lo siguiente: 'Si los perros ladran es señal de que va avanzando'. Habrán detractores a los que sólo les interesen sus finanzas personales y querrán boicotearlo, pero hay un pueblo que lo apoya porque la salud es su único capital', dijo en un tuit desde su cuenta @Escalantesv.
Los Escalante importadores
Grupo GME Inversiones fue fundada en 2015 por los hermanos Escalante, que aportaron un pequeño capital inicial. Según la escritura de constitución de la compañía, redactada el 22 de septiembre de 2015 e inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR) el 1 de octubre de ese año, tanto Gustavo como Manuel aportaron el 25 % del total de acciones que les correspondía. Cada uno aportó 250 dólares de los 1,000 dólares que le tocaba, Eso correspondía al 24 % de sus 10 acciones por cabeza, y se comprometieron a aportar el 75 % del dinero faltante (1,500 dólares) entre ambos, en el plazo de un año.
En la escritura también quedó consignado el gobierno de la compañía para los siguientes cinco años: Manuel José y René Gustavo se autonombraron administradores únicos, propietario y suplente respectivamente. En el momento de la fundación el hermano menor, arquitecto, tenía un año de haber terminado estudios de posgrado en Madrid. El mayor, Gustavo, cumplía su quinto mes de su segunda legislatura en la bancada de Arena.
Grupo GME Inversiones tiene sus oficinas en la residencia del hermano del diputado, en la Residencial Veranda, una urbanización de reciente construcción ubicada junto al bulevar Monseñor Romero. “Para reducir costos”, dijo Manuel José. La compañía tiene como rubro principal, según el acta de constitución, la informática, aunque en el mismo documento aparecen enumeradas varias otras actividades secundarias como la investigación de estudios de mercado, la importación de aparatos eléctricos, y, finalmente, 'la importación de todo tipo de bienes'.
Fuera del documento firmado con el Ministerio de Salud, Grupo GME Inversiones no aparece con otro contrato del Estado en el sitio de compras públicas Comprasal. Manuel Escalante admite a El Faro que su empresa no tenía antes de marzo ninguna experiencia en la distribución de insumos médicos. Su acercamiento a este negocio, explica, fue 'porque el grupo que representamos, por la pandemia, decidió incursionar en esa área'.
Según Escalante, GME Inversiones había importado en el pasado grandes lotes de juguetes para venderlos al por mayor, y ahora distribuye las mascarillas de Grupo Textil Providencia, de México, una empresa de una familia de negocios de apellido Torre, del Estado de Tlaxcala. 'Tenemos la representatividad de ellos aquí en El Salvador desde el año pasado (2019)', dijo.
La empresa mexicana distribuye mascarillas “Biomsk”, según su página web. Providencia tampoco aparece en la base de datos de proveedores del Ministerio de Salud, pero la cuenta oficial de esta cartera publicó un tuit el 30 de abril en el que agradeció la donación de 5 mil mascarillas para niños. “Recibimos 5,000 mascarillas por parte de Grupo Textil Providencia”, se lee en el tuit. El Faro intentó contactar a la compañía, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Un documento proveído por Escalante reseña que GME Inversiones posee la representación de Providencia en El Salvador desde enero de 2020, mes en el que el Ministerio de Salud comenzaba a prepararse para enfrentar la covid-19, según han confirmado proveedores, mandos medios de esa institución y miembros del gremio médico que fueron convocados por el Ministerio para hacer un primer plan de atención de la emergencia.
Sobre la manera en que consiguieron el contrato, Escalante dijo que 'pasamos pendientes” de las convocatorias hacía el Gobierno en el sitio de compras oficial Comprasal y también en los periódicos. Sin embargo, después de colgar la llamada, envió la copia de un memorándum de invitación de la UACI del Ministerio de Salud. Es decir, que GME Inversiones no llegó al contrato porque aplicó a una convocatoria como dijo Escalante, sino porque fue invitado de manera directa. Al preguntarle en un mensaje de texto cómo es posible que, pese a su inexperiencia en el rubro, fueran invitados por el Ministerio a hacer una oferta para este contrato, Escalante dijo que Salud los había buscado gracias a su trabajo de promoción: 'Hemos tratado de hacer conocer nuestro producto por diferentes medios. Me han contactado de diversas instituciones y empresas', escribió por Whatsapp.
En esa segunda conversación, Escalante cambió su versión sobre cómo obtuvo el contrato. En lugar de decir que estuvo pendiente de las convocatorias oficiales del Gobierno, dijo que Salud los buscó porque 'Providencia es una empresa grande, muy conocida, que incluso exporta a Estados Unidos'.
El Faro le preguntó si habían competido con otras empresas: 'No lo sé, firmamos la orden de suministro y ahí fue donde... donde... (sic) porque nos enteramos de la solicitud que nos hizo el ministerio, pues', dijo.
La persona que firmó el contrato es, como hasta hace pocos días lo era el diputado, miembro del partido Arena. Daniel Avendaño, además de ser el apoderado legal de Grupo GME Inversiones, firmó en mayo de 2019 junto a diputados areneros una carta en la que pedían la renuncia inmediata de la dirigencia de su partido.
Cada vez más cerca de Bukele
La carrera política del diputado Escalante se ha visto marcada por las sospechas sobre su lealtad con Arena y su relación familiar con Milagro Navas, su suegra, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán desde 1988, y una influyente figura del partido Arena, especialmente en municipios de La Libertad, el departamento al que Escalante representa en la Asamblea.
Gustavo Escalante tenía 30 años cuando ganó su primer escaño con Arena, en 2012. Su campaña la hizo recorriendo universidades, donde decía que la inspiración para meterse en política la había sacado de su abuelo. En uno de sus spots se presentaba como “licenciado en gerencia e informática, empresario e inversionista especializado en proyectos inmobiliarios”. En su primera campaña, ganó pese a que compitió en la casilla 6 de 10, una posición desventajosa en la papeleta, cuando los partidos tenían más libertad para decidir el orden de las candidaturas porque las elecciones internas todavía no estaban reguladas.
El 11 de noviembre de 2012, Escalante denunció a la Fiscalía que era víctima de captación de comunicaciones, daños y amenazas. Más tarde ese mes, denunció un intento de soborno durante el proceso de elección del fiscal general. Seis meses después, Escalante se declaró “independiente”, en una carta que difundió el 8 de mayo de 2013, aduciendo diferencias con el manejo de Arena, presidida en aquel momento por Jorge Velado. El precedente del intento de soborno generó sospechas, sobre todo porque un mes antes del anuncio de Escalante, en abril, cinco diputados habían dejado Arena para formar la bancada “Unidos por El Salvador”. Dos de esos cinco disidentes, Rigoberto Soto y Adelmo Rivas, ahora son diputados propietarios de Gana; y uno más, Jesús Grande, es diputado suplente de Gana.
Escalante no renunció esa vez pero fue el protagonista de un episodio extraño en el Salón Azul. Debido a la carta en la que se denominaba independiente, supuestamente por las amenazas y las presiones que esperaba recibir de su bancada, se hizo acompañar de un abogado, un empleado de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, todo el tiempo en el que duró la sesión plenaria.
Escalante volvió sin embargo a ser candidato por Arena en 2015. Dos miembros del partido que trabajaron en campañas legislativas y municipales en La Libertad entre 2015 y 2018, dijeron a El Faro que las estructuras controladas por Milagro Navas trabajaron a favor de Escalante en esos años. “En Talnique, Comasagua y Jayaque, ella alineó a los alcaldes para apoyar a Gustavo”, dijo un precandidato a alcalde en La Libertad que participó en el proceso de 2018.
Para ese entonces, Nayib Bukele ya era el alcalde estrella del FMLN. En junio de 2013, Escalante le había escrito en Twitter a Bukele: ”podemos diferir en ideologías, pero convergemos en que somos salvadoreños y buscamos lo mejor para nuestro país. Éxitos”. No hay en las redes sociales de Escalante otra a Bukele hasta 2016, cuando lo felicitó por el proyecto de iluminación de San Salvador. Pero para aquel entonces, el discurso de Escalante no estaba todavía alineado con el del hoy presidente de la República.
Durante la campaña presidencial de 2019 se difundió una foto de Escalante junto a Bukele y al diputado Guillermo Gallegos, de Gana, el partido con que el presidente ganaría la elección. Aparecen juntos, sonrientes, en un restaurante. Escalante explicó a Revista Factum que se trató de una coincidencia: “Yo estaba almorzando en el mismo restaurante donde estaba haciendo una reunión la gente del partido GANA, justo en el momento en que Nayib estaba entrando a participar con ellos”. Semanas después, en su felicitación por la victoria presidencial, Escalante incluyó un mensaje de contraloría para el mandatario electo: “Por el bien de todos los salvadoreños, seremos celosos y vigilantes del Estado de Derecho y trabajaremos de la mano con el nuevo Gobierno para todo aquello que beneficie a nuestro país”.
Al menos en público, el punto de inflexión ocurrió muy poco después: en febrero de 2019, Escalante apoyó la propuesta de Bukele de reorientar 16 millones de un préstamo destinado a la construcción de un nuevo edificio legislativo para, en su lugar, construir 50 escuelas. “Las buenas propuestas deberán ponerse por encima de cualquier interés político”, tuiteó Escalante esa vez. Fue el primer gran conflicto de Bukele, aún presidente electo, con la Asamblea Legislativa y los partidos de oposición.
Desde entonces, las muestras de cercanía de Escalante y otros diputados de Arena con el nuevo gobierno solo aumentaron. Escalante felicitó a Bukele por recibir una carta de la Casa Blanca —”Es increíble ver cómo en un par de días está mejorando una relación que otros dañaron durante los últimos 10 años”, dijo— y apoyó la idea de Bukele de jurar su cargo en la Plaza Barrios, donde los diputados fueron abucheados el 1 de junio.
Aunque nunca destacó por sus iniciativas de ley (en 2013 propuso que se le entregara una pensión vitalicia al exjugador de fútbol Jorge “Mágico” González) Escalante ha comprometido su voto con ideas de Bukele en varias ocasiones. Lo hizo cuando el presidente propuso “una reforma completa al sistema de transporte”, y en esa ocasión también ofreció los votos de otros cuatro diputados areneros: David Reyes, Arturo Magaña, Felissa Cristales y Milena Mayorga. Esta última renunció al partido el 4 de junio.
Escalante también ofreció su voto cuando el presidente pidió un préstamo de $91 millones para el plan de seguridad, y a hacer una lectura acomodada de los hechos del 9 de febrero de 2020, cuando Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y convocó a sus seguidores a protestar contra los diputados. En la versión de Escalante, “mientras el pueblo pedía insurrección contra la Asamblea, el Presidente Nayib Bukele calmó las aguas, y pidió prudencia”.
Después, ha respaldado cada medida que ha pedido el gobierno para atender la pandemia de covid-19. En tres ocasiones, Escalante acudió a convocatorias del gobierno de Bukele para discutir leyes de emergencia, durante la pandemia mientras los partidos Arena y FMLN exigían que esas reuniones se celebraran en oficinas legislativas: el 17 y 23 de mayo y el 11 de junio. El primero de junio, con ocasión de su primer año de gobierno, el diputado dedicó un panegírico a Bukele: “es empático, sabe trabajar en equipo, sabe dar retroalimentación, y principalmente, recibirla, sabe reconocer méritos, innovador, sabe pedir ayuda, es una persona accesible, gobierna con el ejemplo”.
Hoy, luego de 16 meses de desencuentros con el partido que lo llevó a la Asamblea, el diputado Escalante ya ha salido de Arena. Por sus expresiones, y por su apoyo a propuestas de Bukele en votaciones clave, contra la línea de su partido, Arena le abrió un proceso disciplinario interno en julio de 2019, por incumplir reglamentos y dañar la imagen del partido y de sus autoridades. Ese proceso no tiene una resolución hasta la fecha. Con todos esos antecedentes, la renuncia de Gustavo Escalante a Arena el pasado 8 de junio fue muy poco sorpresiva.
Su hermano, Manuel José, es Gerente de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de San Salvador dirigida por el alcalde Ernesto Muyshondt, también de Arena. Muyshondt, al igual que el diputado Escalante, recientemente se ha visto más cercano al Gobierno Bukele que a su propio partido y ha llegado a decir que Arena no es “opción ni van a ser opción si siguen debiéndose a los intereses mezquinos de esos pequeños grupúsculos de poder”.
*Con reportes de Jimmy Alvarado.
